miércoles, 21 de diciembre de 2011

Una víctima. Nota del periodista español Alfonso Ussía en Larazon.es

Es horrible lo que le está sucediendo a Baltasar Garzón. Me cuesta conciliar el sueño cuando pienso en su desasosiego. Van a juzgarlo y no le gustan los magistrados encargados de hacerlo. Y claro, Garzón los recusa. Creo que ya suman diez los magistrados recusados por Garzón. Y a este paso, si le siguen imponiendo magistrados que no son de su agrado y aprecio, recusará a veinte, a treinta o a un centenar de ellos. La culpa no es de Garzón, sino de nuestro sistema judicial. En España no hay magistrados lo suficientemente dignos para juzgar a un benefactor de la humanidad.

Los benefactores de la humanidad son así. A Garzón sólo lo puede juzgar Dios, y también Dios puede ser recusado porque Garzón se mueve por los predios del laicismo. Y todo por hacerle daño. ¿Qué importa que haya presumiblemente prevaricado? ¿Qué importa que haya ordenado grabar ilegalmente unas charlitas entre sus empapelados y sus correspondientes abogados? ¿Qué importa que haya pedido a las principales empresas de España en amabilísimas cartas con membrete de la Audiencia Nacional dinero para financiar sus cursos en Nueva York? ¿Acaso saben los paletos de por aquí lo que cuesta vivir en Nueva York con una hija? Trescientos mil euros por aquí, doscientos mil euros por acá, cien mil por allí, ciento cincuenta mil por acullá… Normal y lógico. Para algo es el
defensor mundial de las causas justas, el futuro Nobel de la Paz, el heredero directo de la pasión de los de la ceja, que Zapatero ya no les apasiona tanto. ¿Cómo van a juzgar en España a Garzón si hasta Luppi y Diego Botto –sin olvidar a Carmen Machi y Pilar Bardem–, le han expresado su inquebrantable adhesión? Baltasar Garzón, nos guste o no, es diferente y no puede ser tratado como un imputado más. El Tribunal Supremo tiene la obligación de saber las circunstancias especiales que rodean a este héroe de la humanidad, siempre modesto, siempre discreto, siempre dispuesto a hacer el bien sin alharacas. Lo que sucede es que la mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo le tienen gato, sienten envidia, porque a ellos no los reclaman de Nueva York para que ofrezcan su menguada sabiduría. Y si lo hacen, les dicen que se paguen el billete y que se busquen la vida, y los magistrados, por muy del Supremo que sean, no pueden costearse una estimable temporada en Manhattan, que caray lo caro que está Manhattan.

Y entonces se reúnen y cargan contra Garzón, que no tiene culpa de nada, y Garzón se enfada y recusa. Tú, tú, tú, tú, y tú –así hasta diez–, no me juzgáis porque tararí que os vi, que yo no soy como vosotros, pobre gente, sino un benefactor de la Justicia, de la Paz y de la Igualdad en el mundo.

Víctima indefensa de una sociedad cotilla y envidiosa. El nuevo «Robin Hood» justiciero y modesto. A ver, que levante la mano el que esté libre de culpas. ¿Que diez magistrados la levantan? Pues que se les recuse, y que aprendan que Baltasar Garzón no es un ciudadano más, sino un dirigente distinguido, una referencia moral que no puede ser humillada en un banquillo de acusados. Vamos hombre, vamos hombre. Y para colmo, tres procedimientos contra él. Indignante.

Garzón tiene todo el derecho a ser declarado inocente con anterioridad a sus juicios, siempre que éstos puedan celebrarse con el número de magistrados reglamentado. Y a Garzón no se le puede investigar si tiene cuentitas corrientes en un sitio u otro, porque eso es una ordinariez y una falta de confianza en una personalidad que vuela, por méritos propios, por encima del bien, del mal y los rascacielos de Nueva York.

Horacio Ricardo Palma

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FELIZ NAVIDAD !!!


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miércoles, 23 de noviembre de 2011

jueves, 17 de noviembre de 2011

Cierre de la Muestra Fotográfica

El próximo martes 22 de noviembre a las 11:00hs, al frente del Palacio de Justicia (Talcahuano 550) la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina concretará el cierre de la Muestra Fotográfica que se llevó a cabo con notable éxito todos los martes del presente año.

El objetivo de la muestra fue cumplido con marcada elocuencia por cuanto el pueblo argentino, cansado de las mentiras de la historia oficial, se hizo presente de distintas formas para conocer la otra parte de la historia. Esa historia que está prohibido contar, porque muchos de los personajes que se levantaron en armas contra gobiernos constitucionales, hoy se encuentran cumpliendo diferentes funciones en el gobierno.

Aprovechamos también para denunciar a los jueces prevaricadores que están sometidos al poder político de turno. Ellos son responsables de que los argentinos no podamos vivir en estado de derecho y de violar sistemáticamente la Constitucional Nacional para encarcelar a militares, policías, fuerzas de seguridad y civiles que lucharon contra el terrorismo.

Esperamos que nos acompañen en el cierre de la muestra, de nuestro compromiso depende el futuro de nuestro país.

Por nuestros presos políticos digamos Presente!!!

domingo, 13 de noviembre de 2011

5 Años Preso

Septiembre de 2011

Cumplí ya 5 años como prisionero político o perseguido por la Fe. Fe en la Constitución, en el cumplimiento de órdenes superiores y por estar ideológicamente enfrentado al terrorismo (que es el propio Satanás), así lo expresó nuestro Obispo Emérito al proclamar a San HÉCTOR VALDIVIELSO SÁEZ (primer santo argentino), como nuestro patrono.

Nuestro País se encuentra en un clima negativo de tensiones que no aseguran la paz social. Hay hipocresía, fuimos discriminados jurídicamente alterando el derecho (Argentino y mundial) aplicando la retroactividad de la ley penal. Se anularon indultos al punto que los estragos y asesinatos masivos causados por los terroristas son actos no condenables y se fabricó la visión casera de los llamados delitos de lesa humanidad, excluyendo al terrorismo, negando a los militares toda exculpación por el juramento de obediencia debida sin el cual sería imposible actuar y comandar una guerra.

El gobierno constitucional en 1975 ordenó a las FFAA "aniquilar a la guerrilla" firmando esa orden sus máximos dirigentes pertenecientes al mismo partido que hoy nos gobierna y apaña a los subversivos, los destaca como personalidades, los acoge en el gobierno y hasta les paga abundantes indemnizaciones. A la vez nos mantiene detenidos. Somos detenidos, procesados y condenados en un ejercicio de venganza disfrazada de justicia.

Ningún País repudió a su Ejército por lo que le exigieron sus gobiernos. Ni Francia por lo de Argelia, ni Alemania por las matanzas en Rusia, ni Rusia por las masacres de Polonia y Berlín, ni EEUU por Hiroshima. Se pierden energías en la banalidad de las venganzas y en la ilusión de muchos derrotados persistentes que quieren transformar a nuestras FFAA en milicias organizadas con ideas muertas y enterradas. Urge aunarnos en la conquista del futuro inmediato, no se puede engañar a todos todo el tiempo y no se puede humillar a nadie tanto tiempo (ABEL POSSE).

La Argentina va en jet hacia la catástrofe, con FFAA diezmadas con el objeto enconado que ya no tiene que ver con "castigo a los represores", sino en su demolición total. No se trata de olvidar, sino de renunciar a la venganza, en un País que llega a la indefensión nacional para castigar a unas FFAA por hechos sucedidos hace casi cuatro décadas.

No quieren ni justicia ni reconciliación, solo venganza y miedo, miedo a la verdad, a que se sepa que muchos de los desaparecidos reaparecieron para cobrar jugosas indemnizaciones olvidándose de quienes lo defendieron. Es el miedo de muchos jueces, querellantes y fiscales a que se acabe el negocio de juzgar y condenar a los militares, es el miedo de muchos ciudadanos comunes que aplaudieron el golpe como si fuera la llegada del Mesías, de aquellos que decían "por algo será" y pedían degüello para los terroristas y hoy tienen miedo que se los recuerde, es el miedo contagioso e infame que se convierte en moneda de extorsión para jueces, periodistas, políticos, empresarios y ni hablar de los lacayos uniformados que por mantener una ilusión de poder olvidan a sus camaradas hoy presos injustamente. Es el mismo miedo que alimenta la persecución

El pasado es mirado con un ojo tuerto donde las FFAA recibimos el repudio sentados en el banquillo de los acusados y los terroristas están en el gobierno y son considerados héroes. Hasta hemos escuchado que el fallecido dijo: "Todos somos hijos de Hebe" ... sobran las palabras. ¿Cómo dejar afuera a los que en nombre de la libertad, asesinaron a mansalva? Pareciera que nuestro País hoy prefiere chapotear en un eterno barrizal.

El Estatuto de Roma fue quién tipificó los delitos de lesa humanidad estableciendo que estos pueden ser cometidos tanto por agentes del Estado como por organizaciones. Me pregunto: ¿Eran el ERP, MONTONEROS y otros grupos armados organizaciones, o no? Nuestro País K con su justicia prevaricadora e influenciable lo niega inescrupulosamente.

Fuimos las FFAA, Policiales y de Seguridad quienes arriesgamos nuestras vidas combatiendo contra las organizaciones terroristas armadas, cumpliendo órdenes emanadas del gobierno constitucional. Terminemos con la hipocresía. Se debe reconocer que fueron los terroristas subversivos quienes atacaron en el marco de una guerra revolucionaria, iniciada y elegida por ellos, y que hoy se están manejando impunemente, con un halo de legalidad y esto tarde o temprano terminará afectándonos a todos. Nuestra democracia se está convirtiendo en la fachada virtual de un estado tiránico virtual oculto.


Es necesario reclamar que los jueces ajusten sus fallos a derecho, que respeten la declaración de derechos y garantías de nuestra Constitución Nacional, que terminen de crear jurisprudencia para luego citarla como fuente de derecho con el fin de servir de herramienta al designio del poder político de turno.


Los hoy presos políticos nos sentimos desprotegidos por nuestras Instituciones que nada hacen y aceptan en silencio que a sus hombres nos enrostren delitos inexistentes en el momento de los hechos no respetando el principio de igualdad ante la ley, el principio de inocencia, la cosa juzgada, la irretroactividad ni las prescripciones, todos ellos principios básicos del derecho.


Los magistrados aceptan a testigos comprometidos autodefinidos como testigos de cargo, ignorando la falsedad de sus testimonios y las denuncias orquestadas a más de 34 años de los hechos, como si se tratase de terceros ajenos, sin intereses políticos o económicos, justificando la lucha armada o percibiendo parte de los 1700 millones de dólares de indemnizaciones que ya llevan cobrados.

Reconozco que estos 5 años se me están haciendo pesados, pero me auto impuse seguir mirando hacia arriba. La tristeza mira hacia atrás, la preocupación mira alrededor, la depresión mira hacia abajo, pero la fe mira siempre hacia arriba.

Esto me recuerda algo que leí en un folleto ("Venid a mí") que dice así: Si pones un buitre en un cajón de 2x2 completamente abierto en la parte superior, pese a su habilidad para volar no saldrá de allí, la razón es que el buitre comienza su vuelo desde el suelo con una carrera de 3 a 4 metros, sin ese espacio no intentará volar y quedará prisionero de por vida en esa cárcel sin techo.

El murciélago que vuela por todos lados durante la noche, no puede elevarse desde un lugar a nivel del suelo, en esa celda abierta arriba todo lo que puede hacer es arrastrarse indefenso pero no volará.

La abeja al ser depositada en un recipiente abierto permanecerá allí hasta morir, nunca ve la posibilidad de escapar que existe arriba y persiste en encontrar alguna forma de escape por los laterales cercanos al fondo.

Nosotros en muchas formas somos como el buitre, el murciélago y la abeja. Lidiamos con nuestros problemas y frustraciones sin darnos cuenta que todo lo que tenemos que hacer es ver hacia arriba y El nos dará esperanza. Esa es la gran expectativa que abrigamos todos los creyentes. Cuando tenemos una esperanza, algo que movilice nuestro corazón, podemos tolerar la adversidad del presente. Si no espero nada todo se me hace más pesado y desolador y precisamente, en este momento difícil, viendo tanta injusticia debo creer en la esperanza y me doy cuenta cuales son las cosas valiosas de verdad en la vida y cuáles son los verdaderos amigos.

Para poder vivir y sacar fruto de estos momentos necesito esperanza. Una esperanza qua vaya más allá de decir "ya va a pasar". Debo incrementar mi esperanza en Dios. Este sin dudas, es el camino. Pedirle al Señor que me sostenga en la esperanza, porque el dolor vivido desde la fe es enriquecedor. Lo que cura el hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptarlo, madurar en el y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo. El nos acompaña hasta el fin.

Recuerdo aquí la última estrofa de la marcha de los Presos Políticos que escribió el profesor BARBERA que dice:


"Y SI CRISTO NACIÓ CON SU MUERTE Y EN LA LUCHA DEBEMOS MORIR, PREFERIBLE LA CRUZ DEL CALVARIO QUE SIN PATRIA Y SIN DIOS VIVIR"


Eduardo R. Cabanillas
General de División (R)
Preso Político

lunes, 7 de noviembre de 2011

Continúa la Muestra Fotográfica !!!

Como todos los martes la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina, continúa frente al Palacio de Justicia, con el objeto de presentar en la vía pública una pequeña muestra fotográfica que reflejaba algunos de los delitos aberrantes cometidos por las organizaciones terroristas en los años 70. Junto con la muestra fotográfica denunciamos a todos los jueces prevaricadores que tienen secuestrados a más de 1.000 presos políticos, mientras ponen un paragua protector sobre los terroristas que hoy se encuentran impunes en el gobierno y pretenden darnos clases de derechos humanos, levantando el dedo acusador.

Denunciamos también las condiciones en que se encuentran detenidos, sin atención médica y en un total abandono de persona.

Más de 150 detenidos murieron en cautiverios por el régimen K, sin condena y con más de 3 años de prisión preventiva.

Los jueces miran para un costado, están al servicio del poder político de turno. Por lo tanto son responsables de todas las muertes en cautiverio y de violar la ley sistemáticamente para que las organizaciones de derechos humanos con la protección del gobierno de turno puedan seguir haciendo sus negociados.

Para recuperar parte de esa memoria voluntariamente tergiversada, el martes 8 de noviembre , entre las 08:00 y las 14:00 horas volveremos a presentar nuestro testimonio histórico, como un grito silencioso que procura romper las barreras de la mentira y del odio. Para que los hechos pasados NUNCA MAS se repitan en nuestra querida patria, es importante conocer la verdad integral de nuestra historia reciente.

A los que han hecho posible esta muestra fotográfica, AFyAPPA les agradece de todo corazón. A quienes puedan y deseen apoyar materialmente nuestro trabajo los invitamos a efectuar donaciones en la Caja de Ahorro del Banco Galicia Nro 4011081-7 017-4, siendo su CBU el Nro 00700177 – 30004011081743. Los presos políticos y sus familiares te estarán siempre agradecidos.

lunes, 10 de octubre de 2011

Los Presos Políticos de Argentina

Por Nicolás Márquez


Por decisión política a la cual se subordinó el aparato jurídico, a partir del momento en que Eduardo Duhalde apoyó y le entregó el poder a Néstor Kirchner (año 2003), se comenzó una persecución sistemática contra todo uniformado que haya estado en actividad durante la guerra antisubversiva y una consiguiente glorificación a quienes en sentido contrario, participaron de Montoneros, ERP y otras bandas delictivas.

Para lograr tal persecución Kirchner cambió de cuajo y de facto a cuatro miembros de la Corte Suprema a los efectos de conseguir los votos necesarios para reabrir causas a todo propósito.

¿Y en que consiste el fundamento de la Corte oficialista para determinar tal cosa?. Pues el libreto jurídico con el que se quiere disfrazar esta política manifiestamente revanchista e ideologizada, nos dice que, en cuanto al modus operandi empleado para combatir al terrorismo (creado y puesto en marcha por el gobierno constitucional comandado por el Partido Justicialista en 1975) se cometieron “crímenes de lesa humanidad”, y los mismos, son inamnistiables, inindultables e imprescriptibles.

¿Pero qué es en concreto el delito de “Lesa Humanidad”? La Corte Penal Internacional, en el artículo 7 del Estatuto de Roma, aprobado el 17 de julio de 1998 define el concepto de esta
“Se entenderá por ‘crímenes de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil: a) Por ‘ataque a una población civil’ se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos [...] contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización”.

Sin embargo, es dable efectuar las siguientes consideraciones: 1) con respecto al accionar del Estado en los años ‘70, no hubo ningún “ataque sistemático a una población civil”, sino una respuesta exclusiva y excluyentemente dirigida a ejércitos irregulares conformados por combatientes armados y entrenados, lo cual constituye una acción de suyo entendible y legítima, independientemente de los errores o reproches (muy graves por supuesto) que le caben a la reacción antiterrorista en el marco de la guerra civil acaecida.

En efecto, durante los años 70´, de los 8.420 caídos tanto en democracia como durante el gobierno de facto (7.560 “desaparecidos” y 860 abatidos en combate en total), el porcentaje de error en el blanco se estima bajísimo (1), lo que constituyen daños colaterales lamentables, pero porcentualmente mínimos si comparamos la casuística con cualquier guerra civil padecida en la reseña humana.

Esta circunstancia, incluso ha sido fehacientemente reconocida por las principales voces guerrilleras y sus más acérrimos defensores, tal el caso de Mario Firmenich, cabeza de Montoneros, quien ante el periodista español Jesús Quinteros declaró: “Habrá alguno que otro desaparecido que no tenía nada que ver pero la inmensa mayoría eran militantes y la inmensa mayoría eran montoneros. Yo sé cómo vivieron ellos. A mí me hubiera molestado muchísimo que mi muerte fuera utilizada en el sentido de que un pobrecito dirigente fue llevado a la muerte” (2).

De igual modo, el Dr.Ricardo Gil Lavedra (quien fuera uno de los magistrados alfonsinistas que integró el Tribunal que juzgó a la Junta Militar en 1985) reconoció: “Sinceramente creo que la mayoría de las víctimas de la represión ilegal eran militantes de la guerrilla” (3). Aunque agigantando desmesuradamente la cifra de desaparecidos, Hebe de Bonafini confesó que los desaparecidos eran todos guerrilleros y arengó: “La lucha sin claudicaciones es el legado maravilloso de nuestros 30.000 hijos combatientes” (4). Ratificando su condición de “Presidenta de las Madres de los Guerrilleros Desaparecidos” Bonafini luego declaró: “Siempre pensé en mis hijos como guerrilleros y revolucionarios, con un gran orgullo” (5), en consonancia con lo expuesto, el jerarca montonero Rodolfo Galimberti reconoció que aquella contienda “no fue un enfrentamiento entre jóvenes románticos y el Ejército.

Fue una guerra civil, la más irracional de las guerras. Hubo excesos de los dos bandos y no podemos calificar por la cantidad o por la magnitud de los excesos.” ( 6) Como conclusión, desde el punto de vista del objetivo, a la guerrilla terrorista se la combatió con eficacia, aunque desde el punto de vista de las formas y procedimientos, se cometieron irregularidades múltiples y atropellos que desde estas páginas reprobamos y rechazamos. Pero dichos desatinos no constituyen en modo alguno “lesa humanidad”, pues insistimos, no existió tal “ataque generalizado a una población civil”.

Pero aun suponiendo que en Argentina sí se hubiesen cometido delitos de “lesa humanidad” (tesis que desde la óptica jurídica no compartimos), de todos modos esos delitos no podrían juzgarse como tales, puesto que esa figura se incorpora a nuestra legislación recién en 1994 (con la adopción de tratados internacionales tras la firma del “Pacto de Olivos”); por ende, y tal como lo dispone el principio de irretroactividad de la ley (previsto en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional), sólo puede aplicarse dicha tipificación a hechos acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia.

Pero hay más irregularidades en el tema que nos ocupa. Pues en la tipificación que el derecho internacional hace del concepto “lesa humanidad” (transcripta ut supra), esta dice expresamente que la misma no se limita a los ataques cometidos por el Estado, sino también por organizaciones ajenas al estado (tales como fueron Montoneros, F.A.R, E.R.P y otras). Vale decir, aunque la Corte Suprema kirchnerista se haga la distraída y prevaricando falle lo contrario (tal como lo hizo para descomprometer al terrorista de la E.T.A Lariz Iriondo), los 1.748 secuestros, las 5.052 bombas colocadas o los 1.501 asesinatos (cerca del 40% de los crímenes cometidos por la subversión fue cometido no contra uniformados sino contra civiles) llevados a cabo por el terrorismo en los años 70´ conforman lisa y llanamente un “un ataque generalizado o sistemático contra una población civil” (tal lo afirmado en el ya citado el Tratado de Roma).

O sea: los únicos que aquí cometieron crímenes de lesa humanidad fueron precisamente las bandas terroristas tan reivindicadas por el kirchnerismo e indemnizadas involuntariamente por los ciudadanos. Sin embargo, la justicia kirchnerista sostiene (contrariando el Derecho Internacional) que los delitos de terrorismo (ajenos al Estado) no constituyen delitos de “lesa humanidad”, y que sólo se incluyen en tal categoría los cometidos por agentes del Estado o dependientes de él (es por ello que los indultos o amnistías concedidos a los terroristas son considerados “válidos”).

Para no abrumar al lector con detalles jurídicos, tomaremos las palabras del jurisconsulto e historiador Dr. Enrique Díaz Araujo, que con lenguaje claro y doméstico explica cómo funciona la trampa de marras, explicando que la misma consiste en que “si el detenido está acusado de alguna violación de cualquiera de las infinitas cláusulas de las Convenciones de los Derechos Humanos, está perdido, y no hay abogado que se anime a defenderlo. Además del inmediato “juicio” mediático, con los periodistas usando la toga de los magistrados, y formulando condenas previas, el referido sujeto se verá enfrentado a un proceso tribunalicio, donde no correrán ni la prescripción, ni el juez natural de la causa, ni el principio de legalidad, ni la ultractividad de la ley penal más benigna, ni nada de nada.

Estos nuevos “crímenes” son, por definición, imprescriptibles e imperdonables. Un estruprador empedernido, con un historial de reincidencias interminables, puede ver rebajada su condena, o indultada su pena. Un policía maltratador, jamás”, y a modo de ejemplo Díaz Araujo agrega que “si un violador mata a varias de sus víctimas menores de edad, pasados quince años sin persecución penal, la acción prescribe”. Ahora, si un policía se comporta rudamente con un terrorista “su infracción jamás prescribirá, y podrá ser perseguida en Indonesia o en España, en este siglo o en el siguiente…Porque la violación seguida de muerte no hace a la “persona humana en cuanto tal”, mientras que maltratar a un terrorista sí que es un crimen que conmueve a la “conciencia universal” (7).

A pesar de todas estas alteraciones graves que estamos analizando, se omite otro detalle nada menor: que la situación descripta por las Convenciones Internacionales de DD.HH. opera en tiempos de paz, pues en tiempo de guerra dicha legislación es suplantada por las Convenciones de Ginebra y La Haya sobre el derecho de guerra. A modo de ejemplo, conforme a las Leyes Internacionales los guerrilleros o “partisanos” que combaten a las fuerzas regulares, pueden ser fusilados en el momento de su aprehensión, sin juicio previo (porque al no uniformarse, ni llevar abiertamente sus armas y, por el contrario, mimetizarse con la población civil, la ponen en peligro).

¿Y quien determina que lo acontecido en nuestro país fue una guerra? se preguntarán las pandillas y Ongs. marxistas que promueven dichos juicios tardíos y se presentan en sociedad enarbolando la glamorosa bandera de los “Derechos Humanos”.

Pues lo ha determinado la mismísima justicia argentina en la Sentencia de la Cámara Federal que por orden de Raúl Alfonsín en 1985 juzgó a la Junta Militar, la cual entre otras cosas determinó:

“En consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso y a las características que asumió el terrorismo en la República Argentina, cabe concluir que, dentro de los criterios de clasificación expuestos, el fenómeno se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria…»; «algunos de los hechos de esa guerra interna habrían justificado la aplicación de la pena de muerte contemplada en el Código de Justicia Militar…»; «…no hay entonces delincuentes políticos, sino enemigos de guerra, pues ambas partes son bélicamente iguales»; «…como se desprende de lo hasta aquí expresado, debemos admitir que en nuestro país sí hubo una guerra interna, iniciada por las organizaciones terroristas contra las instituciones de su propio Estado”.

Como vemos, no impera el poder del derecho, sino de lo fáctico. Es por eso, que la calificación de “presos políticos” a los más de 1000 militares hoy detenidos no es desacertada, dado que su detención no es obra del purismo jurídico sino de aviesas decisiones del aparato político, el cual sin tapujo alguno pisotea el andamiaje legal con la vergonzosa complicidad o pusilanimidad de muchos jueces, que evidentemente no merecen detentar tamaña investidura.

Fuentes Citadas:

1. ver libro “La Mentira Oficial – el setentismo como política de estado” del autor.
2. reportaje publicado el 17 de marzo de 1.991 en el diario Página/12.
3. Amar al enemigo -Vigo Leguizamon.
4. Página 12 –Historia de las Madres de la Plaza de Mayo, Guillermo Rojas 30.000 desaparecidos, Mito, Dogma o Realidad.
5. diario La Nación (02/04/2004).
6. Por Amor al Odio T 1, Carlos Manuel Acuña.
7. Enrique Díaz Araujo – Internacionalismo Salvaje.

sábado, 8 de octubre de 2011

Un ex soldado dijo que hubo indemnizaciones fraudulentas.

Por Mariano De Vedia | LA NACION

"Alguien cobró por ellos." Mascullando rabia, el ex soldado conscripto Rogelio Mazacotte, que en octubre de 1975 defendió el Regimiento de Infantería N° 29 de Formosa ante el ataque perpetrado por la organización Montoneros, veía los nombres de sus compañeros José Mercedes Coronel y Dante Salvatierra en el mural del Parque de la Memoria, que evoca a las víctimas del terrorismo de Estado, en la costanera norte.

El mismo mural rinde homenaje a siete montoneros muertos durante el ataque al cuartel, cuando gobernaba la presidenta María Estela Martínez de Perón. Son ellos Reinaldo Ramón Brigiler, José Daniel Graziano, Juan Hernández, Jorge Alberto Livieres, Luis Carlos Morero, Oscar Ramón Boero y Alfredo R. Velázquez, cuyos familiares, según consta en expedientes judiciales, cobraron indemnizaciones de US$ 224.000 (el caso de Boero está en trámite).

"Conozco y veo a diario a las familias de los ex soldados Coronel y Salvatierra. Viven en la pobreza y nunca iniciaron ningún trámite para cobrar nada", explicó el ex soldado, clase 1954, al sospechar de la política de reparaciones intensificada durante el kirchnerismo.

"Son familias que ganan $ 800 por mes, sin obra social ni nada. Nadie se acuerda de las víctimas que defendieron la Constitución", señaló.

Mazaccotte -hoy casado y con cuatro hijos- es albañil y tampoco tuvo reconocimientos. Lo único que recibió fueron dos heridas en el abdomen y una en la pierna. Relató su historia mientras recorría el Parque de la Memoria y él tampoco olvida. "Esa gente habla de derechos humanos y mataron inocentes. Nadie nos pidió disculpas", dijo, a 36 años de distancia.
Reclamo en la plaza

El ex conscripto formoseño fue uno de los principales oradores del acto realizado el miércoles último, en la plaza San Martín, por la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo en la Argentina (Afavita), en reclamo de igualdad de derechos y de "memoria, verdad y Justicia".

La entidad recurre a modalidades de protesta habitualmente utilizadas por las organizaciones defensoras de derechos humanos en sus marchas, como portar carteles con los rostros de las víctimas de la guerrilla.

Su presidenta es Silvia Ibarzábal, hija del coronel Jorge Ibarzábal, secuestrado y asesinado en Azul, en 1974. "A él no lo socorrieron los derechos humanos", recordó, en un video proyectado en el acto, que reunió a unas 1500 personas.

También dio su testimonio, al pie del monumento a San Martín, Carolina Naccarato, que tenía dos meses de vida cuando su padre, el capitán José Naccarato, murió al estallar una bomba. "El dolor del hijo de un desaparecido no es distinto del dolor de la familia de un uniformado. Necesitamos una memoria completa de una buena vez", afirmó, al denunciar que existen negocios sucios en el campo de los derechos humanos.

Mazacotte recordó que durante el sorpresivo ataque al regimiento de Formosa, los soldados respondían como podían. "Pensaban que iba a ser fácil, porque éramos hombres de campo y muchos analfabetos. Pero respondimos como soldados, defendiendo la patria y la Constitución", dijo, antes de pronunciar en voz alta los nombres de sus compañeros muertos..

Víctimas de la Guerrilla: Críticas a la Justicia

Diario: "La Nación " 6-10-2011


LA OTRA PLAZA. CECILIA PANDO, ANOCHE, CON FAMILIARES DE VICTIMAS DEL TERRORISMO, EN LA PLAZA SAN MARTIN.

Familiares de víctimas de la guerrilla de los años 70 conmemoraron ayer su “día nacional” en un acto que tuvo duros cuestionamientos al Gobierno y la Justicia, a los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad y a lo que llamaron “un negocio sucio y millonario con los derechos humanos”.

Como cada 5 de octubre desde 2006, el homenaje a militares, policías y civiles muertos por la guerrilla se realizó en la Plaza San Martín, delante del monumento al Libertador. Fue organizado por la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo en Argentina (Afavita) y hubo muchos militares retirados y gente mayor.

Ayer se cumplió otro aniversario del copamiento en 1975 por Montoneros del Regimiento de Infantería 29 de Formosa, en el que murieron una decena de conscriptos, un suboficial, un oficial y dieciséis guerrilleros. Los grupos castrenses buscan instituir el 5 de octubre como “día nacional de homenaje a las víctimas del terrorismo”.

Las críticas estuvieron centradas en el pago de indemnizaciones reparatorias a familiares de víctimas del terrorismo de Estado porque dijeron que las cobraban los deudos incluso de quienes habían muerto al atacar cuarteles “en democracia” (gobernaba Isabel Perón).

Uno de los oradores fue el ex conscripto Rogelio Mazacotte, quien fue herido en ese ataque. Cuestionó que las familias de los soldados muertos reciben “800 pesos (de pensión), no tienen ni para comer”. “Defendimos la Patria, la Constitución”, sostuvo Mazacotte, un hombre sencillo que se definió como “un triste obrero y albañil”.

Antes habló el abogado Rafael Agorta, de la Asociación Justicia y Concordia, para criticar los juicios a militares de la represión.

“No hay justicia, hay venganza” , dijo. La primera oradora fue Carolina Nacarato, hija del capitán José María Nacarato, asesinado con una bomba en su auto en Resistencia, en 1973. Relató que ella tenía dos meses de vida y su familia quedó “destruida”, con su madre viuda a los 24 años, con tres niños. “Siguen ocultando nuestros muertos”, dijo, y criticó que “indemnizan a familiares de terroristas”.

Hubo silbidos hacia la presidenta Cristina Kirchner, pero la rechifla e insultos fueron mayores hacia Hebe de Bonafini a quien se dedicó buena parte de un video que reprodujo las “revelaciones” de Sergio Schoklender sobre el manejo de la Fundación Madres. En el público estuvieron la presidenta de Afavita, Silvia Ibarzábal -hija de un militar secuestrado en 1974 y asesinado más tarde-, la activista castrense Cecilia Pando y el periodista Bautista “Tata” Yofre.

miércoles, 28 de septiembre de 2011

Increparon al Presidente de la Corte Suprema de Justicia

El 27 de septiembre, Hijos y Nietos de Presos Políticos, concurrimos a la presentación del libro “Derechos humanos: justicia y reparación” escrito por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo L. Lorenzetti, en la Facultad de Derecho, obra con la que se pretende instalar la idea de que los denominados juicios de lesa humanidad se llevan a cabo conforme a las reglas del debido proceso.

Nos hicimos presentes para denunciar las graves violaciones a las garantías constitucionales y a los derechos humanos, de las que somos testigos en cada uno de los juicios que sufren nuestras familias, ya que pese a que el Dr. Lorenzetti PERSONALMENTE se comprometió a recibirnos – hace un año y 23 días – NUNCA LO HIZO.

En los procesos que se llevan a cabo contra nuestros padres, se vulneran principios básicos que se le deben respetar a cualquier persona imputada en un proceso penal, principios que surgen de la Constitución Nacional, como los siguientes:

1.- se viola el principio de igualdad ante la ley;

2.- se obliga al imputado a probar su inocencia y no a que ello sea probado por los acusadores;

3.- se invoca la “costumbre internacional” como justificativo para posibilitar la existencia de estos juicios;

4.- se deniegan excarcelaciones sin ningún tipo de fundamento válido, como así también arrestos domiciliarios a quienes padecen enfermedades o tienen más de 70 años de edad. Ello se refleja en los más de 145 presos muertos a causa de ello. Asimismo, permanecen encarcelados por años, debido a la larga duración de los procesos, esperando una sentencia, la cual en el 97% de los casos significa una condena.



Consideramos que la única manera de evitar que se repita una historia tan oscura como la vivida en la década de los ´70, es con el respeto irrestricto de la democracia y el Estado de Derecho SIN DISCRIMINACIÓN.

http://www.infobae.com/notas/608141-Agravios-a-Lorenzetti-durante-su-presentacion-sobre-los-derechos-humanos.html

Hijos y Nietos de Presos Políticos

jueves, 22 de septiembre de 2011

"Entidades defensoras de derechos humanos homenajean a terroristas como si fueran desaparecidos"

La Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo en Argentina (AFAVITA) aseguró que "se pagan millonarias indemnizaciones a supuestos desaparecidos que en realidad, y está comprobado, murieron en actos de copamiento a cuarteles o víctimas de sus propias organizaciones".

AFAVITA, hará pública esta denuncia en oportunidad de organizar un acto masivo para el próximo 5 de octubre a las 19 en la Plaza San Martín de Capital Federal

"No hay igualdad jurídica en materia de derechos humanos, los conscriptos y oficiales que defendieron los cuarteles militares durante el gobierno constitucional de 1973/76 no tienen derecho a reclamar justicia, como asimismo cantidad de civiles como jueces, profesores, sindicalistas, empresarios y niños", afirmó la presidenta de AFAVITA, Silvia Ibarzábal, hija del brutalmente secuestrado y asesinado jefe del Grupo de Artillería Blindada 1 con asiento en la ciudad de Azul durante el ataque del año 1974, Coronel (Post Mortem), Jorge Ibarzábal.

Por su parte, el secretario de la entidad, Gabriel Miraz afirmó que “en este falseamiento de la verdad, se ha llegado al extremo de homenajear a terroristas e incluirlos en el mal llamado “Parque de la memoria” e indemnizar a sus deudos con millonarias sumas de dinero del erario público”.

Ibarzábal aseveró que en el acto habrá reconocimiento y homenaje “por Verdad y Justicia sobre lo ocurrido en Argentina y demandarán, una vez más, igualdad jurídica y reconocimiento integral de los derechos humanos”.

Ibarzabal explicó que el día nacional de las víctimas del terrorismo en La Argentina recuerda que “en el triste domingo 5 de octubre de 1975, la organización terrorista autodenominada Montoneros, atacó el cuartel del Regimiento de Infantería de Monte 29, con asiento en la ciudad de Formosa, asesinando 10 soldados conscriptos (todos desarmados, algunos durmiendo y otros duchándose), un Suboficial , un Oficial del Ejército, y un policía de la Provincia de Formosa, asimismo, se secuestró un avión de línea en una operación militar que evidencia palmariamente la magnitud de la brutal agresión terrorista sufrida por la Nación Argentina en aquellos años”.

El secretario Gabriel Miraz, remarcó que “por un lado, nos duele profundamente que ellos sean deliberadamente “olvidados”, ignorados y hasta negados por la “versión oficial” de lo ocurrido en aquella guerra contra el terrorismo, la que fue reconocida en todos los documentos de la época de las distintas organizaciones terroristas e incluso en el fallo de la llamada “Causa 13”.

“Simultáneamente, nos alegra que haya comenzado a surgir la VERDAD respecto a aquella guerra y a ponerse en evidencia que existen organizaciones, supuestas defensoras de “derechos humanos” cuyos integrantes habrían usado, con otros fines, cifras millonarias otorgadas por el Estado, sin ningún control por parte de éste", deslizó.

En tanto, Ibarzabal agregó: “Nos preguntamos, ¿quiénes tienen “derechos humanos” en la Argentina de hoy? ¿Dónde está la Justicia en la Argentina. ¿Es posible que haya gente capaz de lucrar explotando su dolor por la pérdida de un ser querido? ¿Es posible que la sociedad y la clase política en general permanezca inerme ante tanta mentira e injusticia?”.

miércoles, 21 de septiembre de 2011

Homenaje a las Vítimas del Terrorismo

El día miércoles 5 de octubre a las 19:00hs, se realizará en Plaza San Martín el acto en Homenaje a las Víctimas del Terrorismo.

Ver invitación en:

http://www.youtube.com/watch?v=QzHMzP7CCFY

No se suspende por lluvia.

domingo, 11 de septiembre de 2011

"Ya encontré 300 contradicciones en el informe oficial"

Por Mariano De Vedia | LA NACION


D'Angelo revisa uno por uno los casos del informe oficial. Foto: Soledad Aznarez
Entre tantos papeles, documentos, libros sobre los trágicos años 70 y su computadora portátil, casi no hay lugar para una taza de café en la mesa de trabajo del militar retirado José D'Angelo. Allí, en el departamento de un ambiente que alquila cerca del Zoológico, revisa cada caso incluido en el informe sobre víctimas de la represión ilegal elaborado en 2006 por la Secretaría de Derechos Humanos y que sirve de base para el pago de indemnizaciones por las leyes reparatorias.

"Ya encontré más de 300 contradicciones severas", dijo, dedicado a la tarea de contrastar el informe oficial con investigaciones periodísticas y bibliografía de la época, incluidas revistas de las propias organizaciones guerrilleras. Esos hallazgos amplían las sospechas y las denuncias por falta de transparencia del régimen de resarcimientos, que el Gobierno mantiene en estricto secreto, como publicó esta semana LA NACION.
Al igual que varios legisladores de la oposición, D'Angelo reclama transparencia en un tema sensible para los argentinos y, en curiosa sintonía con los reclamos de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, exige que "la verdad sea dicha".
"Estamos frente a un gobierno que ha aumentado el presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos en un 7500% en ocho años [pasó de $ 1.146.102 a 96.130.873]. Yo, con pocos recursos, encontré más de 300 contradicciones. El Estado podría investigar mejor", afirmó el ex militar carapintada, en una entrevista con LA NACION.

-¿Cómo lleva adelante la investigación?

-Leo casi todos los libros de autores de izquierda y cotejo los relatos de los años 70 con el informe de 2006. El listado original de la Conadep tenía 8961 casos y hay más de 2000 que no figuran en el informe de 2006. Por ejemplo, estaba incluido como desaparecido Humberto Alfredo Meade, el actual juez del caso Candela, en Morón. Así, el número de casos tendría que haber bajado a 6900, pero subió a 9300, porque han sido incorporados más de 2400, lo cual no está mal. El asunto es ver si esos casos se ajustan a los fundamentos que dieron origen a la Conadep y a las leyes reparatorias.

-¿Hay errores graves?

-Encontré más de 300 contradicciones severas. Un caso significativo es el de Hugo Irurzun, quien, según relató Gorriarán Merlo, lanzó el lanzacohetes que mató a Somoza, en Asunción, en 1980. Esa misma noche, la policía del Paraguay encontró a Irurzun y lo mató. ¿Cómo figura en el listado oficial?: ejecución sumaria. Lo mató el Estado argentino. Según el informe, alguien está habilitado a cobrar la indemnización, que ronda los 220.000 dólares. Se han pagado entre 1700 millones y 1900 millones de dólares.

-¿Cómo se llega a esa cifra?

-Es una estimación, teniendo en cuenta la cantidad de casos y según el tipo de cambio que se aplique. Se gastó mucha plata. Las denuncias por los planes de vivienda de las Madres de Plaza de Mayo son por $ 750 millones. Acá estamos hablando de 1700 millones de dólares.
-¿Cómo definiría la actual política de derechos humanos?
-Absolutamente parcial. Y si no se pueden aplicar controles sobre la asignación importantísima de recursos, como un probable foco de corrupción, una estafa moral que los argentinos no nos merecemos.

-¿Su visión puede ser considerada parcial?

-Si Montoneros se llamaba Ejército Montonero y el ERP era el Ejército Revolucionario del Pueblo, estamos hablando de una guerra. Perón, tras el asalto del ERP en Azul, mandó al Congreso un proyecto para modificar el Código Penal. Diputados de la JP, la Tendencia y Montoneros, entre ellos Carlos Kunkel, se niegan a darle la posibilidad de combatir al terrorismo con la ley en la mano. Además, en una carta a la guarnición militar, en enero de 1974, Perón expresó su deseo de que "el reducido número de psicópatas que van quedando sean exterminados uno a uno para el bien de la república". ¿Y ahora el Estado los indemniza?

-¿No lo invalida haber sido carapintada?

-Los levantamientos carapintadas no ocurrieron en 1985, cuando Alfonsín y la Justicia metieron presos a los comandantes. Ellos habían sido responsables. Los líos internos se arman dos años después, cuando empezaron a llamar a declarar a tipos que en la guerra contra el terrorismo eran tenientes, subtenientes. Fuimos contrarios al Proceso. Pero el movimiento carapintada ya no existe. Fue una expresión del momento.

PERFIL

JOSE D'ANGELO
TENIENTE PRIMERO RETIRADO
Edad: 55 años
Nacido en: Mendoza

Egresó del Colegio Militar en 1980. En enero de 1988 se sumó desde Tucumán al levantamiento carapintada de Aldo Rico en Monte Caseros. Pasó un año en prisión y fue indultado por Menem. Se dedica ahora al mercado editorialI. Fue director de El Diario de Bolsillo y de la revista B1 ..

jueves, 8 de septiembre de 2011

Intiman a Alak por pagos a víctimas de la represión

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La Nación

Jueves 08 de septiembre de 2011 Publicado en edición impresa

El caso de 68 guerrilleros

Intiman a Alak por pagos a víctimas de la represión

Por Mariano De Vedia LA NACION

La Justicia intimó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, a que en un plazo de cinco días informe si 68 guerrilleros muertos antes del golpe militar de 1976, a raíz de ataques a unidades militares durante los gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez, figuran como desaparecidos o víctimas de ejecución sumaria en los listados elaborados en 2006 por la Secretaría de Derechos Humanos.

También le ordenó que explique si sus herederos cobraron las indemnizaciones previstas en las leyes reparatorias para las víctimas del terrorismo de Estado, así como los montos y las fechas en que se habrían hecho los pagos.

La medida fue dispuesta por el juez Esteban Carlos Furnari, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2, al admitir una acción de amparo presentada por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que había pedido la información a la Secretaría de Derechos Humanos en febrero último. Al no obtener respuesta, la entidad presentó un amparo por mora de la administración.

La medida judicial, notificada ayer al ministro de Justicia y derivada por Alak a la Secretaría de Derechos Humanos, que conduce Eduardo Luis Duhalde, suma elementos a las sospechas y la falta de transparencia que rodean a los pagos efectuados por el gobierno kirchnerista a víctimas de la represión, información que nunca fue hecha pública.

Como publicó LA NACION el lunes último, en el listado de la Secretaría de Derechos Humanos, que amplió la nómina original de desaparecidos de la Conadep, surgen notorias contradicciones, al incluirse por lo menos 16 casos de personas que aparecen como víctimas de desaparición forzada o ejecución sumaria, cuando, según consta en documentación y bibliografía de la época (libros, investigaciones periodísticas y revistas de las propias organizaciones guerrilleras), murieron en otras circunstancias, al quitarse la vida o haber sido ejecutadas por las propias organizaciones subversivas.

Ante una consulta de LA NACION, voceros de la Secretaría de Derechos Humanos respondieron ayer que la política oficial se encuadra en los márgenes de la ley 26.564, sancionada el 25 de noviembre de 2009, que extiende los beneficios de las leyes reparatorias a quienes permanecieron detenidos o hayan sido muertos o desaparecidos entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983.

Además de estar incluidos en el listado oficial y de la posibilidad de que sus herederos hayan cobrado indemnizaciones, los nombres de la mayoría de los 68 guerrilleros sobre los cuales la Justicia pide ahora informes figuran inscriptos en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, erigido en la Costanera Norte, como homenaje "a quienes murieron combatiendo por los ideales de justicia y equidad".

El reclamo judicial está en sintonía con la queja que hicieron varios legisladores, tras la nota publicada en LA NACION, al exigir mayor transparencia en el pago de las indemnizaciones a las víctimas de la represión. En ese sentido, los diputados nacionales Juan Carlos Vega (Coalición Cívica) y Federico Pinedo (Pro) presentaron ayer un proyecto de resolución en el que piden al Poder Ejecutivo que informe sobre el monto total pagado por las reparaciones.

El amparo

"No pedimos que se individualice a los herederos que cobraron. Pero pedimos que se diga cuánto se pagó, para aportar claridad a un tema que está oculto", explicó a LA NACION el doctor Oscar Vigliani, letrado de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia.

Constituida en agosto de 2009, la entidad está integrada por 450 letrados que se desempeñan fundamentalmente en jurisdicciones donde actualmente se tramitan causas referidas a las violaciones de derechos humanos.

"Buscamos restablecer la justicia y la definitiva concordia para todos", explicó el presidente de la asociación, doctor Alberto Solanet, que en mayo último remitió una carta al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en la que cuestionaba el respaldo que éste había expresado a la política oficial de derechos humanos.

Los casos que deberán explicar el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos comprenden específicamente la situación de los guerrilleros fallecidos en ocasión de los ataques a la guarnición de Azul (19 de enero de 1974), a la fábrica de pólvora y explosivos de Villa María (10 de agosto de 1974), al Batallón de Arsenales Fray Luis Beltrán (13 de abril de 1975), al regimiento 29 de Formosa (5 de octubre de 1975) y al Batallón de Arsenales 601 de Monte Chingolo (23 de diciembre de 1975).

Al computarse días hábiles en el plazo judicial, el Gobierno tiene tiempo hasta el miércoles próximo para responder a la Justicia.





LOS CASOS



* Explicación. El juez Furnari emplazó al ministro de Justicia, Julio Alak (foto), para que informe si 68 guerrilleros que atacaron cuarteles durante un gobierno constitucional son considerados víctimas del terrorismo de Estado.



* Beneficiarios. De los 68 casos, 53 participaron en el ataque al Batallón de Monte Chingolo (Daniel Barbate, Aída L. Bruchstein, Hugo F. Colautti, Eduardo Delfino, Humberto Salvador, Enrique Tauil y otros).



* Nombres. También hay un caído en combate en Tucumán (Jorge C. Molina) y un militante fusilado por los montoneros (Fernando Haymal).





LA VISIÓN DEL MINISTRO



Sin hacer mención a la polémica generada por la inclusión como víctimas del terrorismo de Estado a guerrilleros que atentaron en 1974 y 1975 contra gobiernos constitucionales, el ministro de Justicia, Julio Alak, revalorizó la política argentina de derechos humanos.



Al hablar en un foro sobre violencia vial, señaló que esa política "es prestigiosa y tiene un incuestionable liderazgo mundial". Tras señalar que "ese prestigio no se ganó por azar", anticipó que el gobierno nacional procura "generar condiciones para construir consejos de derechos humanos en cada provincia".






Cnl (R-PPP) JCA.

Ciudadano Argentino víctima de la ILEGALIDAD y CORRUPCIÓN del Estado.

“La responsabilidad es común, y por lo tanto debemos asumirla todos, sin desertores de conveniencia ni “distraídos”, sin pretender que un solo sector de la sociedad asuma las responsabilidades del resto”. L.B.

martes, 6 de septiembre de 2011

Sospechas por los pagos a víctimas de la represión

Sospechas por los pagos a víctimas de la represión

Por Mariano De Vedia LA NACION
Twitter: @mdv2011

"Si hay algo que debe ser transparente es la política de derechos humanos. Lo exige su propia naturaleza." La frase del diputado Juan Carlos Vega (Coalición Cívica-Córdoba) resume el generalizado rechazo que sectores políticos y sociales manifestaron públicamente ayer frente a la negativa del Gobierno a dar detalles del pago de indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado.

El reclamo de más transparencia surgió a raíz de las contradicciones detectadas en el listado oficial de las víctimas elaborado en 2006 por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que amplió entonces la nómina original de desaparecidos de la Conadep, como informó ayer LA NACION. En esa ampliación se incluyeron casos como el del militante montonero Fernando Haymal, que aparece en la lista oficial como muerto por ejecución sumaria, cuando la propia revista Evita Montonera señalaba en octubre de 1975 que había sido fusilado por la propia organización guerrillera por haber delatado a sus compañeros.

Ante una consulta de este diario, voceros de la Secretaría de Derechos Humanos dijeron ayer que el organismo a cargo de Eduardo Luis Duhalde "no hará declaraciones ni comentarios sobre el tema". A la vez, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que apoya toda la política de derechos humanos de la Casa Rosada, evitó pronunciarse sobre la polémica. Las reacciones más firmes se produjeron en el Congreso. El diputado Vega, que integra la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja y preside la de Legislación Penal, reclamó transparencia y declaró que "ningún derecho a la intimidad puede obstaculizar la obligación del Estado de informar a la sociedad sobre las reparaciones legales pagadas a las víctimas del terrorismo de Estado".

Se sumó el diputado Federico Pinedo (Pro), quien anticipó que presentará un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique las contradicciones en torno del pago de las indemnizaciones. "Es una barbaridad hacer pasar como víctimas del terrorismo de Estado a quienes no lo son; hay que investigar", dijo el legislador. Al hablar de probables inclusiones indebidas en el listado oficial, negó que se trate de una cuestión ideológica. "Hay gente que lucra. Pareciera que hay un comercio con un tema dramático", dijo Pinedo.

La Asociación Madres de Plaza de Mayo evitó hablar del tema. "Para las Madres es un tema cerrado. Ellas renunciaron en su momento a toda reparación económica por la desaparición de sus hijos y decidieron no pronunciarse sobre esos temas", explicó un vocero de la entidad.
La lista

Similar posición adoptó Taty Almeida, de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. "No puedo hablar de lo que no conozco. Si hay dudas, hay que recurrir a la Secretaría de Derechos Humanos", dijo, sin advertir el recurrente silencio del organismo oficial sobre este tema.

"Nunca se hizo pública la lista de los que cobraron indemnizaciones ni tuve acceso a ella", lamentó la ex diputada nacional Graciela Fernández Meijide, que recibía las denuncias en la Conadep. Recordó que en los años 90, cuando se hicieron los primeros pagos, se exigía que el nombre del beneficiario estuviera en la lista de la Conadep o se hubiera radicado la denuncia. "Si después el criterio se modificó, no lo sé", precisó, al referirse a la política aplicada durante el gobierno kirchnerista. La ex ministra recordó que la propia Junta Militar, antes de dejar el gobierno, en 1983, había intentado ofrecer pagar reparaciones a víctimas y familiares, como un modo de descomprimir la tensión, que ya se percibía. "Pero en las organizaciones de derechos humanos nos opusimos con firmeza: sólo queríamos verdad y justicia", señaló.

La senadora Norma Morandini (Frente Cívico-Córdoba) también reclamó transparencia a la Secretaría de Derechos Humanos, aunque aclaró que un principio básico del derecho internacional es que una vez que el Estado viola los derechos tiene que reparar. "Tendría que haber más transparencia y la reparación no debe ser discrecional, pero hay que reparar. La Secretaría de Derechos Humanos debe garantizar cómo hacerlo", dijo la compañera de fórmula del candidato a presidente por el Frente Amplio Progresista, Hermes Binner.

Para el diputado Gustavo Ferrari (Peronismo Federal), más allá del gasto que supone para el erario, el pago de indemnizaciones implica "un acto de estricta justicia con los que realmente sufrieron el dolor de la desaparición forzada de sus familiares". Ante la existencia de contradicciones, exigió que el Estado "intervenga en forma inmediata para reparar situaciones injustas. Y atribuyó la discrecionalidad del organismo oficial a la falta de una ley que garantice el acceso a la información pública.

Miguel Monserrat, copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, dijo que ese organismo siempre diferenció los hechos delictivos, encuadrados en el Código Penal, de las acciones propias del terrorismo de Estado, y añadió que ello se analizaría en una reunión que la institución mantenía anoche.

Testimonio de Solari Yrigoyen
El presidente de la Convención Nacional de la UCR, Hipólito Solari Yrigoyen, declarará mañana como testigo en Bahía Blanca en la causa que investiga violaciones a los derechos humanos en el centro clandestino de detención conocido como La Escuelita, en el área operacional del V Cuerpo de Ejército.

La audiencia tendrá lugar el miércoles 7 de septiembre a las 16 en el mencionado tribunal.
PROTAGONISTAS

"Si hay algo que debe ser transparente es la política de derechos humanos. Ningún derecho a la intimidad puede obstaculizar la obligación del Estado de informar"
Juan Carlos Vega
Diputado de la Coalición Cívica

"Es una barbaridad hacer pasar como víctimas del terrorismo de Estado a quienes lo no son; hay que investigar. Hay gente que lucra con esto"
Federico Pinedo
Diputado de Pro

"No puedo hablar de lo que no conozco [por la lista de víctimas de terrorismo de Estado]. Si hay dudas, hay que recurrir a la Secretaría de Derechos Humanos"
Taty Almeida
Madres-Línea fundadora

"El pago de indemnizaciones implica un acto de estricta justicia con los que realmente sufrieron el dolor de la desaparición forzada de sus familiares"
Gustavo Ferrari
Diputado del Peronismo Federal

"La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos siempre diferenció los hechos delictivos, del Código Penal, de las acciones del terrorismo de Estado"
Miguel Monserrat
Copresidente de la APDH .

Derechos humanos: indemnizaciones a falsas víctimas

Editorial I Diario "La Nación"

La falta de transparencia en resarcimientos estatales permite sospechar otro presunto negociado bajo la bandera del progresismo


Más notas para entender este tema
Líderes del mañana

En numerosas oportunidades sostuvimos que las víctimas de la subversión en los años 70 y sus familiares no sólo no han recibido posteriormente el debido reconocimiento por parte de la sociedad y las instituciones, sino que una fortísima discriminación basada en el maniqueísmo los ha condenado a la situación de parias, en la que la ausencia de indemnizaciones es sólo un aspecto, aunque bien gráfico, de la división que se ha introducido en nuestra sociedad.

Para la Justicia y el oficialismo las únicas víctimas del período más oscuro de nuestra historia, que comenzó dos años antes del golpe de Estado de 1976, fueron las de la represión ejercida por los integrantes de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura. Por lo tanto, a partir de este criterio tan injusto como parcial, sólo los familiares de estas personas que sufrieron desaparición forzosa o ejecución sumaria tienen derecho a percibir las indemnizaciones oficiales.

Sin embargo, como lo reveló ayer una investigación de La Nacion, existen por lo menos 16 casos de personas que fueron ultimadas por integrantes de la organización guerrillera a la que pertenecían luego de ser sometidas a los llamados "juicios revolucionarios", o que se quitaron la vida antes de ser capturadas, cuyos familiares han cobrado las indemnizaciones porque en los últimos años han sido incluidos dentro de la categoría de víctimas del terrorismo de Estado.

Salta a la vista que nos encontramos ante un contrasentido y una nueva estafa que, contrastada con la situación de olvido que sufren las víctimas de las organizaciones guerrilleras y sus familiares, resulta francamente hiriente.

Una vez más, la bandera de los derechos humanos sirve, bajo el actual Gobierno, para cobijar y encubrir negociados, como ha ocurrido con los fondos estatales desviados desde la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Como informó La Nacion, los 16 casos, que seguramente son sólo la punta de un iceberg, salieron a la luz al cotejar el listado de víctimas del terrorismo de Estado que el Gobierno elaboró en 2006 (y que constituye una actualización del informe que la Conadep había confeccionado en 1984) con las crónicas narradas en investigaciones, como el libro Operación Primicia, de Ceferino Reato, y otros similares, además de los testimonios que obran en Evita Montonera, la revista oficial de Montoneros, y Estrella Roja, el órgano del ERP.

La Secretaría de Derechos Humanos guarda un sospechoso silencio cuando se la consulta sobre las indemnizaciones que pagó el Estado a partir de las leyes de reparación promulgadas durante el gobierno de Carlos Menem. Este diario ha pedido en reiteradas oportunidades al Ministerio de Justicia y a aquella secretaría información para conocer cuánto dinero se pagó y cuántas víctimas y familiares percibieron la indemnización, pero no hubo respuestas.

En total, el Estado habría pagado entre 1700 y 1900 millones de dólares en concepto de indemnizaciones que rondarían los 220.000 dólares cada una.

Por curioso que parezca, en esos trámites no interviene la Justicia. Sería muy importante obtener la lista completa de beneficiarios para poder cotejarla con los datos existentes, porque esta peculiar manera de indemnizar sin control judicial, y con estos 16 casos que deberían haber resultado inadmisibles, se puede prestar a grandes negociados.

Es de esperar que las arbitrariedades a que nos referimos sirvan, colateralmente, para iniciar un necesario cambio de posición con el fin de que, de una vez por todas, se ponga fin a la injusticia que padecen las víctimas de las organizaciones guerrilleras y sus familiares. No se trata sólo de una consideración humanitaria. Hay jurisprudencia y tratados internacionales que avalan los solitarios reclamos de esas víctimas y de sus familias..

lunes, 5 de septiembre de 2011

Muestra Fotográfica en el Palacio de Justicia

Como todos los martes la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina se hace presente frente al Palacio de Justicia para mostrar la otra parte de la historia sobre los acontecimiento sucedidos en la década del “70” .
Pretendemos desenmascarar a los artífices de esta mentira, que en los 70 se levantaron en armas contra gobiernos constitucionales y hoy se presentan en sociedad como paladines de los derechos humanos.

Así también denunciamos a los jueces prevaricadores que están sometidos al poder político de turno. Ellos son responsables de que los argentinos no podamos vivir en estado de derecho.

A raíz de una muestra fotográfica realizada dentro del Palacio de Justicia con los supuestos “centros clandestinos de detención”, la asociación realizó una réplica de una de las cárceles del pueblo que los terroristas fabricaban para colocar ahí a los empresarios, sindicalistas y militares que ellos secuestraban.

Cabe aclarar que es una vergüenza que los jueces tomen parte en este tema, dejando colocar en el Palacio de Justicia una muestra fotográfica que solo cuenta una parte tergiversada de la historia. De esta manera ellos son cómplices de la mentira oficial y de que no tengamos una justicia independiente e imparcial.

La sociedad toda, pero especialmente los jóvenes, necesitan conocer la verdad integral y objetiva de los 70. Para contribuir a ese objetivo, sin pretender agotarlo, repartimos gratuitamente revistas, libros, que recuerdan algunos de los hechos históricos de aquella época.

Esperamos contar con su presencia, mañana martes 6 de septiembre.

A los que han hecho posible esta muestra fotográfica, AFYAPPA les agradece de todo corazón. A quienes puedan y deseen apoyar materialmente nuestro trabajo los invitamos a efectuar donaciones en la Caja de Ahorro del Banco Galicia Nro 4011081-7017-4, siendo su CBU el Nro 00700177-30004011081743.


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Polémica por una lista de indemnizaciones

Derechos humanos / El resarcimiento a las victimas del terrorismo de estado
Polémica por una lista de indemnizaciones

Por Mariano De Vedia LA NACION
Twitter: @mdv2011
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Infografía: Casos con contradicciones

Por delatar a sus compañeros cuando fue detenido por fuerzas de seguridad en Córdoba, durante el gobierno constitucional de 1975, el militante montonero Fernando Haymal murió a tiros, ultimado por la propia organización guerrillera. Sin embargo, sus familiares están habilitados para cobrar una indemnización, cercana a US$ 220.000, porque el caso figura como de ejecución sumaria en las listas de víctimas del terrorismo de Estado que el Gobierno actualizó en 2006.

Al menos 16 casos similares surgen al analizar la nómina que la Secretaría de Derechos Humanos ofrece en su sitio web, donde aparecen como víctimas de desaparición forzosa o ejecución sumaria personas que, según consta en libros, investigaciones periodísticas y en las propias revistas que en los años 70 publicaban Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), se quitaron la vida antes de ser apresadas o fueron ejecutadas por las propias fuerzas guerrilleras luego de "juicios revolucionarios". Muchas de esas muertes ocurrieron antes del golpe militar de 1976.

Los casos salen a la luz al cotejar el listado de 2006 (una actualización del informe que la Conadep había elaborado en 1984) con las crónicas narradas en clásicas y recientes investigaciones, como las volcadas en los libros Operación primicia , de Ceferino Reato; Galimberti , de Marcelo Larraquy y Roberto Caballero; Los montoneros. Soldados de Perón , de Richard Gillespie, y La memoria de los de abajo , de Roberto Baschetti, entre otros, y en testimonios reflejados en Evita Montonera , la revista oficial de Montoneros, y Estrella Roja , el órgano del ERP.

A dichas fuentes recurrió el teniente primero José D'Angelo, pasado a retiro en 1992 tras su participación en levantamientos carapintada, que tiene en preparación un libro para avanzar en el esclarecimiento de casos en que los registros oficiales no coinciden con testimonios y documentos de la época.

Las circunstancias en que murieron muchas de las víctimas del terrorismo de Estado recobran interés ante el silencio que guarda la Secretaría de Derechos Humanos cuando se la consulta sobre las indemnizaciones que pagó el Estado, a partir de las leyes de reparación promulgadas durante el gobierno de Carlos Menem. La Nacion pidió reiteradas veces al Ministerio de Justicia y a la Secretaría de Derechos Humanos información para conocer cuánto dinero se pagó y cuántas víctimas y familiares percibieron la indemnización, pero no hubo respuestas.

Cada pago es resuelto por funcionarios estatales sin intervención de la Justicia. A partir de un requerimiento efectuado en 2007 por D'Angelo, en una nota dirigida al Poder Ejecutivo y respondida por el entonces secretario de Finanzas Sergio Chodos, se supo que quienes permanecieron detenidos entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983 fueron compensados, en total, con $ 43 millones y US$ 605,8 millones. Los familiares de desaparecidos y muertos en igual período recibieron $ 293 millones y US$ 985 millones. El total pagado por el Estado oscila entre US$ 1700 millones y US$ 1900 millones. Cada beneficiado habría recibido US$ 220.000. Como contrapartida, no recibieron reconocimientos ni compensaciones las víctimas de la guerrilla.

De la comparación entre el listado oficial que elaboró la Secretaría de DD.HH, a la que se puede acceder por Internet, y las publicadas en investigaciones periodísticas y en las revistas de las organizaciones guerrilleras surgen contradicciones.

En la biografía Galimberti , los periodistas Larraquy y Caballero -este último, actual director de Tiempo Argentino- narran el caso de Fernando Haymal, que luego de cuatro días de torturas dio información a las fuerzas de seguridad para que localizaran al militante Marcos Osatinsky, que fue ultimado en Córdoba. Señalan al respecto: "Haymal fue fusilado por Montoneros después de un juicio revolucionario [en septiembre de 1975]". Lo mismo publicó Evita Montonera , en su número de octubre de 1975, con el título de "Juicio revolucionario a un delator". El informe de la Secretaría de DD.HH. señala el caso de Haymal como de ejecución sumaria.

El 12 de abril de 1975, luego de expropiar un camión cerealero en el cruce de la ruta 6 y Panamericana, a la altura de Campana, cayeron muertos en combate Guillermo Rodríguez (apodado "Mario"), Carlos Pablo Molinas ("Oscar"), Luis Bocco (el "Flaco Tito") y Carlos Alberto Tuda (el "Negro Nano"). Así lo describe Baschetti en La memoria de los de abajo . Ninguno de ellos estaba citado en el primer informe de la Conadep, pero aparecen en el informe encargado por Néstor Kirchner en 2006 como víctimas de ejecución sumaria.

Las militantes montoneras Ana María Teresa Drago y María Cristina Lucchesi saltaron al vacío el último día de 1976, en Rosario, cuando su casa fue rodeada por fuerzas de seguridad. (Así lo narra Baschetti.) En el listado de 2006, el caso Drago aparece como "ejecución sumaria" y el de Lucchesi como "desaparición forzada".

En abril de 1976, hallaron ahorcada en Lomas de Zamora a María Teresa Cerviño, con un cartel que decía: "Yo fui montonera. ¡Seguime!". Su cuerpo fue identificado y el juez Raúl Varesio dictó el sobreseimiento provisional de la causa por no poder individualizar al autor del crimen. A pesar de que su cuerpo había aparecido, en el informe de 2006 su caso se menciona como "desaparición forzada".

Baschetti narra que Jorge Riganti murió cuando transportaba una bomba en su Citroën, en La Plata, el 7 de mayo de 1976. En el informe de la Secretaría de DD.HH. se señala su caso como de ejecución sumaria.

Evita Montonera y el autor Gillespie coinciden en señalar que Montoneros declaró traidor a Carlos Roth por colaborar con el enemigo y que la propia organización ordenó su ejecución. Para el informe oficial, Roth es un caso de desaparición forzada, en enero de 1976.

El listado de 2006 menciona como desaparición forzada el caso del ciudadano francés Jean-Henri Raya Ribard, muerto en Brasil el 21 de noviembre de 1973. No se explica la inclusión de un extranjero, muerto fuera de la Argentina en tiempos en que gobernaba Juan Domingo Perón.

Se trata de casos que se ajustan a la premisa de "no entregarse vivos, resistir hasta escapar o morir en el intento", como lo definió la organización conducida por Mario Firmenich en la revista Evita Montonera , de marzo de 1976. La mayoría de ellos no había sido incluido en el informe original de la Conadep, que consideraba 8961 casos, y cuyo prólogo -escrito por Ernesto Sabato- fue modificado en 2006 por el gobierno de Néstor Kirchner por considerar que reivindicaba la "teoría de los dos demonios".

Con esas incorporaciones, se llegó a 9334 casos. El agregado de los integrantes de las organizaciones guerrilleras que cayeron fue hecho como una reivindicación. Pero ese reconocimiento contrasta con el silencio que mantiene el Gobierno hasta hoy acerca de los pagos de indemnizaciones a los familiares de esas mismas personas..

miércoles, 3 de agosto de 2011

Intentaron incendiar la muestra fotográfica



El día martes 02 de agosto volvió a hacerse evidente el sentido violento, autoritario y demencial, de algunos personajes vinculados a las organizaciones político - económicas vinculadas con los derechos humanos. Consecuencia de las derrotas electorales y culturales que vienen sufriendo en los últimos tiempos, el nerviosismo se hace sentir… y los colmillos escondidos del lobo comienzan a ser percibidos por todos los argentinos. La piel de cordero con la cual se mimetizaron tantos años se percibe en el presente como una caricatura grotesca.

En efecto, en el marco de la Muestra Fotográfica que AFyAPPA viene desarrollando todos los martes frente al Palacio de Justicia, donde se recuerda el pasado delictivo de algunos funcionarios públicos que en los 70 apelaron al terror para imponer a sangre y fuego su ideología, en el día de ayer se hizo presente un abogado, que molesto con los carteles que formaban parte de la muestra, intentó destruirlos prendiéndoles fuego. El personaje, identificado como Carlos Alberto Albert, al no poder cumplir su cometido por la reacción de las mujeres de la asociación, no dudó un momento en agredir físicamente a las mismas, poniendo en evidencia un grado de fanatismo e intolerancia, propio de quienes han hecho del odio, su medio de vida.

Demás está decir que no contestamos, ni contestaremos a las agresiones. Nos manifestamos en forma pacífica, tratando de construir un espacio que dé lugar a una salida de concordia, donde el conocimiento y la asunción de la verdad completa de la historia vivida en los 70, nos permita a los argentinos volver a caminar una senda de hermanos




martes, 12 de julio de 2011

Video del repudio a la Ministro de Seguridad, Nilda Garré

En el acto de la Policía Federal por los caídos en el cumplimiento del deber, la Ministro de Seguridad fue repudiada por un grupo de mujeres de Afyappa.


http://www.youtube.com/watch?v=wQ0CTcHs-Go

lunes, 4 de julio de 2011

Repudio a la Ministro de Seguridad




En el día de la fecha, viernes 01 de julio, un grupo de mujeres de AFYAPPA (Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina), se hizo presente en el acto oficial de la Policía Federal donde se rendía homenaje a los caídos en cumplimiento del deber. La ceremonia se concretó en el monumento a “Los Caídos”, sito en la intersección de la calle Pampa con la Avenida Figueroa Alcorta, de la Ciudad de Buenos Aires.

Participaron del acto el jefe de la policía Federal, Enrique Capdevilla y la otrora musa montonera, convertida actualmente en Ministro de Seguridad, Nilda Garré, la misma que dos meses atrás ordenó retirar el nombre y el busto del comisario Alberto Villar de la Escuela de Suboficiles de la Policía Federal Argentina, aduciendo que se trataba de un “represor”. Llamativo resulta que un gobierno que se dice peronista termine condenando al olvido a un oficial de la policía especialmente designado y considerado por el mismo Juan Domingo Perón.

Recordemos que el Comisario Villar fue asesinado junto con su mujer el 1ro de noviembre de 1974, en pleno gobierno constitucional del General. Se encontraba en el Tigre de paseo en lancha con su mujer, cuando un comando montonero detonó una bomba terrorista y murieron los dos. Los responsables, amigos políticos de la actual Ministro de Seguridad.

La indignación de ver a una simpatizante del terrorismo presidiendo una formación en homenaje a muchos uniformados que encontraron la muerte en manos de los amigos de aquella, motivó un grito doliente de la titular de AFYAPPA recordando al Comisario Villar, con una unánime respuesta del público que contestó con un Presente!!! que borró la sonrisa de la actual responsable de la inseguridad de nuestro querido país.

También AFYAPPA le rindió su pequeño homenaje a los policías asesinados el 02 de julio de 1976 por otro comando montonero, en el comedor de la Policía Federal, en un atentado que costó la vida a más de 20 uniformados. Al grito de “policías asesinados en el comedor de la policía Federal” nuevamente el público respondió ¡Presente!

La Ministro de Seguridad pasó un mal momento, fue abuchada, llamada asesina de policías, montonera y muchos otros epítetos que recordaban su pasado imperfecto. Si se tiene en cuenta que en los años 70 la institución policial fue la sufrió más bajas por parte de los terroristas Montoneros y erpianos, que una mujer con los antecedentes de Nilda Garré presida una formación para recordar a las víctimas de sus compañeros de armas, constituye una burla para todos los argentinos.

Una vez que tengamos la filmación la mandaremos por mail para que vean con sus propios ojos como fue repudiada la Ministra porque seguramente los medios de comunicación que filmaron todo no lo van a pasar.

M. Cecilia. Pando

martes, 21 de junio de 2011

DERECHOS HUMANOS Y TRANSPARENCIAS

Ni los argentinos ni la causa de los derechos humanos merecen otro ataque siniestro a su buena fe
Domingo 19 de junio de 2011 Publicado en edición impresa del diario "La Nación "

El escandaloso desvío de cuantiosos fondos públicos, otorgados a la fundación Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas sociales, es fruto de la arbitrariedad con que funcionarios gubernamentales administran la asignación de esos recursos y de una injustificable ausencia de controles por parte del Estado y de las autoridades de dicha asociación civil.

Las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner han sido en extremo remisas a aceptar el control por parte de otros poderes del Estado o de los ciudadanos, respecto de los dineros públicos en general y, de modo particularísimo, de aquellos vinculados con asuntos que rozan el área de los derechos humanos.

Se ha montado, como queda demostrado con el caso de la fundación Madres de Plaza de Mayo, una suerte de escudo protector sobre la información básica vinculada a estas cuestiones. Su base es una consigna por demás riesgosa: cuanto se decida y haga en el ámbito de los derechos humanos no es revisable, bajo pena de descalificación para quien pretenda ejercer su derecho a la información pública en estos temas.

Sin embargo, los derechos humanos no pueden otorgar a nadie indemnidad, inmunidad o impunidad ante el delito. Por el contrario, la defensa de semejantes derechos debe estar esencialmente ordenada a impedir cualquier atisbo de corrupción que pueda enturbiar las acciones ligadas a valores cuya vigencia ha costado tan caro a nuestro país.

La sociedad, atónita, reclama sanciones ejemplificadoras para los que son capaces de traficar con el dolor, la pobreza y hasta con la sangre de miles de argentinos. También para sus cómplices y encubridores.

Lo piden, con valorada solvencia y honestidad intelectual, personalidades imposibles de ser sospechadas en cuanto a su genuina defensa de los derechos humanos.

Fue Elsa Quiroz -detenida durante el gobierno militar y actual diputada de la Coalición Cívica- quien, hace ya un año, denunció las graves irregularidades en la fundación Madres de Plaza de Mayo. También la candidata a vicepresidenta de la Nación Norma Morandini -hermana de dos personas desaparecidas- afirmó que "mucha gente tiene miedo de opinar" y que lo que "hizo este señor (Schoklender) es un escándalo espantoso, una cosa monstruosa", para terminar afirmando que "si uno dice que no sabía tiene mucha culpa". Y con un lenguaje sin sutilezas, el periodista Jorge Lanata pidió hace unos meses y desde la tapa de una revista: "¡Paren de robar con los '70!" Hasta el affaire "Sueños Compartidos", nadie parece haberlo escuchado.

La corrupción de algunos funcionarios y sus cómplices privados demuestra no tener ideología ni reconocer límites cuando llegan a usar para su enriquecimiento la memoria de quienes resultaron víctimas de la violencia de los 70. A partir del caso de las Madres de Plaza de Mayo, es necesario asegurarse de que la llamativa reticencia que mantiene el gobierno nacional desde 2003, para brindar información referida a las indemnizaciones pagadas a familiares de desaparecidos y muertos en aquella década, no sea un intento de encubrir manejos similares.

Aquellas indemnizaciones se originaron en leyes promulgadas durante el gobierno de Carlos Menem y, a partir de 2003, el Gobierno ha construido a su alrededor un paredón infranqueable que no permite acceder a información que debiera estar a disposición del público con total transparencia y sobre la que naturalmente se espera una detallada rendición de cuentas.

Infructuosos han sido, en los últimos años, los múltiples intentos destinados a conseguir que la administración gubernamental haga público un listado de los casos de desaparecidos y muertos que fueron comprendidos en la normativa, habilitando de esa manera a que los sobrevivientes, sus familiares o allegados, se conviertan en beneficiarios de tales indemnizaciones.

Cada una de estas indemnizaciones es de aproximadamente 220 mil dólares y determinar quién está en condiciones de percibirla es una atribución de agentes estatales, sin intervención previa de la Justicia. Estas decisiones administrativas, que involucran cuantiosos recursos públicos, por algún motivo se mantienen fuera del alcance de la mirada de la ciudadanía.

Hasta ahora, al escudarse el Gobierno en el derecho a la intimidad de las personas y la ley de hábeas data, lo único que ha podido conocerse es el monto total de lo que se otorgó en indemnizaciones hasta el año 2007. A valores nominales, los casos de quienes permanecieron detenidos entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983 fueron indemnizados con erogaciones de unos 43 millones de pesos y 605,8 millones de dólares; en tanto, los familiares de desaparecidos y muertos en igual período, recibieron alrededor de 293 millones de pesos y 985 millones de dólares. Todo eso suma un total, según el tipo de cambio vigente al momento de cada pago, de entre 1700 y 1900 millones de dólares.

Ante lo que, en el caso de la fundación Madres de Plaza de Mayo, se perfila como una brutal estafa económica y moral que no acaba de asombrar a la ciudadanía, las autoridades deben curarse en salud y transparentar, de inmediato, el manejo de estos otros fondos. Cabe esperar que la reticencia a su publicidad haya obedecido tan sólo a un exceso de celo gubernamental mal entendido, pero bien vale ponerlo a prueba; porque ni los argentinos ni la causa de los derechos humanos merecen otro ataque siniestro a su buena fe.

miércoles, 15 de junio de 2011

UNIÓN DE PRESOS POLÍTICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

(La Voz de los Presos Políticos)

CIRCULAR Nº: 4 – 25/5/11 - DÍA DE LA PATRIA.

1 - HUMANOS RETORCIDOS

Human Rights Watch, es una ONG dedicada a los mal llamados Derechos Humanos y que en realidad es una verdadera multinacional del Terror.

Su prédica es de tal naturaleza en tanto se ocupa de proteger a criminales, pedófilos, violadores, abortistas, etc., atacando en particular en la actualidad, a las FFAA, FFSS, Policiales y Penitenciarias en todas partes del mundo.

En su informe anual sobre Argentina en Enero de 2011, en el apartado: "Juicios del pasado" (pag 2), hace una referencia reveladora respecto al tema que usualmente nos ocupa: "Según el Centro de Estudios legales y Sociales (Cuya cabeza visible es Horacio I. Verbitsky, el López Rega de la Viuda Negra), en octubre de 2010 ya eran 253 las personas implicadas en crímenes cometidos durante la dictadura, que habían fallecido sin ser juzgados".

Como es de público conocimiento, nuestras cifras indican que han fallecido a la fecha 127 personas en cautiverio, de manera que la sustancial diferencia entre una cantidad y otra nos hace evaluar diversas hipótesis.

Como ya dijimos HRW, es una multinacional del terror cuya sucursal Argentina, el CELS, hace honor a tal pertenencia, solo basta recordar que uno de sus fundadores fue Rodolfo Baños, parte de los cabecillas del sangriento ataque al cuartel del RI 3, en La Tablada en 1989.

¿No será posible que tengan contacto con alguna organización clandestina que realiza "ejecuciones", contra personas que a su juicio merecen recibir ese castigo, más allá de la mal llamada "Justicia"?
¿Qué tipo de seguimiento hacen de las personas imputadas cuyas muertes se desconocen?
¿Por qué no sabemos acerca de dicha lista o por qué no es de público conocimiento la información acerca de cómo obtienen esos nombres?
¿Lo hacen por presión, chantaje, sobornos o alguna forma de coerción física?

El próximo Gobierno tendrá que resolver esta "papa caliente" si quiere evitar serios problemas, que por supuesto no necesita.

2 - HABLANDO DE ASESINOS………

El Comisario VÍCTOR DAVID BECERRA fue detenido por supuestos "Delitos de Lesa Humanidad", en septiembre del 2006, a los 72 años, por la justicia federal de San Luís.

Si bien en ese momento se mostraba bien de salud, las malas condiciones de detención y la deficiente atención sanitaria hicieron que sufriera dos comas diabéticos por lo que fue internado en un hospital de San Luís, pero dicha situación empeoró producto de sus idas y venidas entre el nosocomio y la cárcel.

Como consecuencia de ello su estado de salud era delicado, con perdida de memoria, falta de higiene y atención médica adecuada.

Es así que, luego de negársele la prisión domiciliaria en distintas instancias, es llevado a juicio el 20/10/08, adonde es trasladado desde la cárcel en silla de ruedas debido a la gangrena que sufría en un pié y le impedía desplazarse.

Durante el Juicio Oral y Público se agrava más su salud por lo que finalmente es enviado a su domicilio, pero ya con secuelas irreversibles por lo padecido.
Al momento de esa decisión Becerra padecía de insuficiencia renal, con diálisis cada 48 hs., vasculopatía general panvascular, enfermedad prostática y cinco focos de infartos cerebrales, lo que le produjo demencia vascular.

El sadismo del Tribunal fue de tal magnitud que hizo instalar en un cuarto contiguo a la sala de audiencia, una seudo enfermería donde tirado en una cama inmóvil, se le colocaba un parlante al costado para que "participe" de las audiencias.

Esta situación, lejos de conmover a los jueces, se prolonga durante casi todo el juicio, ya que finalmente es internado en el Hospital Zonal, donde los psicópatas del Tribunal Oral Federal Nº 1, Drs. RODRÍGUEZ, BURAT, NASSIF Y CORTÉS intentaron interrogarlo, cosa que fue impedida por la Jefa de Sala por el peligro que corría la vida de Becerra.

Es así, que este verdadero calvario se incrementa por nuevas enfermedades: micosis bucofaríngea, gangrena en ambos pies, hipoacusia y reumatismo.

Finalmente el 20/3/2009, se le amputa la pierna izquierda y un dedo del pie derecho, días después y a poco de terminar el juicio donde se le impone condena a Prisión Perpetua, se le corta la pierna derecha, culminando este verdadero Vía Crucis el 14/5/2009 con su fallecimiento.

Es difícil en unas pocas líneas describir lo padecido por el Comisario Becerra para entender el horror de su infortunio a manos de los carniceros con Toga.

Vaya nuestro homenaje a este mártir que mantuvo, mientras conservó lucidez, total valentía y entereza frente a sus verdugos.

¡¡¡COMISARIO VÍCTOR BECERRA, NUNCA TE OLVIDAREMOS!!!

¡¡Doctores Rodríguez, Burat, Nassif y Cortés nunca los olvidaremos, jamás los perdonaremos!!

¡¡¡FELIZ DIA DE LA PATRIA CON FUERZA Y ESPERANZAS!!!

Unión de Presos Políticos de la Republica Argentina




Invitamos a todos los Presos Políticos y a quienes se interesen por nuestra causa, a que nos hagan llegar sus opiniones, propuestas, comentarios, etc., que puedan enriquecer el accionar de UPPRA, comunicándose por este medio a la siguiente dirección: uppra2011@gmail.com

Asimismo a quienes no han leído el Acta Constitutiva de UPPRA lo pueden hacer en la dirección: www.elinformadorpublico.com

UNIÓN DE PRESOS POLÍTICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

(La Voz de los Presos Políticos)

CIRCULAR Nº: 3 – 21/5/11

1- INCOHERENCIA.

CARTA A CORREO DE LECTORES – (Perfil 15/5/2011)

“Arrancar información mediante tortura, ejecutar violentamente y sin juicio previo a un terrorista y causando la muerte a otras personas, hacer desaparecer el cadáver arrojándolo al mar y, para colmo, jactarse públicamente de lo actuado, es lo menos esperable de un gobierno democrático. Más incoherente aún es que otro gobierno democrático que mantiene a centenares de presos políticos solo acusados de haber realizado acciones similares a las descriptas, y vulnerando principios jurídicos universales, felicite a la gran potencia del norte por el éxito de la cacería humana perpetrada. Cabe cierta duda cuando, algunos casos semejantes, no se ajustan a una misma norma ética. Se trataría, entonces, de una vulgar venganza o de innobles motivaciones.”
Santiago Floresa

2- UPPRA OPINA.

El Sr. Santiago Floresa hace, carta mediante, un razonamiento simple y contundente.
Podemos agregar a ello algunos comentarios que dicha opinión estimula y que permiten esbozar que ocurre en nuestra sociedad alrededor de este tema.
Por principio, sabemos que una formidable cantidad de argentinos tiene ideas similares al redactor de la misiva y que saben que esta situación no solo es injusta con nosotros como presos políticos, sino que también piensan que hay que juzgar a los terroristas de los 70, autores de más de 21.000 atentados en la época con su secuela de secuestros, mutilaciones, muertes, etc.

Una encuesta realizada en julio de 2010 exhibió datos concluyentes al respecto y dejó traslucir, además, la estima y reconocimiento hacia quienes evitaron que Argentina fuera Cuba.

Al día de hoy, miles de personas concurren los martes por la mañana al Palacio de Tribunales de Bs. As., donde integrantes de AFYAPPA (Asociación de Familiares y Presos Políticos de Argentina) manifiestan semanalmente.
Allí no solo reciben información sobre el tema, sino también testimonian abiertamente su apoyo a nuestra causa, lo mismo que ocurre en cualquier ocasión en donde se convoca al público en general por el motivo que fuese, ya sea un acto, una conferencia o la presentación de un libro.
Este clima se desarrolla, además, en forma creciente y con actitudes, en algunos casos, de franca indignación por lo que nos acontece en relación con muertes, enfermedades y otros padecimientos,

Pero estas vicisitudes, si bien son graves, son sobrellevadas dignamente por todos los afectados y ayudan a comprender lo que siempre ha sido obvio en la conciencia de todo “revolucionario”: ”La política es la continuación de la guerra por otros medios” (Mao-Tse –Tung).

Por eso, es de destacar, en la carta del Sr. Floresa su último párrafo:”Se trataría, entonces de una vulgar venganza o de otras innobles motivaciones”.
Este es el punto clave para comprender cuantos peligros entraña la persecución que sufren los integrantes de UPPRA; es ya casi imposible soslayar esta realidad que poco o nada tiene que ver con los subversivos de los 70 que han dejado atrás las armas y sus ansias revolucionarias. Aquí de lo que se trata es de la decisión de una caterva de asesinos y torturadores de guante blanco que inexorablemente han decidido echar sal en las heridas de propios y ajenos, por venganza, dinero y un “modelo” donde se asocian corruptos y delirantes.

En este contexto hay razones para suponer que se puede reiniciar un ciclo de locura provocada por la pandilla gobernante, que no se destaca por la lucidez de entender los alcances de sus desatinos.
Es nuestro deber alertar a quienes privilegian la convivencia y la paz acerca de la gravedad que puede adquirir la espiral activada por los juicios, encarcelamientos, enfermedades y muertes. Solo la cordura de la dirigencia política ajena a ellos, podrá reencausar este camino sembrado de oscuros presagios.

Como prueba de lo señalado, está en marcha una: "condena a muerte no declarada pero en lenta ejecución".
Hoy debemos lamentar el fallecimiento del My Luís Bruno, procesado en causas federales en la Pcia. de Salta, ocurrida ayer y de la Sra. de Manzanelli ,esposa de Suboficial Mayor Luís Manzanelli, (detenido en Córdoba) tras una larga y penosa agonía. Esta agonía se vio agravada por el trato dispensado a su esposo por los jueces Díaz Gavin, Museará y Otero Álvarez, al impedirle el arresto domiciliario a pesar de tener más de 70 años y las graves condiciones de salud de su compañera de toda una vida.

3 – Adiós Luís

Ha caído un soldado, otra victima de la sinrazón y el odio…y van…!!!

En el amanecer del día 20 de mayo, el corazón del Mayor de Infantería Don Luís Arnaldo Bruno (Promoción 99 CMN), se detuvo para siempre.

Desde el año 2006, los terroristas que ensangrentaron a la Republica Argentina durante las décadas del 60 y 70 y que fueran vencidos por las armas legales de la Nación, lo eligieron, como a tantos otros, para batirlo despiadadamente.

Fueron entonces los integrantes del Poder Judicial, prevaricadores y corruptos, que se ensañaron, y continúan haciéndolo, con la vida, honra y dignidad de hombres de bien; son los que pretendieron avasallarlo con expedientes y causas judiciales fraudulentas y dolosamente armadas para, en definitiva, obtener su apresamiento.

¡No lo lograron!!!!.

Por esa tenaz resistencia, el Mayor Bruno pagó con un daño profundo sobre su salud física y espiritual; sus afectos más entrañables y su denodado esfuerzo laboral.

Mas el temor y las presiones no lo paralizaron, ni lo dieron a la fuga, o lo empujaron a rehuir del compromiso. Enfrento a pie firme los embates constantes, sin descuidar por ello la atención, el apoyo y la contención, irrestrictamente brindados a sus camaradas, los Presos Políticos del régimen, a sus familiares, amigos y allegados.

Como buen amigo y excelente camarada, preocupado padre y esposo, dio todo de si sin pedir nada a cambio. fue pura generosidad, hombre sin miedo y sin tacha.

Mayor Bruno: ¡Has cumplido con creces tu misión, descansa en paz!

Unión de Presos Políticos de la Republica Argentina

Invitamos a todos los Presos Políticos y a quienes se interesen por nuestra causa, a que nos hagan llegar sus opiniones, propuestas, comentarios, etc., que puedan enriquecer el accionar de UPPRA, comunicándose por este medio a la siguiente dirección: uppra2011@gmail.com

Asimismo a quienes no han leído el Acta Constitutiva de UPPRA lo pueden hacer en la dirección: www.elinformadorpublico.com o en www.Museo_de_la_Memoria.com

UNION DE LOS PRESOS POLÍTICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

(La Voz de los Presos Políticos)

CIRCULAR Nº: 2 – 18/5/11

1- SIN PALABRAS:

FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE URUGUAY - (La Nación 13/5/11)

"La Corte Suprema falló ayer (12/5/2011) que los crímenes cometidos durante la dictadura no son delitos de lesa humanidad sino homicidios que prescriben con el tiempo, en un fallo que afectaría otros casos. La decisión afecta a solo dos ex militares, pero sienta jurisprudencia.
Eso implica que todos los casos de la dictadura prescriban este año"

2 – La Seguridad Jurídica:

Cualquiera de nosotros sabe que, por definición, un estado es la Nación jurídicamente organizada. En base a ello se entiende que la prosperidad de ésta y el bienestar de sus habitantes este sostenida por la Constitución y las leyes que dicta el Congreso Nacional, legitimadas por el Poder Judicial quien vela por su cumplimiento junto al Poder Ejecutivo.

Parece innecesario decir que lo que permite vivir en paz en sociedad y estimular la realización de sus integrantes, es saber que se cuenta con un sistema legal donde se asienta la misma, haciendo previsible sus vidas y sus emprendimientos, vale decir su futuro.

En Argentina venimos escuchando poco después del inicio del período Kirchnerista acerca de los inconvenientes que en materia económica y financiera provoca la denominada Inseguridad Jurídica. Como suele suceder, una vez más el árbol impide ver el bosque, ya que el problema no es exclusivo de un determinado sector, dado que todos los argentinos padecemos un sinnúmero de flagelos producto de dicha inseguridad.

En efecto:

¿De qué se trata sino, de los piquetes que impidan la libre circulación de los ciudadanos y qué los funcionarios públicos desoigan órdenes judiciales para proteger espacios públicos y la propiedad privada?

¿No es inseguridad Jurídica, como se manipulan las cifras del INDEC o que el Estado pague salarios no remunerables (o sea en negro), mientras la AFIP acosa a los productores agropecuarios o a cualquier empresa o ciudadano común?

¿Qué Seguridad Jurídica puede otorgar una nueva Ley de Medios, mientras se persigue a empresarios periodísticos y periodistas por su colaboración con la "Dictadura" o ser simplemente críticos del Gobierno?

¿No es inseguridad Jurídica que se liberen a criminales reincidentes de casos aberrantes ante el asombro de las víctimas y sus seres queridos, mientras se juzgan a integrantes de las FFAA por "delitos de lesa humanidad" cuando dicha figura penal no existe en nuestra legislación, estando las causas prescriptas y los juicios son parodias, violando como todo lo señalado anteriormente, principios elementales del Derecho?

La Inseguridad Jurídica que castiga a nuestro país no es fruto de improvisación alguna, es la forma de gobernar de una " banda desarmada", que ha secuestrado al Estado Nacional para disponer a su antojo de vidas y haciendas.