lunes, 21 de marzo de 2011

Derechos humanos y legalidad por Alberto Solanet

Publicado por el Diario La Nación el 21 de marzo de 2011.

Seguramente el jueves, 24 de marzo, el Gobierno desplegará toda su artificiosa liturgia para celebrar el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. La institución de ese feriado y su denominación muestran una visión sesgada, parcial y engañosa de la historia. Si de memoria y de verdad se trata, resulta inconcebible que el 24 de marzo de 1976 no sea considerado como la consecuencia de una profunda y caótica crisis que estaba caracterizada por la degradación, el vacío de poder, la corrupción y una guerra ya desatada contra un terrorismo apabullante. Así fue visto en aquel entonces por la mayor parte de los argentinos.

Como siempre, la fiesta abundará en la exaltación de los derechos humanos a través de genuinos intérpretes de una concepción groseramente restringida de tales derechos, opuesta a la nota esencial de universalidad que debe caracterizarlos. Es una concepción viciosa, para no andar con eufemismos, que hoy, para una parte importante de los argentinos, sustituye a la legalidad.

Ya no rigen ni las garantías constitucionales ni el Código Penal para aquellos que han sido fulminados por la acusación de haber cometido delitos de "lesa humanidad", figura difusa que alcanza, además de a los militares y fuerzas de seguridad que participaron en la guerra contra la subversión en los años 70, a cualquier ciudadano a designio del Gobierno.

No es una afirmación retórica. Con esa calificación utilizada para alegar la imprescriptibilidad, la señora Herrera de Noble y sus hijos sufren una implacable persecución judicial; José Alfredo Martínez de Hoz y Jaime Smart están presos y desde la Presidencia de la Nación se impulsó el procesamiento y encarcelamiento de conocidos empresarios vinculados a los medios de prensa más importantes.

Esta política de venganza por motivaciones ideológicas y resentimiento se intensificó a partir del gobierno de Néstor Kirchner, a cuya instancia el Congreso resolvió anular los indultos que habían sido homologados por la Corte Suprema y las leyes de obediencia debida y punto final que habían extinguido las acciones penales.

Estas leyes habían sido sancionadas por gobiernos constitucionales y por parlamentos plenamente representativos, que interpretaron la voluntad ciudadana de superar un pasado de violencia y confrontación. Las leyes de amnistía fueron declaradas constitucionales por el mismo alto tribunal que luego, a través de los fallos "Arancibia Clavel", "Lariz Iriondo", "Simón" y "Mazzeo", obedeciendo órdenes del Poder Ejecutivo, posibilitó la reapertura de los procesos.

De esta forma se vulneró la garantía de la cosa juzgada, violando de modo manifiesto el principio de legalidad, aplicando retroactivamente normas penales, desnaturalizando la forma republicana de gobierno y desconociendo la presunción de inocencia que tienen todos los procesados. Se ha negado la detención domiciliaria a quienes en derecho les corresponde. Se ha excedido en mucho el límite de dos años impuesto para la prisión preventiva por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su ley reglamentaria. Se ha ejecutado, además, un amplio abanico de medidas persecutorias que sólo sirven para profundizar la discordia y frustrar la necesaria unión nacional. Así, hay hoy mil presos políticos y ciento veinte muertos en cautiverio.

Son presos políticos por cuanto su persecución y encierro obedece a una voluntad política, con la necesaria complicidad de los legisladores que anularon las leyes mencionadas, haciendo tabla rasa con un principio elemental: el Congreso no puede anular las leyes, sino, en todo caso, derogarlas para el futuro. Sin duda, lo más grave ha sido la disposición de la mayoría de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, que terminó avalando esas nulidades.

Quienes juzgaron a la junta de comandantes fueron entrevistados en el suplemento Enfoques, editado por este diario, el 15 de agosto de 2010, y Julio César Strassera afirmó: "Este gobierno quiere prolongar estos juicios como forma de agitar la banderita de los derechos humanos". En tanto, Guillermo Ledesma dijo: "Nosotros, en 1985, no juzgamos a las Juntas por delitos de lesa humanidad, juzgamos por delitos comunes". Y más adelante: "Yo creo que si se admite la imprescriptibilidad, que como dije viola el principio de legalidad, también debían ser juzgados hoy en día los líderes de la subversión". Finalmente, sostuvo que "el principio de legalidad no puede ser derogado por nada, porque es uno de los logros más importantes de la civilización". Por último, Luis Moreno Ocampo opinó: "Yo creo que es válida la objeción de Ledesma de que los crímenes de lesa humanidad, si no se utilizaron en el juicio, no se pueden utilizar para la prescripción. Aquí hay un problema grave de prescripción".

En varias oportunidades el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, ante ministros, políticos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, ha declarado que "no habrá marcha atrás en los juicios de derechos humanos", que el avance de estas causas no sólo es el resultado de una decisión política, sino del involucramiento de todos los poderes, y en especial, enfatizó, del Poder Judicial. Manifestó además que "el avance de los juicios por derechos humanos son el resultado del esfuerzo institucional de los tres poderes del Estado". Y afirmó que valoraba la decisión del Congreso de anular las leyes de punto final y de obediencia debida, así como la de la propia Corte de declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Por último, agregó que se había creado una comisión inter-poderes para llevar adelante esa política de derechos humanos como una política de Estado. Con estas manifestaciones cometió un grosero prejuzgamiento, revalidó el funesto error en el que incurrió la Corte y evidenció que se ha operado la sustitución del Código Penal por una difusa política de derechos humanos.

El desprecio por los grandes principios del derecho y el abandono de la legalidad significan la destrucción del sistema civilizado de convivencia. Ningún ciudadano debería consentirlo y ningún hombre de derecho debería dejar de denunciarlo. Es necesario reaccionar con la fuerza de la ley para que se restablezca un orden justo, soporte indispensable de la paz y la concordia. © La Nacion

El autor es presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia

martes, 8 de marzo de 2011

Escrachan a Garré en la Escuela de la Policía Federal

Publicado por Alexis Di Capo en el Informador Público del 08 de marzo de 2011

El viernes pasado, la Ministro de Seguridad Nilda Garré concurrió a la Escuela de Cadetes de la Policía Federal ubicada en Lugano para inaugurar el año lectivo. Estuvo acompañada por las secretarias de Seguridad Operativa, Cristina Caamaño, y de Políticas de Prevención y Relaciones con la Comunidad, Ileana Arduino, y el subsecretario de Gestión y Bienestar del Personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, Gustavo Palmieri. El discurso de Garré, como es habitual, fue crítico de la conducta policial, apuntando contra un supuesto autogobierno de la institución.

Pero el discurso fue interrumpido reiteradamente por abucheos e insultos provenientes de un nutrido grupo de familiares y amigos de los cadetes. La virulencia del escrache hizo que Garré se retirara rápidamente del lugar sin ocultar su furia.


La contrainteligencia en acción

Inmediatamente, comenzaron las repercusiones en la institución. Uno de los “plumas” (agentes de inteligencia) infiltrados en los pabellones de cadetes, insultó ante testigos a un oficial principal, acusándolo a él y al director de la escuela de ser los impulsores del escrache. Es sabido que en cada curso de la institución hay cuando menos un “pluma” infiltrado que informa a la superioridad acerca de cualquier conducta “sospechosa” de los cadetes. Al parecer, este sistema estalinista de control habría sido desbordado por el grupo organizador del escrache. Según una fuente policial, el oficial principal acusado de instigar al escrache, antes de la llegada de Garré habría arengado a un numeroso grupo de cadetes diciéndoles que la gestión de aquélla se propone desmantelar la institución. Otra fuente subraya que el escrache se extendió por contagio, es decir, que muchos de los presentes se solidarizaron de inmediato con el grupo que gritaba.

El episodio sirvió también para que trascendiera que la ministro dispuso que en cada comisaría haya por turno cuando menos un comisario político, es decir, un pluma, a los efectos de que informe acerca de cualquier situación que pueda afectar al gobierno. La existencia de esta red de delatores y de los abusos que la misma genera estaría tensando cada vez más los ánimos en la fuerza. Días atrás, en un exceso de optimismo, Garré le habría asegurado a CFK que la policía no representará ningún riesgo para la estrategia electoral del gobierno y que los grupos más rebeldes están neutralizados.

El episodio del viernes prueba que las cosas no son así. Apenas terminada la conflictiva ceremonia en la escuela, un grupo perteneciente al área de inteligencia empezó a revisar los archivos de la institución, recorriendo también los terrenos linderos. Entre los temores del círculo íntimo de Garré estaría que un hecho como el del viernes se repita, pero en presencia de la presidente.

jueves, 3 de marzo de 2011

Por Andrea Palomas

(Para el Informador Público)

Se supo extraoficialmente que ha sido removido el busto del Comisario Alberto Villar, que se alzaba en el patio de honor del Departamento Central de Policía.

También fueron retiradas de las comisarías, las placas de homenaje a los policías víctimas del terrorismo.

Pese a los insistentes comentarios del periodismo, el gobierno calla y otorga.

Aunque este gobierno ha derogado mi capacidad de asombro y en contra lo que aconseja la estrategia del más elemental manual de guerra, acuso el golpe. Debo admitir que me dolió.

Soy hija de un comisario, nací en el Churruca. Allí fallecieron mi papá y mi abuelo. Aunque no soy policía, me siento parte de la familia policial y cada vez que se la ataca, siento el golpe en lo personal.

Después de ver desfallecer en las mazmorras del régimen a más de mil hombres, presos políticos, creí que ya nada podría conmoverme pero la artera maniobra de hacer desaparecer, una vez más, a las víctimas del terrorismo es demasiado.

Con la clandestinidad de lo que avergüenza, retiraron los homenajes de víctimas que les molestan, porque les recuerdan su origen violento, su violencia latente sólo sostenida por el temor de volver a perder una guerra.

Clandestinamente, a hurtadillas, como ladrones de placas en cualquier plaza pública, esconden su pasado asesino.

La palabra hurto viene del latín “furtum” que significa furtivo y esa es la forma en que hicieron desaparecer las placas que la Nación le rinde a sus mártires. En su descabellada empresa de reinventarse, desaparecen pruebas de la guerra perdida que ellos mismos empezaron.

No hubo ceremonia, no hubo un “general banquito”, no existieron anuncios. Silencio.

Los ladrones de placas del departamento Central de Policía y de las 53 comisarías de Buenos Aires se alzaron con el botín, todo un país boquiabierto que no atina a despertar.

Existen homenajes que los ladrones de todo no pueden hurtar, los que llevamos clavados en el corazón.

Personalmente, quiero recordar a la víctima del terrorismo más cercana a mí: El Comisario Guillermo Pavón.

Era amigo de mi padre y venía frecuentemente a mi casa cuando era chica, lo recuerdo como un hombre gigante. Repasando fotos de felicidades antiguas, noto que era obeso, su peso lo agobiaba. Por su brillante carrera, la Policía Federal evitó darle el retiro, enviándolo a un destino calmo que pudiera sobrellevar su salud, era Jefe de Protocolo y Ceremonial de la Policía Federal Argentina.

Fue un hombre bueno, inofensivo, entregaba coronas de flores en nombre de la Policía Federal a los deudos de los policías caídos en cumplimiento del deber, asistía a los funerales, organizaba las entregas de medallas.

Una mañana, al salir de su casa una ráfaga de ametralladora lo partió en dos.

El ERP se atribuyó el atentado.

Estaban construyendo un mundo mejor y para ello era preciso matar a un buen tipo.

La realidad es que algún trepador pagó su ascenso dentro de la guerrilla o alguna chica fácil quiso probarle al grupo que debía ser tomada más en serio, quién sabe cómo fue y ahora, a quién le importa. En esa época, todos creímos que el comunismo sería el futuro ominoso del mundo y los advenedizos no querían quedarse afuera.

Por la parte que me toca, como miembro de este país enfermo, les pido perdón a las víctimas del terrorismo. Ellos sabrán comprender desde el cielo este pequeño lapso de tiempo en que su homenaje fue borrado por un gobierno que pronto huirá de la misma forma en que los ladrones huyen cuando los persigue la policía.

Dra. Andrea Palomas-

martes, 1 de marzo de 2011

Respuesta al Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ricardo Lorenzeti

En la apertura del año judicial, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzeti, expresó que los juicios por delitos de Lesa humanidad seguirán adelante porque son el fruto de la maduración de la sociedad. Forma muy interesante de transferir las responsabilidades y las culpas a esa masa indescifrable a la cual se llama sociedad. De la misma forma que para Zaffaroni los delincuentes no tienen la culpa de sus actos, sino que toda la sociedad es la responsable de las fechorías de aquellos, para Lorenzeti, los jueces no son responsables de violar sistemáticamente la constitución y las leyes, sino que sus resoluciones antojadizas responderían a la maduración de la sociedad.

Esta maduración ¿Implica que nuestra sociedad ha renunciado al principio sagrado de la irretroactividad de la ley penal? ¿Hemos progresado tanto en nuestro pensamiento que el principio de cosa juzgada constituye un paradigma arcaico del pasado? ¿La maduración de nuestro pueblo, impone que dejemos de lado esa premisa jacobina llamada igualdad ante la ley? ¿Es que acaso todas estas ideas garantistas respondieron a los intereses de una sociedad adolescente, falto de la maduración que en el presente tiene nuestro pueblo?.

La respuesta terminante es No. La maduración de la sociedad llevó a nuestro pueblo a consagrar en la Constitución Nacional derechos esenciales a la persona humana, que deben ser protegidos y tutelados por los magistrados de todos los tiempos. Y de la misma forma que un ladrón es responsable de sus actos y debe estar preso, los jueces prevaricadores también deben pagar por sus actos indignos. Si prostituir a una niña es un crimen abominable, prostituir a la señora justicia no es un crimen menor. La maduración de la sociedad exige jueces dignos que apliquen la ley. Es este el verdadero reclamo del pueblo argentino.

María Cecilia Pando.