domingo, 3 de abril de 2016

AFYAPPA VUELVE A TRIBUNALES !!!

El dìa Martes 5 de abril, la Asociaciòn de Familiares y Amigos de Presos Polìticos vuelve al Palacio de Justicia a exigirles a los jueces que se ajusten a DERECHO.

En nuestro paìs hay màs de 1.800 presos polìticos (Civiles, Policìas, Militares y Fuerzas de Seguridad) que combatieron al terrorismo y hoy se encuentran ilegalmente detenidos por culpa de la justicia que en su momento se sometiò al gobierno K violando la Constituciòn Nacional, para que este, pudiera llevar a cabo su venganza y sus negocios con los organismos de derechos humanos.

Volvemos a exigirle a la justicia que cumpla con la ley y no cargue con màs muertos sobre sus hombros.

Hasta el dìa de la fecha fallecieron a 349 presos polìticos por abandono de persona por parte de la justicia.

No queremos màs muertes, queremos vivir en Estado de Derecho, por eso,  todos los martes vamos a estar presentes en el Palacio de Justicia (Talcahuano 550) de 9:00 a 12:00 hs. Los esperamos!






JUICIO “OPERATIVO INDEPENDENCIA”
La falacia del Juez Bejas y la cobardía de los asesinos del Capitán Viola.
Al Sr. Presidente de la Nación Mauricio Macri, al TOF Nro xx de Tucumán, al Pueblo. Argentino en general y al Tucumano en particular:
Para los próximos días está anunciado, en San Miguel de Tucumán, la celebración del juicio por la megacausa del “Operativo Independencia”. Al respecto y, con el sólo ánimo de evitar un acto de injusticia mayúsculo, luego de analizar pormenorizadamente el auto de elevación a juicio del juez Daniel Bejas (en adelante, AOI), decimos:
  1. Que, el AOI se funda en una hipótesis falsa, disparatada y a contrapelo de los hechos según la cual el Operativo Independencia sería parte (“última fase”) de un plan perverso de las FF.AA., pergeñado y comenzado en el gobierno de facto del General Onganía, cuyo fin último era perjudicar al pueblo tucumano en desmedro de intereses hegemónicos del capitalismo.
  2. Que, como es evidente, el dislate en el que funda el juez Daniel Bejas su auto de elevación a juicio se da de patadas con el sentido común y con el Decreto Nº261/75 del gobierno constitucional de “Isabel” Perón. El cual establece la necesidad de “neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la Provincia de Tucumán…” en la urgencia del Estado por evitar que los tucumanos quedaran cautivos de la banda terrorista ERP. Sin la Compañía de Monte Ramón Rosa Giménez en Tucumán no habría existido el Operativo Independencia ni, tampoco, el supuesto “laboratorio de pruebas” de la represión. Lo que hace Bejas, poner el carro delante del caballo, es un insulto a la inteligencia de los contribuyentes que le pagamos el sueldo.
  3. Que, el juez Bejas negó a la Sra. María Cristina Picón de Viola (respectivamente, viuda y madre de las víctimas) la reapertura de la causa por asesinato del Capitán Humberto Viola y su hija María Cristina, estimando que tales crímenes no eran de lesa humanidad, decisión que fue revocada por la Cámara Federal, tribunal que, no obstante, no reabrió la causa alegando que los responsables habían sido juzgados. Al recurrir ante la Cámara de Casación se probó que muchos de los autores directos no  habían sido juzgados, y menos aún   los miembros del buró político del ERP autores mediatos de tales crímenes. La Justicia debiera citar, entre otros, a Juan Arnold Kremer (alias “Luis Matini”), Daniel De Santis, la jueza tucumana Alicia Noli y otros integrantes del PRT-ERP para deslindar responsabilidades y contar lo que saben sobre ese crimen. La Cámara de Casación sostuvo que quienes ordenaron esos crímenes en el marco de represalias indiscriminadas no tenían relación alguna con ellos, decisión confirmada por la Corte. Tal escándalo jurídico y  simulacro de proceso, será denunciado   ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
  4. Que, en el colmo del despropósito, el juez Bejas admite como denunciantes y víctimas del Operativo Independencia a los cuatro individuos que fueron condenados por el asesinato del Cap Viola y su hija. Para el juez, la versión de los asesinos (de que fueron torturados y obligados a firmar la confesión de ese crimen) es cierta, asumiendo que son inocentes. De allí que ordene el procesamiento de aquellos funcionarios que, hace cuarenta años, tuvieron a su cargo la investigación del doble crimen. No se molestó en preguntarle a la Sra. María Cristina Picón, testigo y víctima de la masacre de sus seres queridos, sobre la responsabilidad criminal de los señores Francisco Antonio Carrizo, José Martin Paz, Rubén Jesús Emperador, Miguel Alberto Vivanco, Fermín Núñez y Florencio.
  5. Que Bejas, criminaliza al Operativo Independencia y, por ende, a los que en él participaron, a través de su nefasta invención de que dicho Operativo era parte de un plan sistemático de exterminio elaborado por las FF.AA. en la década del 60 y no una respuesta a la acción del ERP en el monte tucumano.
  6. Que tanto Bejas como los jueces del Tribunal, Carlos Jimenez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga, denotan dependencia política al negarse a imputar y, ni siquiera permitir, que sea citada como testigo María Estela Martínez de Perón entonces Presidente de la República, elegida con el 62% de los votos, que firmó el decreto que ordenaba “aniquilar” al enemigo con el apoyo y firma de miembros de Por lo dicho y por otras razones de peso, que por falta de espacio no reseñamos, estamos convencidos de que este juicio es nulo de nulidad absoluta y se inscribiría en un plan sistemático de persecución al colectivo de las FF.AA. Sostenemos además que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al constituirse en querellante, pasa a ser cómplice de la violación a los DDHH de los acusados. Hoy en la Argentina hay más de 1.500 Presos Políticos en condiciones paupérrimas, la mayoría de ellos mayores de 70 años, varios de ellos mayores de 80 años, una gran cantidad sin condena firme y con plazos de prisión preventiva que en varios casos superan los 10 años. Hacemos público también que en nuestro país ya han fallecido en cautiverio un total de 348 de esos Presos
Políticos, por ellos alguien deberá responder. Por ser el Estado Argentino quien sostiene ese plan sistemático de persecución y permitir las violaciones a los DDHH de estos Presos Políticos entendemos que hoy en la Argentina se cometen crímenes de Lesa Humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.
Por tanto, responsabilizamos al Dr. Daniel Bejas, a los integrantes del Tribunal Oral Federal Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga, así como a la Dra Alicia Noli (quien fuera militante del ERP y esposa de un desaparecido), por violar los derechos humanos y por permitir juzgar un hecho que respondió a una orden de una presidente Constitucional, permitiendo además, que conocidos guerrilleros sean presentados como víctimas cuando en el mejor de los casos, deberían estar imputados y siendo juzgados por los aberrantes hechos cometidos. Aprovechamos la presente para solicitar adhesiones a esta causa como, así también, hacer un llamado con el fin de organizarnos en contra de la injusticia manifiesta del poder judicial federal. A esos efectos hemos creado el muro de Facebook “Jueces prevaricadores bajo la lupa”.



















https://www.change.org/p/tof-nro-xx-de-tucum%C3%A1n-megacausa-operativo-independencia?recruiter=198338886&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink

sábado, 5 de marzo de 2016

LA VOZ DE LOS PRESOS POLITICOS


http://ar.ivoox.com/es/podcast-hasta-todos-libres-2016_sq_f1264983_1.html
Escucha y descarga gratis los episodios de HASTA TODOS LIBRES 2016. DE ESO NO SE HABLA ES UN PROGRAMA QUE TRANSMITE LA VOZ DE LOS PRESOS POLITICOS DE ARGENTINA POR HABER LUCHADO CONTRA EL TERRORISMO MARXISTA EN LOS A... Escucha todos los podcast, conferencias, radios online gratis en tu iphone, android, windows phone y pc. | 264983

viernes, 29 de enero de 2016

POLÍTICAMIÉRCOLES 27 DE ENERO 2016

Cecilia Pando se sumó a la polémica por los dichos de Lopérfido y los desaparecidos

La activista de "Memoria Completa" vovió a negar que en la Argentina haya habido un genocidio y reclamó el reconocimiento de las víctimas del terrorismo
La ultraderechista Cecilia Pando salió hoy a respaldar los dichos del ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, quien negó en una charla abierta que hayan sido 30 mil los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. 

Las declaraciones del funcionario macrista motivaron un fuerte repudio de parte de referentes dederechos humanos, pero también el apoyo de los sectores más radicales de la derecha, como es el caso de Pando. 

"Estoy de acuerdo con que no fueron 30 mil los desaparecidos. Pusieron ese número para decir que fue un genocidio, pero no lo fue", dijo la esposa del mayor retirado Pedro Rafael Mercado, conocida por su activismo utracatólico y antiabortista. 

"Yo estuve reunida con un ex guerrillero llamado Luis labraña, que cuando estuvo exiliado en Holanda me contó que lo visitaron organizaciones de derechos humanos que le llevaron una lista de 3800 desaparecidos, y él dijo que necesitaban aumentarla porque si no no iban a recibir subsidios", dijo Pando en una entrevista en Canal 13. 
"La cifra que yo tengo, que es la oficial de la Conadep, es de 7158 desaparecidos, a los cuales hay que restarle los 2549 falsos desaparecidos que aparecen en el libro Mentirás tus muertos, que relata los casos de quienes mataban las mismas organizaciones guerrilleras en los juicios revolucionarios porque delataban a sus compañeros", remarcó la mujer, exhibiendo en sus manos el libro del ex carapintada José D'Angelo, cuyo prólogo escribió Labraña. 


Para Pando, "es repudiable un solo desaparecido, pero tampoco la mentira. Por respeto a la gente que perdió la vida en aquel momento, por respeto a los desaparecidos y por respeto a las víctimas del terrorismo, que no se las reconoce", reclamó. Y agregó: "Así como hubo robo de bebés, del otro lado hubo asesinatos de chiquitos".

Según la presidenta del grupo AFyAPPA (Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina), lo que cambia la discusión en relación al número de desaparecidos es "la mentira y la plata que se maneja". "Cuando utilizan mi dinero para pagar indemnizaciones ya me toca de cerca. Porque las indemnizaciones son de 200 mil dólares. ¿Y por qué las víctimas del terrorismo no las cobran?", cuestionó. 

"Hablemos con la verdad, mis hijos tienen que saber la verdad completa", dijo Pando y se ilusionó con la llegada del nuevo gobierno de Mauricio Macri. "Durante 12 años escuchamos la misma historia. Esperemos que ahora se pueda decir la verdad", se esperanzó. 

miércoles, 18 de noviembre de 2015


infobae
OPINIÓNMIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE 2015

Los juicios pendientes por lesa humanidad

Nicolás Márquez
Todo indica que en breve la Argentina recuperará la democracia republicana; por consiguiente, es de esperarse una normalización institucional y un funcionamiento ajustado a derecho en los distintos poderes del Estado. Sobre todo en el Judicial, que ha sido protagonista de arbitrariedades y prevaricaciones sistemáticas a lo largo de todo el régimen que inaugurara Néstor Kirchner promediando el año 2003.
El punto clímax de este funcionamiento anómalo probablemente se haya dado en el marco del Poder Judicial, fundamentalmente en lo relativo a los paródicos juicios denominados de "lesa humanidad". Es decir, juicios impulsados contra miembros de las Fuerzas Armadas (a lo que encima les han sumado civiles) con motivo de la represión antiterrorista llevada a cabo durante los violentos años setenta. En efecto, esas persecuciones pretendidamente judiciales se vienen impulsando a instancias no del derecho ni del debido proceso, sino de la orden política dictada oportunamente desde el del Poder Ejecutivo Nacional en el 2003.
El crimen de lesa humanidad, conforme lo define el artículo 7 del Estatuto de Roma suscrito en 1998 e incorporado por la Argentina en el año 2001 (y cuya normativa es aplicable sólo a los hechos acontecidos con posterioridad a la incorporación de dicho estatuto en la legislación local) es el "ataque generalizado o sistemático contra una población civil". Se precia: "Por ataque contra una población civil se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización".
Nos interesa traer a comento dichas definiciones, puesto que desde que Néstor Kirchner ocupó el sillón de Rivadavia realizó un golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia al derrocar a cuatro de los siete jueces del cuerpo (es decir, el 57,2% de sus miembros), a fin de obtener una mayoría de facto e ilegítima con base en nombramientos de magistrados colocados por la ventana y, con ello, dar curso a la innoble cacería de militares y civiles (muchos de ellos octogenarios). Estos son acusados a la marchanta de haber actuado en la guerra antisubversiva, cuya represión se intensificó no a partir de marzo de 1976, sino de febrero de 1975, cuando el actual partido gobernante (a la sazón, capitaneado por Isabel Perón) ordenó a las Fuerzas Armadas mediante decretos sucesivos "aniquilar el accionar de los elementos subversivos" (Decretos 2770/771/772).
Si bien este conflicto armado culminó a fin de los años setenta y luego fue superado legalmente por indultos y normativas de pacificación (como las leyes de obediencia debida y punto final) emitidas en tiempos democráticos y avaladas en cuanto a su constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia (tanto durante la Presidencia de Raúl Alfonsín como en la de Carlos Menem y la del propio Fernando de la Rúa), la posterior corte de facto que irregularmente impuso Néstor Kirchner para perseguir ilegalmente a los militares ordenó desoír no sólo toda esa legislación, las sentencias y la jurisprudencia, sino vulnerar además los siguientes principios jurídicos reconocidos expresa y deliberadamente por nuestraConstitución Nacional. A saber, principio de cosa juzgada, principio de irretroactividad de la ley penal, principio de ley penal más benigna, principio de juez natural, principio de ne bis in idem (derechos previstos, entre otros artículos, por el 18 de la Constitución Nacional), además de los consabidos principios de prescripción previstos de sobra en la legislación penal vigente y en los tratados internacionales a los que nuestro país suscribe (tal el caso de la mismísima Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo noveno).
Pues bien, a partir de la imposición de esta Corte Judicial artificial, el aparato del Estado, por medio de sus dependientes y sus obedientes jueces federales (de los cuales el kirchnerismo nombró a más de la mitad durante su reinado), comenzó a perseguir injustamente y a sabiendas (es decir, incurriendo en prevaricato) a cuanto "genocida" presunto se le cruzara. La persecución fue llevada a cabo por estos indecorosos magistrados con el evidente objetivo de cuidar sus cargos, sus ascensos y otras especulaciones crematísticas o políticas.
Luego, este ataque sistemático y generalizado a la población octogenaria llevado adelante por esta embestida política a partir del año 2003 se encargó de encarcelar a más de dos mil personas (a pesar de que sólo 289 de los detenidos fueron condenados en este lapso), de los cuales 324 murieron en cautiverio (cantidad superior a los condenados) por expreso abandono de persona por parte de muchas de las autoridades judiciales que, por acción u omisión, incumplieron con sus deberes de funcionario público, ya que estos, no contentos con ordenar injustas detenciones, ni siquiera osaron otorgarles a sus secuestrados el pertinente arresto domiciliario. En su lugar, hacinaron a sus víctimas en cárceles manifiestamente inadaptadas para contener internos de edad avanzada, teniendo en cuenta que para elCódigo Penal Argentino el arresto domiciliario (previsto en su artículo 10) resulta operativo toda vez que el imputado supere los 70 años de edad: el promedio de edad de los dos mil presos a los que nos estamos refiriendo supera los 75 años (a los que hay queDESCONTARLES los 324 que fueron asesinados por el sistema).
Como el grueso de estos oficinistas que fungen de magistrados en la desacreditada burocracia judicial responden a un sistema político que les bajó órdenes específicas de violentar elementales principios constitucionales en el marco de este ataque sistemático y generalizado contra víctimas vulnerables que mueren a diario, urge imperiosamente que, al restaurarse y rescatarse el Estado de derecho a partir de diciembre del corriente, se lleven adelante todas las acusaciones e imputaciones habidas contra jueces, fiscales y funcionarios de todas las jerarquías que hayan participado directa o colateralmente en esta agresión física y moral contra quienes fueron primero mal encarcelados y posteriormente abandonados o apaleados por el arbitrario andamiaje estatal.
Proveer de conformidad será un esperado acto de justicia.
El autor es abogado e historiador. Su último libro se titula Perón, el fetiche de las masas. Biografía de un dictador (Prólogo de Rosendo Fraga). Unión Editorial. 2015.
CARTA ENTREGADA A LOS OBISPOS DURANTE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
A SUS EXCELENCIAS REVERENDÍSIMAS MIEMBROS DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA.
                  
Hace aproximadamente un año, en este mismo lugar, representantes de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina, les hacíamos llegar un documento donde le pedíamos a nuestra Madre Iglesia que nos ayudara a encontrar caminos de concordia y reconciliación entre los argentinos.
Desesperados por el sufrimiento de tanta persecución disfrazada de justicia, acudimos a pedirles por nuestros familiares y amigos, para que nuestros nietos recuperen pronto a sus abuelos, detenidos por una barbarie jurídica que atropella todo vestigio de legalidad.
También queremos agradecerles por su recibimiento, su trabajo silencioso, su contención y su mirada materna. Sabíamos, y sabemos, que estamos tocando temas muy sensibles y controvertidos. Somos conscientes de que existen resabios de la locura setentista de la que no podemos abstraernos.
El “Fuimos Todos” del Tata Yofre reclama nuestras conciencias. El tema desata pasiones, recuerdos dolorosos y vuelve a generar posiciones encontradas de las que nos cuesta escapar.
No somos ajenos a esta confrontación. En el calor de la disputa nos cuesta aceptar el dolor legítimo del otro, de los que perdieron a sus seres queridos ocupando la trinchera enemiga en aquella triste y bárbara guerra fratricida.
La persecución indiscriminada de solo un actor de la contienda siembra el germen de una nueva confrontación. Al grito de “genocidas imperialistas” les respondemos con el epíteto de” terroristas apátridas”, sin tomar conciencia de que, sin quererlo,  volvemos a repetir los mismos conceptos que nos llevaron a la tragedia de los 70.
No queremos que nuestros hijos revivan la historia. No queremos continuar presos de un odio que carcome los cimientos de nuestra hermandad ciudadana. Necesitamos encontrar un camino de concordia que nos permita comprender al otro sin estigmatizarlo. No podemos darnos el lujo de volver a cometer los mismos errores.
En estos largos años de lucha por la libertad de nuestros familiares y amigos aprendimos mucho. Y crecimos, y maduramos en el sufrimiento. Nuestra lógica parcialidad se supo nutrir de otros sufrimientos que nos ayudaron a encontrar el equilibrio.
Los testimonios de montoneros combatientes como Luis Labraña o Héctor Leis nos ayudaron a comprender la mirada del “otro”. Aprendimos a entender las razones equivocadas que los llevaron a las armas. Y entendimos el papel de la sociedad toda que los puso en esa encrucijada. Dejamos de verlos como el enemigo, y pudimos aceptar que se trataba de personas equivocadas.
Cuando escuchamos el testimonio de la militante montonera Luján Bertella, detenida y torturada en la ESMA, siendo poco más que una niña adolescente, aprendimos a aceptar el sufrimiento del otro, el de sus familiares, el de sus amigos, tomando conciencia de la complejidad de la tragedia.
Y descubrimos que el dolor y el sufrimiento no tienen ideología ni clase social. El dolor y el sufrimiento no son patrimonio de la derecha o de la izquierda, ni de los ricos, ni de los pobres. El dolor y el sufrimiento son parte de la condición humana. Y es trabajo de todo hombre tratar de mitigar o sublimar el dolor, como ya lo hizo Nuestro Señor Jesucristo desde la cruz.
Cuando vivenciamos y valoramos el dolor humano en su plenitud tomamos conciencia de la barbaridad de la guerra. Entendemos que el sufrimiento de Cristina de Viola, a quien le asesinaron a su marido y a su hijita de tres años, es tan dramático como el de la señora Graciela Fernández Meijide, a quien le arrebataron y desaparecieron a su hijo de 17.
En la locura de los 70 no hubo buenos y malos. No se trataba de santos y pecadores enfrentados en una trinchera. Los ángeles y los demonios estaban en el cuerpo de una sociedad enferma, enceguecida por el odio, que no supo encontrar soluciones humanas a los problemas de la época.
Si bien ambos contendientes se consideraban a sí mismos los salvadores de la patria, no fueron más que el espectro viviente del veneno del odio que se cocinaba en todos los estamentos de la sociedad.
Por eso no es justo, ni mucho menos saludable, que la responsabilidad de la tragedia sea atribuida exclusivamente a quienes el destino puso en las instituciones armadas de aquella época. Ellos no fueron los ángeles de aquella locura, pero tampoco fueron los demonios. No fueron los únicos, ni muchos menos los principales responsables de la tragedia.
Excelencias Reverendísimas: Pensamos que justicia y pacificación son cosas distintas y excluyentes. Cuando se puede hacer justicia, no hay necesidad de pacificación. Pero cuando la sociedad toda es responsable, la justicia ya no es posible, y la pacificación es la única alternativa para prevenir una nueva tragedia.
Pensamos que el germen de cambio que se avizora en el país debería incluir un desarmado de la trama del odio y de la venganza que se ha instaurado desde el poder sobre nuestros familiares y amigos.
Y pensamos también que ustedes, por el llamado de Nuestro Señor Jesucristo, en este Jubileo de la Misericordia que se avecina, tienen la oportunidad de continuar profundizando en los corazones de sus fieles, ese llamado interior a la reconciliación, que nos permita volver a vivir y sentir como argentinos, miembros de una misma comunidad.

Buenos Aires, 09 de Noviembre del 2015

María Cecilia Pando
  Presidente de AFyAPPA        
 
 


lunes, 12 de octubre de 2015

CARTA PUBLICADA EN EL DIARIO "LA NACIÓN"

Lesa humanidad

Según el Estatuto de Roma, los crímenes de lesa humanidad son aquellos que implican un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, comprendiendo actos como asesinatos, secuestros, y otros. En general, los grupos terroristas se organizan en verdaderos ejércitos cuyo objetivo final es la toma del poder y dirigen sus actos en forma generalizada y sistemática contra la sociedad civil, ejecutándolos contra personas que signifiquen de alguna manera un obstáculo para los objetivos de dichas organizaciones o cuyo ataque le sirva para atemorizar y disuadir de toda resistencia al cuerpo social. Como la mayoría de los estados tienen... como instrumentos de defensa a las fuerzas de seguridad y a las Fuerzas Armadas, éstas suelen ser blanco preferido del accionar terrorista por razones obvias. Es por estas razones que no cabe duda alguna que los crímenes cometidos por la organización "Estado Islámico" encuadran exactamente en la figura de "Lesa Humanidad".
En nuestro país la guerrilla de los 70 resumió sus intenciones en la frase del comandante en jefe del ERP, Roberto Santucho, en carta a su hermano Asdrúbal, Oficial de la misma organización: "Creo que para lograr la Patria Socialista vamos a tener que matar a no menos de un millón de personas"
Se entiende claramente así que la pretendida atribución exclusiva de crímenes de este tipo a los cometidos por el estado, -que de ninguna manera expresa el Estatuto de Roma-, constituiría para muchos un descarado fraude jurídico utilizado por sectores provenientes o simpatizantes del terrorismo, con el fin de tomar venganza y/o hacer buenos negocios. La prevaricación de jueces- el no hacer justicia o incumplir con principios de legalidad universales en forma deliberada -, es grave cuando se realiza para exculpar a un acusado; pero cuando se utiliza para condenarlo y enviarlo a prisión, es ciertamente imperdonable: con frecuencia equivale a un homicidio.
Tenemos la esperanza en que una justicia independiente proceda y castigue ejemplarmente a los culpables.
Santiago Floresa