viernes, 20 de febrero de 2015

CARTA A LOS MEDIOS DEL PRESIDENTE DE JUSTICIA Y CONCORDIA

Señor Director:

La otra cara de la marcha del 18 la componen los presos políticos, quienes están ilegalmente encerrados en la cárcel y por ello no podrían concurrir aunque quisieran. Ellos escuchan y leen, atónitos, como tanto de un lado cuanto del otro se reiteran preceptos constitucionales, tales como que “todos los ciudadanos somos iguales ante la ley” y que “la justicia debe ser independiente”. Atónitos y perplejos, por cuanto a ellos no les alcanza la igualdad ante la ley ni la justicia fue independiente a la hora en que la Corte Suprema, Jueces y Fiscales se postraron ante esta tiranía, arrasaron con todos los principios del derecho y los recluyeron en injusta prisión.

Sin embargo, seguramente querrían asistir, aunque fuere detrás de muchos de sus verdugos, conscientes de que esta multitudinaria marcha también representa a los argentinos que quieren la restauración de la Justicia y la Concordia, para bien de la República.

Alberto Solanet
Presidente de la
Asociación de Abogados
por la Justicia y la Concordia

miércoles, 17 de diciembre de 2014

 
Juicio en Jujuy "Causa Marengo"





 





El Tcnel. Marengo dio un clase de derecho y de hombría de bien. Dejó en ridículo a los fiscales y jueces 
denunciando la farsa (juicio) a la que está siendo sometido. Denunció ante el tribunal, al fiscal Pelazzo (presente en la sala) por pasar de actor civil de la querella a fiscal en la causa (delito que penado por el Código Penal y que convierte en nulo todo lo actuado por el fiscal.) También, acusó a los integrantes del tribunal y los magistrados que actuaron en instancias anteriores del delito de lesa humanidad en perjuicio de su persona, dado que Marengo entiende que es víctima de una persecución sistemática y organizada por parte del Estado.

sábado, 13 de diciembre de 2014

La confesión de Barreiro y cómo armaron listas de desaparecidos

Por Ceferino Reato. | El libro ¡Viva la sangre! lleva a cabo la reconstrucción del contexto histórico. 

La inédita confesión del ex mayor del Ejército Ernesto Barreiro sobre los lugares en los que estarían enterrados los restos de 25 detenidos desaparecidos –21 de ellos, antes del golpe del 24 de marzo de 1976, durante el gobierno constitucional de Isabel Perón— requiere la reconstrucción del contexto histórico. A continuación, un extracto del capítulo 9 de mi libro ¡Viva la sangre! sobre la Córdoba anterior al golpe.
El miércoles 26 de febrero de 1975 Boca Juniors le ganó 2 a 0 a Atlanta; Independiente 3 a 2 a Argentinos Juniors; All Boys 2 a 1 a Racing; Estudiantes, de visitante, 4 a 3 a Huracán; y Gimnasia y Esgrima de La Plata y San Lorenzo empataron 2 a 2 en los principales partidos de la tercera fecha del torneo de fútbol. La ronda se completó al día siguiente, cuando River Plate, que había armado un equipo con pretensiones de la mano del técnico Ángel Labruna para terminar con dieciocho años sin títulos, derrotó 4 a 3 a Cólón en el estadio Monumental; para los “millonarios” fueron titulares dos cordobeses: los defensores Pablo Comelles y Héctor Ártico, que venían de Talleres, y los goles fueron marcados por Carlos Morete en dos ocasiones; Norberto Alonso, el “Beto”, y Roberto Perfumo. César Brítez, Daniel Olivares y Ernesto “Cococho” Álvarez anotaron para los santafesinos. En Sudáfrica, en el circuito de Kyalami, el santafesino Carlos Reutemann, con un Brabham, fue el más rápido en las primeras series para la tercera prueba de la temporada de la Fórmula 1. Era un gran momento para el cine nacional: La Tregua, dirigida por Sergio Renán, con Héctor Alterio y Ana María Picchio como protagonistas, había sido elegida entre las cinco candidatas al Oscar a la Mejor Película Extranjera; el resto de las nominaciones quedaron repartidas entre El Padrino II y Barrio Chino.
Los diarios cordobeses agregaron a esos hechos el anuncio del primer aniversario del golpe policial que el 27 de febrero de 1974 detuvo y desalojó del poder provincial al gobernador Ricardo Obregón Cano y al vicegobernador Atilio López. El interventor federal, el brigadier mayor retirado Raúl Lacabanne, minimizó el reclamo del radicalismo, la izquierda, la prensa y algunas asociaciones civiles para que se realizaran nuevas elecciones.
—El pueblo de Córdoba ya votó y el Movimiento Peronista está en el poder —afirmó en una visita a la localidad de Villa María.
—Pero algunas de esas personas por las que el pueblo cordobés votó no están en el poder —le dijo un periodista.
—Bueno, se votó fundamentalmente a Perón y la política votada es la peronista, y la política que se empezó a ejercer aquí no era peronista —contestó.
La prensa local también incluyó los actos para recordar a don Amadeo Sabattini, el carismático caudillo radical cuya gobernación entre 1936 y 1940 todavía despierta elogios, fallecido quince años antes, y una noticia de último momento: el secuestro cuando caía la noche del ciudadano norteamericano John Patrick Egan. “Secuestraron al agente consular de Estados Unidos en nuestra ciudad”, tituló La Voz del Interior, con una foto de la víctima, de 62 años. Un comunicado de Montoneros se adjudicó esa operación. La Voz del Interior recordó que, con el cónsul, sumaban cinco las personas que permanecían en cautiverio en la provincia: el mayor Julio Argentino Del Valle Larrabure, desde hacía más de seis meses; Elvira Bagalone de Roggio, capturada en un cementerio, y una señora de apellido Ferrero con su hijo de un año y medio.
A nivel nacional, el Buenos Aires Herald señalaba que Córdoba “ha adquirido fama de ser un barómetro fiel en alertar sobre el tormentoso tiempo político a nivel nacional”. El diario escrito en inglés enfatizaba la existencia de “un terrorismo bicéfalo en Córdoba”, y mencionaba que, mientras en la madrugada del 23 de enero de 1975 “terroristas de derecha volaron la planta impresora de La Voz del Interior”, que estuvo cuatro días sin salir, apenas unos días después “terroristas de izquierda se apoderaron de la estación transmisora de un canal de TV para transmitir una proclama”.
Antes de la dictadura, Córdoba se caracterizaba por los secuestros realizados por los grupos guerrilleros. “Los secuestros en Córdoba, que habían alcanzando un nivel extraordinario en el mes pasado, continúan sin resolución. Además de las cincuenta víctimas reportadas por la prensa el mes pasado, existen indicios de muchos más casos que no han sido denunciados. Eso, junto con las bombas, los tiroteos y las turbulencias económicas en esa provincia, han dejado a la población muy temerosa y enojada”, informó a su gobierno la embajada de Estados Unidos. Fue en el cable reservado número 1.791 del 17 de marzo de 1976.
La mayoría de esos secuestros tenía como blanco a los directivos de las empresas instaladas en Córdoba, en especial del sector automotriz, que concentraba a la clase obrera más dinámica: eran los sectores que más ganaban y estaban mejor organizados para la defensa de sus derechos e intereses. El sujeto revolucionario por excelencia, el protagonista principal y obligado del cambio de sistema hacia el socialismo; por ese motivo, esos trabajadores eran cortejados por las guerrillas, en especial por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros, que se postulaban como sus vanguardias armadas para acelerar la revolución.
Según la embajada estadounidense, y de acuerdo con sus interlocutores militares, políticos y sindicales, los ataques contra los directivos de esas fábricas (“asesinatos, secuestros e intimidaciones”) formaban parte de las tácticas de las guerrillas para “ganarse a los trabajadores. Los gerentes de Relaciones Industriales y de Personal aparecen como los mayores blancos de asesinato cuando las empresas no acceden a las demandas de los trabajadores. Casi invariablemente, las compañías afectadas satisfacen completamente las exigencias terroristas, que normalmente consisten en la concesión de demandas económicas, el pago de salarios perdidos por huelgas y la reincorporación de trabajadores despedidos. Probablemente, los directivos tienen pocas alternativas que no sean acceder a esas demandas”, evaluó uno de los asistentes del embajador Robert Hill en el cable secreto número 7.538 del 12 de febrero de 1975, dos semanas antes del secuestro del cónsul Egan.
Ese documento de siete páginas, dirigido al secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, citó a uno de los senadores nacionales por Córdoba, el radical Eduardo Angeloz, opositor, quien en una entrevista con un diplomático estadounidense “lamentó que la mayoría de las fábricas en Córdoba estuvieran controladas por el ERP y Montoneros y que sus directivos ahora negocien directamente con las comisiones internas controladas por los terroristas en lugar de tratar con los líderes sindicales elegidos” por las bases. E incluyó declaraciones del general Carlos Delía, jefe del Tercer Cuerpo, ubicado en Córdoba, a la revista Mercado, “que tuvieron una amplia repercusión en la prensa, en las que Delía observó que la guerrilla fabril era de especial preocupación para los militares”.
Precisamente, el título de ese cable secreto fue “Terrorismo industrial: la lucha guerrillera en la base de la fábrica”. Para la embajada estadounidense, “el terrorismo es un hecho y un modo de vida en Argentina. Las actividades de la guerrilla en las áreas rurales de Tucumán y en las áreas urbanas de Córdoba y Buenos Aires han sido objeto de comentarios alrededor del mundo y de análisis sin fin. Sin embargo, otra y posiblemente más insidiosa forma de lucha guerrillera, sobre la cual se ha prestado poca atención, está en plena operación en Argentina. Es la guerra llevada a cabo por la guerrilla industrial, que opera en la base de cada fábrica, en las asambleas sindicales y, en forma creciente, en relación con las gerencias. Las tácticas son las utilizadas por sus ´primos´ de las guerrillas rural y urbana, pero refinadas según las necesidades de su ambiente particular. Apuntan a radicalizar a los trabajadores, a alienarlos de sus líderes legítimos y del gobierno y a ganar su apoyo para convertirlos en aliados concientes  o dóciles seguidores”. El objetivo, en resumen, era “ganar el control de la clase trabajadora”.
La reacción de los militares frente al “terrorismo industrial” o la “guerrilla fabril” —la “ofensiva contrarrevolucionaria”, para decirlo en los términos de los partidarios de la revolución socialista— fue brutal y no distinguió entre acciones armadas y actividades sindicales, entre guerrilleros y líderes sociales. Los militares aprovecharon los últimos tres meses y medio del gobierno de Isabel Perón para elaborar las listas de personas que serían detenidas inmediatamente después del golpe de Estado.
A nivel nacional, los militares diseñaron la “Operación Bolsa” para impedir que políticos, sindicalistas y funcionarios reaccionaran a la captura de la viuda de Perón con manifestaciones callejeras y paros. El ex dictador Jorge Rafael Videla recordó que la Operación Bolsa “consistía en una lista con el detalle de domicilios y demás datos de una equis cantidad de personas que tenían un cierto prestigio, una cierta ascendencia, como para generar acciones contra nosotros. Al final, no pasó nada. Eran unas cuatrocientas personas”.
Además, en cada una de las cinco zonas en las que el país fue dividido, el comandante o jefe militar ordenó y supervisó la elaboración de listas de otras personas a detener. Nóminas más largas, llenas de nombres que, en una proporción elevada, se convertirían luego en desaparecidos. Las listas de la “Disposición Final”, de las cuatro estaciones del calvario de cada una de las víctimas: la detención o el secuestro; el interrogatorio en un lugar secreto, donde la persona quedaba a merced de sus captores; la ejecución sumaria, y el ocultamiento o la destrucción del cuerpo arrojándolo al mar, al río o a un dique, quemándolo en un horno o dentro de neumáticos de automóviles, o enterrándolo en una fosa individual o común.
Fue un típico trabajo de Inteligencia; el listado de “objetivos” o “blancos” quedó definido antes del golpe, y a partir del 24 de marzo de 1976 los grupos operativos de cada zona salieron a detener a esas personas.
El ex mayor Ernesto Barreiro, que inició la rebelión de los “carapintadas” en la Semana Santa de 1987, explica que Córdoba fue su primer destino luego del curso de Inteligencia, a los 27 años, cuando era teniente primero. A fines de enero de 1976, cuando volvió de vacaciones, encontró que sus flamantes colegas del Destacamento de Inteligencia 141 del Tercer Cuerpo estaban colaborando en la confección de esas nóminas, bajo el mando del general Luciano Menéndez: “Cuando me presenté a mi nuevo destino, a mediados de diciembre de 1975, la primera orden que me dieron fue que me tomara las vacaciones que me correspondían, como era de estilo. Vuelvo a fines de enero y encuentro que se estaba trabajando en los requerimientos del Comando, que estaban preparando las listas de las personas a detener en el golpe”.
“Había —reveló Barreiro— una gran participación de políticos, de presidentes de empresas, vinculados al Comando de Cuerpo, en la confección de esas listas. Luego del golpe, también hubo personas que se contactaban con el Destacamento para denunciar a otros: los empresarios marcaban a delegados sindicales, entregaban gente. En el caso de la Fiat, había un director de una de sus empresas, un tipo activísimo en el odio; ya se murió. La Fiat había sido afectada por el secuestro y asesinato de Oberdan Sallustro, director general de la empresa en Argentina, en 1972 por el ERP, y por otros ataques y asesinatos. Tanto era así que una de nuestras tareas era separar las denuncias que tenían alguna entidad de las otras; teníamos una carpeta a la que le pusimos el nombre ´Chantadas´, donde almacenábamos las alcahueterías y denuncias infames que te traían. Los que decían: ´Hay que meter en cana a fulano de tal porque es peronista´, por ejemplo. En la Universidad, profesores y alumnos pasaban mucha información. También colaboraban ex montoneros, algunos de los cuales estaban en Lealtad Peronista, en función de las directivas de Perón y del Consejo Superior del Peronismo para depurarlo de los elementos marxistas, que no eran peronistas y querían infiltrarlo”.
Barreiro contó cómo estaban integradas esas listas, que incluían el nombre, el apellido y la dirección de cada uno de los “objetivos”: “Había dos niveles: 1) líderes sociales: la orden era neutralizar cualquier tipo de reacción, del tipo puebladas, contra el golpe en una sociedad que había protagonizado el Cordobazo, en 1969; 2) subversivos: teníamos un conocimiento muy difuso de los principales miembros del aparato militar de cada organización. Se sospechaba de algunas personas y se tenían algunos nombres de guerra. Sabíamos sí de Gorriarán Merlo, jefe del ERP en Córdoba, pero porque era un personaje muy conocido. No teníamos, específicamente, el organigrama de cada organización. La policía guardaba todo ese conocimiento porque era la que se había ocupado de la lucha contra la subversión”.
Las definiciones de “líderes sociales” y “subversivos” eran laxas y, en cada territorio, dependían del “señor de la guerra” que controlaba esa zona. En eso, podían interferir los prejuicios políticos e ideológicos de los jefes militares. En Córdoba, las detenciones estuvieron a cargo de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, que era comandada por el general Juan Bautista Sasiaiñ, el “brazo operativo” y número dos del general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo y amo y señor de la Zona 3.
Editor ejecutivo de la revista Fortuna.
 

viernes, 12 de diciembre de 2014

HABLÓ LA ESPOSA DEL EX MAYOR ERNESTO BARREIRO


http://www.infobae.com/2014/12/12/1614774-hablo-la-esposa-barreiro-los-centros-clandestinos-no-eran-clandestinos

REPORTAJE AL EX MAYOR ERNESTO BARREIRO EN Radio Mitre-Córdoba



jueves, 20 de noviembre de 2014

Editorial I

Al enemigo, ni justicia... ni derechos humanos

El maltrato a los presos de edad avanzada en CAUSAS vinculadas con la lucha contra la subversión es la manifestación más clara de haber trocado justicia por venganza
Se aproxima el fin de año. Aunque el tiempo de la Navidad debería invitar a la reflexión PERSONAL, la intimidad familiar y la compasión por el otro, la realidad es un torbellino que supera las mejores intenciones y las sepulta con sus exigencias laborales, brindis variados, planes veraniegos y promesas incumplidas, aunque siempre repetidas.
En este contexto: ¿quién sabe, quién piensa o quién muestra interés porque en la Argentina haya cientos de presos mayores de 70 años, algunos con casi 90 en cárceles comunes? Son parte de LOS 1800 detenidos bajo la acusación de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la guerra antisubversiva QUE ocurrió en el país hace ya 40 años. Muchos de ellos, sin sentencia condenatoria. Ya han muerto 267 en cautiverio, entre los cuales se CUENTAN muchos casos atribuibles a desatención, abandono de persona o negligencia médica.
¿Valdrá la pena recordar que en nuestra legislación el principio de humanidad exige que las personas más vulnerables, como los adultos mayores, puedan cumplir la detención con prisión domiciliaria? ¿Y que puedan ser atendidos en HOSPITALES, si sufriesen problemas de salud, como habitualmente ocurre con personas de esa avanzada edad, y no en las colapsadas enfermerías u hospitales precarios de las cárceles que carecen de infraestructura, médicos gerontólogos y servicios esenciales?
En democracia es importante señalar la discriminación manifiestamente inconstitucional que sufren estos detenidos, que son discriminados entre la misma población carcelaria porque no rige para ellos como para los demás acusados penalmente y para presos comunes ni la presunción de inocencia, ni el principio de irretroactividad de la ley penal, así como no tienen el beneficio de la excarcelación, ni de la libertad condicional, ni de prisión domiciliaria sobre la base de su estado de salud. Ni siquiera se les otorgan salidas transitorias, como sí las tienen, por ejemplo, los miembros de Vatayón Militante. Tampoco pueden cursar carreras universitarias ante las objeciones planteadas por la UBA.
La declaración de inconstitucionalidad de las llamadas leyes de impunidad, en 2005, no implicó que las causas de lesa humanidad fueran eximidas de las garantías elementales de la legislación penal, como el debido proceso legal. Sin embargo, tratándose de militares o civiles que actuaron durante la dictadura militar, el gobierno kirchnerista no tuvo ni tiene interés por determinar la real autoría de los delitos, sino realizar con ellos un sacrificio simbólico en el altar del poder político, el que paradójicamente sirve de cortina de humo para ocultar los gravísimos casos de corrupción que tiñen la ACTUAL administración.
De esa manera, los procesamientos, prisiones preventivas y las condenas en la mayoría de los casos se han BASADO en pruebas amañadas, cuando no en ausencia total de pruebas, falsos testigos, hipótesis no comprobadas y causalidades remotas. Basta que jóvenes oficiales o suboficiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad (para no excluir a los muchos que no son militares) hubiesen prestado servicios en una determinada unidad castrense para sindicarlos como autores de delitos contra la humanidad, sin probar su autoría. O, en el caso de civiles, ha bastado la mera portación de cargo, como ocurre con el ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires Jaime Smart, que fue acusado de delitos en razón de su función, no obstante que la normativa legal vigente dictada durante el gobierno de ese entonces, lo excluía de toda participación en las cuestiones antisubversivas.
Su derecho a la legítima defensa también se encuentra comprometido dado QUE LOSacusados carecen de recursos para COSTEARSE abogados. Así, la defensa ha quedado mayoritariamente en manos de defensores oficiales, quienes no se atreven a confrontar el discurso kirchnerista, ni a interrogar a los testigos para no "victimizar a las víctimas", alineándose con los mismos fiscales, vinculados muchos de ellos con Justicia Legítima.
Pero la Justicia, para ser legítima, debe respetar el proceso legal y las garantías constitucionales. De lo contrario, es SÓLO otra puesta en escena tendiente a cumplir fines ideológicos y políticos. Y si los acusados se juzgan conforme a la ideología o a la política, la justicia deja de ser justicia y se convierte en instrumento del derecho "penal del enemigo" y la venganza.
La historia está llena de ejemplos de tribunales revolucionarios donde los imputados estaban condenados desde la primera audiencia y todos terminaron en crueles y estrepitosos fracasos. Recuérdese la etapa jacobina de la Revolución Francesa, CUANDO se decapitaron 2217 personas para consolidar el poder de Robespierre. Y los célebres "procesos de Moscú" durante la dictadura de Stalin.
El benévolo Ernesto "Che" Guevara, en cambio, firmó sentencias de muerte en los procesos sumarísimos de La Cabaña, donde se ejecutó a, por lo menos, 500 personas, sin que se le moviera un pelo. En los países del "socialismo del siglo XXI" se experimenta la "justicia de clase", donde la Justicia se quita la venda para que los magistrados dicten fallos conforme lo ordenan el partido y la revolución, como ocurre con los opositores al régimen bolivariano.
Tal vez sea oportuno señalar el inmenso contraste entre la situación de los militares y civiles que hoy sufren prisión, con los guerrilleros y la "maravillosa juventud" que luchaban "por la patria socialista", a quienes el ex presidente Juan Domingo Perón echó de la Plaza de Mayo y a quienes el Poder Ejecutivo ordenó "aniquilar" mediante cuatro decretos de 1975 ya olvidados. Fueron esos "jóvenes idealistas" quienes provocaron la caída del gobierno de María Estela Martínez de Perón y no la iniciativa militar. El morir por una CAUSA no significa que esa causa sea digna de morir por ella.
No obstante, quienes asesinaron y empujaron al vacío a un gobierno democrático fueron indultados y, muchos de ellos, indemnizados. Para no mencionar tampoco a los funcionarios civiles del gobierno peronista de aquel entonces, los firmantes de los citados decretos y los ejecutores de la "aniquilación" ordenada, que no han sido llamados ante los tribunales, ni por delitos de lesa humanidad, ni por crímenes de ninguna especie. Esta situación discriminatoria se acrecienta con la ley sancionada el año pasado por la cual muchos de los que participaron en acciones violentas percibirán una pensión vitalicia, en lo que se configura como un premio para quienes portaron las armas y agredieron a la sociedad.
El maltrato a LOS detenidos de edad avanzada demuestra una completa ausencia de dimensión humana y de comprensión de los valores en juego. Cuando llegan los últimos años, las personas pierden gradualmente la voluntad de vivir y comienzan a alejarse, lentamente, de los hechos cotidianos en una transición QUE merece un respeto distinto. Cada uno de los ancianos es un poco "todos los hombres". Poco les importa, en lo personal, la cárcel, el maltrato, la enfermedad y la muerte. Los que más sufren son los familiares de los detenidos en las condiciones mencionadas. Cada persona mayor en prisión, detenida en forma injustificada, procesada por un tribunal político, no sufre en sí misma esa privación de su libertad, sino que la decisión se dirige primordialmente contra su grupo familiar, ajeno a las acusaciones vertidas, pero directamente afectado por el castigo dispuesto por quienes encontraron en sus padres, sus hermanos o sus abuelos, una oportunidad de ganar aplausos y adhesiones políticas a través de sus sacrificios en el falso altar de los derechos humanos.
Con su estilo campechano, que refleja puro sentido común, sin necesidad de acudir a libros de ética, ni a tratados internacionales, en una actitud que muestra ausencia de resentimiento no obstante su pasado guerrillero, el presidente de Uruguay, José Mujica, se ha manifestado recientemente en igual sentido: "Mi postura de índole filosófica ya es conocida. Tener viejos mayores de 70 años presos no corresponde", dijo y continuó: "En otros países hay pena de muerte y, afortunadamente, aquí (en su país) no la hay. Algún día, la humanidad transitará caminos en cuanto a que tener un anciano preso no tiene sentido".
Europa sufrió dos guerras mundiales en la primera mitad del siglo XX con decenas de millones de muertos y países devastados. Menos de 30 años más tarde, los ex enemigos pasaron a ser formidables aliados y potencias económicas. Mantienen la memoria, pero no arman la vida de las sociedades mirando hacia atrás. La Argentina debe cerrar capítulos de su historia e INVERTIR la energía en construir el futuro, sin generar nuevas injusticias que, a la larga, serán cargadas a la cuenta de las próximas generaciones.

martes, 11 de noviembre de 2014

Un grupo de mujeres de Presos Políticos se hizo presente en el Cenáculo donde los obispos comenzaban la Conferencia Episcopal, para dialogar con ellos y entregarles la siguiente carta:


A SUS EXCELENCIAS REVERENDÍSIMAS MIEMBROS DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA. 



              Con el alma turbada, pero luchando por no perder la Esperanza, en mi carácter de Presidente de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos Argentinos (AFyAPPA), me dirijo a Ustedes en representación de los integrantes de esta Asociación.
              Nos dirigimos a ustedes, como representantes de nuestra Madre la Iglesia, para pedirles que consideren la posibilidad de tratar el tema de la “Guerra Revolucionaria” ocurrida en nuestro país en la década del 70, considerando especialmente a todas las víctimas de la lucha fraticida que dividió a los argentinos en aquella época, incluyendo en esta categoría a los más de mil ochocientos detenidos y procesados, por  juicios viciados desde su origen, donde la finalidad última no es hacer justicia, sino satisfacer la sed de venganza de uno de los sectores que participó en aquella contienda armada.
              Nuestra organización, como otras afines, en estos últimos años, en repetidas oportunidades ha mantenido entrevistas y entregado documentación, tanto a esa dirigencia Episcopal como a la anterior, y mantenido reuniones individuales con la mayoría de los Señores Obispos; saliendo de aquellos encuentros con renovada esperanza, sabiendo de antemano  que: “los tiempos de la Iglesia son lentos”; y que en algún momento, la luz del Espíritu Santo  los ayudará a trazar caminos de concordia y reconciliación en el cuerpo de nuestra sociedad.
              Han pasado ya 11 años desde que esto comenzara. De esos mil ochocientos presos ya murieron doscientos sesenta y cuatro, y miles de familias cristianas siguen sin tener a sus seres queridos en el seno de sus hogares, con una angustia creciente cada día que pasa, especialmente ahora, cuando nuestra Madre y Maestra, en quien tenemos asentadas nuestras últimas esperanzas, turba nuestro corazón con mensajes publicitarios y entrevistas, que, humildemente, percibimos parciales.
             
Nuestro Padre del cielo, más allá de las debilidades que oscurecen todo lo humano, bien sabe de mi religiosidad y de mis intentos por vivir una vida cristiana, de mi lucha como esposa y madre de siete hijos, también sabe que mi marido perdió su carrera por mi defensa del Obispo a quien la Iglesia designó para conducir el rebaño castrense. Creo que nadie puede dudar de mi persona sobre segundas intenciones para desprestigiar a la Iglesia Argentina, por lo que me siento con libertad y autoridad moral para hacer algunas reflexiones.

              La violencia de los 70 es ya un hecho viejo, con muchos errores y aciertos en el intento por darle una solución definitiva. Solución que deben encarar todos los estamentos de la sociedad, porque en la locura de los 70, todos fuimos culpables. Algunos por acción, otros por omisión. Algunos por encarar actos de violencia ilegal, otros, por alentarla, algunos por permitirla, muchos por mirar al costado, alentando en su interior, la esperanza de que otros le resuelvan el problema.
Sostener que en Argentina sólo existió un Demonio (las fuerzas del estado) es crear un chivo expiatorio para salvar las culpas ajenas. Lo mismo puede decirse de aquellos que sostienen la existencia de dos demonios. Si los malos fueron los guerrilleros y los militares, el resto de la sociedad puede seguir tranquila su vida aburguesada. Estas posiciones simplifican un problema complejo, con la única finalidad de lavar culpas de muchos actores que también tuvieron influencia preponderante en la guerra de los 70. Y creemos firmemente y con dolor, que la iglesia terrena no puede hacerse la distraída en temas que también la dividieron como al resto de la sociedad.
             
La Iglesia Argentina participó en los “dos bandos” en pugna; con las Fuerzas Armadas que intentaban defender a cualquier precio lo que en ese momento se llamaba la civilización occidental y cristiana;  y también con los movimientos armados que, tomando la imagen de un cristo guerrillero, querían instaurar el socialismo, combatiendo a sangre y fuego, a los representantes del imperialismo.
              Con las FFAA: obispos y capellanes brindaban homilías a los cuadros antes de los combates, arengando a las tropas con fragmentos de Santo Tomás y San Agustín. Impartían el Sacramento de la Eucaristía y de la Reconciliación, también consolaban a heridos y deudos. Su accionar y apoyo moral constituyó, sin ninguna duda, un gran incentivo, respaldo y aliento para los combatientes de la trinchera estatal.
              Con los guerrilleros: obispos y sacerdotes también tuvieron su compromiso incitando y adoctrinando con ideologías extremistas que justificaban el uso de la violencia para conseguir su objetivo de tomar el poder. A tal punto, que podemos afirmar que la Organización Político Militar Montoneros no habría existido, si los Sacerdotes para el Tercer Mundo no le hubieran dado el sustrato ideológico y la convicción espiritual para levantarse en armas contra el modelo político económico existente.
              Es por ello, que estamos convencidos de que sólo la Iglesia Católica Argentina puede movilizar las acciones necesarias en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en la CSJN para que todo esto concluya y se concrete la tan necesaria reconciliación nacional.
              ¿Por qué pedimos algo a la Iglesia que pareciera no se encuentra dentro de su ámbito?  Es simple: Porque la Iglesia Argentina ha sido, a lo largo de nuestra historia, un estamento poderoso en la germinación de nuestra identidad nacional,  alentando y corrigiendo, con su sabiduría infinita, las desviaciones de los gobernantes y ciudadanos. En 1810, 1816, 1853, 1955, 1976, 1983; jamás la Iglesia Argentina estuvo ausente. Siempre supo poner su granito de arena para encontrar soluciones a los grandes problemas nacionales
Está probado que cuando  la Conferencia Episcopal recientemente se pronunció sobre la problemática de la droga y la pobreza, causó un impacto y una reacción positiva, no sólo en las instancias gubernamentales, sino también en sociedad civil, haciendo tomar conciencia a la población de la gravedad de la situación. La Iglesia está viva, por sus venas circula la sangre de Cristo, y su mirada genera cambios que mejoran el clima social.
Sin embargo, algunas veces, miradas parciales y hemipléjicas de situaciones complejas, generan inquietud y desorientación en el corazón de muchos fieles. Días atrás, altas autoridades del episcopado nos sorprendieron con un mensaje más parecido a una “operación”, que a un mensaje de la Iglesia por la tan esperada reconciliación. Esto nos confunde y sentimos una gran desazón. A nuestro humilde criterio, estos mensajes, por su mirada parcial,  hacen que una parte del rebaño se sienta excluido. Y con dolor, tal vez por nuestras limitaciones, no entendemos las razones por las cuales Nuestra Madre y Maestra toma este camino oblicuo en un tema tan sensible.
Nos preguntamos: ¿Por qué no nos dieron nunca el mismo lugar? ¿Por qué la Iglesia no habla también públicamente de las violaciones a los derechos humanos que sufren a diario nuestros más de 1800 presos políticos? ¿No pertenecemos al mismo rebaño?.
No está mal que la Iglesia nos incentive a que contribuyamos a que algunas abuelas recuperen a sus nietos. Pero también les pedimos que pongan su sabiduría, su fortaleza y su coraje, para incentivar a los mismos fieles para que muchos nietos puedan recuperar a sus abuelos. Porque no tenemos ninguna duda, y creo que ustedes tampoco la tienen en el fondo de  sus conciencias, que la existencia de nuestros presos políticos también clama por una justicia con mayúscula, que muy pronto los devuelva a sus hogares.
Creemos que hay que terminar con la actitud “políticamente correcta”, demagógica e hipócrita del uso de los DDHH, que cada vez se profundiza más…silenciosa e insidiosamente.
Ustedes lo saben, lo conocen y han vivido este proceso, como dije anteriormente, seguramente con más precisión que muchos; son contemporáneos a los hechos y no escapa a vuestra Sabiduría la verdadera razón política, terrenal y especulativa por la que son perseguidos, enjuiciados y encarcelados los hombres que combatieron desde el estado.
La política actual de Derechos Humanos basada en la venganza sobre los cuadros inferiores de aquella época (hay soldados conscriptos y marineros presos, además de suboficiales, oficiales subalternos y civiles)  ha servido para construir un monumental foco de corrupción económico e ideológico, que estimula y acrecienta el clima de enfrentamiento, de intolerancia y de lucro, sobre todo de los jóvenes.
Por ello, los que en otro tiempo fueron “enemigos”, ahora también desean poner un ¡BASTA YA! a esta situación. Son pocos los que pudieron alzar su voz y decirlo, presionados por el mismo Gobierno. También sufren –en libertad- las consecuencias de esta mal llamada “Política de Estado”, cansados de revivir la “Guerra pasada” por el oportunismo gubernamental.

Prueba de esta realidad es que he venido a entrevistarme con Uds. en varias oportunidades, acompañada de ex-guerrilleras, que quieren terminar con este continuo prolongar aquella terrible Guerra.

Más allá de la ficción jurídica, vivimos en la Esperanza de que vuestra visión apostólica nos ayude, que el Espíritu Santo los ilumine para comprendernos y que se expidan con  virtuosa Justicia sobre lo expuesto.

Su Santidad ha dicho personalmente a visitantes nuestros a Roma, de su oración y ocupación de este problema; y su misión en la tierra no es contraria a nuestro pedido.
Por la Fe y la Caridad que emanan de la Iglesia Católica Argentina, son Ustedes los únicos que pueden cerrar este Capítulo y dar satisfacción a la Esperanza que nos sostiene.
Creemos, como humanos, que no hacerlo convalidará, homologará y permitirá que subsista la injusticia, con un poder Judicial no independiente, costumbre que marcará, para mal, nuestro futuro.

Reconciliarnos en Paz y seguir adelante es lo que queremos.

Ruego  a Dios los siga iluminando, que el Espíritu Santo derrame sus dones y frutos en la próxima Conferencia y no seamos dejados de lado una vez más, somos miles de Almas que sólo esperamos que esto concluya para siempre.

              La acción de SS Francisco y la de Ustedes, nuestros legítimos pastores,  constituye nuestra única ESPERANZA.         Los saludo en Nuestro Señor Jesucristo y su Santísima Madre, los más altos ejemplos y guías de lo que pedimos.

 María Cecilia Pando
Presidente de AFYAPPA