jueves, 20 de noviembre de 2014

Editorial I

Al enemigo, ni justicia... ni derechos humanos

El maltrato a los presos de edad avanzada en CAUSAS vinculadas con la lucha contra la subversión es la manifestación más clara de haber trocado justicia por venganza
Se aproxima el fin de año. Aunque el tiempo de la Navidad debería invitar a la reflexión PERSONAL, la intimidad familiar y la compasión por el otro, la realidad es un torbellino que supera las mejores intenciones y las sepulta con sus exigencias laborales, brindis variados, planes veraniegos y promesas incumplidas, aunque siempre repetidas.
En este contexto: ¿quién sabe, quién piensa o quién muestra interés porque en la Argentina haya cientos de presos mayores de 70 años, algunos con casi 90 en cárceles comunes? Son parte de LOS 1800 detenidos bajo la acusación de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la guerra antisubversiva QUE ocurrió en el país hace ya 40 años. Muchos de ellos, sin sentencia condenatoria. Ya han muerto 267 en cautiverio, entre los cuales se CUENTAN muchos casos atribuibles a desatención, abandono de persona o negligencia médica.
¿Valdrá la pena recordar que en nuestra legislación el principio de humanidad exige que las personas más vulnerables, como los adultos mayores, puedan cumplir la detención con prisión domiciliaria? ¿Y que puedan ser atendidos en HOSPITALES, si sufriesen problemas de salud, como habitualmente ocurre con personas de esa avanzada edad, y no en las colapsadas enfermerías u hospitales precarios de las cárceles que carecen de infraestructura, médicos gerontólogos y servicios esenciales?
En democracia es importante señalar la discriminación manifiestamente inconstitucional que sufren estos detenidos, que son discriminados entre la misma población carcelaria porque no rige para ellos como para los demás acusados penalmente y para presos comunes ni la presunción de inocencia, ni el principio de irretroactividad de la ley penal, así como no tienen el beneficio de la excarcelación, ni de la libertad condicional, ni de prisión domiciliaria sobre la base de su estado de salud. Ni siquiera se les otorgan salidas transitorias, como sí las tienen, por ejemplo, los miembros de Vatayón Militante. Tampoco pueden cursar carreras universitarias ante las objeciones planteadas por la UBA.
La declaración de inconstitucionalidad de las llamadas leyes de impunidad, en 2005, no implicó que las causas de lesa humanidad fueran eximidas de las garantías elementales de la legislación penal, como el debido proceso legal. Sin embargo, tratándose de militares o civiles que actuaron durante la dictadura militar, el gobierno kirchnerista no tuvo ni tiene interés por determinar la real autoría de los delitos, sino realizar con ellos un sacrificio simbólico en el altar del poder político, el que paradójicamente sirve de cortina de humo para ocultar los gravísimos casos de corrupción que tiñen la ACTUAL administración.
De esa manera, los procesamientos, prisiones preventivas y las condenas en la mayoría de los casos se han BASADO en pruebas amañadas, cuando no en ausencia total de pruebas, falsos testigos, hipótesis no comprobadas y causalidades remotas. Basta que jóvenes oficiales o suboficiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad (para no excluir a los muchos que no son militares) hubiesen prestado servicios en una determinada unidad castrense para sindicarlos como autores de delitos contra la humanidad, sin probar su autoría. O, en el caso de civiles, ha bastado la mera portación de cargo, como ocurre con el ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires Jaime Smart, que fue acusado de delitos en razón de su función, no obstante que la normativa legal vigente dictada durante el gobierno de ese entonces, lo excluía de toda participación en las cuestiones antisubversivas.
Su derecho a la legítima defensa también se encuentra comprometido dado QUE LOSacusados carecen de recursos para COSTEARSE abogados. Así, la defensa ha quedado mayoritariamente en manos de defensores oficiales, quienes no se atreven a confrontar el discurso kirchnerista, ni a interrogar a los testigos para no "victimizar a las víctimas", alineándose con los mismos fiscales, vinculados muchos de ellos con Justicia Legítima.
Pero la Justicia, para ser legítima, debe respetar el proceso legal y las garantías constitucionales. De lo contrario, es SÓLO otra puesta en escena tendiente a cumplir fines ideológicos y políticos. Y si los acusados se juzgan conforme a la ideología o a la política, la justicia deja de ser justicia y se convierte en instrumento del derecho "penal del enemigo" y la venganza.
La historia está llena de ejemplos de tribunales revolucionarios donde los imputados estaban condenados desde la primera audiencia y todos terminaron en crueles y estrepitosos fracasos. Recuérdese la etapa jacobina de la Revolución Francesa, CUANDO se decapitaron 2217 personas para consolidar el poder de Robespierre. Y los célebres "procesos de Moscú" durante la dictadura de Stalin.
El benévolo Ernesto "Che" Guevara, en cambio, firmó sentencias de muerte en los procesos sumarísimos de La Cabaña, donde se ejecutó a, por lo menos, 500 personas, sin que se le moviera un pelo. En los países del "socialismo del siglo XXI" se experimenta la "justicia de clase", donde la Justicia se quita la venda para que los magistrados dicten fallos conforme lo ordenan el partido y la revolución, como ocurre con los opositores al régimen bolivariano.
Tal vez sea oportuno señalar el inmenso contraste entre la situación de los militares y civiles que hoy sufren prisión, con los guerrilleros y la "maravillosa juventud" que luchaban "por la patria socialista", a quienes el ex presidente Juan Domingo Perón echó de la Plaza de Mayo y a quienes el Poder Ejecutivo ordenó "aniquilar" mediante cuatro decretos de 1975 ya olvidados. Fueron esos "jóvenes idealistas" quienes provocaron la caída del gobierno de María Estela Martínez de Perón y no la iniciativa militar. El morir por una CAUSA no significa que esa causa sea digna de morir por ella.
No obstante, quienes asesinaron y empujaron al vacío a un gobierno democrático fueron indultados y, muchos de ellos, indemnizados. Para no mencionar tampoco a los funcionarios civiles del gobierno peronista de aquel entonces, los firmantes de los citados decretos y los ejecutores de la "aniquilación" ordenada, que no han sido llamados ante los tribunales, ni por delitos de lesa humanidad, ni por crímenes de ninguna especie. Esta situación discriminatoria se acrecienta con la ley sancionada el año pasado por la cual muchos de los que participaron en acciones violentas percibirán una pensión vitalicia, en lo que se configura como un premio para quienes portaron las armas y agredieron a la sociedad.
El maltrato a LOS detenidos de edad avanzada demuestra una completa ausencia de dimensión humana y de comprensión de los valores en juego. Cuando llegan los últimos años, las personas pierden gradualmente la voluntad de vivir y comienzan a alejarse, lentamente, de los hechos cotidianos en una transición QUE merece un respeto distinto. Cada uno de los ancianos es un poco "todos los hombres". Poco les importa, en lo personal, la cárcel, el maltrato, la enfermedad y la muerte. Los que más sufren son los familiares de los detenidos en las condiciones mencionadas. Cada persona mayor en prisión, detenida en forma injustificada, procesada por un tribunal político, no sufre en sí misma esa privación de su libertad, sino que la decisión se dirige primordialmente contra su grupo familiar, ajeno a las acusaciones vertidas, pero directamente afectado por el castigo dispuesto por quienes encontraron en sus padres, sus hermanos o sus abuelos, una oportunidad de ganar aplausos y adhesiones políticas a través de sus sacrificios en el falso altar de los derechos humanos.
Con su estilo campechano, que refleja puro sentido común, sin necesidad de acudir a libros de ética, ni a tratados internacionales, en una actitud que muestra ausencia de resentimiento no obstante su pasado guerrillero, el presidente de Uruguay, José Mujica, se ha manifestado recientemente en igual sentido: "Mi postura de índole filosófica ya es conocida. Tener viejos mayores de 70 años presos no corresponde", dijo y continuó: "En otros países hay pena de muerte y, afortunadamente, aquí (en su país) no la hay. Algún día, la humanidad transitará caminos en cuanto a que tener un anciano preso no tiene sentido".
Europa sufrió dos guerras mundiales en la primera mitad del siglo XX con decenas de millones de muertos y países devastados. Menos de 30 años más tarde, los ex enemigos pasaron a ser formidables aliados y potencias económicas. Mantienen la memoria, pero no arman la vida de las sociedades mirando hacia atrás. La Argentina debe cerrar capítulos de su historia e INVERTIR la energía en construir el futuro, sin generar nuevas injusticias que, a la larga, serán cargadas a la cuenta de las próximas generaciones.

martes, 11 de noviembre de 2014

Un grupo de mujeres de Presos Políticos se hizo presente en el Cenáculo donde los obispos comenzaban la Conferencia Episcopal, para dialogar con ellos y entregarles la siguiente carta:


A SUS EXCELENCIAS REVERENDÍSIMAS MIEMBROS DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA. 



              Con el alma turbada, pero luchando por no perder la Esperanza, en mi carácter de Presidente de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos Argentinos (AFyAPPA), me dirijo a Ustedes en representación de los integrantes de esta Asociación.
              Nos dirigimos a ustedes, como representantes de nuestra Madre la Iglesia, para pedirles que consideren la posibilidad de tratar el tema de la “Guerra Revolucionaria” ocurrida en nuestro país en la década del 70, considerando especialmente a todas las víctimas de la lucha fraticida que dividió a los argentinos en aquella época, incluyendo en esta categoría a los más de mil ochocientos detenidos y procesados, por  juicios viciados desde su origen, donde la finalidad última no es hacer justicia, sino satisfacer la sed de venganza de uno de los sectores que participó en aquella contienda armada.
              Nuestra organización, como otras afines, en estos últimos años, en repetidas oportunidades ha mantenido entrevistas y entregado documentación, tanto a esa dirigencia Episcopal como a la anterior, y mantenido reuniones individuales con la mayoría de los Señores Obispos; saliendo de aquellos encuentros con renovada esperanza, sabiendo de antemano  que: “los tiempos de la Iglesia son lentos”; y que en algún momento, la luz del Espíritu Santo  los ayudará a trazar caminos de concordia y reconciliación en el cuerpo de nuestra sociedad.
              Han pasado ya 11 años desde que esto comenzara. De esos mil ochocientos presos ya murieron doscientos sesenta y cuatro, y miles de familias cristianas siguen sin tener a sus seres queridos en el seno de sus hogares, con una angustia creciente cada día que pasa, especialmente ahora, cuando nuestra Madre y Maestra, en quien tenemos asentadas nuestras últimas esperanzas, turba nuestro corazón con mensajes publicitarios y entrevistas, que, humildemente, percibimos parciales.
             
Nuestro Padre del cielo, más allá de las debilidades que oscurecen todo lo humano, bien sabe de mi religiosidad y de mis intentos por vivir una vida cristiana, de mi lucha como esposa y madre de siete hijos, también sabe que mi marido perdió su carrera por mi defensa del Obispo a quien la Iglesia designó para conducir el rebaño castrense. Creo que nadie puede dudar de mi persona sobre segundas intenciones para desprestigiar a la Iglesia Argentina, por lo que me siento con libertad y autoridad moral para hacer algunas reflexiones.

              La violencia de los 70 es ya un hecho viejo, con muchos errores y aciertos en el intento por darle una solución definitiva. Solución que deben encarar todos los estamentos de la sociedad, porque en la locura de los 70, todos fuimos culpables. Algunos por acción, otros por omisión. Algunos por encarar actos de violencia ilegal, otros, por alentarla, algunos por permitirla, muchos por mirar al costado, alentando en su interior, la esperanza de que otros le resuelvan el problema.
Sostener que en Argentina sólo existió un Demonio (las fuerzas del estado) es crear un chivo expiatorio para salvar las culpas ajenas. Lo mismo puede decirse de aquellos que sostienen la existencia de dos demonios. Si los malos fueron los guerrilleros y los militares, el resto de la sociedad puede seguir tranquila su vida aburguesada. Estas posiciones simplifican un problema complejo, con la única finalidad de lavar culpas de muchos actores que también tuvieron influencia preponderante en la guerra de los 70. Y creemos firmemente y con dolor, que la iglesia terrena no puede hacerse la distraída en temas que también la dividieron como al resto de la sociedad.
             
La Iglesia Argentina participó en los “dos bandos” en pugna; con las Fuerzas Armadas que intentaban defender a cualquier precio lo que en ese momento se llamaba la civilización occidental y cristiana;  y también con los movimientos armados que, tomando la imagen de un cristo guerrillero, querían instaurar el socialismo, combatiendo a sangre y fuego, a los representantes del imperialismo.
              Con las FFAA: obispos y capellanes brindaban homilías a los cuadros antes de los combates, arengando a las tropas con fragmentos de Santo Tomás y San Agustín. Impartían el Sacramento de la Eucaristía y de la Reconciliación, también consolaban a heridos y deudos. Su accionar y apoyo moral constituyó, sin ninguna duda, un gran incentivo, respaldo y aliento para los combatientes de la trinchera estatal.
              Con los guerrilleros: obispos y sacerdotes también tuvieron su compromiso incitando y adoctrinando con ideologías extremistas que justificaban el uso de la violencia para conseguir su objetivo de tomar el poder. A tal punto, que podemos afirmar que la Organización Político Militar Montoneros no habría existido, si los Sacerdotes para el Tercer Mundo no le hubieran dado el sustrato ideológico y la convicción espiritual para levantarse en armas contra el modelo político económico existente.
              Es por ello, que estamos convencidos de que sólo la Iglesia Católica Argentina puede movilizar las acciones necesarias en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en la CSJN para que todo esto concluya y se concrete la tan necesaria reconciliación nacional.
              ¿Por qué pedimos algo a la Iglesia que pareciera no se encuentra dentro de su ámbito?  Es simple: Porque la Iglesia Argentina ha sido, a lo largo de nuestra historia, un estamento poderoso en la germinación de nuestra identidad nacional,  alentando y corrigiendo, con su sabiduría infinita, las desviaciones de los gobernantes y ciudadanos. En 1810, 1816, 1853, 1955, 1976, 1983; jamás la Iglesia Argentina estuvo ausente. Siempre supo poner su granito de arena para encontrar soluciones a los grandes problemas nacionales
Está probado que cuando  la Conferencia Episcopal recientemente se pronunció sobre la problemática de la droga y la pobreza, causó un impacto y una reacción positiva, no sólo en las instancias gubernamentales, sino también en sociedad civil, haciendo tomar conciencia a la población de la gravedad de la situación. La Iglesia está viva, por sus venas circula la sangre de Cristo, y su mirada genera cambios que mejoran el clima social.
Sin embargo, algunas veces, miradas parciales y hemipléjicas de situaciones complejas, generan inquietud y desorientación en el corazón de muchos fieles. Días atrás, altas autoridades del episcopado nos sorprendieron con un mensaje más parecido a una “operación”, que a un mensaje de la Iglesia por la tan esperada reconciliación. Esto nos confunde y sentimos una gran desazón. A nuestro humilde criterio, estos mensajes, por su mirada parcial,  hacen que una parte del rebaño se sienta excluido. Y con dolor, tal vez por nuestras limitaciones, no entendemos las razones por las cuales Nuestra Madre y Maestra toma este camino oblicuo en un tema tan sensible.
Nos preguntamos: ¿Por qué no nos dieron nunca el mismo lugar? ¿Por qué la Iglesia no habla también públicamente de las violaciones a los derechos humanos que sufren a diario nuestros más de 1800 presos políticos? ¿No pertenecemos al mismo rebaño?.
No está mal que la Iglesia nos incentive a que contribuyamos a que algunas abuelas recuperen a sus nietos. Pero también les pedimos que pongan su sabiduría, su fortaleza y su coraje, para incentivar a los mismos fieles para que muchos nietos puedan recuperar a sus abuelos. Porque no tenemos ninguna duda, y creo que ustedes tampoco la tienen en el fondo de  sus conciencias, que la existencia de nuestros presos políticos también clama por una justicia con mayúscula, que muy pronto los devuelva a sus hogares.
Creemos que hay que terminar con la actitud “políticamente correcta”, demagógica e hipócrita del uso de los DDHH, que cada vez se profundiza más…silenciosa e insidiosamente.
Ustedes lo saben, lo conocen y han vivido este proceso, como dije anteriormente, seguramente con más precisión que muchos; son contemporáneos a los hechos y no escapa a vuestra Sabiduría la verdadera razón política, terrenal y especulativa por la que son perseguidos, enjuiciados y encarcelados los hombres que combatieron desde el estado.
La política actual de Derechos Humanos basada en la venganza sobre los cuadros inferiores de aquella época (hay soldados conscriptos y marineros presos, además de suboficiales, oficiales subalternos y civiles)  ha servido para construir un monumental foco de corrupción económico e ideológico, que estimula y acrecienta el clima de enfrentamiento, de intolerancia y de lucro, sobre todo de los jóvenes.
Por ello, los que en otro tiempo fueron “enemigos”, ahora también desean poner un ¡BASTA YA! a esta situación. Son pocos los que pudieron alzar su voz y decirlo, presionados por el mismo Gobierno. También sufren –en libertad- las consecuencias de esta mal llamada “Política de Estado”, cansados de revivir la “Guerra pasada” por el oportunismo gubernamental.

Prueba de esta realidad es que he venido a entrevistarme con Uds. en varias oportunidades, acompañada de ex-guerrilleras, que quieren terminar con este continuo prolongar aquella terrible Guerra.

Más allá de la ficción jurídica, vivimos en la Esperanza de que vuestra visión apostólica nos ayude, que el Espíritu Santo los ilumine para comprendernos y que se expidan con  virtuosa Justicia sobre lo expuesto.

Su Santidad ha dicho personalmente a visitantes nuestros a Roma, de su oración y ocupación de este problema; y su misión en la tierra no es contraria a nuestro pedido.
Por la Fe y la Caridad que emanan de la Iglesia Católica Argentina, son Ustedes los únicos que pueden cerrar este Capítulo y dar satisfacción a la Esperanza que nos sostiene.
Creemos, como humanos, que no hacerlo convalidará, homologará y permitirá que subsista la injusticia, con un poder Judicial no independiente, costumbre que marcará, para mal, nuestro futuro.

Reconciliarnos en Paz y seguir adelante es lo que queremos.

Ruego  a Dios los siga iluminando, que el Espíritu Santo derrame sus dones y frutos en la próxima Conferencia y no seamos dejados de lado una vez más, somos miles de Almas que sólo esperamos que esto concluya para siempre.

              La acción de SS Francisco y la de Ustedes, nuestros legítimos pastores,  constituye nuestra única ESPERANZA.         Los saludo en Nuestro Señor Jesucristo y su Santísima Madre, los más altos ejemplos y guías de lo que pedimos.

 María Cecilia Pando
Presidente de AFYAPPA

domingo, 19 de octubre de 2014

DERECHOS HUMANOS Tras el rumor sobre una denuncia que me sindicaba como "hija de desaparecidos", ocho efectivos de la Prefectura, dos técnicas del Banco Genético y dos "testigos" irrumpieron en casa de mi madre, donde yo estaba de visita. Invocaron una orden del juez Lijo y durante cinco horas me acosaron. Querían sacarme sangre por la fuerza. Ante mi negativa, recolectaron las prendas íntimas, peines y cepillos que encontraron. Me encerraron y me intimaron a quitarme la ropa interior; creo que sólo la llegada de la Policía Federal (a la que llamó mi hermana) les hizo deponer su actitud. Si yo era supuestamente la víctima, ¿por qué no conocía la causa?; ¿por qué le negaban a mi abogada una copia de la orden judicial?; ¿por qué insistían en doblegarme si lo único que pedía era hablar con el juez para hacerme el ADN con un perito de parte? El 24 de septiembre fui citada al juzgado. Otra vez fui encerrada y acorralada. Ahora era el juez Lijo quien gritaba: "Irene no sale de acá si no deja una muestra". Cuando se me vinieron encima ni pensé, me saqué todo. Salir desnuda del despacho fue, aunque parezca exagerado, la única manera de recuperar mi libertad. Esto ocurrió a pesar de mi disposición para realizar un análisis de ADN, con la sola condición de que intervenga un perito de parte que garantice la no manipulación política de mis datos genéticos. Lo dispuso un juez, a pesar de haberle presentado un análisis de ADN, realizado en Madrid, con cadena de custodia que establece que en un 99,99% soy hija de Ernesto y Ana Barreiro. Si los supuestos defensores de los derechos humanos me han tratado así, ¿cómo hago para no vivir sumida en el temor, ante los niveles de daño de los que son capaces cuando se trata, como en mi caso, de la hija de un militar que combatió en los 70? Irene Paulina Barreiro DNI 26.816.224

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martes, 7 de octubre de 2014

 Homenaje a las Víctimas del Terrorismo
9 de octubre a las 19hs. Plaza "San Martín"

 Cnel Ibarzabal asesinado el 19 de noviembre de 1974, en pleno gobierno constitucional. Jorge Roberto Ibarzábal era un oficial del Ejército Argentino, que mientras se desempeñaba como jefe del Grupo de Artillería Blindado 1, tras un ataque por la organización guerrillera Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) fue secuestrado y, luego de 10 meses de cautiverio, fue asesinado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                              Cárcel del Pueblo donde pasó sus 10 meses de cautiverio
Tenía 35 kilos cuando lo asesinaron.
Su familia no tiene derecho a la verdad, justicia y memoria.

Sin concordia no hay futuro

Silvia Ibarzabal
La autora es vicepresidente de AFAVITA (Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo en Argentina). Su padre, el Cnel. Jorge Ibarzábal, fue secuestrado y asesinado en noviembre de 1974 por el ERP
A nadie escapa que la política revanchista del Gobierno, ha colocado al país al borde de una nueva división social que probablemente, como en el caso de unitarios y federales, nunca se resolverá.
Esta es una de las pesadas e injustas herencias que se ha elegido dejarle a la sociedad, con una clara idea de venganza, que nada tiene que ver con un acto de Justicia.
Si ésta fuera aplicada con la coherencia y la moral que los tristes episodios de los años 70 ameritan, los familiares de miles de argentinos asesinados por el terrorismo, también deberían tener su tribuna y ser escuchados.
Resulta significativamente irritante, que ante el gran cumulo de evidencias existentes sobre el accionar subversivo, el Gobierno no admita la participación de organizaciones tales como ERP, Montoneros FAR, FAP y otras en los años 70.
Es evidente que para todos aquellos identificados con el rencor, el crimen, y el odio, la guerra continúa. Por eso rechazan toda idea de finalización del conflicto y, en cambio, alientan y movilizan su perpetuación, envenenando a las nuevas generaciones con falsificaciones históricas y mistificaciones jurídicas.
A más de 40 años de aquella violencia política, nos han vuelto a enfrentar. Nos han excluido del "relato".
Lo planteo porque lo he vivido. A mi padre lo asesinaron el 19 de noviembre de 1974, en pleno gobierno constitucional. Jorge Roberto Ibarzábal era un oficial del Ejército Argentino, que mientras se desempeñaba como jefe del Grupo de Artillería Blindado 1, tras un ataque por la organización guerrillera Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) fue secuestrado y, luego de 10 meses de cautiverio, fue asesinado.
Él no tuvo derechos humanos, como tampoco los tuvo mi familia. Estaba en condiciones infrahumanas: drogado y amordazado en un cubículo de minúsculas proporciones, pesaba 35 kilos. Mario Roberto Santucho fue el autor ideológico; Enrique Gorriarán Merlo condujo el operativo; y lo asesinó una persona que hoy es homenajeada en el "Parque de la Memoria".
En las próximas elecciones, los argentinos elegiremos entre el odio que divide y la "concordia" que une.
En ese sentido, vale la pena recordar lo expresado por el Presidente de la República Oriental del Uruguay, José Pepe Mujica: "Hay que salir de la trampa del dolor. Las heridas abiertas de una guerra, sólo las puede suturar la alta política".

miércoles, 1 de octubre de 2014

ABRAZO AL PALACIO DE JUSTICIA
02/09/2014

Han pasado ya diez años desde la reapertura de los juicios, mal llamados de lesa humanidad, englobados en lo que se pretende llamar, la “política de derechos humanos” del gobierno. Desde ese entonces se mantiene bajo proceso a más de 1.800 personas, que en su momento fueron  empleados por las autoridades constitucionales y de facto de la Nación, para combatir el terrorismo guerrillero de los años 70. El promedio de edad  de las personas ilegalmente detenidas es de 72,4 años, pero hay muchos de más de 80 y hasta 90 años.  El 95% lo constituyen quienes, hace más de treinta años, eran jóvenes oficiales de las fuerzas armadas.  El 20% de los detenidos son suboficiales, civiles y ex conscriptos, tanto de las fuerzas armadas como de seguridad. Más del 60% no tiene aún condena.  En esta situación ya han  muerto procesados o en prisión 250 personas, por las cuales los jueces el día de mañana tendrán que dar explicaciones.
.Estas personas murieron víctimas de una injusticia que en nombre de la justicia pisotea los fundamentos de la legalidad. Murieron porque Jueces y Magistrados se dejaron instrumentar por un poder político sin convicciones, que reemplazó la legalidad de la república, por tribunales populares conducidos por mercaderes de los derechos humanos. Murieron, en definitiva, porque muchos magistrados no tuvieron la dignidad suficiente como para sobrellevar las presiones a las que fueron sometidos.
  Se han gastado cientos de millones de pesos en  estos juicios para llevar a cabo una venganza, en lugar de destinar ese dinero en combatir lla inseguridad, corrupción y narcotráfico que azotan a nuestro país.
Como al momento  de los hecho no existía  la calificación de “lesa humanidad” que, con sus gravísimas consecuencias rige hoy en día. La Corte Suprema de Justicia falló contra el principio de legalidad , uno de los pilares de la civilización occidental, que establece que nadie puede ser juzgado por una ley,, dictada con posterioridad a los hechos del proceso, esto lo hizo para llevar a cabo estos juicios arbitrarios  Desde entonces en nuestro país comenzó a derrumbarse el Estado de Derecho.
Paralelamente se derrumbó,, la prescripción, la cosa juzgada, las amnistías y los indultos, y más tarde se les negaron las excarcelaciones, el principio de la ley más benigna, la educación en las prisiones, las salidas transitorias, la detención domiciliaria a mayores de 70 años o enfermos, condenándolos a la pena de muerte, sabiendo perfectamente que las cárceles de nuestro país  no están prepradas para albergar a  gente de esa edad.
Los primeros jueces que otorgaron beneficios legales a estos acusados, recibieron de parte de miembros del gobierno, pedidos de juicio político. Y los que no encarcelaban, recibieron “escraches” en sus domicilios.  La Corte Suprema, enrolada expresamente según su Presidente, Ricardo Lorenzetti en esta “política de Estado”, ha cerrado la posibilidad del juzgamiento de los guerrilleros
Los jueces son la reserva última con que cuentan los miembros de la sociedad, por eso ellos deben ser competentes, imparciales e independientes del poder político de turno. Ningún hecho jurídico puede ser política de estado. 
 El poder ha caído en el peor de sus defectos: ser fuerte con el débil y débil con el fuerte. La política de “derechos humanos” ha sido la del prestidigitador, agitando una mano para llamar la atención del público, mientras la otra se lleva las monedas de los apostadores. La gente seria y honesta que se ha preocupado siempre por una verdadera política de derechos humanos, lo sabe perfectamente
Señores Magistrados… respeten la constitución nacional y apliquen la ley… no se dejen manipular por el poder político de turno, que tanto daño le ha hecho a nuestra querida república.
 Tenemos que comprender que la guerra ha terminado y que somos nosotros, los argentinos del trabajo y del silencio, quienes tenemos la responsabilidad de construir un futuro donde el amor por nuestros semejantes reemplace la cultura del odio y el rencor.