viernes, 29 de enero de 2016

POLÍTICAMIÉRCOLES 27 DE ENERO 2016

Cecilia Pando se sumó a la polémica por los dichos de Lopérfido y los desaparecidos

La activista de "Memoria Completa" vovió a negar que en la Argentina haya habido un genocidio y reclamó el reconocimiento de las víctimas del terrorismo
La ultraderechista Cecilia Pando salió hoy a respaldar los dichos del ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, quien negó en una charla abierta que hayan sido 30 mil los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. 

Las declaraciones del funcionario macrista motivaron un fuerte repudio de parte de referentes dederechos humanos, pero también el apoyo de los sectores más radicales de la derecha, como es el caso de Pando. 

"Estoy de acuerdo con que no fueron 30 mil los desaparecidos. Pusieron ese número para decir que fue un genocidio, pero no lo fue", dijo la esposa del mayor retirado Pedro Rafael Mercado, conocida por su activismo utracatólico y antiabortista. 

"Yo estuve reunida con un ex guerrillero llamado Luis labraña, que cuando estuvo exiliado en Holanda me contó que lo visitaron organizaciones de derechos humanos que le llevaron una lista de 3800 desaparecidos, y él dijo que necesitaban aumentarla porque si no no iban a recibir subsidios", dijo Pando en una entrevista en Canal 13. 
"La cifra que yo tengo, que es la oficial de la Conadep, es de 7158 desaparecidos, a los cuales hay que restarle los 2549 falsos desaparecidos que aparecen en el libro Mentirás tus muertos, que relata los casos de quienes mataban las mismas organizaciones guerrilleras en los juicios revolucionarios porque delataban a sus compañeros", remarcó la mujer, exhibiendo en sus manos el libro del ex carapintada José D'Angelo, cuyo prólogo escribió Labraña. 


Para Pando, "es repudiable un solo desaparecido, pero tampoco la mentira. Por respeto a la gente que perdió la vida en aquel momento, por respeto a los desaparecidos y por respeto a las víctimas del terrorismo, que no se las reconoce", reclamó. Y agregó: "Así como hubo robo de bebés, del otro lado hubo asesinatos de chiquitos".

Según la presidenta del grupo AFyAPPA (Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina), lo que cambia la discusión en relación al número de desaparecidos es "la mentira y la plata que se maneja". "Cuando utilizan mi dinero para pagar indemnizaciones ya me toca de cerca. Porque las indemnizaciones son de 200 mil dólares. ¿Y por qué las víctimas del terrorismo no las cobran?", cuestionó. 

"Hablemos con la verdad, mis hijos tienen que saber la verdad completa", dijo Pando y se ilusionó con la llegada del nuevo gobierno de Mauricio Macri. "Durante 12 años escuchamos la misma historia. Esperemos que ahora se pueda decir la verdad", se esperanzó. 

miércoles, 18 de noviembre de 2015


infobae
OPINIÓNMIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE 2015

Los juicios pendientes por lesa humanidad

Nicolás Márquez
Todo indica que en breve la Argentina recuperará la democracia republicana; por consiguiente, es de esperarse una normalización institucional y un funcionamiento ajustado a derecho en los distintos poderes del Estado. Sobre todo en el Judicial, que ha sido protagonista de arbitrariedades y prevaricaciones sistemáticas a lo largo de todo el régimen que inaugurara Néstor Kirchner promediando el año 2003.
El punto clímax de este funcionamiento anómalo probablemente se haya dado en el marco del Poder Judicial, fundamentalmente en lo relativo a los paródicos juicios denominados de "lesa humanidad". Es decir, juicios impulsados contra miembros de las Fuerzas Armadas (a lo que encima les han sumado civiles) con motivo de la represión antiterrorista llevada a cabo durante los violentos años setenta. En efecto, esas persecuciones pretendidamente judiciales se vienen impulsando a instancias no del derecho ni del debido proceso, sino de la orden política dictada oportunamente desde el del Poder Ejecutivo Nacional en el 2003.
El crimen de lesa humanidad, conforme lo define el artículo 7 del Estatuto de Roma suscrito en 1998 e incorporado por la Argentina en el año 2001 (y cuya normativa es aplicable sólo a los hechos acontecidos con posterioridad a la incorporación de dicho estatuto en la legislación local) es el "ataque generalizado o sistemático contra una población civil". Se precia: "Por ataque contra una población civil se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización".
Nos interesa traer a comento dichas definiciones, puesto que desde que Néstor Kirchner ocupó el sillón de Rivadavia realizó un golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia al derrocar a cuatro de los siete jueces del cuerpo (es decir, el 57,2% de sus miembros), a fin de obtener una mayoría de facto e ilegítima con base en nombramientos de magistrados colocados por la ventana y, con ello, dar curso a la innoble cacería de militares y civiles (muchos de ellos octogenarios). Estos son acusados a la marchanta de haber actuado en la guerra antisubversiva, cuya represión se intensificó no a partir de marzo de 1976, sino de febrero de 1975, cuando el actual partido gobernante (a la sazón, capitaneado por Isabel Perón) ordenó a las Fuerzas Armadas mediante decretos sucesivos "aniquilar el accionar de los elementos subversivos" (Decretos 2770/771/772).
Si bien este conflicto armado culminó a fin de los años setenta y luego fue superado legalmente por indultos y normativas de pacificación (como las leyes de obediencia debida y punto final) emitidas en tiempos democráticos y avaladas en cuanto a su constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia (tanto durante la Presidencia de Raúl Alfonsín como en la de Carlos Menem y la del propio Fernando de la Rúa), la posterior corte de facto que irregularmente impuso Néstor Kirchner para perseguir ilegalmente a los militares ordenó desoír no sólo toda esa legislación, las sentencias y la jurisprudencia, sino vulnerar además los siguientes principios jurídicos reconocidos expresa y deliberadamente por nuestraConstitución Nacional. A saber, principio de cosa juzgada, principio de irretroactividad de la ley penal, principio de ley penal más benigna, principio de juez natural, principio de ne bis in idem (derechos previstos, entre otros artículos, por el 18 de la Constitución Nacional), además de los consabidos principios de prescripción previstos de sobra en la legislación penal vigente y en los tratados internacionales a los que nuestro país suscribe (tal el caso de la mismísima Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo noveno).
Pues bien, a partir de la imposición de esta Corte Judicial artificial, el aparato del Estado, por medio de sus dependientes y sus obedientes jueces federales (de los cuales el kirchnerismo nombró a más de la mitad durante su reinado), comenzó a perseguir injustamente y a sabiendas (es decir, incurriendo en prevaricato) a cuanto "genocida" presunto se le cruzara. La persecución fue llevada a cabo por estos indecorosos magistrados con el evidente objetivo de cuidar sus cargos, sus ascensos y otras especulaciones crematísticas o políticas.
Luego, este ataque sistemático y generalizado a la población octogenaria llevado adelante por esta embestida política a partir del año 2003 se encargó de encarcelar a más de dos mil personas (a pesar de que sólo 289 de los detenidos fueron condenados en este lapso), de los cuales 324 murieron en cautiverio (cantidad superior a los condenados) por expreso abandono de persona por parte de muchas de las autoridades judiciales que, por acción u omisión, incumplieron con sus deberes de funcionario público, ya que estos, no contentos con ordenar injustas detenciones, ni siquiera osaron otorgarles a sus secuestrados el pertinente arresto domiciliario. En su lugar, hacinaron a sus víctimas en cárceles manifiestamente inadaptadas para contener internos de edad avanzada, teniendo en cuenta que para elCódigo Penal Argentino el arresto domiciliario (previsto en su artículo 10) resulta operativo toda vez que el imputado supere los 70 años de edad: el promedio de edad de los dos mil presos a los que nos estamos refiriendo supera los 75 años (a los que hay queDESCONTARLES los 324 que fueron asesinados por el sistema).
Como el grueso de estos oficinistas que fungen de magistrados en la desacreditada burocracia judicial responden a un sistema político que les bajó órdenes específicas de violentar elementales principios constitucionales en el marco de este ataque sistemático y generalizado contra víctimas vulnerables que mueren a diario, urge imperiosamente que, al restaurarse y rescatarse el Estado de derecho a partir de diciembre del corriente, se lleven adelante todas las acusaciones e imputaciones habidas contra jueces, fiscales y funcionarios de todas las jerarquías que hayan participado directa o colateralmente en esta agresión física y moral contra quienes fueron primero mal encarcelados y posteriormente abandonados o apaleados por el arbitrario andamiaje estatal.
Proveer de conformidad será un esperado acto de justicia.
El autor es abogado e historiador. Su último libro se titula Perón, el fetiche de las masas. Biografía de un dictador (Prólogo de Rosendo Fraga). Unión Editorial. 2015.
CARTA ENTREGADA A LOS OBISPOS DURANTE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
A SUS EXCELENCIAS REVERENDÍSIMAS MIEMBROS DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA.
                  
Hace aproximadamente un año, en este mismo lugar, representantes de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina, les hacíamos llegar un documento donde le pedíamos a nuestra Madre Iglesia que nos ayudara a encontrar caminos de concordia y reconciliación entre los argentinos.
Desesperados por el sufrimiento de tanta persecución disfrazada de justicia, acudimos a pedirles por nuestros familiares y amigos, para que nuestros nietos recuperen pronto a sus abuelos, detenidos por una barbarie jurídica que atropella todo vestigio de legalidad.
También queremos agradecerles por su recibimiento, su trabajo silencioso, su contención y su mirada materna. Sabíamos, y sabemos, que estamos tocando temas muy sensibles y controvertidos. Somos conscientes de que existen resabios de la locura setentista de la que no podemos abstraernos.
El “Fuimos Todos” del Tata Yofre reclama nuestras conciencias. El tema desata pasiones, recuerdos dolorosos y vuelve a generar posiciones encontradas de las que nos cuesta escapar.
No somos ajenos a esta confrontación. En el calor de la disputa nos cuesta aceptar el dolor legítimo del otro, de los que perdieron a sus seres queridos ocupando la trinchera enemiga en aquella triste y bárbara guerra fratricida.
La persecución indiscriminada de solo un actor de la contienda siembra el germen de una nueva confrontación. Al grito de “genocidas imperialistas” les respondemos con el epíteto de” terroristas apátridas”, sin tomar conciencia de que, sin quererlo,  volvemos a repetir los mismos conceptos que nos llevaron a la tragedia de los 70.
No queremos que nuestros hijos revivan la historia. No queremos continuar presos de un odio que carcome los cimientos de nuestra hermandad ciudadana. Necesitamos encontrar un camino de concordia que nos permita comprender al otro sin estigmatizarlo. No podemos darnos el lujo de volver a cometer los mismos errores.
En estos largos años de lucha por la libertad de nuestros familiares y amigos aprendimos mucho. Y crecimos, y maduramos en el sufrimiento. Nuestra lógica parcialidad se supo nutrir de otros sufrimientos que nos ayudaron a encontrar el equilibrio.
Los testimonios de montoneros combatientes como Luis Labraña o Héctor Leis nos ayudaron a comprender la mirada del “otro”. Aprendimos a entender las razones equivocadas que los llevaron a las armas. Y entendimos el papel de la sociedad toda que los puso en esa encrucijada. Dejamos de verlos como el enemigo, y pudimos aceptar que se trataba de personas equivocadas.
Cuando escuchamos el testimonio de la militante montonera Luján Bertella, detenida y torturada en la ESMA, siendo poco más que una niña adolescente, aprendimos a aceptar el sufrimiento del otro, el de sus familiares, el de sus amigos, tomando conciencia de la complejidad de la tragedia.
Y descubrimos que el dolor y el sufrimiento no tienen ideología ni clase social. El dolor y el sufrimiento no son patrimonio de la derecha o de la izquierda, ni de los ricos, ni de los pobres. El dolor y el sufrimiento son parte de la condición humana. Y es trabajo de todo hombre tratar de mitigar o sublimar el dolor, como ya lo hizo Nuestro Señor Jesucristo desde la cruz.
Cuando vivenciamos y valoramos el dolor humano en su plenitud tomamos conciencia de la barbaridad de la guerra. Entendemos que el sufrimiento de Cristina de Viola, a quien le asesinaron a su marido y a su hijita de tres años, es tan dramático como el de la señora Graciela Fernández Meijide, a quien le arrebataron y desaparecieron a su hijo de 17.
En la locura de los 70 no hubo buenos y malos. No se trataba de santos y pecadores enfrentados en una trinchera. Los ángeles y los demonios estaban en el cuerpo de una sociedad enferma, enceguecida por el odio, que no supo encontrar soluciones humanas a los problemas de la época.
Si bien ambos contendientes se consideraban a sí mismos los salvadores de la patria, no fueron más que el espectro viviente del veneno del odio que se cocinaba en todos los estamentos de la sociedad.
Por eso no es justo, ni mucho menos saludable, que la responsabilidad de la tragedia sea atribuida exclusivamente a quienes el destino puso en las instituciones armadas de aquella época. Ellos no fueron los ángeles de aquella locura, pero tampoco fueron los demonios. No fueron los únicos, ni muchos menos los principales responsables de la tragedia.
Excelencias Reverendísimas: Pensamos que justicia y pacificación son cosas distintas y excluyentes. Cuando se puede hacer justicia, no hay necesidad de pacificación. Pero cuando la sociedad toda es responsable, la justicia ya no es posible, y la pacificación es la única alternativa para prevenir una nueva tragedia.
Pensamos que el germen de cambio que se avizora en el país debería incluir un desarmado de la trama del odio y de la venganza que se ha instaurado desde el poder sobre nuestros familiares y amigos.
Y pensamos también que ustedes, por el llamado de Nuestro Señor Jesucristo, en este Jubileo de la Misericordia que se avecina, tienen la oportunidad de continuar profundizando en los corazones de sus fieles, ese llamado interior a la reconciliación, que nos permita volver a vivir y sentir como argentinos, miembros de una misma comunidad.

Buenos Aires, 09 de Noviembre del 2015

María Cecilia Pando
  Presidente de AFyAPPA        
 
 


lunes, 12 de octubre de 2015

CARTA PUBLICADA EN EL DIARIO "LA NACIÓN"

Lesa humanidad

Según el Estatuto de Roma, los crímenes de lesa humanidad son aquellos que implican un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, comprendiendo actos como asesinatos, secuestros, y otros. En general, los grupos terroristas se organizan en verdaderos ejércitos cuyo objetivo final es la toma del poder y dirigen sus actos en forma generalizada y sistemática contra la sociedad civil, ejecutándolos contra personas que signifiquen de alguna manera un obstáculo para los objetivos de dichas organizaciones o cuyo ataque le sirva para atemorizar y disuadir de toda resistencia al cuerpo social. Como la mayoría de los estados tienen... como instrumentos de defensa a las fuerzas de seguridad y a las Fuerzas Armadas, éstas suelen ser blanco preferido del accionar terrorista por razones obvias. Es por estas razones que no cabe duda alguna que los crímenes cometidos por la organización "Estado Islámico" encuadran exactamente en la figura de "Lesa Humanidad".
En nuestro país la guerrilla de los 70 resumió sus intenciones en la frase del comandante en jefe del ERP, Roberto Santucho, en carta a su hermano Asdrúbal, Oficial de la misma organización: "Creo que para lograr la Patria Socialista vamos a tener que matar a no menos de un millón de personas"
Se entiende claramente así que la pretendida atribución exclusiva de crímenes de este tipo a los cometidos por el estado, -que de ninguna manera expresa el Estatuto de Roma-, constituiría para muchos un descarado fraude jurídico utilizado por sectores provenientes o simpatizantes del terrorismo, con el fin de tomar venganza y/o hacer buenos negocios. La prevaricación de jueces- el no hacer justicia o incumplir con principios de legalidad universales en forma deliberada -, es grave cuando se realiza para exculpar a un acusado; pero cuando se utiliza para condenarlo y enviarlo a prisión, es ciertamente imperdonable: con frecuencia equivale a un homicidio.
Tenemos la esperanza en que una justicia independiente proceda y castigue ejemplarmente a los culpables.
Santiago Floresa

miércoles, 16 de septiembre de 2015

JUSTICIA KORRUPTA




Escuela de testigos para juicios de LESA HUMANIDAD

lunes, 7 de septiembre de 2015

ASÍ SE VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS EN ARGENTINA

Así se violan los Derechos Humanos en el gobierno Kircherista

Preso Político de Argetina Molina Gregorio Rafael: Suboficial Mayor (R) de la Fuerza Aérea, tenía su familia en Alta Gracia, Córdoba. Fue operado de cáncer de intestino en 2009, quedando con ano contra natura desde entonces.
En éste estado fue trasladados, para asistir a un juicio en Mar del Plata, en 2010. Posteriormente fue llevado al penal de Campo de Mayo, debiendo concurrir a sesiones de qumioterapia pero el Servicio Penitenciario Federal no lo llevó con la frecuencia requerida.

Luego de enfrentar un segundo juicio fue llevado a la cárcel de Batán, donde el director del penal, al ver su estado se negó a recibirlo y durmió toda la noche en el camión de traslado en el piso del vehículo.
A la mañana siguiente fue trasladado nuevamente al tribunal porque lo necesitaban para iniciar un nuevo juicio.


Molina nunca pudo lograr la prisión domiciliaria. Las fotos son elocuentes... falleció el 11 de julio de 2011.

Fuente: Informe de Presos Políticos de Argentina 2015. Pagina 117.
Lunes 07 de septiembre de 2015 | Publicado en edición impresa
Juicios

Militares detenidos denuncian que padecen maltratos

Cuando las Fuerzas Armadas tenían el poder, las garantías de los detenidos se perdían en los reclamos de las organizaciones de derechos humanos. Hoy la realidad invirtió los papeles y, con una edad promedio de 73 años, los militares que cumplen condenas o están procesados por delitos de lesa humanidad en la dictadura denuncian que no se cumple el principio de igualdad ante la ley.
No hay salidas transitorias, no pueden trabajar en la cárcel, no hay libertad condicional y son muy limitadas las detenciones domiciliarias, contempladas para la población carcelaria mayor de 70 años. Se les niega el derecho a estudiar carreras universitarias, como sí lo pudieron hacer Sergio Schoklender y unos 1300 presos en unidades penitenciarias federales, denuncian sectores cercanos a los militares detenidos.
Desde que Néstor Kirchner reabrió en 2003 los juicios por delitos de lesa humanidad, 2054 militares y civiles pasaron por los tribunales. De ellos, 644 están condenados (294 cumplen la pena en prisiones comunes) y hay 1095 procesados (320 en penales comunes). A ellos se suman 315 muertos "en cautiverio", según la estadística que lleva la Unión de Promociones, constituida en 2005 para "incidir ante la opinión pública para el esclarecimiento de la verdad histórica completa", detalló a LA NACION el coronel retirado Guillermo Viola.
Viola no duda en señalar que los detenidos son presos políticos y estima que "todo está teñido de una grosera venganza ideológica".
"La deshumanización del derecho contrarió todos los principios penitenciarios, de los cuales la Argentina siempre fue líder", advirtió el abogado Ricardo Saint Jean, cuyo padre -el general Ibérico Saint Jean, ex gobernador bonaerense de facto- murió a los 90 años en octubre de 2012, con una severa crisis cardíaca e inmovilizado y en silla de ruedas. Falleció en medio de una fuerte puja con el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, que le negaba la detención domiciliaria por "peligro de fuga", a pesar de que informes forenses decían que no estaba en condiciones de afrontar un juicio.
En diálogo con LA NACION, Saint Jean lamentó que los jueces hayan dejado de lado "la filosofía de la penitenciarista española Concepción Arenal, citada por la Corte Suprema en el hábeas corpus que el periodista Horacio Verbitsky presentó para denunciar el estado de las cárceles en la provincia de Buenos Aires".
"A este grupo de detenidos se les aplica un derecho de segunda. Los expedientes de las causas de derechos humanos llevan un sello rojo para identificarlos y mostrar que deben tener un tratamiento distinto", explicó. E insistió en que "sólo a este grupo no se le aplican los principios de legalidad y de inocencia, el criterio de la ley más benigna ni la irretroactividad de la ley penal".
Saint Jean cuestionó la doctrina aplicada por la Corte Suprema. En rigor, el criterio que impide la prescripción está fijado en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. La Corte lo aplicó por primera vez en 2004, en el fallo Arancibia Clavel. Los militares detenidos lo rechazan porque el principio no regía cuando se produjeron los hechos.

SALUD DETERIORADA

Donde más sienten los familiares de los detenidos la fragilidad del sistema es en la atención de la salud. "Hay 300 presos políticos con más de 80 años y 460 tienen entre 70 y 79", dijo Viola. "Como muchos todavía afrontan juicios, cada vez que tienen que presentarse en el juzgado los despiertan a las cuatro de la mañana, los llevan esposados en camiones que pasan por distintos penales (Marcos Paz, Ezeiza, Villa Devoto). Muchos no tienen estabilidad y hay quienes se hacen encima. Llegan al tribunal en condiciones deplorables", relató.
Las visitas son fragmentadas y no pueden recibir a todo el grupo familiar. En Marcos Paz, por ejemplo, los hombres pueden ir de 8.30 a 11. Las mujeres, lunes y jueves, de 14 a 17. Sólo pueden ir los fines de semana si presentan certificado de trabajo.
"El 60% de la justicia federal está abocado a investigar hechos que ocurrieron hace 40 años y para ello se gastan más de 6000 millones de pesos por año", precisó Aníbal Guevara, hijo del teniente coronel Aníbal Guevara Molina, condenado por detenciones y privación ilegítima de la libertad cuando tenía 23 años, hechos similares a las acusaciones contra César Milani, ex jefe del Ejército, que nunca fue citado a declarar..
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