miércoles, 16 de septiembre de 2015

JUSTICIA KORRUPTA




Escuela de testigos para juicios de LESA HUMANIDAD

lunes, 7 de septiembre de 2015

ASÍ SE VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS EN ARGENTINA

Así se violan los Derechos Humanos en el gobierno Kircherista

Preso Político de Argetina Molina Gregorio Rafael: Suboficial Mayor (R) de la Fuerza Aérea, tenía su familia en Alta Gracia, Córdoba. Fue operado de cáncer de intestino en 2009, quedando con ano contra natura desde entonces.
En éste estado fue trasladados, para asistir a un juicio en Mar del Plata, en 2010. Posteriormente fue llevado al penal de Campo de Mayo, debiendo concurrir a sesiones de qumioterapia pero el Servicio Penitenciario Federal no lo llevó con la frecuencia requerida.

Luego de enfrentar un segundo juicio fue llevado a la cárcel de Batán, donde el director del penal, al ver su estado se negó a recibirlo y durmió toda la noche en el camión de traslado en el piso del vehículo.
A la mañana siguiente fue trasladado nuevamente al tribunal porque lo necesitaban para iniciar un nuevo juicio.


Molina nunca pudo lograr la prisión domiciliaria. Las fotos son elocuentes... falleció el 11 de julio de 2011.

Fuente: Informe de Presos Políticos de Argentina 2015. Pagina 117.
Lunes 07 de septiembre de 2015 | Publicado en edición impresa
Juicios

Militares detenidos denuncian que padecen maltratos

Cuando las Fuerzas Armadas tenían el poder, las garantías de los detenidos se perdían en los reclamos de las organizaciones de derechos humanos. Hoy la realidad invirtió los papeles y, con una edad promedio de 73 años, los militares que cumplen condenas o están procesados por delitos de lesa humanidad en la dictadura denuncian que no se cumple el principio de igualdad ante la ley.
No hay salidas transitorias, no pueden trabajar en la cárcel, no hay libertad condicional y son muy limitadas las detenciones domiciliarias, contempladas para la población carcelaria mayor de 70 años. Se les niega el derecho a estudiar carreras universitarias, como sí lo pudieron hacer Sergio Schoklender y unos 1300 presos en unidades penitenciarias federales, denuncian sectores cercanos a los militares detenidos.
Desde que Néstor Kirchner reabrió en 2003 los juicios por delitos de lesa humanidad, 2054 militares y civiles pasaron por los tribunales. De ellos, 644 están condenados (294 cumplen la pena en prisiones comunes) y hay 1095 procesados (320 en penales comunes). A ellos se suman 315 muertos "en cautiverio", según la estadística que lleva la Unión de Promociones, constituida en 2005 para "incidir ante la opinión pública para el esclarecimiento de la verdad histórica completa", detalló a LA NACION el coronel retirado Guillermo Viola.
Viola no duda en señalar que los detenidos son presos políticos y estima que "todo está teñido de una grosera venganza ideológica".
"La deshumanización del derecho contrarió todos los principios penitenciarios, de los cuales la Argentina siempre fue líder", advirtió el abogado Ricardo Saint Jean, cuyo padre -el general Ibérico Saint Jean, ex gobernador bonaerense de facto- murió a los 90 años en octubre de 2012, con una severa crisis cardíaca e inmovilizado y en silla de ruedas. Falleció en medio de una fuerte puja con el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, que le negaba la detención domiciliaria por "peligro de fuga", a pesar de que informes forenses decían que no estaba en condiciones de afrontar un juicio.
En diálogo con LA NACION, Saint Jean lamentó que los jueces hayan dejado de lado "la filosofía de la penitenciarista española Concepción Arenal, citada por la Corte Suprema en el hábeas corpus que el periodista Horacio Verbitsky presentó para denunciar el estado de las cárceles en la provincia de Buenos Aires".
"A este grupo de detenidos se les aplica un derecho de segunda. Los expedientes de las causas de derechos humanos llevan un sello rojo para identificarlos y mostrar que deben tener un tratamiento distinto", explicó. E insistió en que "sólo a este grupo no se le aplican los principios de legalidad y de inocencia, el criterio de la ley más benigna ni la irretroactividad de la ley penal".
Saint Jean cuestionó la doctrina aplicada por la Corte Suprema. En rigor, el criterio que impide la prescripción está fijado en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. La Corte lo aplicó por primera vez en 2004, en el fallo Arancibia Clavel. Los militares detenidos lo rechazan porque el principio no regía cuando se produjeron los hechos.

SALUD DETERIORADA

Donde más sienten los familiares de los detenidos la fragilidad del sistema es en la atención de la salud. "Hay 300 presos políticos con más de 80 años y 460 tienen entre 70 y 79", dijo Viola. "Como muchos todavía afrontan juicios, cada vez que tienen que presentarse en el juzgado los despiertan a las cuatro de la mañana, los llevan esposados en camiones que pasan por distintos penales (Marcos Paz, Ezeiza, Villa Devoto). Muchos no tienen estabilidad y hay quienes se hacen encima. Llegan al tribunal en condiciones deplorables", relató.
Las visitas son fragmentadas y no pueden recibir a todo el grupo familiar. En Marcos Paz, por ejemplo, los hombres pueden ir de 8.30 a 11. Las mujeres, lunes y jueves, de 14 a 17. Sólo pueden ir los fines de semana si presentan certificado de trabajo.
"El 60% de la justicia federal está abocado a investigar hechos que ocurrieron hace 40 años y para ello se gastan más de 6000 millones de pesos por año", precisó Aníbal Guevara, hijo del teniente coronel Aníbal Guevara Molina, condenado por detenciones y privación ilegítima de la libertad cuando tenía 23 años, hechos similares a las acusaciones contra César Milani, ex jefe del Ejército, que nunca fue citado a declarar..
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domingo, 6 de septiembre de 2015


sábado, 5 de septiembre de 2015

Así se violan los derechos humanos en Argentina. Von Wernich



Cristian Von Wernich, preso político de Argentina.
Cura, 77 años

Detenido en el Penal de Marcos Paz, desarrolló un lipo sarcoma de muslo, pese a sus reclamo no fue adecuadamente tratado durante mucho tiempo. La desidia del estado permitió que lipoma creciera hasta tal punto que le impedía caminar. Recién en ese estado se le permitió internarse extramuros para realizar la cirugía que puede observarse en las fotos.

Fuente: Caso 29 del Informe de Presos Políticos de Argentina 2015.
Más de 300 presos políticos muertos en cautiverio en Argentina.






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