El argentino Luis Moreno Ocampo sigue dando que hablar en el mundo. La semana pasada, sorprendió con su decisión de investigar la red de financiamiento internacional de las FARC, la guerrilla colombiana, en su carácter de fiscal de la Corte Penal Internacional. Afirma que lo habilita el Tratado de Roma, donde “no hay nada que exija que sólo el Estado pueda cometer los crímenes de guerra o contra la humanidad”. Es una definición útil para la realidad argentina, donde se debate si también los asesinatos de los grupos guerrilleros pueden ser considerados de lesa humanidad o imprescriptibles.
Por Juan Gasparini*
Por Juan Gasparini*
Para el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el argentino Luis Moreno Ocampo, “los crímenes de guerra o contra la humanidad pueden ser cometidos por grupos no estatales”, como la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por ejemplo.
“En el Estatuto de Roma no hay nada que exija que sólo el Estado pueda cometer tales crímenes, que son violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos en perjuicio de las poblaciones civiles”, agregó Moreno Ocampo en una entrevista exclusiva con PERFIL.
Moreno Ocampo fue invitado el lunes pasado a una ceremonia en la sede europea de las Naciones Unidas, en Ginebra, para recordar a los funcionarios de la ONU asesinados en Bagdad hace cinco años, entre ellos el brasileño Sergio Vieira de Mello, que era el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos.
El fiscal de la CPI retornaba de una difícil misión en Colombia, donde quedó bajo los reflectores de la prensa internacional al señalar que iba a investigar la red internacional que financia a las FARC.
Esta es la reconstrucción de la entrevista con él, realizada bajo el ojo vigilante de la directora de la División Competencia, Complementariedad y Cooperación de la CPI, Béatrice Le Fraper Du Hellen, quien lo acompañaba y oficiaba como su portavoz.
—Usted acaba de finalizar una segunda visita a Colombia en menos de un año, ¿en qué consiste su competencia para interesarse en ese país?
—Los crímenes de guerra o contra la humanidad pueden ser cometidos por grupos no estatales. En el Estatuto de Roma, no hay nada que exija que sólo el Estado puede cometer tales crímenes, que son violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos en perjuicio de las poblaciones civiles. En Colombia, si se terminara probando que una guerrilla o que organizaciones paramilitares produjeron hechos de tal naturaleza, estaremos ante crímenes de lesa humanidad. Venimos llevando a cabo un análisis preliminar, la etapa más importante. Tratamos de establecer si el Estado hace investigaciones de esos crímenes; si esas investigaciones son genuinas, es decir que no protegen a los autores de las atrocidades, y si los culpables son condenados. Si el Estado no lo lleva a cabo, entonces intervenimos nosotros. Los juicios que a mí me gustaría hacer los debe realizar el país. Si no lo hace, lo hago yo. Nuestra labor es complementaria a la del Estado. En el mundo moderno, ningún gobierno nacional es capaz de controlar la violencia solo.
—¿Cuál es su diagnóstico de la situación en Colombia?
—Dentro de un mes, voy a hacer público un informe. Notificaremos sobre las experiencias recogidas en Colombia, explicando lo que hemos visto, cuáles son las personas que están condenadas, cuáles faltan por condenar y enumeraremos las dificultades registradas. Concluida la etapa del análisis preliminar, voy a decidir si hay elementos para que le proponga a la Corte Penal Internacional, de la cual soy procurador, abrir un sumario y pedir juicios, sin olvidar que Colombia ha ratificado el Estatuto de Roma y acepta nuestras visitas. Cuando observo un caso, elijo los crímenes más graves y persigo a sus máximos responsables. En cuanto a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), paramilitares de extrema derecha, hay procesos en curso. Mi papel es velar para que haya condenas de los principales jefes...
—Pero, 13 de ellos han sido extraditados a Estados Unidos por narcotráfico en mayo, y muchas Organizaciones No Gubernamentales colombianas e internacionales han denunciado ese hecho en la ONU como una denegación de justicia porque los 31 mil paramilitares desmovilizados por la llamada Ley de Justicia y Paz de 2005 gozan de impunidad respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos pues hay muy pocas condenas, la mayoría por asociación ilícita, no por crímenes de lesa humanidad.
—Fui recibido por el presidente Alvaro Uribe, quien me garantizó que en el acuerdo con Estados Unidos tiene que haber cooperación con las autoridades judiciales de Colombia en el caso de que las personas extraditadas estuvieran dispuestas a declarar. Vamos a ver cómo se implementa eso. Respetando los criterios legales colombianos, hemos discutido fórmulas para que se puedan llevar con prontitud a juicio ciertos casos, que son los más probados e importantes, y los otros llevarlos después. No es fácil cuando se trata de miles de crímenes perpetrados por muchos individuos. Ante un enorme número de crímenes y una cantidad masiva de criminales, hay que acentuar el criterio de juzgar a los máximos responsables. La CPI estipula que no puede haber impunidad.
—La Corte Suprema de Colombia denunció ante Ud. en Bogotá un “complot” urdido por el Poder Ejecutivo para obstruir las investigaciones contra parlamentarios con nexos políticos con los paramilitares de las AUC, de los cuales ya están presos 32, la mayoría vinculados al actual gobierno de Alvaro Uribe. ¿Cuál es su visión del problema?
—Los dirigentes políticos involucrados con los paramilitares deben ser juzgados, como aquellos relacionados con las FARC, porque son cómplices de crímenes de lesa humanidad. Hay que revelar las estructuras políticas que apoyaron los homicidios. La responsabilidad primaria es del gobierno nacional. En la medida que ellos actúen, nosotros no intervenimos; cuando no lo hacen, nosotros lo hacemos. La Corte Suprema de Colombia me dijo que, más allá de las dificultades, de las molestias que les causan ciertos problemas, ellos tienen la capacidad de hacer esas investigaciones sobre los parlamentarios incriminados de haberse asociados con paramilitares. Si ellos no tuvieran esa capacidad, si no lo pudieran hacer, yo podría considerar una intervención. La Corte Suprema valora como muy negativo la extradición de esos paramilitares, al igual que varios sectores. Sin embargo, el gobierno y las autoridades judiciales estiman viable encontrar una solución. El presidente mostró absoluta intención de asegurar el máximo respeto e independencia para el Poder Judicial. Lo que él quiere es eficacia judicial y está dispuesto a apoyar a la Corte en lo que sea necesario. Es un debate entre colombianos.
—¿Qué pasa con las FARC?
—Es distinto porque los jefes están condenados y hay causas penales abiertas contra muchos otros. El problema no es que no haya juicios, condición para que yo intervenga, sino que no hay capturas de los responsables para que cumplan condena. Sin embargo, hay redes de apoyo internacional a las FARC, y he decidido ocuparme de ese tema, que puede derivar en una responsabilidad penal. Estoy averiguando en qué países hay grupos que promueven actividades delictivas de las FARC y si hay investigaciones nacionales de esos grupos. He enviado cartas a varios países. Estoy chequeando. Ya me han acusado recepción Brasil, México, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Perú, Dinamarca y España. Faltan que me respondan otros como Suiza, a donde también he escrito, la OEA e Interpol.
—En Suiza no hay investigaciones contra las FARC, pero en Lausana reside el presunto jefe internacional de esa guerrilla, identificado por el gobierno colombiano como Omar Arturo Zabala Padilla, alias “Lucas Gualdron”, de nacionalidad colombiana. El gobierno de Uribe también acusa al mediador suizo en el conflicto interno, Jean-Pierre Gontard, cesado por Uribe luego de la liberación de Ingrid Betancourt, de haberse extralimitado en su labor.
—El juez Baltasar Garzón, de España, detuvo a una persona a instancias del Ministerio Público de Colombia, a la que señalan enviando fondos a Zabala Padilla, lo que podría constitutir el delito de lavado de dinero en favor de las FARC, que sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad. Nosotros no interrogamos, le vamos a pedir a Suiza que interrogue a esas dos personas que usted menciona. Todo esto nos permitirá tener un panorama global sobre eventuales responsabilidades penales respecto a la trama internacional de las FARC, que no es objeto de investigación desde Colombia.
—El 14 de julio, usted solicitó a la CPI la apertura de un sumario contra Omar al Bachir, presidente de Sudán, y requirió su captura por genocidio y crímenes de lesa humanidad perpetrados en Darfour. ¿Cuándo se pronunciará la CPI sobre su petición y cuál es su reacción ante la réplica de Al Bachir, que pregunta dónde están las fosas comunes de las 300 mil víctimas que se le atribuyen haber asesinado en Darfour?
—Para probar la intención genocida de Hitler, alcanza con el testimonio de Ana Frank. Es decir, probar la voluntad de destruir total o parcialmente un grupo étnico, racial o religioso. Hemos presentado las pruebas ante la Cámara Preliminar de la CPI encargada de evaluarlas, compuesta por tres magistradas de Brasil, Ghana y Letonia. Tal vez haya una respuesta para fines de este mes de septiembre.
—Sudán firmó el Estatuto de Roma pero el Parlamento no lo ratificó. Las autoridades dicen que usted no tiene jurisdicción para actuar donde existen procesos contra supuestos responsables de violaciones graves de los derechos humanos en Darfour. Medios periodísticos destacan que hay negociaciones entre el Consejo de Seguridad de la ONU y Sudán para pactar la entrega de Al Bachir.
—Somos una Corte que investiga crímenes y pide detenciones. No formamos parte de ninguna negociación. Yo acuso individuos, no gobiernos. Mi única referencia es la ley. Mis límites son las evidencias que dispongo. El Estatuto de Roma me obliga a investigar los crímenes más graves y castigar a los culpables. Como se trata de crímenes masivos, hay una gran cantidad de autores. A partir de las pruebas recogidas, focalizo mi acción sobre los responsables principales. En Darfour, investigo, a pedido del Consejo de Seguridad de la ONU, que me faculta a hacerlo sobre Sudán al margen que haya ratificado o no el Estatuto de Roma. Ya conseguí inculpar a Ahmed Harun, entonces ministro del Interior en el 2003-2004, período de los hechos más graves, y a Ali Ku-shayb, uno de los cabecillas de las milicias Janjaweed, adictas al gobierno. Ambos tienen orden de captura internacional dispuesto por la CPI. Hace poco más de un mes, he pedido la detención del presidente Al Bachir, tras recoger pruebas en 17 países, ante víctimas y testigos, y mediante informes de agencias de la ONU y de Organizaciones No Gubernamentales. Lo acuso de haber preparado y ejecutado un plan para destruir en gran parte los grupos four, masalit y zaghawa en Darfour por su pertenencia étnica, ataques que han ocasionado una cantidad de víctimas que llegarían a alrededor de 300 mil, y el desplazamiento forzozo de 2.450.000 personas que actualmente viven en campos de refugiados, dentro y fuera de Sudán. Estamos por terminar otra investigación, contra los grupos rebeles antigubernamentales en Darfour, que mataron a 12 soldados africanos mandatados por la ONU para una misión de paz, en la llamada masacre de Haskanita, el 30 de septiembre de 2007.
El balance de cinco años en La Haya
Nacido en 1952 y padre de cuatro hijos, Luis Moreno Ocampo se hizo famoso en Argentina por el histórico juicio a los jerarcas de la dictadura, en 1985. Fue nombrado procurador de la CPI el 16 de junio de 2003. El Estatuto de Roma de 1998, creador de la CPI, le otorga jurisdicción para ocuparse de genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad a partir de su entrada en vigor, el 1° de julio de 2002.
—Hace cinco años que usted fue nombrado procurador de la CPI, ¿cuál es su balance?
—Me comprometí a perseguir a los altos responsables y estoy cumpliendo. Además de los tres expedientes antes mencionados por Darfour, hay procedimientos por otros tres países africanos: Uganda, con cuatro pedidos de captura por 2.500 homicidios computados a los grupos guerrilleros; República Centroafricana, con la detención del ex vicepresidente congolés, Jean-Pierre Bemba, imputado de miles de violaciones sexuales como arma de guerra en ese país; y en el Congo, con tres jefes de milicias arrestados. Y estamos haciendo otros análisis sobre Kenya, Costa de Marfil, Afganistán y el conflicto en Georgia. Tanto este país como Rusia nos han mandado una infinidad de comunicaciones, lo cual demuestra que los ejércitos están mirando para ver cómo se acomodan con el Estatuto de Roma.
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