El fin del derecho es establecer un orden justo. Podrá haber gobernantes, leyes, incluso tribunales, pero si el orden no es justo, no será orden. Será una parodia del orden, una representación, una mascarada. Tendrá la apariencia del orden, pero será puro desorden. Y su consecuencia trágica serán la crispación, el encono, el odio y, finalmente, la violencia.
En la Argentina hace años que se viene demoliendo a la justicia. Para hacer esto posible se hicieron combinar varias acciones ruines, tales como:
- el fomento del odio y la discordia entre los argentinos por las más altas autoridades del gobierno;
- la sanción de leyes que de tales sólo tienen el nombre, por su repugnante inmoralidad;
- el dictado de fallos tan groseros como absurdos por la Corte Suprema y demás tribunales inferiores;
- pero además el silencio hipócrita frente a tantas iniquidades de las clases dirigentes y de los restos que quedan de la sociedad civil.
Hace menos de un año, nosotros, los que hoy integramos la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, comenzamos a reemplazar la crítica individual y estéril por la decisión de hacerle frente a ese programa demoledor. Somos hombres y mujeres para quienes el derecho no es una mera profesión, sino antes bien una vocación y un ideal, a los que queremos ser fieles.
Bien rápido comprendimos que el aniquilamiento de la justicia se debía a la voluntad de darle cauce a un sentimiento bárbaro y primitivo: la venganza. Porque su traducción inmediata ha sido el inicio de una persecución política movida por el odio, apañada por leyes esperpénticas, convalidada por jueces prevaricadores y tolerada por una dirigencia cómplice.
Así, aquellos años en que unas bandas armadas desataron la guerra revolucionaria en la Argentina, dejaron estos miles de víctimas que hoy honramos en esta Plaza y que para el gobierno y sus secuaces parece que nunca existieron. ¡¡Pero también han traído una nueva clase de víctimas, estos más de 600 hombres de las fuerzas armadas y de seguridad, confinados en prisiones abyectas y privados de todo derecho!!
En efecto, con estupor e indignación constatamos como la guerra civil que se abatió sobre la nación en los años ’70 y que parecía haber concluido entre los ’80 y los ’90 con las llamadas “leyes de punto final y obediencia debida” y los indultos, ha sido restablecida por motivos de mero oportunismo político y venganza, haciendo de los tribunales el nuevo campo de batalla y de las violaciones sistemáticas del derecho los nuevos medios de destrucción de vidas y bienes. Con auspicio oficial se ha forjado una visión asimétrica y unilateral del último medio siglo, en la que los agresores de la sociedad civil han quedado transformados en “jóvenes idealistas” injustamente perseguidos.
En los últimos cinco años se ha ido acentuando el hostigamiento contra militares y policías cuyo objetivo fue privarlos de su libertad a cualquier precio, anulando indultos que habían sido homologados por la Corte Suprema, anulando el Congreso las leyes que habían extinguido las acciones penales, reabriendo los procesos y vulnerando la garantía de la cosa juzgada, violando de modo manifiesto el principio de legalidad, aplicando retroactivamente normas penales, desnaturalizando la forma republicana de gobierno, desconociendo la presunción de inocencia que tienen todos los procesados y ejecutando un amplio abanico de medidas persecutorias que sólo sirven para profundizar la discordia y frustrar la necesaria unión nacional.
Esa persecución tuerta está presente también en la forma que se llevan los juicios: prisiones preventivas que se extienden a lo largo de muchos años, hasta convertirse en verdaderas condenas sin sentencia; negación de prisión domiciliaria a ancianos octogenarios; rechazo de testigos de la defensa y aceptación como prueba de cargo de dudosos testigos de la acusación; concesión del carácter de querellantes a organizaciones que se dicen defensoras de los derechos humanos que no son damnificadas; cercenamiento a los defensores del control de la producción de la prueba.
Así, como ha sido dicho, “asistimos a juicios públicos conducidos por jueces prevaricadores, que convierten sus juzgados en remedos de tribunales revolucionarios, donde una plebe debidamente organizada grita sus consignas ideológicas e insulta y amenaza a acusados y testigos de la defensa”.
A todo lo cual se agrega un hecho que solivianta el ánimo: más de 50 hombres han muerto ya en las mazmorras del régimen. Los jueces sin cuya complicidad esta situación no hubiera sido posible, han desconocido el precepto bíblico: “(los jueces) juzgarán al pueblo con juicios justos. No torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no aceptarás sobornos... Justicia, sólo justicia has de buscar”.
Por eso nosotros, los abogados de la Asociación por la Justicia y la Concordia, decimos también con la Biblia a estos jueces indignos: “¡Ay de los que cambian en ajenjo el juicio y tiran por tierra la justicia!”.
La Argentina, pues, como hemos empezado a denunciarlo en todo el mundo, tiene más de 600 presos políticos. ¿Qué otra cosa son si no esos hombres privados de todos los derechos? ¿Acaso no lo serán por estar hipócritamente sometidos a unas parodias de juicios, en los que se saben condenados de antemano...?
Muchos de los que integramos la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia no vivimos aquella guerra de los años ’60 y ’70. Ni siquiera habíamos nacido. Tal vez por eso, alguno querrá decir que no tenemos derecho a hablar de este modo. Pero no es así, al menos por dos grandes razones.
La primera, porque si no se le pone un final a esta situación, con estos horrores jurídicos, con esta jurisprudencia perversa, la persecución puede extenderse de aquí en más a cualquier argentino, que podrá ver su honra, su libertad y sus bienes a merced de la agresión del tirano de turno y sin poder acudir al amparo de jueces que, salvo honrosas excepciones, han preferido aliarse con la ideología de los que ejercen el poder y allanarse a las presiones del Consejo de la Magistratura, sustituyendo la justicia por la venganza.
Y la segunda razón es, si se quiere, todavía peor. Porque mientras toda la justicia federal aparece dedicada a perseguir hombres maduros o ancianos, por hechos ocurridos hace ya cuarenta años:
- las fronteras están desprotegidas por falta de radares,- flotas extranjeras depredan nuestros recursos marítimos,- los delincuentes nos matan en nuestras calles o en nuestras mismas casas,- bandas amenazantes nos impiden circular por caminos o rutas, y- la Corte Suprema bendice el consumo de drogas.
En tres palabras, la Argentina está indefensa. Esto se debe terminar. Se debe terminar no sólo por el bien de los presos políticos, sino por el bien de la Patria, que está amenazada tal vez como nunca se ha visto. La justicia debe ser restablecida y la concordia recuperada. Basta de odios, basta de mentiras, basta de hipocresía, basta de fomentar la guerra entre hermanos para beneficio de unos tiranuelos malvados.
De cara entonces a los 200 años de nuestro movimiento de independencia nacional,¡Urgimos! ¡Exigimos! ¡Demandamos! que se adopten los medios necesarios previstos por las leyes para recuperar la concordia y conquistar la paz interior.
Que Nuestra Señora de Luján, Patrona de nuestra Patria, interceda ante Dios, fuente de toda razón y justicia, para que nos ilumine a todos y nos ayude a emprender, de una vez, este camino.
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