sábado, 21 de junio de 2008

LOS OTROS RESPONSABLES DE LOS TRÁGICOS `70

A pesar de distanciarnos más de treinta años de la guerra revolucionaria que tuvo lugar a lo largo y a lo ancho de nuestra República, aquel pasado oscuro y, por ahora reacio a un revisionismo completo y desideologizado, sigue formando parte de nuestros días asfixiando a los ciudadanos que pretendemos mirar el presente para construir un futuro como hermanos.

La ciudad de Córdoba se encuentra viviendo un momento crucial referido al tema en cuestión, que tiene origen en el juicio a Menéndez y los otros siete acusados de represión ilegal, pero que de ninguna manera es propio del suelo cordobés, sino que constituye uno de los tantos juicios autodenominados “por la verdad”, que están sucediendo en todo el país. Lo llamativo es que, hasta el momento, los únicos sentados en el banquillo de acusados fueron miembros de las FF.AA, Policiales y de Seguridad, dejando por sobreentendido que serían los únicos responsables del drama que vivió la Argentina en la década del `70. Llegó la hora de abrir el debate y preguntarnos: ¿Qué hacía por entonces la clase política? ¿Qué culpa recae sobre las bandas terroristas? ¿Qué decía la prensa? ¿Qué responsabilidad le cabía a la sociedad en su conjunto? Son preguntas que el maniqueo análisis sobre lo ocurrido en “años de plomo” no puede responder.

Refiriéndose a la forma de combate a adoptar contra las bandas terroristas subversivas, el entonces presidente de la Nación , Juan D. Perón, expresaba en televisión para todo el país a principios de 1974: “Nosotros vamos a proceder de acuerdo con la necesidad, cualquiera sean los medios. Si no hay ley, fuera de la ley, también lo vamos a hacer y lo vamos a hacer violentamente.” Del otro lado de la política, el caudillo radical Ricardo Balbín manifestaba: “No se superarán estos episodios llenando páginas de un código. A estos elementos hay que buscarlos y aplicarles las penas que merecen” (1). Podríamos preguntarnos qué penas merecen, si no son las que están en los códigos penales.

Lo cierto es que la clase política no sólo no se quejó ante la evidente intención de llevar la represión por caminos ilegales, sino que aplaudió ambos discursos, tal el caso del Senador Díaz Bialet, quien sostenía “Prefiero la injusticia al desorden…”, o el Senador Caro, quien argumentaba que “Después de esto, tal vez nos tocará empuñar el fusil en vez de los códigos…”(2). ¿Acaso la partidocracia de aquel entonces no tiene su cuota de responsabilidad por instigación y complicidad?

El 25 de marzo de 1976 La Nación decía “La crisis ha culminado. No hay sorpresa en la Nación ante la caída de un gobierno que estaba muerto mucho antes de su eliminación por vía de un cambio como el que se ha operado”. El mismo día, La Prensa , con júbilo destacaba: “Orden, seguridad y confianza. En dos horas, sin el asomo de una sola falla, al cabo de una operación impecable, precisa, sin estridencias vanas y sin disparar un solo tiro, las Fuerzas Armadas de la Constitución pusieron término al desempeño ilegítimo del gobierno…lo hicieron para salvar ‘un tremendo vacío de poder’…los primeros pasos, actos y palabras de la Junta Militar han generado confianza.” La Opinión (de Timermann), el 27 de marzo hacía la siguiente reflexión: “Si los argentinos, como se advierte en todos los sectores –aún dentro del ex oficialismo- agradecen al Gobierno Militar el haber puesto fin a un vasto caos que anunciaba la disolución del país, no menos cierto es que también le agradecen la sobriedad con que actúan”. Los ejemplos sobran, pero la pregunta es una sola: ¿Qué responsabilidad le cabe a la prensa de aquel entonces?

Hasta intelectuales como Borges y Sábato pusieron su “granito de arena”, elogiando a Videla, quien los invitó a un lujoso almuerzo el 20 de mayo de 1976, donde “Jorge Luis Borges declaró…`Le dije al Presidente que quería expresar mi gratitud personal por lo que han hecho por mi Patria’”(3). Por su parte, el luego devenido en defensor acérrimo de lo Derechos Humanos, Ernesto Sábato, expresó el mismo día a La Prensa : “Le agradecí personalmente a Videla el golpe de Estado del 24 de marzo que salvó al país…”(4). Sobre el publicitado almuerzo, dice Helvio Botana que el luego presidente de la CONADEP , “…sugirió al general Videla que el país necesitaba un baño de sangre para purificarse…”(5). ¿Acaso estos, y muchos otros intelectuales y la sociedad en su gran mayoría, no tienen alguna responsabilidad en el conflicto?

Del otro lado de la contienda bélica estaban las bandas terroristas marxistas, que comenzaron con las violaciones sistemáticas de los derechos humanos mediante asesinatos, secuestros, torturas, colocación de artefactos explosivos y actividades terroristas varias. Atacaron a la sociedad en todo su conjunto entre 1960 y 1979, intensificando su ataque en gobiernos democráticos. El resultado de la acción terrorista fue el saldo de 21.642 atentados de diversa entidad, conforme a cifra tomada por la Cámara Federal en la Causa 13. Sus nefastos crímenes pueden ser encuadrados como delitos lesa humanidad, teniendo en cuenta que planificaron y ejecutaron sus atentados dentro de un patrón generalizado y sistemático, dirigidos contra todos los sectores de nuestro pueblo, tanto civiles como militares. La Corte Penal Internacional en el artículo 7º del Estatuto de Roma (incorporado en 1998), afirma que el delito de lesa humanidad es aquel que “se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil…de conformidad con la política de un Estado o de una organización”, en consecuencia, los crímenes del terrorismo son imprescriptibles.

Si parece injusto que se aplique la ley penal de manera retroactiva, más injusto es que se aplique sólo contra algunos conforme a razones ideológicas y/o ventajas políticas, pues entonces se estaría violando también el principio constitucional de igualdad ante la ley.

A pesar de haber pasado más de treinta años, el terrorismo subversivo no ha sido juzgado ni condenado por la Justicia Argentina. Los familiares de sus víctimas no recibieron reparación por parte del Estado, ni pudieron ejercer su derecho a la Verdad y la Justicia.

La responsabilidad de lo ocurrido en la década del `70 es bastante más abarcadora de lo que actualmente podemos concebir. Como joven argentino, siento preocupación por la parcialidad del sistema judicial y la ceguera ideológica que tiene nuestro pueblo, engañado por algunos que utilizan a las Fuerzas Armadas como chivo expiatorio de un conflicto en el cual, más de uno deberá rendir cuentas.

Agustín Laje Arrigoni*
agustin_laje@yahoo.com.ar
*(El autor tiene 19 años, es estudiante universitario, autor de numerosos artículos de opinión e investigación sobre los años 70´ y se desempeña como titular del Movimiento por la Verdadera Historia.).

CITAS:
(1) Márquez, Nicolás. La mentira oficial. Págs 106-107. Edición del autor. Año 2006
(2) Márquez, Nicolás. La otra parte de la verdad. Pág 47. Edición del autor. Año 2004

(3) Diario Córdoba. 20 mayo 1976.
(4) García Montaño, Diego. Responsabilidad compartida. Pag 254. Ediciones del Copista. Año 2003
(5) Helvio I. Botana, Memorias tras los dientes del perro, Págs 506 y 507, Peña Lillo Editor

No hay comentarios.: