En 1970 el general Aramburu fue secuestrado por un grupo guerrillero comandado por Fernando Abal Medina, cuñado de la actual Ministra de Defensa Nilda Garré., sometido a lo que la organización llamó un Juicio Popular, y ejecutado por su responsabilidad en el asesinato del general Valle.
Eran ‘Los muchachos de la guerrilla, -decía ‘El Descamisado-, que enfrentaban al régimen en todos los frentes de batalla con las banderas de todos los jóvenes que, un 29 de mayo, se largaron al todo o nada para enseñarle al imperialismo como contraataca y cómo golpea el pueblo a medida que se va organizando en la lucha. Lo llevaron a Timote una localidad de la provincia de Bs. As. y sometido a un severo interrogatorio, que sus captores llamaron ‘juicio popular‘ mediante la aplicación de torturas psicofísicas, el militar fué condenado a la pena de muerte por fusilamiento.
Ellos decidían un objetivo político -en el caso sería enseñar que el ‘bando militar no tenía impunidad- y luego de secuestrarlo hacían una farsa de juicio cuya sentencia estaba dictada de antemano con un fin político. Nosotros no hicimos un juicio, no constituimos un tribunal, no deliberamos una sentencia. La sentencia estaba escrita.... y nuestro fundamento era el pueblo montonero, rosista, federal (de un reportaje a Mario Firmenich en Revista Noticias).
Hoy, a más de 30 años de esa época de barbarie, se está reeditando un modelo ‘fashion‘ de Tribunales Populares para juzgar a los militares que pelearon y vencieron a la subversión en aquellos años de plomo de la tragedia argentina, como es el caso de los oficiales del R.I.9.
Contrariando principios elementales del derecho aplicados en la justicia, como ser el de la cosa juzgada, el de la irretroactividad de las leyes y las garantías constitucionales del debido proceso, se están llevando a cabo en el país y ahora más cercanamente en Corrientes juicios, en los que los jueces -denunciados por la defensa-, por temor reverencial al Consejo de las Magistratura, acosados por el miedo de perder sus carreras judiciales, hacen lo que el poder político les dicte a sus oídos.
Las audiencias de los juicios orales se preceden con una profusa campaña mediática, para instalar el caso en la opinión pública e inducir a la reprobación social, los hechos que le son imputados al reo. Se les demora la resolución de sus causas mas allá de los plazos que garantizan la norma legal nacional e internacional aceptada por los pactos internacionales. Se les priva de una adecuada defensa en juicio, al entorpecer el trabajo de los abogados defensores aislándolos de sus defendidos, trasladándolos a cientos de kilómetros del lugar de donde serán juzgados, se los aloja en destinos carcelarios donde las condiciones son mas precarias y mortificantes de modo de provocar en el reo y sus familiares un estado de angustia que desmorone su integridad moral y psíquica.
Se aceptan largas listas de testigos, comprendidos en las generales de la ley y cuyos testimonios están viciados de nulidad por estar comprometidos por amistad, interés político o económico. Y que ahora para mayor escándalo van a ser manipulados por psicólogos designados por el poder político y todas las audiencias marchan al compás de una bullanguera barra de activistas de los derechos humanos especializados en ‘escraches‘, con carteles , pancartas y bombos que se plantan ante los edificios de los juzgados presionando psicológicamente a jueces, imputados y testigos.
Fecha Publicación: Domingo, 03 de Febrero de 2008 en Diario El Litoral de Corrientes
Por Raúl Leopoldo García
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