Carta Abierta de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Señor
Presidente de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación,
Dr. Ricardo Luis Lorenzetti
Palacio de Justicia
S / D.-

De nuestra consideración:

El pasado 7 de abril solicitamos formalmente una entrevista a ese alto Tribunal, para dar cuenta de la fundación de nuestra Asociación Civil Abogados por la Justicia y la Concordia, ocurrida el 12 de agosto de 2009, que hoy integramos más de trescientos abogados pertenecientes al foro de la ciudad de Buenos Aires.

Hasta hoy, no hemos recibido respuesta e, interpretando el silencio del excelentísimo Tribunal como una declinación tácita a la posibilidad de recibirnos, nos dirigimos públicamente a usted y, por su intermedio, a los demás ministros del cuerpo, para expresar, de este modo, lo que hubiéramos manifestado en el despacho del señor Presidente de haber sido recibidos.

Nos hemos asociado, señor Presidente, porque la Justicia está desvirtuada y la Concordia desconocida. Como abogados, tenemos el deber que surge de nuestro juramento profesional, por el cual, a través de la Constitución, nos comprometimos a "afianzar la justicia", de modo que ella pueda, así, alcanzar su objetivo, que es dar a cada uno su derecho. Como ciudadanos, tenemos el deber de procurar la concordia, la paz interior, bien común fundamental de cualquier sociedad política.

Desde luego, señor Presidente, cuando estamos a punto de celebrar los doscientos años de gobierno propio, podemos rememorar las muchas ocasiones en que justicia y concordia han sido vulneradas entre nosotros. También sabemos, señor Presidente, y saben usted y los ministros de excelentísimo Tribunal, qué papel airoso o desgraciado pudo caberle a la administración de justicia en la instauración, el mantenimiento o la condena a aquellas vulneraciones. A nuestra Asociación le preocupa, señor Presidente, la situación actual de injusticia y enemistad interna, que también -seguramente- desvela al alto Tribunal.

Nos inquieta, señor Presidente, la instauración, a través de fallos dictados por este Tribunal a partir del año 2003, de una suerte de derecho en dos velocidades, donde las garantías básicas contenidas en la Constitución, que este mismo cuerpo proclamó, hace ciento veintitrés años, "arca sagrada" y "palladium de la libertad", valen para unos y resultan absolutamente ineficaces para otros. A través de los precedentes "Arancibia Clavel", "Simón", "Mazzeo" y "Lariz Iriondo", a los militares y fuerzas de seguridad, empleados para combatir el terrorismo, se les han negado derechos y principios que rigen, desde siempre, para todos los ciudadanos que, en enumeración no taxativa, pasamos a exponer:
· Se ha desconocido el principio de legalidad, siendo estos ciudadanos juzgados por delitos llamados de "lesa humanidad", que no existían como tales al momento de los hechos y que, todavía, no han recibido tratamiento legislativo para que se los defina como a todo delito, evitando así el caos interpretativo que impera actualmente, y su consecuente utilización como fines políticos contra adversarios del poder de turno. Delitos o agravantes que no estuvieron, ni están, en el Código Penal, sino en un Tratado internacional ratificado con posterioridad a los hechos, cuya aplicación retroactiva está expresamente prohibida en su artículo 24, al igual que en la Constitución Nacional.
· Se han desconocido, también, y sólo a ellos, los institutos de la prescripción de la acción penal, de la cosa juzgada, del non bis in idem y de la aplicación de la ley penal más benigna.
· Se ha invocado, dogmáticamente, la costumbre internacional como sucedáneo de la ley penal escrita, sin tener precedentes de esa costumbre y atribuyéndole fuerza imperativa.
· Se les ha quitado al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo los dos instrumentos que la Constitución les otorga para cumplir el mandato de "consolidar la paz interior", revisando e invalidando los indultos y las dos leyes de amnistía dictadas por el Parlamento, llamadas "de obediencia debida" y "punto final". Y sólo en perjuicio de ellos.

Sólo a ellos no se les aplica el "plazo razonable" para su juzgamiento, consagrado por el Pacto de San José de Costa Rica, y se les agravan las condiciones de encierro, manteniendo prisiones preventivas por tiempo indefinido y a personas que superan los setenta años, edad en que los jueces deben conceder la prisión domiciliaria. Las cárceles no deben ser instrumentos de tortura y no están preparadas para recibir ancianos ni enfermos; haberlo olvidado ha generado decenas de muertos en cautiverio.

La conculcación de los principios apuntados permite afirmar que todos los ciudadanos estamos en libertad condicional. Abandonar la legalidad para alcanzar lo que, algunos, creen que sería justo, significa la destrucción del sistema civilizado de convivencia. Ningún ciudadano debiera consentirlo, y ningún hombre de Derecho dejar de denunciarlo.

Entienda el señor Presidente, y entiendan los señores ministros, que nuestra Asociación no es un grupo de presión, como otros que pululan para continuar librando la desgraciada contienda de los años setenta bajo registro forense. A nosotros no mueve, repetimos, nuestro deber irrevocable de abogados, y nuestra obligación primaria de ciudadanos, por la Justicia y la Concordia. No exaltamos, retrospectivamente, los crímenes de unos u otros, ni propiciamos repetir hoy las demasías de ayer, como esos grupos de presión que, convertidos en parásitos de la curia, lo hacen a diario. No intentamos, tampoco, legalizar en actas judiciales una versión sagrada de la historia, haciendo que los jueces no juzguen personas sino que juzguen el pasado, como también oímos repetir diariamente. Queremos recuperar un derecho que dé a cada uno lo suyo, sin negar a nadie, por razones ideológicas, lo suyo correspondiente, y queremos recuperar la paz interior para poder, con espíritu de misericordia, acariciar cada herida del pasado y retirar la mano seca, en lugar de dejarlas sangrar a designio.

Esto es lo que hubiéramos querido plantearle en la audiencia que oportunamente solicitamos. De todos modos, señor Presidente, sea en su despacho o aquí, en la vereda de nuestro Palacio de Justicia, tenga en cuenta que hay una Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia que no cejará en alcanzar sus objetivos; que a cada iniquidad y a cada desunión opondrá el derecho; y que estará recordando continuamente a los jueces el principio clásico de que "peor que sufrir una injusticia, es cometerla".

No se nos escapa, señor Presidente, señores ministros de la Corte, que están sufriendo ustedes, en este momento, inicuas presiones por parte del Ejecutivo, de miembros del Legislativo y de los grupos de presión que recordábamos más arriba, esto es, de todos aquellos que pretenden convertir la justicia en su propia venganza, y la paz en el regodeo de su triunfo. No contentos con haber conseguido, en los estrados, un derecho ínfimo para sus enemigos, ahora van por más. No dude, excelentísimo Tribunal, que esta Asociación está a su lado frente a este intento de subyugación, precisamente porque están en juego la justicia y la concordia. Estamos a su lado, aunque sea en la calle.

Mariano Gradín (Secretario) Alberto Solanet (Presidente)