Por Nicolás Márquez
Por decisión política a la cual se subordinó el aparato jurídico, a partir del momento en que Eduardo Duhalde apoyó y le entregó el poder a Néstor Kirchner (año 2003), se comenzó una persecución sistemática contra todo uniformado que haya estado en actividad durante la guerra antisubversiva y una consiguiente glorificación a quienes en sentido contrario, participaron de Montoneros, ERP y otras bandas delictivas.
Para lograr tal persecución Kirchner cambió de cuajo y de facto a cuatro miembros de la Corte Suprema a los efectos de conseguir los votos necesarios para reabrir causas a todo propósito.
¿Y en que consiste el fundamento de la Corte oficialista para determinar tal cosa?. Pues el libreto jurídico con el que se quiere disfrazar esta política manifiestamente revanchista e ideologizada, nos dice que, en cuanto al modus operandi empleado para combatir al terrorismo (creado y puesto en marcha por el gobierno constitucional comandado por el Partido Justicialista en 1975) se cometieron “crímenes de lesa humanidad”, y los mismos, son inamnistiables, inindultables e imprescriptibles.
¿Pero qué es en concreto el delito de “Lesa Humanidad”? La Corte Penal Internacional, en el artículo 7 del Estatuto de Roma, aprobado el 17 de julio de 1998 define el concepto de esta
“Se entenderá por ‘crímenes de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil: a) Por ‘ataque a una población civil’ se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos [...] contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización”.
Sin embargo, es dable efectuar las siguientes consideraciones: 1) con respecto al accionar del Estado en los años ‘70, no hubo ningún “ataque sistemático a una población civil”, sino una respuesta exclusiva y excluyentemente dirigida a ejércitos irregulares conformados por combatientes armados y entrenados, lo cual constituye una acción de suyo entendible y legítima, independientemente de los errores o reproches (muy graves por supuesto) que le caben a la reacción antiterrorista en el marco de la guerra civil acaecida.
En efecto, durante los años 70´, de los 8.420 caídos tanto en democracia como durante el gobierno de facto (7.560 “desaparecidos” y 860 abatidos en combate en total), el porcentaje de error en el blanco se estima bajísimo (1), lo que constituyen daños colaterales lamentables, pero porcentualmente mínimos si comparamos la casuística con cualquier guerra civil padecida en la reseña humana.
Esta circunstancia, incluso ha sido fehacientemente reconocida por las principales voces guerrilleras y sus más acérrimos defensores, tal el caso de Mario Firmenich, cabeza de Montoneros, quien ante el periodista español Jesús Quinteros declaró: “Habrá alguno que otro desaparecido que no tenía nada que ver pero la inmensa mayoría eran militantes y la inmensa mayoría eran montoneros. Yo sé cómo vivieron ellos. A mí me hubiera molestado muchísimo que mi muerte fuera utilizada en el sentido de que un pobrecito dirigente fue llevado a la muerte” (2).
De igual modo, el Dr.Ricardo Gil Lavedra (quien fuera uno de los magistrados alfonsinistas que integró el Tribunal que juzgó a la Junta Militar en 1985) reconoció: “Sinceramente creo que la mayoría de las víctimas de la represión ilegal eran militantes de la guerrilla” (3). Aunque agigantando desmesuradamente la cifra de desaparecidos, Hebe de Bonafini confesó que los desaparecidos eran todos guerrilleros y arengó: “La lucha sin claudicaciones es el legado maravilloso de nuestros 30.000 hijos combatientes” (4). Ratificando su condición de “Presidenta de las Madres de los Guerrilleros Desaparecidos” Bonafini luego declaró: “Siempre pensé en mis hijos como guerrilleros y revolucionarios, con un gran orgullo” (5), en consonancia con lo expuesto, el jerarca montonero Rodolfo Galimberti reconoció que aquella contienda “no fue un enfrentamiento entre jóvenes románticos y el Ejército.
Fue una guerra civil, la más irracional de las guerras. Hubo excesos de los dos bandos y no podemos calificar por la cantidad o por la magnitud de los excesos.” ( 6) Como conclusión, desde el punto de vista del objetivo, a la guerrilla terrorista se la combatió con eficacia, aunque desde el punto de vista de las formas y procedimientos, se cometieron irregularidades múltiples y atropellos que desde estas páginas reprobamos y rechazamos. Pero dichos desatinos no constituyen en modo alguno “lesa humanidad”, pues insistimos, no existió tal “ataque generalizado a una población civil”.
Pero aun suponiendo que en Argentina sí se hubiesen cometido delitos de “lesa humanidad” (tesis que desde la óptica jurídica no compartimos), de todos modos esos delitos no podrían juzgarse como tales, puesto que esa figura se incorpora a nuestra legislación recién en 1994 (con la adopción de tratados internacionales tras la firma del “Pacto de Olivos”); por ende, y tal como lo dispone el principio de irretroactividad de la ley (previsto en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional), sólo puede aplicarse dicha tipificación a hechos acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia.
Pero hay más irregularidades en el tema que nos ocupa. Pues en la tipificación que el derecho internacional hace del concepto “lesa humanidad” (transcripta ut supra), esta dice expresamente que la misma no se limita a los ataques cometidos por el Estado, sino también por organizaciones ajenas al estado (tales como fueron Montoneros, F.A.R, E.R.P y otras). Vale decir, aunque la Corte Suprema kirchnerista se haga la distraída y prevaricando falle lo contrario (tal como lo hizo para descomprometer al terrorista de la E.T.A Lariz Iriondo), los 1.748 secuestros, las 5.052 bombas colocadas o los 1.501 asesinatos (cerca del 40% de los crímenes cometidos por la subversión fue cometido no contra uniformados sino contra civiles) llevados a cabo por el terrorismo en los años 70´ conforman lisa y llanamente un “un ataque generalizado o sistemático contra una población civil” (tal lo afirmado en el ya citado el Tratado de Roma).
O sea: los únicos que aquí cometieron crímenes de lesa humanidad fueron precisamente las bandas terroristas tan reivindicadas por el kirchnerismo e indemnizadas involuntariamente por los ciudadanos. Sin embargo, la justicia kirchnerista sostiene (contrariando el Derecho Internacional) que los delitos de terrorismo (ajenos al Estado) no constituyen delitos de “lesa humanidad”, y que sólo se incluyen en tal categoría los cometidos por agentes del Estado o dependientes de él (es por ello que los indultos o amnistías concedidos a los terroristas son considerados “válidos”).
Para no abrumar al lector con detalles jurídicos, tomaremos las palabras del jurisconsulto e historiador Dr. Enrique Díaz Araujo, que con lenguaje claro y doméstico explica cómo funciona la trampa de marras, explicando que la misma consiste en que “si el detenido está acusado de alguna violación de cualquiera de las infinitas cláusulas de las Convenciones de los Derechos Humanos, está perdido, y no hay abogado que se anime a defenderlo. Además del inmediato “juicio” mediático, con los periodistas usando la toga de los magistrados, y formulando condenas previas, el referido sujeto se verá enfrentado a un proceso tribunalicio, donde no correrán ni la prescripción, ni el juez natural de la causa, ni el principio de legalidad, ni la ultractividad de la ley penal más benigna, ni nada de nada.
Estos nuevos “crímenes” son, por definición, imprescriptibles e imperdonables. Un estruprador empedernido, con un historial de reincidencias interminables, puede ver rebajada su condena, o indultada su pena. Un policía maltratador, jamás”, y a modo de ejemplo Díaz Araujo agrega que “si un violador mata a varias de sus víctimas menores de edad, pasados quince años sin persecución penal, la acción prescribe”. Ahora, si un policía se comporta rudamente con un terrorista “su infracción jamás prescribirá, y podrá ser perseguida en Indonesia o en España, en este siglo o en el siguiente…Porque la violación seguida de muerte no hace a la “persona humana en cuanto tal”, mientras que maltratar a un terrorista sí que es un crimen que conmueve a la “conciencia universal” (7).
A pesar de todas estas alteraciones graves que estamos analizando, se omite otro detalle nada menor: que la situación descripta por las Convenciones Internacionales de DD.HH. opera en tiempos de paz, pues en tiempo de guerra dicha legislación es suplantada por las Convenciones de Ginebra y La Haya sobre el derecho de guerra. A modo de ejemplo, conforme a las Leyes Internacionales los guerrilleros o “partisanos” que combaten a las fuerzas regulares, pueden ser fusilados en el momento de su aprehensión, sin juicio previo (porque al no uniformarse, ni llevar abiertamente sus armas y, por el contrario, mimetizarse con la población civil, la ponen en peligro).
¿Y quien determina que lo acontecido en nuestro país fue una guerra? se preguntarán las pandillas y Ongs. marxistas que promueven dichos juicios tardíos y se presentan en sociedad enarbolando la glamorosa bandera de los “Derechos Humanos”.
Pues lo ha determinado la mismísima justicia argentina en la Sentencia de la Cámara Federal que por orden de Raúl Alfonsín en 1985 juzgó a la Junta Militar, la cual entre otras cosas determinó:
“En consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso y a las características que asumió el terrorismo en la República Argentina, cabe concluir que, dentro de los criterios de clasificación expuestos, el fenómeno se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria…»; «algunos de los hechos de esa guerra interna habrían justificado la aplicación de la pena de muerte contemplada en el Código de Justicia Militar…»; «…no hay entonces delincuentes políticos, sino enemigos de guerra, pues ambas partes son bélicamente iguales»; «…como se desprende de lo hasta aquí expresado, debemos admitir que en nuestro país sí hubo una guerra interna, iniciada por las organizaciones terroristas contra las instituciones de su propio Estado”.
Como vemos, no impera el poder del derecho, sino de lo fáctico. Es por eso, que la calificación de “presos políticos” a los más de 1000 militares hoy detenidos no es desacertada, dado que su detención no es obra del purismo jurídico sino de aviesas decisiones del aparato político, el cual sin tapujo alguno pisotea el andamiaje legal con la vergonzosa complicidad o pusilanimidad de muchos jueces, que evidentemente no merecen detentar tamaña investidura.
Fuentes Citadas:
1. ver libro “La Mentira Oficial – el setentismo como política de estado” del autor.
2. reportaje publicado el 17 de marzo de 1.991 en el diario Página/12.
3. Amar al enemigo -Vigo Leguizamon.
4. Página 12 –Historia de las Madres de la Plaza de Mayo, Guillermo Rojas 30.000 desaparecidos, Mito, Dogma o Realidad.
5. diario La Nación (02/04/2004).
6. Por Amor al Odio T 1, Carlos Manuel Acuña.
7. Enrique Díaz Araujo – Internacionalismo Salvaje.
lunes, 10 de octubre de 2011
sábado, 8 de octubre de 2011
Un ex soldado dijo que hubo indemnizaciones fraudulentas.
Por Mariano De Vedia | LA NACION
"Alguien cobró por ellos." Mascullando rabia, el ex soldado conscripto Rogelio Mazacotte, que en octubre de 1975 defendió el Regimiento de Infantería N° 29 de Formosa ante el ataque perpetrado por la organización Montoneros, veía los nombres de sus compañeros José Mercedes Coronel y Dante Salvatierra en el mural del Parque de la Memoria, que evoca a las víctimas del terrorismo de Estado, en la costanera norte.
El mismo mural rinde homenaje a siete montoneros muertos durante el ataque al cuartel, cuando gobernaba la presidenta María Estela Martínez de Perón. Son ellos Reinaldo Ramón Brigiler, José Daniel Graziano, Juan Hernández, Jorge Alberto Livieres, Luis Carlos Morero, Oscar Ramón Boero y Alfredo R. Velázquez, cuyos familiares, según consta en expedientes judiciales, cobraron indemnizaciones de US$ 224.000 (el caso de Boero está en trámite).
"Conozco y veo a diario a las familias de los ex soldados Coronel y Salvatierra. Viven en la pobreza y nunca iniciaron ningún trámite para cobrar nada", explicó el ex soldado, clase 1954, al sospechar de la política de reparaciones intensificada durante el kirchnerismo.
"Son familias que ganan $ 800 por mes, sin obra social ni nada. Nadie se acuerda de las víctimas que defendieron la Constitución", señaló.
Mazaccotte -hoy casado y con cuatro hijos- es albañil y tampoco tuvo reconocimientos. Lo único que recibió fueron dos heridas en el abdomen y una en la pierna. Relató su historia mientras recorría el Parque de la Memoria y él tampoco olvida. "Esa gente habla de derechos humanos y mataron inocentes. Nadie nos pidió disculpas", dijo, a 36 años de distancia.
Reclamo en la plaza
El ex conscripto formoseño fue uno de los principales oradores del acto realizado el miércoles último, en la plaza San Martín, por la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo en la Argentina (Afavita), en reclamo de igualdad de derechos y de "memoria, verdad y Justicia".
La entidad recurre a modalidades de protesta habitualmente utilizadas por las organizaciones defensoras de derechos humanos en sus marchas, como portar carteles con los rostros de las víctimas de la guerrilla.
Su presidenta es Silvia Ibarzábal, hija del coronel Jorge Ibarzábal, secuestrado y asesinado en Azul, en 1974. "A él no lo socorrieron los derechos humanos", recordó, en un video proyectado en el acto, que reunió a unas 1500 personas.
También dio su testimonio, al pie del monumento a San Martín, Carolina Naccarato, que tenía dos meses de vida cuando su padre, el capitán José Naccarato, murió al estallar una bomba. "El dolor del hijo de un desaparecido no es distinto del dolor de la familia de un uniformado. Necesitamos una memoria completa de una buena vez", afirmó, al denunciar que existen negocios sucios en el campo de los derechos humanos.
Mazacotte recordó que durante el sorpresivo ataque al regimiento de Formosa, los soldados respondían como podían. "Pensaban que iba a ser fácil, porque éramos hombres de campo y muchos analfabetos. Pero respondimos como soldados, defendiendo la patria y la Constitución", dijo, antes de pronunciar en voz alta los nombres de sus compañeros muertos..
"Alguien cobró por ellos." Mascullando rabia, el ex soldado conscripto Rogelio Mazacotte, que en octubre de 1975 defendió el Regimiento de Infantería N° 29 de Formosa ante el ataque perpetrado por la organización Montoneros, veía los nombres de sus compañeros José Mercedes Coronel y Dante Salvatierra en el mural del Parque de la Memoria, que evoca a las víctimas del terrorismo de Estado, en la costanera norte.
El mismo mural rinde homenaje a siete montoneros muertos durante el ataque al cuartel, cuando gobernaba la presidenta María Estela Martínez de Perón. Son ellos Reinaldo Ramón Brigiler, José Daniel Graziano, Juan Hernández, Jorge Alberto Livieres, Luis Carlos Morero, Oscar Ramón Boero y Alfredo R. Velázquez, cuyos familiares, según consta en expedientes judiciales, cobraron indemnizaciones de US$ 224.000 (el caso de Boero está en trámite).
"Conozco y veo a diario a las familias de los ex soldados Coronel y Salvatierra. Viven en la pobreza y nunca iniciaron ningún trámite para cobrar nada", explicó el ex soldado, clase 1954, al sospechar de la política de reparaciones intensificada durante el kirchnerismo.
"Son familias que ganan $ 800 por mes, sin obra social ni nada. Nadie se acuerda de las víctimas que defendieron la Constitución", señaló.
Mazaccotte -hoy casado y con cuatro hijos- es albañil y tampoco tuvo reconocimientos. Lo único que recibió fueron dos heridas en el abdomen y una en la pierna. Relató su historia mientras recorría el Parque de la Memoria y él tampoco olvida. "Esa gente habla de derechos humanos y mataron inocentes. Nadie nos pidió disculpas", dijo, a 36 años de distancia.
Reclamo en la plaza
El ex conscripto formoseño fue uno de los principales oradores del acto realizado el miércoles último, en la plaza San Martín, por la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo en la Argentina (Afavita), en reclamo de igualdad de derechos y de "memoria, verdad y Justicia".
La entidad recurre a modalidades de protesta habitualmente utilizadas por las organizaciones defensoras de derechos humanos en sus marchas, como portar carteles con los rostros de las víctimas de la guerrilla.
Su presidenta es Silvia Ibarzábal, hija del coronel Jorge Ibarzábal, secuestrado y asesinado en Azul, en 1974. "A él no lo socorrieron los derechos humanos", recordó, en un video proyectado en el acto, que reunió a unas 1500 personas.
También dio su testimonio, al pie del monumento a San Martín, Carolina Naccarato, que tenía dos meses de vida cuando su padre, el capitán José Naccarato, murió al estallar una bomba. "El dolor del hijo de un desaparecido no es distinto del dolor de la familia de un uniformado. Necesitamos una memoria completa de una buena vez", afirmó, al denunciar que existen negocios sucios en el campo de los derechos humanos.
Mazacotte recordó que durante el sorpresivo ataque al regimiento de Formosa, los soldados respondían como podían. "Pensaban que iba a ser fácil, porque éramos hombres de campo y muchos analfabetos. Pero respondimos como soldados, defendiendo la patria y la Constitución", dijo, antes de pronunciar en voz alta los nombres de sus compañeros muertos..
Víctimas de la Guerrilla: Críticas a la Justicia
Diario: "La Nación " 6-10-2011
LA OTRA PLAZA. CECILIA PANDO, ANOCHE, CON FAMILIARES DE VICTIMAS DEL TERRORISMO, EN LA PLAZA SAN MARTIN.
Familiares de víctimas de la guerrilla de los años 70 conmemoraron ayer su “día nacional” en un acto que tuvo duros cuestionamientos al Gobierno y la Justicia, a los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad y a lo que llamaron “un negocio sucio y millonario con los derechos humanos”.
Como cada 5 de octubre desde 2006, el homenaje a militares, policías y civiles muertos por la guerrilla se realizó en la Plaza San Martín, delante del monumento al Libertador. Fue organizado por la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo en Argentina (Afavita) y hubo muchos militares retirados y gente mayor.
Ayer se cumplió otro aniversario del copamiento en 1975 por Montoneros del Regimiento de Infantería 29 de Formosa, en el que murieron una decena de conscriptos, un suboficial, un oficial y dieciséis guerrilleros. Los grupos castrenses buscan instituir el 5 de octubre como “día nacional de homenaje a las víctimas del terrorismo”.
Las críticas estuvieron centradas en el pago de indemnizaciones reparatorias a familiares de víctimas del terrorismo de Estado porque dijeron que las cobraban los deudos incluso de quienes habían muerto al atacar cuarteles “en democracia” (gobernaba Isabel Perón).
Uno de los oradores fue el ex conscripto Rogelio Mazacotte, quien fue herido en ese ataque. Cuestionó que las familias de los soldados muertos reciben “800 pesos (de pensión), no tienen ni para comer”. “Defendimos la Patria, la Constitución”, sostuvo Mazacotte, un hombre sencillo que se definió como “un triste obrero y albañil”.
Antes habló el abogado Rafael Agorta, de la Asociación Justicia y Concordia, para criticar los juicios a militares de la represión.
“No hay justicia, hay venganza” , dijo. La primera oradora fue Carolina Nacarato, hija del capitán José María Nacarato, asesinado con una bomba en su auto en Resistencia, en 1973. Relató que ella tenía dos meses de vida y su familia quedó “destruida”, con su madre viuda a los 24 años, con tres niños. “Siguen ocultando nuestros muertos”, dijo, y criticó que “indemnizan a familiares de terroristas”.
Hubo silbidos hacia la presidenta Cristina Kirchner, pero la rechifla e insultos fueron mayores hacia Hebe de Bonafini a quien se dedicó buena parte de un video que reprodujo las “revelaciones” de Sergio Schoklender sobre el manejo de la Fundación Madres. En el público estuvieron la presidenta de Afavita, Silvia Ibarzábal -hija de un militar secuestrado en 1974 y asesinado más tarde-, la activista castrense Cecilia Pando y el periodista Bautista “Tata” Yofre.
LA OTRA PLAZA. CECILIA PANDO, ANOCHE, CON FAMILIARES DE VICTIMAS DEL TERRORISMO, EN LA PLAZA SAN MARTIN.
Familiares de víctimas de la guerrilla de los años 70 conmemoraron ayer su “día nacional” en un acto que tuvo duros cuestionamientos al Gobierno y la Justicia, a los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad y a lo que llamaron “un negocio sucio y millonario con los derechos humanos”.
Como cada 5 de octubre desde 2006, el homenaje a militares, policías y civiles muertos por la guerrilla se realizó en la Plaza San Martín, delante del monumento al Libertador. Fue organizado por la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo en Argentina (Afavita) y hubo muchos militares retirados y gente mayor.
Ayer se cumplió otro aniversario del copamiento en 1975 por Montoneros del Regimiento de Infantería 29 de Formosa, en el que murieron una decena de conscriptos, un suboficial, un oficial y dieciséis guerrilleros. Los grupos castrenses buscan instituir el 5 de octubre como “día nacional de homenaje a las víctimas del terrorismo”.
Las críticas estuvieron centradas en el pago de indemnizaciones reparatorias a familiares de víctimas del terrorismo de Estado porque dijeron que las cobraban los deudos incluso de quienes habían muerto al atacar cuarteles “en democracia” (gobernaba Isabel Perón).
Uno de los oradores fue el ex conscripto Rogelio Mazacotte, quien fue herido en ese ataque. Cuestionó que las familias de los soldados muertos reciben “800 pesos (de pensión), no tienen ni para comer”. “Defendimos la Patria, la Constitución”, sostuvo Mazacotte, un hombre sencillo que se definió como “un triste obrero y albañil”.
Antes habló el abogado Rafael Agorta, de la Asociación Justicia y Concordia, para criticar los juicios a militares de la represión.
“No hay justicia, hay venganza” , dijo. La primera oradora fue Carolina Nacarato, hija del capitán José María Nacarato, asesinado con una bomba en su auto en Resistencia, en 1973. Relató que ella tenía dos meses de vida y su familia quedó “destruida”, con su madre viuda a los 24 años, con tres niños. “Siguen ocultando nuestros muertos”, dijo, y criticó que “indemnizan a familiares de terroristas”.
Hubo silbidos hacia la presidenta Cristina Kirchner, pero la rechifla e insultos fueron mayores hacia Hebe de Bonafini a quien se dedicó buena parte de un video que reprodujo las “revelaciones” de Sergio Schoklender sobre el manejo de la Fundación Madres. En el público estuvieron la presidenta de Afavita, Silvia Ibarzábal -hija de un militar secuestrado en 1974 y asesinado más tarde-, la activista castrense Cecilia Pando y el periodista Bautista “Tata” Yofre.
miércoles, 28 de septiembre de 2011
Increparon al Presidente de la Corte Suprema de Justicia
El 27 de septiembre, Hijos y Nietos de Presos Políticos, concurrimos a la presentación del libro “Derechos humanos: justicia y reparación” escrito por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo L. Lorenzetti, en la Facultad de Derecho, obra con la que se pretende instalar la idea de que los denominados juicios de lesa humanidad se llevan a cabo conforme a las reglas del debido proceso.
Nos hicimos presentes para denunciar las graves violaciones a las garantías constitucionales y a los derechos humanos, de las que somos testigos en cada uno de los juicios que sufren nuestras familias, ya que pese a que el Dr. Lorenzetti PERSONALMENTE se comprometió a recibirnos – hace un año y 23 días – NUNCA LO HIZO.
En los procesos que se llevan a cabo contra nuestros padres, se vulneran principios básicos que se le deben respetar a cualquier persona imputada en un proceso penal, principios que surgen de la Constitución Nacional, como los siguientes:
1.- se viola el principio de igualdad ante la ley;
2.- se obliga al imputado a probar su inocencia y no a que ello sea probado por los acusadores;
3.- se invoca la “costumbre internacional” como justificativo para posibilitar la existencia de estos juicios;
4.- se deniegan excarcelaciones sin ningún tipo de fundamento válido, como así también arrestos domiciliarios a quienes padecen enfermedades o tienen más de 70 años de edad. Ello se refleja en los más de 145 presos muertos a causa de ello. Asimismo, permanecen encarcelados por años, debido a la larga duración de los procesos, esperando una sentencia, la cual en el 97% de los casos significa una condena.
Consideramos que la única manera de evitar que se repita una historia tan oscura como la vivida en la década de los ´70, es con el respeto irrestricto de la democracia y el Estado de Derecho SIN DISCRIMINACIÓN.
http://www.infobae.com/notas/608141-Agravios-a-Lorenzetti-durante-su-presentacion-sobre-los-derechos-humanos.html
Hijos y Nietos de Presos Políticos
Nos hicimos presentes para denunciar las graves violaciones a las garantías constitucionales y a los derechos humanos, de las que somos testigos en cada uno de los juicios que sufren nuestras familias, ya que pese a que el Dr. Lorenzetti PERSONALMENTE se comprometió a recibirnos – hace un año y 23 días – NUNCA LO HIZO.
En los procesos que se llevan a cabo contra nuestros padres, se vulneran principios básicos que se le deben respetar a cualquier persona imputada en un proceso penal, principios que surgen de la Constitución Nacional, como los siguientes:
1.- se viola el principio de igualdad ante la ley;
2.- se obliga al imputado a probar su inocencia y no a que ello sea probado por los acusadores;
3.- se invoca la “costumbre internacional” como justificativo para posibilitar la existencia de estos juicios;
4.- se deniegan excarcelaciones sin ningún tipo de fundamento válido, como así también arrestos domiciliarios a quienes padecen enfermedades o tienen más de 70 años de edad. Ello se refleja en los más de 145 presos muertos a causa de ello. Asimismo, permanecen encarcelados por años, debido a la larga duración de los procesos, esperando una sentencia, la cual en el 97% de los casos significa una condena.
Consideramos que la única manera de evitar que se repita una historia tan oscura como la vivida en la década de los ´70, es con el respeto irrestricto de la democracia y el Estado de Derecho SIN DISCRIMINACIÓN.
http://www.infobae.com/notas/608141-Agravios-a-Lorenzetti-durante-su-presentacion-sobre-los-derechos-humanos.html
Hijos y Nietos de Presos Políticos
jueves, 22 de septiembre de 2011
"Entidades defensoras de derechos humanos homenajean a terroristas como si fueran desaparecidos"
La Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo en Argentina (AFAVITA) aseguró que "se pagan millonarias indemnizaciones a supuestos desaparecidos que en realidad, y está comprobado, murieron en actos de copamiento a cuarteles o víctimas de sus propias organizaciones".
AFAVITA, hará pública esta denuncia en oportunidad de organizar un acto masivo para el próximo 5 de octubre a las 19 en la Plaza San Martín de Capital Federal
"No hay igualdad jurídica en materia de derechos humanos, los conscriptos y oficiales que defendieron los cuarteles militares durante el gobierno constitucional de 1973/76 no tienen derecho a reclamar justicia, como asimismo cantidad de civiles como jueces, profesores, sindicalistas, empresarios y niños", afirmó la presidenta de AFAVITA, Silvia Ibarzábal, hija del brutalmente secuestrado y asesinado jefe del Grupo de Artillería Blindada 1 con asiento en la ciudad de Azul durante el ataque del año 1974, Coronel (Post Mortem), Jorge Ibarzábal.
Por su parte, el secretario de la entidad, Gabriel Miraz afirmó que “en este falseamiento de la verdad, se ha llegado al extremo de homenajear a terroristas e incluirlos en el mal llamado “Parque de la memoria” e indemnizar a sus deudos con millonarias sumas de dinero del erario público”.
Ibarzábal aseveró que en el acto habrá reconocimiento y homenaje “por Verdad y Justicia sobre lo ocurrido en Argentina y demandarán, una vez más, igualdad jurídica y reconocimiento integral de los derechos humanos”.
Ibarzabal explicó que el día nacional de las víctimas del terrorismo en La Argentina recuerda que “en el triste domingo 5 de octubre de 1975, la organización terrorista autodenominada Montoneros, atacó el cuartel del Regimiento de Infantería de Monte 29, con asiento en la ciudad de Formosa, asesinando 10 soldados conscriptos (todos desarmados, algunos durmiendo y otros duchándose), un Suboficial , un Oficial del Ejército, y un policía de la Provincia de Formosa, asimismo, se secuestró un avión de línea en una operación militar que evidencia palmariamente la magnitud de la brutal agresión terrorista sufrida por la Nación Argentina en aquellos años”.
El secretario Gabriel Miraz, remarcó que “por un lado, nos duele profundamente que ellos sean deliberadamente “olvidados”, ignorados y hasta negados por la “versión oficial” de lo ocurrido en aquella guerra contra el terrorismo, la que fue reconocida en todos los documentos de la época de las distintas organizaciones terroristas e incluso en el fallo de la llamada “Causa 13”.
“Simultáneamente, nos alegra que haya comenzado a surgir la VERDAD respecto a aquella guerra y a ponerse en evidencia que existen organizaciones, supuestas defensoras de “derechos humanos” cuyos integrantes habrían usado, con otros fines, cifras millonarias otorgadas por el Estado, sin ningún control por parte de éste", deslizó.
En tanto, Ibarzabal agregó: “Nos preguntamos, ¿quiénes tienen “derechos humanos” en la Argentina de hoy? ¿Dónde está la Justicia en la Argentina. ¿Es posible que haya gente capaz de lucrar explotando su dolor por la pérdida de un ser querido? ¿Es posible que la sociedad y la clase política en general permanezca inerme ante tanta mentira e injusticia?”.
AFAVITA, hará pública esta denuncia en oportunidad de organizar un acto masivo para el próximo 5 de octubre a las 19 en la Plaza San Martín de Capital Federal
"No hay igualdad jurídica en materia de derechos humanos, los conscriptos y oficiales que defendieron los cuarteles militares durante el gobierno constitucional de 1973/76 no tienen derecho a reclamar justicia, como asimismo cantidad de civiles como jueces, profesores, sindicalistas, empresarios y niños", afirmó la presidenta de AFAVITA, Silvia Ibarzábal, hija del brutalmente secuestrado y asesinado jefe del Grupo de Artillería Blindada 1 con asiento en la ciudad de Azul durante el ataque del año 1974, Coronel (Post Mortem), Jorge Ibarzábal.
Por su parte, el secretario de la entidad, Gabriel Miraz afirmó que “en este falseamiento de la verdad, se ha llegado al extremo de homenajear a terroristas e incluirlos en el mal llamado “Parque de la memoria” e indemnizar a sus deudos con millonarias sumas de dinero del erario público”.
Ibarzábal aseveró que en el acto habrá reconocimiento y homenaje “por Verdad y Justicia sobre lo ocurrido en Argentina y demandarán, una vez más, igualdad jurídica y reconocimiento integral de los derechos humanos”.
Ibarzabal explicó que el día nacional de las víctimas del terrorismo en La Argentina recuerda que “en el triste domingo 5 de octubre de 1975, la organización terrorista autodenominada Montoneros, atacó el cuartel del Regimiento de Infantería de Monte 29, con asiento en la ciudad de Formosa, asesinando 10 soldados conscriptos (todos desarmados, algunos durmiendo y otros duchándose), un Suboficial , un Oficial del Ejército, y un policía de la Provincia de Formosa, asimismo, se secuestró un avión de línea en una operación militar que evidencia palmariamente la magnitud de la brutal agresión terrorista sufrida por la Nación Argentina en aquellos años”.
El secretario Gabriel Miraz, remarcó que “por un lado, nos duele profundamente que ellos sean deliberadamente “olvidados”, ignorados y hasta negados por la “versión oficial” de lo ocurrido en aquella guerra contra el terrorismo, la que fue reconocida en todos los documentos de la época de las distintas organizaciones terroristas e incluso en el fallo de la llamada “Causa 13”.
“Simultáneamente, nos alegra que haya comenzado a surgir la VERDAD respecto a aquella guerra y a ponerse en evidencia que existen organizaciones, supuestas defensoras de “derechos humanos” cuyos integrantes habrían usado, con otros fines, cifras millonarias otorgadas por el Estado, sin ningún control por parte de éste", deslizó.
En tanto, Ibarzabal agregó: “Nos preguntamos, ¿quiénes tienen “derechos humanos” en la Argentina de hoy? ¿Dónde está la Justicia en la Argentina. ¿Es posible que haya gente capaz de lucrar explotando su dolor por la pérdida de un ser querido? ¿Es posible que la sociedad y la clase política en general permanezca inerme ante tanta mentira e injusticia?”.
miércoles, 21 de septiembre de 2011
Homenaje a las Vítimas del Terrorismo
El día miércoles 5 de octubre a las 19:00hs, se realizará en Plaza San Martín el acto en Homenaje a las Víctimas del Terrorismo.
Ver invitación en:
http://www.youtube.com/watch?v=QzHMzP7CCFY
No se suspende por lluvia.
Ver invitación en:
http://www.youtube.com/watch?v=QzHMzP7CCFY
No se suspende por lluvia.
domingo, 11 de septiembre de 2011
"Ya encontré 300 contradicciones en el informe oficial"
Por Mariano De Vedia | LA NACION
D'Angelo revisa uno por uno los casos del informe oficial. Foto: Soledad Aznarez
Entre tantos papeles, documentos, libros sobre los trágicos años 70 y su computadora portátil, casi no hay lugar para una taza de café en la mesa de trabajo del militar retirado José D'Angelo. Allí, en el departamento de un ambiente que alquila cerca del Zoológico, revisa cada caso incluido en el informe sobre víctimas de la represión ilegal elaborado en 2006 por la Secretaría de Derechos Humanos y que sirve de base para el pago de indemnizaciones por las leyes reparatorias.
"Ya encontré más de 300 contradicciones severas", dijo, dedicado a la tarea de contrastar el informe oficial con investigaciones periodísticas y bibliografía de la época, incluidas revistas de las propias organizaciones guerrilleras. Esos hallazgos amplían las sospechas y las denuncias por falta de transparencia del régimen de resarcimientos, que el Gobierno mantiene en estricto secreto, como publicó esta semana LA NACION.
Al igual que varios legisladores de la oposición, D'Angelo reclama transparencia en un tema sensible para los argentinos y, en curiosa sintonía con los reclamos de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, exige que "la verdad sea dicha".
"Estamos frente a un gobierno que ha aumentado el presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos en un 7500% en ocho años [pasó de $ 1.146.102 a 96.130.873]. Yo, con pocos recursos, encontré más de 300 contradicciones. El Estado podría investigar mejor", afirmó el ex militar carapintada, en una entrevista con LA NACION.
-¿Cómo lleva adelante la investigación?
-Leo casi todos los libros de autores de izquierda y cotejo los relatos de los años 70 con el informe de 2006. El listado original de la Conadep tenía 8961 casos y hay más de 2000 que no figuran en el informe de 2006. Por ejemplo, estaba incluido como desaparecido Humberto Alfredo Meade, el actual juez del caso Candela, en Morón. Así, el número de casos tendría que haber bajado a 6900, pero subió a 9300, porque han sido incorporados más de 2400, lo cual no está mal. El asunto es ver si esos casos se ajustan a los fundamentos que dieron origen a la Conadep y a las leyes reparatorias.
-¿Hay errores graves?
-Encontré más de 300 contradicciones severas. Un caso significativo es el de Hugo Irurzun, quien, según relató Gorriarán Merlo, lanzó el lanzacohetes que mató a Somoza, en Asunción, en 1980. Esa misma noche, la policía del Paraguay encontró a Irurzun y lo mató. ¿Cómo figura en el listado oficial?: ejecución sumaria. Lo mató el Estado argentino. Según el informe, alguien está habilitado a cobrar la indemnización, que ronda los 220.000 dólares. Se han pagado entre 1700 millones y 1900 millones de dólares.
-¿Cómo se llega a esa cifra?
-Es una estimación, teniendo en cuenta la cantidad de casos y según el tipo de cambio que se aplique. Se gastó mucha plata. Las denuncias por los planes de vivienda de las Madres de Plaza de Mayo son por $ 750 millones. Acá estamos hablando de 1700 millones de dólares.
-¿Cómo definiría la actual política de derechos humanos?
-Absolutamente parcial. Y si no se pueden aplicar controles sobre la asignación importantísima de recursos, como un probable foco de corrupción, una estafa moral que los argentinos no nos merecemos.
-¿Su visión puede ser considerada parcial?
-Si Montoneros se llamaba Ejército Montonero y el ERP era el Ejército Revolucionario del Pueblo, estamos hablando de una guerra. Perón, tras el asalto del ERP en Azul, mandó al Congreso un proyecto para modificar el Código Penal. Diputados de la JP, la Tendencia y Montoneros, entre ellos Carlos Kunkel, se niegan a darle la posibilidad de combatir al terrorismo con la ley en la mano. Además, en una carta a la guarnición militar, en enero de 1974, Perón expresó su deseo de que "el reducido número de psicópatas que van quedando sean exterminados uno a uno para el bien de la república". ¿Y ahora el Estado los indemniza?
-¿No lo invalida haber sido carapintada?
-Los levantamientos carapintadas no ocurrieron en 1985, cuando Alfonsín y la Justicia metieron presos a los comandantes. Ellos habían sido responsables. Los líos internos se arman dos años después, cuando empezaron a llamar a declarar a tipos que en la guerra contra el terrorismo eran tenientes, subtenientes. Fuimos contrarios al Proceso. Pero el movimiento carapintada ya no existe. Fue una expresión del momento.
PERFIL
JOSE D'ANGELO
TENIENTE PRIMERO RETIRADO
Edad: 55 años
Nacido en: Mendoza
Egresó del Colegio Militar en 1980. En enero de 1988 se sumó desde Tucumán al levantamiento carapintada de Aldo Rico en Monte Caseros. Pasó un año en prisión y fue indultado por Menem. Se dedica ahora al mercado editorialI. Fue director de El Diario de Bolsillo y de la revista B1 ..
D'Angelo revisa uno por uno los casos del informe oficial. Foto: Soledad Aznarez
Entre tantos papeles, documentos, libros sobre los trágicos años 70 y su computadora portátil, casi no hay lugar para una taza de café en la mesa de trabajo del militar retirado José D'Angelo. Allí, en el departamento de un ambiente que alquila cerca del Zoológico, revisa cada caso incluido en el informe sobre víctimas de la represión ilegal elaborado en 2006 por la Secretaría de Derechos Humanos y que sirve de base para el pago de indemnizaciones por las leyes reparatorias.
"Ya encontré más de 300 contradicciones severas", dijo, dedicado a la tarea de contrastar el informe oficial con investigaciones periodísticas y bibliografía de la época, incluidas revistas de las propias organizaciones guerrilleras. Esos hallazgos amplían las sospechas y las denuncias por falta de transparencia del régimen de resarcimientos, que el Gobierno mantiene en estricto secreto, como publicó esta semana LA NACION.
Al igual que varios legisladores de la oposición, D'Angelo reclama transparencia en un tema sensible para los argentinos y, en curiosa sintonía con los reclamos de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, exige que "la verdad sea dicha".
"Estamos frente a un gobierno que ha aumentado el presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos en un 7500% en ocho años [pasó de $ 1.146.102 a 96.130.873]. Yo, con pocos recursos, encontré más de 300 contradicciones. El Estado podría investigar mejor", afirmó el ex militar carapintada, en una entrevista con LA NACION.
-¿Cómo lleva adelante la investigación?
-Leo casi todos los libros de autores de izquierda y cotejo los relatos de los años 70 con el informe de 2006. El listado original de la Conadep tenía 8961 casos y hay más de 2000 que no figuran en el informe de 2006. Por ejemplo, estaba incluido como desaparecido Humberto Alfredo Meade, el actual juez del caso Candela, en Morón. Así, el número de casos tendría que haber bajado a 6900, pero subió a 9300, porque han sido incorporados más de 2400, lo cual no está mal. El asunto es ver si esos casos se ajustan a los fundamentos que dieron origen a la Conadep y a las leyes reparatorias.
-¿Hay errores graves?
-Encontré más de 300 contradicciones severas. Un caso significativo es el de Hugo Irurzun, quien, según relató Gorriarán Merlo, lanzó el lanzacohetes que mató a Somoza, en Asunción, en 1980. Esa misma noche, la policía del Paraguay encontró a Irurzun y lo mató. ¿Cómo figura en el listado oficial?: ejecución sumaria. Lo mató el Estado argentino. Según el informe, alguien está habilitado a cobrar la indemnización, que ronda los 220.000 dólares. Se han pagado entre 1700 millones y 1900 millones de dólares.
-¿Cómo se llega a esa cifra?
-Es una estimación, teniendo en cuenta la cantidad de casos y según el tipo de cambio que se aplique. Se gastó mucha plata. Las denuncias por los planes de vivienda de las Madres de Plaza de Mayo son por $ 750 millones. Acá estamos hablando de 1700 millones de dólares.
-¿Cómo definiría la actual política de derechos humanos?
-Absolutamente parcial. Y si no se pueden aplicar controles sobre la asignación importantísima de recursos, como un probable foco de corrupción, una estafa moral que los argentinos no nos merecemos.
-¿Su visión puede ser considerada parcial?
-Si Montoneros se llamaba Ejército Montonero y el ERP era el Ejército Revolucionario del Pueblo, estamos hablando de una guerra. Perón, tras el asalto del ERP en Azul, mandó al Congreso un proyecto para modificar el Código Penal. Diputados de la JP, la Tendencia y Montoneros, entre ellos Carlos Kunkel, se niegan a darle la posibilidad de combatir al terrorismo con la ley en la mano. Además, en una carta a la guarnición militar, en enero de 1974, Perón expresó su deseo de que "el reducido número de psicópatas que van quedando sean exterminados uno a uno para el bien de la república". ¿Y ahora el Estado los indemniza?
-¿No lo invalida haber sido carapintada?
-Los levantamientos carapintadas no ocurrieron en 1985, cuando Alfonsín y la Justicia metieron presos a los comandantes. Ellos habían sido responsables. Los líos internos se arman dos años después, cuando empezaron a llamar a declarar a tipos que en la guerra contra el terrorismo eran tenientes, subtenientes. Fuimos contrarios al Proceso. Pero el movimiento carapintada ya no existe. Fue una expresión del momento.
PERFIL
JOSE D'ANGELO
TENIENTE PRIMERO RETIRADO
Edad: 55 años
Nacido en: Mendoza
Egresó del Colegio Militar en 1980. En enero de 1988 se sumó desde Tucumán al levantamiento carapintada de Aldo Rico en Monte Caseros. Pasó un año en prisión y fue indultado por Menem. Se dedica ahora al mercado editorialI. Fue director de El Diario de Bolsillo y de la revista B1 ..
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