ABRAZO AL PALACIO DE JUSTICIA

02/09/2014

Han pasado ya diez años desde la reapertura de los juicios, mal llamados de lesa humanidad, englobados en lo que se pretende llamar, la “política de derechos humanos” del gobierno. Desde ese entonces se mantiene bajo proceso a más de 1.800 personas, que en su momento fueron  empleados por las autoridades constitucionales y de facto de la Nación, para combatir el terrorismo guerrillero de los años 70. El promedio de edad  de las personas ilegalmente detenidas es de 72,4 años, pero hay muchos de más de 80 y hasta 90 años.  El 95% lo constituyen quienes, hace más de treinta años, eran jóvenes oficiales de las fuerzas armadas.  El 20% de los detenidos son suboficiales, civiles y ex conscriptos, tanto de las fuerzas armadas como de seguridad. Más del 60% no tiene aún condena.  En esta situación ya han  muerto procesados o en prisión 250 personas, por las cuales los jueces el día de mañana tendrán que dar explicaciones.

.Estas personas murieron víctimas de una injusticia que en nombre de la justicia pisotea los fundamentos de la legalidad. Murieron porque Jueces y Magistrados se dejaron instrumentar por un poder político sin convicciones, que reemplazó la legalidad de la república, por tribunales populares conducidos por mercaderes de los derechos humanos. Murieron, en definitiva, porque muchos magistrados no tuvieron la dignidad suficiente como para sobrellevar las presiones a las que fueron sometidos.

  Se han gastado cientos de millones de pesos en  estos juicios para llevar a cabo una venganza, en lugar de destinar ese dinero en combatir lla inseguridad, corrupción y narcotráfico que azotan a nuestro país.

Como al momento  de los hecho no existía  la calificación de “lesa humanidad” que, con sus gravísimas consecuencias rige hoy en día. La Corte Suprema de Justicia falló contra el principio de legalidad , uno de los pilares de la civilización occidental, que establece que nadie puede ser juzgado por una ley,, dictada con posterioridad a los hechos del proceso, esto lo hizo para llevar a cabo estos juicios arbitrarios  Desde entonces en nuestro país comenzó a derrumbarse el Estado de Derecho.

Paralelamente se derrumbó,, la prescripción, la cosa juzgada, las amnistías y los indultos, y más tarde se les negaron las excarcelaciones, el principio de la ley más benigna, la educación en las prisiones, las salidas transitorias, la detención domiciliaria a mayores de 70 años o enfermos, condenándolos a la pena de muerte, sabiendo perfectamente que las cárceles de nuestro país  no están prepradas para albergar a  gente de esa edad.

Los primeros jueces que otorgaron beneficios legales a estos acusados, recibieron de parte de miembros del gobierno, pedidos de juicio político. Y los que no encarcelaban, recibieron “escraches” en sus domicilios.  La Corte Suprema, enrolada expresamente según su Presidente, Ricardo Lorenzetti en esta “política de Estado”, ha cerrado la posibilidad del juzgamiento de los guerrilleros

Los jueces son la reserva última con que cuentan los miembros de la sociedad, por eso ellos deben ser competentes, imparciales e independientes del poder político de turno. Ningún hecho jurídico puede ser política de estado. 

 El poder ha caído en el peor de sus defectos: ser fuerte con el débil y débil con el fuerte. La política de “derechos humanos” ha sido la del prestidigitador, agitando una mano para llamar la atención del público, mientras la otra se lleva las monedas de los apostadores. La gente seria y honesta que se ha preocupado siempre por una verdadera política de derechos humanos, lo sabe perfectamente

Señores Magistrados… respeten la constitución nacional y apliquen la ley… no se dejen manipular por el poder político de turno, que tanto daño le ha hecho a nuestra querida república.

 Tenemos que comprender que la guerra ha terminado y que somos nosotros, los argentinos del trabajo y del silencio, quienes tenemos la responsabilidad de construir un futuro donde el amor por nuestros semejantes reemplace la cultura del odio y el rencor.