JUICIOS DE LESA COMODIDAD
La guerra y los conflictos armados no son un acto ético, ni justo, ni económico, ni siquiera militar. Son hechos socio-políticos y, en ese plano, se desatan o se concluyen. Los militares sólo actúan en el combate, que es el síntoma, la cara visible de un conflicto anterior. Pero la clase política actual, a diferencia de la de los ‘80, prefirió eludir su responsabilidad y encargarle la tarea íntegramente al Poder Judicial.
Han pasado ya diez años desde la reapertura de esta clase de juicios, englobados en lo que se ha llamado la “política de derechos humanos” del gobierno, por lo que resulta oportuno entonces hacer un balance de ella: se mantiene bajo proceso a 1.795 personas, lo que significa el juzgamiento de menos del 3 % de los elementos empleados por las autoridades constitucionales y de facto de la Nación, para combatir el terrorismo guerrillero de los años 70. El promedio de edad es de 72,4 años, pero hay muchos de más de 80 y hasta 90 años. El 95% lo constituyen quienes, hace más de treinta años, eran jóvenes oficiales de las fuerzas armadas. El 98% de los presos no ha cometido delitos en los últimos treinta y cinco años. El 20% de los detenidos son suboficiales, civiles y ex conscriptos, tanto de las fuerzas armadas como de seguridad. Más del 60% no tiene aún condena. En esta situación ya han muerto procesados o en prisión 237 personas. Hay quienes ya han recibido dos y tres cadenas perpetuas y siguen siendo juzgados en nuevos procesos una y otra vez. Se han gastado cientos de millones de pesos en estructuras edilicias especiales para estos juicios, cientos de nuevos contratos, sobresueldos, ocupación y sobre empleo de fuerzas de seguridad y organismos científico periciales, convenios especiales y nuevas Secretarías, mientras se devengan millonarias sumas en honorarios de abogados y futuras indemnizaciones que se sumarán a las cuantiosas ya abonadas por el Estado.
Como en la época de los hechos los delitos no existían con la calificación de “lesa humanidad” que, con sus gravísimas consecuencias, rige hoy día, para poder reabrir esta clase de juicios, un fallo de la mayoría de nuestro más alto tribunal debió desconocer –al comienzo sólo para los militares- el principio de legalidad, uno de los pilares de la civilización occidental, que establece que nadie puede ser juzgado sino por una ley, con todas sus consecuencias, dictada con anterioridad a los hechos del proceso.
Paralelamente se derrumbó, al comienzo sólo a ellos, la prescripción, la cosa juzgada, las amnistías y los indultos, y más tarde se les negaron las excarcelaciones, el principio de la ley más benigna, la educación en las prisiones, las salidas transitorias, la detención domiciliaria a mayores de 70 años. Los únicos de esa edad y más que tiene el Servicio Penitenciario son personas sometidas a esta clase de procesos. Los primeros jueces que otorgaron beneficios legales a estos acusados, recibieron de parte de miembros del gobierno, pedidos de juicio político. Y los que no encarcelaban, recibieron “escraches” en sus domicilios. La Corte Suprema, enrolada expresamente según su Presidente en esta “política de Estado”, ha cerrado la posibilidad del juzgamiento de los guerrilleros.
Nacimos como Nación suprimiendo toda prerrogativa de sangre o de nacimiento, no reconociendo fueros personales ni títulos de nobleza. Por obra de estos juicios, ya no somos iguales. La discriminación legal de un solo argentino, es una verguenza tan grande para nosotros como sociedad, como la tolerancia a la persecución racial o religiosa.
La consecuencia de la derogación de esa colosal barrera contra la tiranía que significa el principio de legalidad, ha permitido ahora la extensión de la persecución a los dueños de medios de prensa, civiles que participaron del gobierno en los ’70, empresarios, sindicalistas y hasta sacerdotes considerados enemigos del gobierno, acusados por conductas inciertas o inventadas ocurridas hace 40 años. Han detenido a ancianos presuntamente miembros de organizaciones que combatieron a la guerrilla antes del golpe militar, y a Fiscales y Jueces que los encarcelaron. Hoy puede verse con toda nitidez que sólo están presos aquellos que combatieron a las organizaciones guerrilleras o que son considerados por algunos miembros del gobierno, sus enemigos.
La “Justicia” –término que usamos comúnmente para denominar al Poder Judicial- es incapaz de resolver equitativamente hechos que por su propia naturaleza, número de participantes y el tiempo transcurrido, la superan con toda evidencia. “Justicia” es una palabra que le queda demasiado grande a cualquier Poder Judicial del mundo. Los hombres hemos acordado llegar a aquella sólo a través de la ley. Si la Junta Militar abandonó la legalidad para lograr la victoria sobre el terrorismo, abandonarla en democracia, para alcanzar lo que algunos entienden como “justicia”, significa la negación misma del sistema, sus valores y sus beneficios. La política es –en este caso- la única que puede llevarnos soluciones más justas, más convenientes, compasivas para todas las víctimas del conflicto, y fraternas para los habitantes de una misma Nación. Pero es ardua, incómoda, y requiere de almas grandes.
El colosal presupuesto destinado al juzgamiento de estos hechos ocurridos hace cuarenta años, se hace ocupando las Fiscalías y Tribunales que debieran estar combatiendo el narcotráfico, los crímenes que asolan nuestras calles, y la corrupción. Pero enfrentar estos flagelos es difícil y peligroso. El poder ha caído en el peor de sus defectos: ser fuerte con el débil y débil con el fuerte. La política de “derechos humanos” ha sido la del prestidigitador, agitando una mano para llamar la atención del público, mientras la otra se lleva las monedas de los apostadores. La gente seria y honesta que se ha preocupado siempre por una verdadera política de derechos humanos, lo sabe perfectamente. Basta entonces de elogiarla, ha sido hasta ahora la más irresponsable, e ineficaz, de todas las que se hayan implementado.
M. C. P
