miércoles, 28 de septiembre de 2011

Increparon al Presidente de la Corte Suprema de Justicia

El 27 de septiembre, Hijos y Nietos de Presos Políticos, concurrimos a la presentación del libro “Derechos humanos: justicia y reparación” escrito por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo L. Lorenzetti, en la Facultad de Derecho, obra con la que se pretende instalar la idea de que los denominados juicios de lesa humanidad se llevan a cabo conforme a las reglas del debido proceso.

Nos hicimos presentes para denunciar las graves violaciones a las garantías constitucionales y a los derechos humanos, de las que somos testigos en cada uno de los juicios que sufren nuestras familias, ya que pese a que el Dr. Lorenzetti PERSONALMENTE se comprometió a recibirnos – hace un año y 23 días – NUNCA LO HIZO.

En los procesos que se llevan a cabo contra nuestros padres, se vulneran principios básicos que se le deben respetar a cualquier persona imputada en un proceso penal, principios que surgen de la Constitución Nacional, como los siguientes:

1.- se viola el principio de igualdad ante la ley;

2.- se obliga al imputado a probar su inocencia y no a que ello sea probado por los acusadores;

3.- se invoca la “costumbre internacional” como justificativo para posibilitar la existencia de estos juicios;

4.- se deniegan excarcelaciones sin ningún tipo de fundamento válido, como así también arrestos domiciliarios a quienes padecen enfermedades o tienen más de 70 años de edad. Ello se refleja en los más de 145 presos muertos a causa de ello. Asimismo, permanecen encarcelados por años, debido a la larga duración de los procesos, esperando una sentencia, la cual en el 97% de los casos significa una condena.



Consideramos que la única manera de evitar que se repita una historia tan oscura como la vivida en la década de los ´70, es con el respeto irrestricto de la democracia y el Estado de Derecho SIN DISCRIMINACIÓN.

http://www.infobae.com/notas/608141-Agravios-a-Lorenzetti-durante-su-presentacion-sobre-los-derechos-humanos.html

Hijos y Nietos de Presos Políticos

jueves, 22 de septiembre de 2011

"Entidades defensoras de derechos humanos homenajean a terroristas como si fueran desaparecidos"

La Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo en Argentina (AFAVITA) aseguró que "se pagan millonarias indemnizaciones a supuestos desaparecidos que en realidad, y está comprobado, murieron en actos de copamiento a cuarteles o víctimas de sus propias organizaciones".

AFAVITA, hará pública esta denuncia en oportunidad de organizar un acto masivo para el próximo 5 de octubre a las 19 en la Plaza San Martín de Capital Federal

"No hay igualdad jurídica en materia de derechos humanos, los conscriptos y oficiales que defendieron los cuarteles militares durante el gobierno constitucional de 1973/76 no tienen derecho a reclamar justicia, como asimismo cantidad de civiles como jueces, profesores, sindicalistas, empresarios y niños", afirmó la presidenta de AFAVITA, Silvia Ibarzábal, hija del brutalmente secuestrado y asesinado jefe del Grupo de Artillería Blindada 1 con asiento en la ciudad de Azul durante el ataque del año 1974, Coronel (Post Mortem), Jorge Ibarzábal.

Por su parte, el secretario de la entidad, Gabriel Miraz afirmó que “en este falseamiento de la verdad, se ha llegado al extremo de homenajear a terroristas e incluirlos en el mal llamado “Parque de la memoria” e indemnizar a sus deudos con millonarias sumas de dinero del erario público”.

Ibarzábal aseveró que en el acto habrá reconocimiento y homenaje “por Verdad y Justicia sobre lo ocurrido en Argentina y demandarán, una vez más, igualdad jurídica y reconocimiento integral de los derechos humanos”.

Ibarzabal explicó que el día nacional de las víctimas del terrorismo en La Argentina recuerda que “en el triste domingo 5 de octubre de 1975, la organización terrorista autodenominada Montoneros, atacó el cuartel del Regimiento de Infantería de Monte 29, con asiento en la ciudad de Formosa, asesinando 10 soldados conscriptos (todos desarmados, algunos durmiendo y otros duchándose), un Suboficial , un Oficial del Ejército, y un policía de la Provincia de Formosa, asimismo, se secuestró un avión de línea en una operación militar que evidencia palmariamente la magnitud de la brutal agresión terrorista sufrida por la Nación Argentina en aquellos años”.

El secretario Gabriel Miraz, remarcó que “por un lado, nos duele profundamente que ellos sean deliberadamente “olvidados”, ignorados y hasta negados por la “versión oficial” de lo ocurrido en aquella guerra contra el terrorismo, la que fue reconocida en todos los documentos de la época de las distintas organizaciones terroristas e incluso en el fallo de la llamada “Causa 13”.

“Simultáneamente, nos alegra que haya comenzado a surgir la VERDAD respecto a aquella guerra y a ponerse en evidencia que existen organizaciones, supuestas defensoras de “derechos humanos” cuyos integrantes habrían usado, con otros fines, cifras millonarias otorgadas por el Estado, sin ningún control por parte de éste", deslizó.

En tanto, Ibarzabal agregó: “Nos preguntamos, ¿quiénes tienen “derechos humanos” en la Argentina de hoy? ¿Dónde está la Justicia en la Argentina. ¿Es posible que haya gente capaz de lucrar explotando su dolor por la pérdida de un ser querido? ¿Es posible que la sociedad y la clase política en general permanezca inerme ante tanta mentira e injusticia?”.

miércoles, 21 de septiembre de 2011

Homenaje a las Vítimas del Terrorismo

El día miércoles 5 de octubre a las 19:00hs, se realizará en Plaza San Martín el acto en Homenaje a las Víctimas del Terrorismo.

Ver invitación en:

http://www.youtube.com/watch?v=QzHMzP7CCFY

No se suspende por lluvia.

domingo, 11 de septiembre de 2011

"Ya encontré 300 contradicciones en el informe oficial"

Por Mariano De Vedia | LA NACION


D'Angelo revisa uno por uno los casos del informe oficial. Foto: Soledad Aznarez
Entre tantos papeles, documentos, libros sobre los trágicos años 70 y su computadora portátil, casi no hay lugar para una taza de café en la mesa de trabajo del militar retirado José D'Angelo. Allí, en el departamento de un ambiente que alquila cerca del Zoológico, revisa cada caso incluido en el informe sobre víctimas de la represión ilegal elaborado en 2006 por la Secretaría de Derechos Humanos y que sirve de base para el pago de indemnizaciones por las leyes reparatorias.

"Ya encontré más de 300 contradicciones severas", dijo, dedicado a la tarea de contrastar el informe oficial con investigaciones periodísticas y bibliografía de la época, incluidas revistas de las propias organizaciones guerrilleras. Esos hallazgos amplían las sospechas y las denuncias por falta de transparencia del régimen de resarcimientos, que el Gobierno mantiene en estricto secreto, como publicó esta semana LA NACION.
Al igual que varios legisladores de la oposición, D'Angelo reclama transparencia en un tema sensible para los argentinos y, en curiosa sintonía con los reclamos de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, exige que "la verdad sea dicha".
"Estamos frente a un gobierno que ha aumentado el presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos en un 7500% en ocho años [pasó de $ 1.146.102 a 96.130.873]. Yo, con pocos recursos, encontré más de 300 contradicciones. El Estado podría investigar mejor", afirmó el ex militar carapintada, en una entrevista con LA NACION.

-¿Cómo lleva adelante la investigación?

-Leo casi todos los libros de autores de izquierda y cotejo los relatos de los años 70 con el informe de 2006. El listado original de la Conadep tenía 8961 casos y hay más de 2000 que no figuran en el informe de 2006. Por ejemplo, estaba incluido como desaparecido Humberto Alfredo Meade, el actual juez del caso Candela, en Morón. Así, el número de casos tendría que haber bajado a 6900, pero subió a 9300, porque han sido incorporados más de 2400, lo cual no está mal. El asunto es ver si esos casos se ajustan a los fundamentos que dieron origen a la Conadep y a las leyes reparatorias.

-¿Hay errores graves?

-Encontré más de 300 contradicciones severas. Un caso significativo es el de Hugo Irurzun, quien, según relató Gorriarán Merlo, lanzó el lanzacohetes que mató a Somoza, en Asunción, en 1980. Esa misma noche, la policía del Paraguay encontró a Irurzun y lo mató. ¿Cómo figura en el listado oficial?: ejecución sumaria. Lo mató el Estado argentino. Según el informe, alguien está habilitado a cobrar la indemnización, que ronda los 220.000 dólares. Se han pagado entre 1700 millones y 1900 millones de dólares.

-¿Cómo se llega a esa cifra?

-Es una estimación, teniendo en cuenta la cantidad de casos y según el tipo de cambio que se aplique. Se gastó mucha plata. Las denuncias por los planes de vivienda de las Madres de Plaza de Mayo son por $ 750 millones. Acá estamos hablando de 1700 millones de dólares.
-¿Cómo definiría la actual política de derechos humanos?
-Absolutamente parcial. Y si no se pueden aplicar controles sobre la asignación importantísima de recursos, como un probable foco de corrupción, una estafa moral que los argentinos no nos merecemos.

-¿Su visión puede ser considerada parcial?

-Si Montoneros se llamaba Ejército Montonero y el ERP era el Ejército Revolucionario del Pueblo, estamos hablando de una guerra. Perón, tras el asalto del ERP en Azul, mandó al Congreso un proyecto para modificar el Código Penal. Diputados de la JP, la Tendencia y Montoneros, entre ellos Carlos Kunkel, se niegan a darle la posibilidad de combatir al terrorismo con la ley en la mano. Además, en una carta a la guarnición militar, en enero de 1974, Perón expresó su deseo de que "el reducido número de psicópatas que van quedando sean exterminados uno a uno para el bien de la república". ¿Y ahora el Estado los indemniza?

-¿No lo invalida haber sido carapintada?

-Los levantamientos carapintadas no ocurrieron en 1985, cuando Alfonsín y la Justicia metieron presos a los comandantes. Ellos habían sido responsables. Los líos internos se arman dos años después, cuando empezaron a llamar a declarar a tipos que en la guerra contra el terrorismo eran tenientes, subtenientes. Fuimos contrarios al Proceso. Pero el movimiento carapintada ya no existe. Fue una expresión del momento.

PERFIL

JOSE D'ANGELO
TENIENTE PRIMERO RETIRADO
Edad: 55 años
Nacido en: Mendoza

Egresó del Colegio Militar en 1980. En enero de 1988 se sumó desde Tucumán al levantamiento carapintada de Aldo Rico en Monte Caseros. Pasó un año en prisión y fue indultado por Menem. Se dedica ahora al mercado editorialI. Fue director de El Diario de Bolsillo y de la revista B1 ..

jueves, 8 de septiembre de 2011

Intiman a Alak por pagos a víctimas de la represión

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La Nación

Jueves 08 de septiembre de 2011 Publicado en edición impresa

El caso de 68 guerrilleros

Intiman a Alak por pagos a víctimas de la represión

Por Mariano De Vedia LA NACION

La Justicia intimó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, a que en un plazo de cinco días informe si 68 guerrilleros muertos antes del golpe militar de 1976, a raíz de ataques a unidades militares durante los gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez, figuran como desaparecidos o víctimas de ejecución sumaria en los listados elaborados en 2006 por la Secretaría de Derechos Humanos.

También le ordenó que explique si sus herederos cobraron las indemnizaciones previstas en las leyes reparatorias para las víctimas del terrorismo de Estado, así como los montos y las fechas en que se habrían hecho los pagos.

La medida fue dispuesta por el juez Esteban Carlos Furnari, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2, al admitir una acción de amparo presentada por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que había pedido la información a la Secretaría de Derechos Humanos en febrero último. Al no obtener respuesta, la entidad presentó un amparo por mora de la administración.

La medida judicial, notificada ayer al ministro de Justicia y derivada por Alak a la Secretaría de Derechos Humanos, que conduce Eduardo Luis Duhalde, suma elementos a las sospechas y la falta de transparencia que rodean a los pagos efectuados por el gobierno kirchnerista a víctimas de la represión, información que nunca fue hecha pública.

Como publicó LA NACION el lunes último, en el listado de la Secretaría de Derechos Humanos, que amplió la nómina original de desaparecidos de la Conadep, surgen notorias contradicciones, al incluirse por lo menos 16 casos de personas que aparecen como víctimas de desaparición forzada o ejecución sumaria, cuando, según consta en documentación y bibliografía de la época (libros, investigaciones periodísticas y revistas de las propias organizaciones guerrilleras), murieron en otras circunstancias, al quitarse la vida o haber sido ejecutadas por las propias organizaciones subversivas.

Ante una consulta de LA NACION, voceros de la Secretaría de Derechos Humanos respondieron ayer que la política oficial se encuadra en los márgenes de la ley 26.564, sancionada el 25 de noviembre de 2009, que extiende los beneficios de las leyes reparatorias a quienes permanecieron detenidos o hayan sido muertos o desaparecidos entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983.

Además de estar incluidos en el listado oficial y de la posibilidad de que sus herederos hayan cobrado indemnizaciones, los nombres de la mayoría de los 68 guerrilleros sobre los cuales la Justicia pide ahora informes figuran inscriptos en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, erigido en la Costanera Norte, como homenaje "a quienes murieron combatiendo por los ideales de justicia y equidad".

El reclamo judicial está en sintonía con la queja que hicieron varios legisladores, tras la nota publicada en LA NACION, al exigir mayor transparencia en el pago de las indemnizaciones a las víctimas de la represión. En ese sentido, los diputados nacionales Juan Carlos Vega (Coalición Cívica) y Federico Pinedo (Pro) presentaron ayer un proyecto de resolución en el que piden al Poder Ejecutivo que informe sobre el monto total pagado por las reparaciones.

El amparo

"No pedimos que se individualice a los herederos que cobraron. Pero pedimos que se diga cuánto se pagó, para aportar claridad a un tema que está oculto", explicó a LA NACION el doctor Oscar Vigliani, letrado de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia.

Constituida en agosto de 2009, la entidad está integrada por 450 letrados que se desempeñan fundamentalmente en jurisdicciones donde actualmente se tramitan causas referidas a las violaciones de derechos humanos.

"Buscamos restablecer la justicia y la definitiva concordia para todos", explicó el presidente de la asociación, doctor Alberto Solanet, que en mayo último remitió una carta al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en la que cuestionaba el respaldo que éste había expresado a la política oficial de derechos humanos.

Los casos que deberán explicar el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos comprenden específicamente la situación de los guerrilleros fallecidos en ocasión de los ataques a la guarnición de Azul (19 de enero de 1974), a la fábrica de pólvora y explosivos de Villa María (10 de agosto de 1974), al Batallón de Arsenales Fray Luis Beltrán (13 de abril de 1975), al regimiento 29 de Formosa (5 de octubre de 1975) y al Batallón de Arsenales 601 de Monte Chingolo (23 de diciembre de 1975).

Al computarse días hábiles en el plazo judicial, el Gobierno tiene tiempo hasta el miércoles próximo para responder a la Justicia.





LOS CASOS



* Explicación. El juez Furnari emplazó al ministro de Justicia, Julio Alak (foto), para que informe si 68 guerrilleros que atacaron cuarteles durante un gobierno constitucional son considerados víctimas del terrorismo de Estado.



* Beneficiarios. De los 68 casos, 53 participaron en el ataque al Batallón de Monte Chingolo (Daniel Barbate, Aída L. Bruchstein, Hugo F. Colautti, Eduardo Delfino, Humberto Salvador, Enrique Tauil y otros).



* Nombres. También hay un caído en combate en Tucumán (Jorge C. Molina) y un militante fusilado por los montoneros (Fernando Haymal).





LA VISIÓN DEL MINISTRO



Sin hacer mención a la polémica generada por la inclusión como víctimas del terrorismo de Estado a guerrilleros que atentaron en 1974 y 1975 contra gobiernos constitucionales, el ministro de Justicia, Julio Alak, revalorizó la política argentina de derechos humanos.



Al hablar en un foro sobre violencia vial, señaló que esa política "es prestigiosa y tiene un incuestionable liderazgo mundial". Tras señalar que "ese prestigio no se ganó por azar", anticipó que el gobierno nacional procura "generar condiciones para construir consejos de derechos humanos en cada provincia".






Cnl (R-PPP) JCA.

Ciudadano Argentino víctima de la ILEGALIDAD y CORRUPCIÓN del Estado.

“La responsabilidad es común, y por lo tanto debemos asumirla todos, sin desertores de conveniencia ni “distraídos”, sin pretender que un solo sector de la sociedad asuma las responsabilidades del resto”. L.B.

martes, 6 de septiembre de 2011

Sospechas por los pagos a víctimas de la represión

Sospechas por los pagos a víctimas de la represión

Por Mariano De Vedia LA NACION
Twitter: @mdv2011

"Si hay algo que debe ser transparente es la política de derechos humanos. Lo exige su propia naturaleza." La frase del diputado Juan Carlos Vega (Coalición Cívica-Córdoba) resume el generalizado rechazo que sectores políticos y sociales manifestaron públicamente ayer frente a la negativa del Gobierno a dar detalles del pago de indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado.

El reclamo de más transparencia surgió a raíz de las contradicciones detectadas en el listado oficial de las víctimas elaborado en 2006 por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que amplió entonces la nómina original de desaparecidos de la Conadep, como informó ayer LA NACION. En esa ampliación se incluyeron casos como el del militante montonero Fernando Haymal, que aparece en la lista oficial como muerto por ejecución sumaria, cuando la propia revista Evita Montonera señalaba en octubre de 1975 que había sido fusilado por la propia organización guerrillera por haber delatado a sus compañeros.

Ante una consulta de este diario, voceros de la Secretaría de Derechos Humanos dijeron ayer que el organismo a cargo de Eduardo Luis Duhalde "no hará declaraciones ni comentarios sobre el tema". A la vez, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que apoya toda la política de derechos humanos de la Casa Rosada, evitó pronunciarse sobre la polémica. Las reacciones más firmes se produjeron en el Congreso. El diputado Vega, que integra la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja y preside la de Legislación Penal, reclamó transparencia y declaró que "ningún derecho a la intimidad puede obstaculizar la obligación del Estado de informar a la sociedad sobre las reparaciones legales pagadas a las víctimas del terrorismo de Estado".

Se sumó el diputado Federico Pinedo (Pro), quien anticipó que presentará un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique las contradicciones en torno del pago de las indemnizaciones. "Es una barbaridad hacer pasar como víctimas del terrorismo de Estado a quienes no lo son; hay que investigar", dijo el legislador. Al hablar de probables inclusiones indebidas en el listado oficial, negó que se trate de una cuestión ideológica. "Hay gente que lucra. Pareciera que hay un comercio con un tema dramático", dijo Pinedo.

La Asociación Madres de Plaza de Mayo evitó hablar del tema. "Para las Madres es un tema cerrado. Ellas renunciaron en su momento a toda reparación económica por la desaparición de sus hijos y decidieron no pronunciarse sobre esos temas", explicó un vocero de la entidad.
La lista

Similar posición adoptó Taty Almeida, de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. "No puedo hablar de lo que no conozco. Si hay dudas, hay que recurrir a la Secretaría de Derechos Humanos", dijo, sin advertir el recurrente silencio del organismo oficial sobre este tema.

"Nunca se hizo pública la lista de los que cobraron indemnizaciones ni tuve acceso a ella", lamentó la ex diputada nacional Graciela Fernández Meijide, que recibía las denuncias en la Conadep. Recordó que en los años 90, cuando se hicieron los primeros pagos, se exigía que el nombre del beneficiario estuviera en la lista de la Conadep o se hubiera radicado la denuncia. "Si después el criterio se modificó, no lo sé", precisó, al referirse a la política aplicada durante el gobierno kirchnerista. La ex ministra recordó que la propia Junta Militar, antes de dejar el gobierno, en 1983, había intentado ofrecer pagar reparaciones a víctimas y familiares, como un modo de descomprimir la tensión, que ya se percibía. "Pero en las organizaciones de derechos humanos nos opusimos con firmeza: sólo queríamos verdad y justicia", señaló.

La senadora Norma Morandini (Frente Cívico-Córdoba) también reclamó transparencia a la Secretaría de Derechos Humanos, aunque aclaró que un principio básico del derecho internacional es que una vez que el Estado viola los derechos tiene que reparar. "Tendría que haber más transparencia y la reparación no debe ser discrecional, pero hay que reparar. La Secretaría de Derechos Humanos debe garantizar cómo hacerlo", dijo la compañera de fórmula del candidato a presidente por el Frente Amplio Progresista, Hermes Binner.

Para el diputado Gustavo Ferrari (Peronismo Federal), más allá del gasto que supone para el erario, el pago de indemnizaciones implica "un acto de estricta justicia con los que realmente sufrieron el dolor de la desaparición forzada de sus familiares". Ante la existencia de contradicciones, exigió que el Estado "intervenga en forma inmediata para reparar situaciones injustas. Y atribuyó la discrecionalidad del organismo oficial a la falta de una ley que garantice el acceso a la información pública.

Miguel Monserrat, copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, dijo que ese organismo siempre diferenció los hechos delictivos, encuadrados en el Código Penal, de las acciones propias del terrorismo de Estado, y añadió que ello se analizaría en una reunión que la institución mantenía anoche.

Testimonio de Solari Yrigoyen
El presidente de la Convención Nacional de la UCR, Hipólito Solari Yrigoyen, declarará mañana como testigo en Bahía Blanca en la causa que investiga violaciones a los derechos humanos en el centro clandestino de detención conocido como La Escuelita, en el área operacional del V Cuerpo de Ejército.

La audiencia tendrá lugar el miércoles 7 de septiembre a las 16 en el mencionado tribunal.
PROTAGONISTAS

"Si hay algo que debe ser transparente es la política de derechos humanos. Ningún derecho a la intimidad puede obstaculizar la obligación del Estado de informar"
Juan Carlos Vega
Diputado de la Coalición Cívica

"Es una barbaridad hacer pasar como víctimas del terrorismo de Estado a quienes lo no son; hay que investigar. Hay gente que lucra con esto"
Federico Pinedo
Diputado de Pro

"No puedo hablar de lo que no conozco [por la lista de víctimas de terrorismo de Estado]. Si hay dudas, hay que recurrir a la Secretaría de Derechos Humanos"
Taty Almeida
Madres-Línea fundadora

"El pago de indemnizaciones implica un acto de estricta justicia con los que realmente sufrieron el dolor de la desaparición forzada de sus familiares"
Gustavo Ferrari
Diputado del Peronismo Federal

"La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos siempre diferenció los hechos delictivos, del Código Penal, de las acciones del terrorismo de Estado"
Miguel Monserrat
Copresidente de la APDH .

Derechos humanos: indemnizaciones a falsas víctimas

Editorial I Diario "La Nación"

La falta de transparencia en resarcimientos estatales permite sospechar otro presunto negociado bajo la bandera del progresismo


Más notas para entender este tema
Líderes del mañana

En numerosas oportunidades sostuvimos que las víctimas de la subversión en los años 70 y sus familiares no sólo no han recibido posteriormente el debido reconocimiento por parte de la sociedad y las instituciones, sino que una fortísima discriminación basada en el maniqueísmo los ha condenado a la situación de parias, en la que la ausencia de indemnizaciones es sólo un aspecto, aunque bien gráfico, de la división que se ha introducido en nuestra sociedad.

Para la Justicia y el oficialismo las únicas víctimas del período más oscuro de nuestra historia, que comenzó dos años antes del golpe de Estado de 1976, fueron las de la represión ejercida por los integrantes de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura. Por lo tanto, a partir de este criterio tan injusto como parcial, sólo los familiares de estas personas que sufrieron desaparición forzosa o ejecución sumaria tienen derecho a percibir las indemnizaciones oficiales.

Sin embargo, como lo reveló ayer una investigación de La Nacion, existen por lo menos 16 casos de personas que fueron ultimadas por integrantes de la organización guerrillera a la que pertenecían luego de ser sometidas a los llamados "juicios revolucionarios", o que se quitaron la vida antes de ser capturadas, cuyos familiares han cobrado las indemnizaciones porque en los últimos años han sido incluidos dentro de la categoría de víctimas del terrorismo de Estado.

Salta a la vista que nos encontramos ante un contrasentido y una nueva estafa que, contrastada con la situación de olvido que sufren las víctimas de las organizaciones guerrilleras y sus familiares, resulta francamente hiriente.

Una vez más, la bandera de los derechos humanos sirve, bajo el actual Gobierno, para cobijar y encubrir negociados, como ha ocurrido con los fondos estatales desviados desde la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Como informó La Nacion, los 16 casos, que seguramente son sólo la punta de un iceberg, salieron a la luz al cotejar el listado de víctimas del terrorismo de Estado que el Gobierno elaboró en 2006 (y que constituye una actualización del informe que la Conadep había confeccionado en 1984) con las crónicas narradas en investigaciones, como el libro Operación Primicia, de Ceferino Reato, y otros similares, además de los testimonios que obran en Evita Montonera, la revista oficial de Montoneros, y Estrella Roja, el órgano del ERP.

La Secretaría de Derechos Humanos guarda un sospechoso silencio cuando se la consulta sobre las indemnizaciones que pagó el Estado a partir de las leyes de reparación promulgadas durante el gobierno de Carlos Menem. Este diario ha pedido en reiteradas oportunidades al Ministerio de Justicia y a aquella secretaría información para conocer cuánto dinero se pagó y cuántas víctimas y familiares percibieron la indemnización, pero no hubo respuestas.

En total, el Estado habría pagado entre 1700 y 1900 millones de dólares en concepto de indemnizaciones que rondarían los 220.000 dólares cada una.

Por curioso que parezca, en esos trámites no interviene la Justicia. Sería muy importante obtener la lista completa de beneficiarios para poder cotejarla con los datos existentes, porque esta peculiar manera de indemnizar sin control judicial, y con estos 16 casos que deberían haber resultado inadmisibles, se puede prestar a grandes negociados.

Es de esperar que las arbitrariedades a que nos referimos sirvan, colateralmente, para iniciar un necesario cambio de posición con el fin de que, de una vez por todas, se ponga fin a la injusticia que padecen las víctimas de las organizaciones guerrilleras y sus familiares. No se trata sólo de una consideración humanitaria. Hay jurisprudencia y tratados internacionales que avalan los solitarios reclamos de esas víctimas y de sus familias..

lunes, 5 de septiembre de 2011

Muestra Fotográfica en el Palacio de Justicia

Como todos los martes la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina se hace presente frente al Palacio de Justicia para mostrar la otra parte de la historia sobre los acontecimiento sucedidos en la década del “70” .
Pretendemos desenmascarar a los artífices de esta mentira, que en los 70 se levantaron en armas contra gobiernos constitucionales y hoy se presentan en sociedad como paladines de los derechos humanos.

Así también denunciamos a los jueces prevaricadores que están sometidos al poder político de turno. Ellos son responsables de que los argentinos no podamos vivir en estado de derecho.

A raíz de una muestra fotográfica realizada dentro del Palacio de Justicia con los supuestos “centros clandestinos de detención”, la asociación realizó una réplica de una de las cárceles del pueblo que los terroristas fabricaban para colocar ahí a los empresarios, sindicalistas y militares que ellos secuestraban.

Cabe aclarar que es una vergüenza que los jueces tomen parte en este tema, dejando colocar en el Palacio de Justicia una muestra fotográfica que solo cuenta una parte tergiversada de la historia. De esta manera ellos son cómplices de la mentira oficial y de que no tengamos una justicia independiente e imparcial.

La sociedad toda, pero especialmente los jóvenes, necesitan conocer la verdad integral y objetiva de los 70. Para contribuir a ese objetivo, sin pretender agotarlo, repartimos gratuitamente revistas, libros, que recuerdan algunos de los hechos históricos de aquella época.

Esperamos contar con su presencia, mañana martes 6 de septiembre.

A los que han hecho posible esta muestra fotográfica, AFYAPPA les agradece de todo corazón. A quienes puedan y deseen apoyar materialmente nuestro trabajo los invitamos a efectuar donaciones en la Caja de Ahorro del Banco Galicia Nro 4011081-7017-4, siendo su CBU el Nro 00700177-30004011081743.


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Polémica por una lista de indemnizaciones

Derechos humanos / El resarcimiento a las victimas del terrorismo de estado
Polémica por una lista de indemnizaciones

Por Mariano De Vedia LA NACION
Twitter: @mdv2011
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Infografía: Casos con contradicciones

Por delatar a sus compañeros cuando fue detenido por fuerzas de seguridad en Córdoba, durante el gobierno constitucional de 1975, el militante montonero Fernando Haymal murió a tiros, ultimado por la propia organización guerrillera. Sin embargo, sus familiares están habilitados para cobrar una indemnización, cercana a US$ 220.000, porque el caso figura como de ejecución sumaria en las listas de víctimas del terrorismo de Estado que el Gobierno actualizó en 2006.

Al menos 16 casos similares surgen al analizar la nómina que la Secretaría de Derechos Humanos ofrece en su sitio web, donde aparecen como víctimas de desaparición forzosa o ejecución sumaria personas que, según consta en libros, investigaciones periodísticas y en las propias revistas que en los años 70 publicaban Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), se quitaron la vida antes de ser apresadas o fueron ejecutadas por las propias fuerzas guerrilleras luego de "juicios revolucionarios". Muchas de esas muertes ocurrieron antes del golpe militar de 1976.

Los casos salen a la luz al cotejar el listado de 2006 (una actualización del informe que la Conadep había elaborado en 1984) con las crónicas narradas en clásicas y recientes investigaciones, como las volcadas en los libros Operación primicia , de Ceferino Reato; Galimberti , de Marcelo Larraquy y Roberto Caballero; Los montoneros. Soldados de Perón , de Richard Gillespie, y La memoria de los de abajo , de Roberto Baschetti, entre otros, y en testimonios reflejados en Evita Montonera , la revista oficial de Montoneros, y Estrella Roja , el órgano del ERP.

A dichas fuentes recurrió el teniente primero José D'Angelo, pasado a retiro en 1992 tras su participación en levantamientos carapintada, que tiene en preparación un libro para avanzar en el esclarecimiento de casos en que los registros oficiales no coinciden con testimonios y documentos de la época.

Las circunstancias en que murieron muchas de las víctimas del terrorismo de Estado recobran interés ante el silencio que guarda la Secretaría de Derechos Humanos cuando se la consulta sobre las indemnizaciones que pagó el Estado, a partir de las leyes de reparación promulgadas durante el gobierno de Carlos Menem. La Nacion pidió reiteradas veces al Ministerio de Justicia y a la Secretaría de Derechos Humanos información para conocer cuánto dinero se pagó y cuántas víctimas y familiares percibieron la indemnización, pero no hubo respuestas.

Cada pago es resuelto por funcionarios estatales sin intervención de la Justicia. A partir de un requerimiento efectuado en 2007 por D'Angelo, en una nota dirigida al Poder Ejecutivo y respondida por el entonces secretario de Finanzas Sergio Chodos, se supo que quienes permanecieron detenidos entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983 fueron compensados, en total, con $ 43 millones y US$ 605,8 millones. Los familiares de desaparecidos y muertos en igual período recibieron $ 293 millones y US$ 985 millones. El total pagado por el Estado oscila entre US$ 1700 millones y US$ 1900 millones. Cada beneficiado habría recibido US$ 220.000. Como contrapartida, no recibieron reconocimientos ni compensaciones las víctimas de la guerrilla.

De la comparación entre el listado oficial que elaboró la Secretaría de DD.HH, a la que se puede acceder por Internet, y las publicadas en investigaciones periodísticas y en las revistas de las organizaciones guerrilleras surgen contradicciones.

En la biografía Galimberti , los periodistas Larraquy y Caballero -este último, actual director de Tiempo Argentino- narran el caso de Fernando Haymal, que luego de cuatro días de torturas dio información a las fuerzas de seguridad para que localizaran al militante Marcos Osatinsky, que fue ultimado en Córdoba. Señalan al respecto: "Haymal fue fusilado por Montoneros después de un juicio revolucionario [en septiembre de 1975]". Lo mismo publicó Evita Montonera , en su número de octubre de 1975, con el título de "Juicio revolucionario a un delator". El informe de la Secretaría de DD.HH. señala el caso de Haymal como de ejecución sumaria.

El 12 de abril de 1975, luego de expropiar un camión cerealero en el cruce de la ruta 6 y Panamericana, a la altura de Campana, cayeron muertos en combate Guillermo Rodríguez (apodado "Mario"), Carlos Pablo Molinas ("Oscar"), Luis Bocco (el "Flaco Tito") y Carlos Alberto Tuda (el "Negro Nano"). Así lo describe Baschetti en La memoria de los de abajo . Ninguno de ellos estaba citado en el primer informe de la Conadep, pero aparecen en el informe encargado por Néstor Kirchner en 2006 como víctimas de ejecución sumaria.

Las militantes montoneras Ana María Teresa Drago y María Cristina Lucchesi saltaron al vacío el último día de 1976, en Rosario, cuando su casa fue rodeada por fuerzas de seguridad. (Así lo narra Baschetti.) En el listado de 2006, el caso Drago aparece como "ejecución sumaria" y el de Lucchesi como "desaparición forzada".

En abril de 1976, hallaron ahorcada en Lomas de Zamora a María Teresa Cerviño, con un cartel que decía: "Yo fui montonera. ¡Seguime!". Su cuerpo fue identificado y el juez Raúl Varesio dictó el sobreseimiento provisional de la causa por no poder individualizar al autor del crimen. A pesar de que su cuerpo había aparecido, en el informe de 2006 su caso se menciona como "desaparición forzada".

Baschetti narra que Jorge Riganti murió cuando transportaba una bomba en su Citroën, en La Plata, el 7 de mayo de 1976. En el informe de la Secretaría de DD.HH. se señala su caso como de ejecución sumaria.

Evita Montonera y el autor Gillespie coinciden en señalar que Montoneros declaró traidor a Carlos Roth por colaborar con el enemigo y que la propia organización ordenó su ejecución. Para el informe oficial, Roth es un caso de desaparición forzada, en enero de 1976.

El listado de 2006 menciona como desaparición forzada el caso del ciudadano francés Jean-Henri Raya Ribard, muerto en Brasil el 21 de noviembre de 1973. No se explica la inclusión de un extranjero, muerto fuera de la Argentina en tiempos en que gobernaba Juan Domingo Perón.

Se trata de casos que se ajustan a la premisa de "no entregarse vivos, resistir hasta escapar o morir en el intento", como lo definió la organización conducida por Mario Firmenich en la revista Evita Montonera , de marzo de 1976. La mayoría de ellos no había sido incluido en el informe original de la Conadep, que consideraba 8961 casos, y cuyo prólogo -escrito por Ernesto Sabato- fue modificado en 2006 por el gobierno de Néstor Kirchner por considerar que reivindicaba la "teoría de los dos demonios".

Con esas incorporaciones, se llegó a 9334 casos. El agregado de los integrantes de las organizaciones guerrilleras que cayeron fue hecho como una reivindicación. Pero ese reconocimiento contrasta con el silencio que mantiene el Gobierno hasta hoy acerca de los pagos de indemnizaciones a los familiares de esas mismas personas..