Una denuncia presentada por Ana María Carolina Lucioni, hija de un teniente primero asesinado por el grupo Montoneros, el 21 de octubre de 1976, demanda la apertura de todas las causas vinculadas con delitos cometidos por miembros de esa organización, con fundamento en los requisitos exigidos por la Corte Suprema de Justicia para considerar a un crimen en el grupo de los delitos de lesa humanidad.La denuncia, iniciada el 4 de julio con el patrocinio del doctor Edgardo Frola, fue destinada por sorteo al Juzgado Federal Nº 3, a cargo del juez Daniel Rafecas.
Hasta ahora, la Corte exige que se verifique la intervención del Estado en crímenes tales como asesinato, secuestro o desaparición de personas, para considerar a un delito en la categoría de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible.
La presentación de Lucioni se fundamenta, precisamente, en la acción que diversos miembros del grupo Montoneros habrían ejercido desde el aparato estatal o con la ayuda del poder público local o extranjero. Lo novedoso del caso es que todas las situaciones que la denuncia aporta como prueba están tomadas de libros escritos, en su mayor parte, por ex miembros de Montoneros o del Ejército Revolucionario del Pueblo.
Entre esas situaciones figura el reconocimiento del hoy diputado Miguel Bonasso, en su libro “Diario de un clandestino”, sobre su desempeño en el aparato de inteligencia de Montoneros, mientras trabajaba para la Presidencia de la Nación, en 1973, como así también que ese grupo guerrillero tenía una división especial para coordinar las acciones de lo que él denomina “el funcionariado montonero”; es decir, los cuadros montoneros que formaban parte del gobierno de Héctor Cámpora. Desde esa estructura llegaban incluso a realizarse escuchas telefónicas, como también lo reconocería Bonasso en el libro “El presidente que no fue”.Lucioni también se apoya en la conocida embestida de Juan Domingo Perón contra el entonces gobernador Oscar Bidegain, también perteneciente a Montoneros, a quien el ex presidente culpó por el ataque del ERP a un regimiento de Azul, localidad donde el gobernador tenía su vivienda. Cita para ello a Gorriarán Merlo y a Bonasso, a fin de demostrar el vínculo de Bidegain con los grupos insurgentes.
No es la única relación que establece con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ya que la denuncia toma también un libro de Zamorano, en el cual se indica que Troxler, jefe de la policía bonaerense durante el gobierno de Bidegain, impartía entrenamiento militar a los montoneros.
Pero una de los argumentos más fuertes, en este sentido, está tomado del libro “Montoneros: La buena historia”, de José Amorín, ex montonero, quien reafirma que esa organización perpetró el asesinato de Rucci y que las armas utilizadas en esa operación fueron transportadas “en un auto oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires”. También cita nuevamente a Bonasso, quien reconoce que había puestos en el gobierno bonaerense que eran tapaderas de la real actividad de combatientes montoneros.
Entre los hechos más fuertes presentados en la denuncia, en orden a la vinculación de Montoneros con Estados extranjeros, aparece la colaboración recíproca con el Líbano y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Apoyada en el libro de Marcelo Larraquy: “Fuimos soldados”, Lucioni destaca que los Montoneros montaron una fábrica de explosivos plásticos, operada en Beirut por un ingeniero técnico argentino, para la OLP, a la vez que ellos recibían entrenamiento del terrorismo islámico. La denuncia sostiene que este reconocimiento revela que los montoneros son responsables no sólo de los crímenes cometidos por ellos sino de los que la OLP hubiere cometido contra objetivos israelíes y estadounidenses, pues era evidente que conocían los fines para los cuales esa fábrica estaba destinada. Lucioni pide también que se libre oficio a la Embajada de Israel, a fin de ponerla en conocimiento de esa evidencia.
En cuanto al Estado cubano, la presentación refiere también al libro de Larraquy, en el que se indica que Montoneros había trasladado su comandancia a Cuba, durante la etapa de la contraofensiva. Allí también los combatientes guerrilleros recibieron adiestramiento, según una larga lista que proporciona el libro “Montoneros: final de cuentas”, de Juan Gasparini, otro ex miembro de esa organización. Esta aseveración está reforzada con otras del libro “Los Perros”, de Luis Mattini, el nombre de guerra de Arnol Kremer, miembro del ERP.
La denuncia cita incluso una reciente nota de Le Monde Diplomatique, escrita por Carlos Gabetta, en la que habla de los millones destinados por Cuba y procedentes de la ex URSS, para la insurgencia en América latina.
La denuncia pide que se anulen los indultos y se investiguen todos los hechos desarrollados por el terrorismo, especialmente, los asesinatos del teniente primero Lucioni, del ex secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, del ex ministro del Interior, Arturo Mor Roig, de filiación radical, del padre Carlos Mujica –de quien Gasparini dice que fue ultimado por Montoneros- , de David Kraiselburd, del ataque al regimiento de Monte 29, de Formosa, del general Cesáreo Cardozo, a quien una amiga de su hija colocó una bomba bajo su cama y todos los producidos durante la contraofensiva, incluyendo los del Líbano.
La curiosidad de la denuncia consiste, además, en que Rafecas ya anuló, en una causa reciente, el indulto 1003 de 1989, que benefició a un grupo de militares, pero en ese mismo indulto estaba incluido Miguel Bonasso, como lo destaca la denuncia.
Para la lectura de toda la presentación jurídica ver
http://denunciamontoneros.blogspot.com/2007/07/denuncia-contra-montoneros-por-crmenes.html
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