5 de octubre "Homenaje a las Víctimas del Terrorismo"

¿Y los derechos humanos?

Derechos humanos

Domingo 30 de septiembre de 2012 | Publicado en edición impresa "LA NACIÖN"

Editorial II

Los procesados en relación con delitos cometidos durante la represión de los setenta son tratados con olvido de los principios básicos de justicia

Una buena administración de justicia requiere necesariamente la imparcialidad y la independencia de los jueces. De lo contrario no hay justicia. Ambos atributos pueden perderse por varios motivos. Uno es la corrupción, cuando el juez deja de lado su deber para hacer primar su propio y material interés. Otro es el miedo frente al poder o a la opinión pública. El juez dictamina según las presiones o simplemente los deseos del gobierno de turno, o teme ser objetado por los medios. Un tercer desvío es el del juez que hace prevalecer sus inclinaciones ideológicas o políticas en sus fallos.

No estamos refiriéndonos a casos hipotéticos sino a la situación prevaleciente en la Argentina. La manipulación de la designación o remoción de los jueces por parte de un Consejo de la Magistratura en el cual la representación oficial mantiene el poder de veto ha hecho posible estos vicios en nuestra Justicia. Han sido más evidentes en el área denominada de los derechos humanos, donde parecen respetarse los de unos pero no los de otros. Quienes son procesados en relación con delitos cometidos durante la represión de los setenta son tratados con olvido de muchos de esos derechos. Esta omisión no puede justificarse con el argumento de que muchas de las personas juzgadas no respetaron derechos en su oportunidad. Es así como en estos procesos se han dejado de lado principios básicos de justicia, como la irretroactividad de la ley penal, el de cosa juzgada o el de la aplicación de la ley más benigna.

Ha preocupado más recientemente la evidencia de un maltrato injustificado sobre personas procesadas o condenadas por delitos contra los derechos humanos. No se les otorga el beneficio de la prisión domiciliaria a pesar de su avanzada edad o mal estado de salud. Son obligados a comparecer en camilla o con su capacidad mental disminuida, en indagatorias o juicios orales. Se los mantiene en prisión sin condena por plazos que exceden los permitidos por la ley. A la parcialidad de los jueces se ha agregado un cierto empecinamiento de la máxima autoridad del Servicio Penitenciario Nacional, alineado con extremos ideológicos alimentados por la cúpula del poder.

La asimetría en el tratamiento judicial de los delitos de uno y otro bando de los setenta es una carga de pesadumbre adicional para quienes sufren prisión, así como para sus familiares, y particularmente para las víctimas del terrorismo. Muchos jueces y fiscales en estos últimos años han enfocado los casos que se le presentan acatando rápidamente las instrucciones oficiales respecto de lo que debe o no considerase como lesa humanidad. Han hecho caso omiso a la jurisprudencia y los tratados internacionales. Así es como procesan a unos y deciden que no hay lugar para hacerlo con quienes desde organizaciones armadas y con apoyo oficial o externo cometieron crímenes contra civiles inocentes.

Hoy el poder impone estos criterios y la sociedad no los impugna suficientemente. Es que también la opinión pública ha sido movilizada en el mismo sentido. El relato oficial ha ganado un amplio espacio en el periodismo, la intelectualidad y la docencia. El relato sesgado y parcial ha llegado hasta las escuelas, universidades, los medios y el cine, expresándose como verdad incontrovertible. Han pasado 29 años de democracia y sólo ahora un grupo de sindicalistas y políticos se atrevió a reclamar públicamente el esclarecimiento del asesinato de José Ignacio Rucci, pidiendo su no prescripción por considerárselo de lesa humanidad.

Muchos jueces todavía sienten que deben responder al poder y al estado de opinión prevaleciente, o a su propia ideología, y miran para otro lado. Lo están haciendo cuando se les reclama aplicar las normas humanitarias previstas por la ley para no incurrir en el maltrato de las personas detenidas.

CASTIGO

No escribo como hijo, sino como abogado. Noventa años de edad, con cáncer, cardíaco, sin posibilidad de autonomía física, ocho dictámenes médicos del cuerpo Forense de la Corte Suprema lo declaran incapaz para estar en juicio. Y, además de juzgarlo ilegalmente, ahora, luego de cuatro años y medio de prisión domiciliaria, lo envían a una cárcel común. Esto sólo ocurre con los militares y policías que combatieron el terrorismo y ahora también con quienes ocuparon cargos públicos en los años 70. ¿Desde cuándo se instaló la crueldad en la aplicación de la ley en nuestro país?, ¿cuándo se autorizaron la discriminación, el odio, la venganza, la mortificación innecesaria de los detenidos?, ¿por qué se aplica retroactivamente la ley penal y sólo a ellos?, ¿desde cuándo para castigar la ilegalidad se recurre a otra ilegalidad? Basta de hablar de la democracia argentina. Una sociedad con parias no es democracia ni podría, jamás, ser llamada argentina.

Ricardo Saint Jean
DNI 10.924.885

 

 

MILITARES Y CIVILES DETENIDO

Contundente carta de presos políticos

Denuncian procesos judiciales interminables y contrarios al orden legal internacional, con magistrados que no cumplen el requisito de impartir justicia.

     BUENOS AIRES (De nuestra agencia) -- Militares, personal de fuerzas de seguridad y civiles detenidos en la prisión de Marcos Paz (sudoeste del conurbano) enviaron una carta a "La Nueva Provincia" para describir la situación que afrontan.

     La nota expresa textualmente:

     "Quienes firmamos esta carta somos presos militares, personal de fuerzas de seguridad y civiles que nos encontramos, hace muchos años, encerrados en la cárcel de Marcos Paz. También pensamos, desde aquí, en nuestros camaradas que sufren prisión en cárceles de todo el país.
     "Reiteramos ante nuestros compatriotas que estamos sometidos a múltiples e interminables procesos judiciales, perfectamente armados, cuya legitimidad hemos impugnado en cada caso sin jamás ser siquiera oídos por los jueces, quienes --salvo alguna excepción-- hace tiempo que renunciaron a su misión esencial de impartir justicia.

     "Somos presos políticos, por cuanto nuestro encarcelamiento obedece a una decisión política, y expresamos a nuestra Patria que no sólo se nos ha detenido y encarcelado por años sin condena, no sólo se nos ha sometido a juicios contrarios a todos los principios básicos del orden jurídico universal, no sólo se nos condena sin pruebas reales --con el falaz argumento de que, por tratarse de imputaciones de lesa humanidad, no hay que requerir la prueba fehaciente exigible en cualquier caso--, no sólo se nos ha arrancado brutalmente de nuestras carreras, de nuestras mujeres y de nuestras familias, sino que, además, ya encarcelados, ya injustamente condenados o sabiendo que lo seremos indefectiblemente, sin esperanza alguna de justicia, se nos persigue impiadosamente dentro de la cárcel.

     "No, por cierto, por los integrantes del Servicio Penitenciario, cuya corrección y profesionalidad de hombres de armas está fuera de cuestión, sino por parte de activistas que, dueños de las cárceles, día a día, agravan cruelmente nuestra situación con la manifiesta intención de matarnos uno a uno en nuestras celdas.

     "Bajo esta impresionante muestra de degeneración social, apañada por jueces prevaricadores, donde el director del Servicio Penitenciario Federal organiza murgas con asesinos comunes, nosotros, hombres todos de arriba de los sesenta años, y algunos con más de ochenta --a quienes nuestros superiores ordenaron pelear en una guerra para resistir la invasión marxista, a quienes nada se les permite salvo resignarse a morir sujetos a un plan de exterminio proyectado fríamente, desde la cárcel-- lanzamos este grito de alerta e indignación, no rencoroso sino fuerte, claro y varonil para que la sociedad despierte a tiempo frente a lo que se le viene encima."

     El texto está rubricado por Carlos Jurio, Jorge di Pasquale, Marcelo Baiberis, Carlos Sfulcini, Ariel López, Raúl Cabral, Federico Almeder, Julio Santamaría, Juan Carlos Chacra, Isaac Miranda, Carlos García, Luis Perea, Raúl González, Eugenio Pereyra Apestegui, Pedro Guerrero, Oscar Augusto Rolón, Guillermo González Chipont, Jorge Oscar Baca, Luis Falco y Carlos Tarantino.
     Julio Estelrich, Mario Daniel Arru, Ariel Porra, Oscar Gutiérrez, José Madrio, Eduardo Cabanillas, Víctor Gallo, Eduardo Ruffo, Carlos Romero Pavón, Ernesto Barreiro, José Bettolli, Aníbal Alberto Guevara, Héctor Vergez y Ricardo Cavallo completan las firmas.

Domingo 09 de septiembre de 2012 | Publicado en edición impresa Editorial II Oprobioso homenaje

Una muestra de enorme cinismo dan nuestras autoridades al homenajear a terroristas mientras integran organismos internacionales que los condenan

Comentá10

 

 

    

Mientras el gobierno kirchnerista participa en el exterior de diversos organismos internacionales relacionados con la defensa de los derechos humanos, en el país, las mismas autoridades sostienen un discurso diametralmente distinto del que brindan en el exterior.

Esta hipocresía de elaborar diferentes mensajes según quien sea el interlocutor reconoció esta semana un nuevo hito. La República Argentina participa como miembro de la Junta Consultiva del recientemente creado Centro de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, fundado en septiembre de 2011 para "apoyar la aplicación de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo y fomentar la cooperación internacional".

Sin embargo, parece que el kirchnerismo tiene una visión distinta y, por ello, anteayer, conmemoró con la presencia de militantes el Día del Montonero, en recuerdo de los terroristas montoneros Gustavo Ramus y Fernando Abal Medina, tío del actual jefe de Gabinete, ambos muertos en un enfrentamiento en Hurlingham, en 1970.

Cuando la Argentina solicitó integrar la Junta Consultiva, manifestó conocer y adherir a los principios emanados de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, cuyo plan de acción del año 2006 deja sumamente en claro que no existen excusas que permitan la comisión de atentados terroristas, por ser el objeto del terrorismo la destrucción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia, además de amenazar la integridad territorial y la seguridad de los Estados.

Por ello, resulta grave para el Estado de Derecho que desde organizaciones que reciben subsidios estatales o responden políticamente al kirchnerismo se convocara al homenaje a dos de los fundadores de una de las organizaciones que más atentados terroristas cometió en nuestro país durante la década de 1970.

Más grave aún es que entre quienes hayan convocado al acto del viernes pasado estuvieran la Agrupación Kolina, de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner; Nuevo Encuentro, del diputado kirchnerista Martín Sabbatella; Tupac Amaru, de la jujeña Milagro Sala; el Movimiento Evita, del ex piquetero y actual subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, y Negros de Mierda, la agrupación en la que milita el jefe del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel.

La Argentina, ¿puede continuar sosteniendo su compromiso de luchar contra el terrorismo, cuando desde las más altas esferas se recuerda a quienes militaron en esos grupos, insultando la memoria de miles de víctimas inocentes que padecieron los asesinatos, secuestros, bombas, heridas y agresiones que Montoneros cometió contra la población civil y no combatiente?

Más violatorio aún de los derechos humanos es que el jefe del Servicio Penitenciario Federal haya participado de la convocatoria a ese homenaje, puesto que bajo su ala se encuentran los agentes del Estado acusados de delitos de lesa humanidad en su combate contra esos mismos montoneros.

Surge, por lo tanto, una pregunta obligada: ¿puede desempeñar su función con imparcialidad quien adhiere al homenaje a dos terroristas, puesto que debe ser custodio de quienes los combatieron? Es difícil creerlo. Por ello, la Argentina asiste, una vez más, a un espectáculo dantesco y de un gran cinismo..

Sábado 08 de septiembre de 2012 | Publicado en edición impresa Opinión ¿Qué es lo que celebran? Por Carlos Manfroni | Para LA NACION

Agrupaciones oficialistas han decididoconmemorar el Día del Montonero al cumplirse 42 años desde que Fernando Abal Medina y Gustavo Ramus murieron durante un tiroteo con la policía de la provincia de Buenos Aires.

Fernando Abal Medina y Gustavo Ramus participaron del secuestro y asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu. Ese acto criminal fue la partida de nacimiento de la agrupación Montoneros, de cuyos miembros no se sabía hasta el momento.

Según el folclore que ellos mismos instalaron, con la muerte del ex presidente Aramburu iniciaron su lucha por el regreso de Juan Domingo Perón.

Sin embargo, en meses previos al secuestro, Aramburu estaba dialogando con Perón para arreglar su retorno a la Argentina. Poco después, ciertas gestiones de la logia Propaganda Due (P2)con el gobierno del general Alejandro Agustín Lanusse hicieron posible el regreso del líder justicialista, quien volvió al país y, más tarde, al gobierno, condicionado por los objetivos de esa logia, que tenía su cabeza en Italia y fuertes lazos con Libia.

Entre los miembros de la P2 figuraban personas que integraron el gobierno de Perón: José López Rega, Raúl Lastiri, Alberto Vignes, José María Villone y un personaje a quien Perón promovió a la comandancia de la Armada Argentina: Emilio Eduardo Massera, que después formó parte de la Junta Militar que dio el golpe contra el gobierno peronista.

Massera y López Rega se dedicaron a hacer negocios con Libia, que continuaron después del golpe del 24 de marzo de 1976. Precisamente, el entonces líder de ese país, Muammar Khadafy, fue testigo y garante de un pacto entre la cúpula montonera y Massera, en 1977, en la isla Margarita, un descubrimiento que costó la vida del entonces embajador argentino en Venezuela, Héctor Hidalgo Solá, y del periodista Rodolfo Fernández Pondal.

No fueron los únicos testigos asesinados. Por el conocimiento de conversaciones mantenidas entre Massera y Montoneros en París, en 1978, mataron también a Elena Holmberg, diplomática de la embajada argentina en Francia, al periodista Horacio Agulla y al empresario de publicidad Marcelo Dupont, a quien confundieron con su hermano Gregorio, contra quien también atentaron.

Una parte del pacto consistió en impulsar la contraofensiva montonera, que provocó el regreso a la Argentina de una multitud de guerrilleros exiliados, que previo entrenamiento en Libia y en otros países de Medio Oriente -y seguramente sin saberlo- actuaron después en atentados con zona liberada por el general Guillermo Suárez Mason, también socio de Massera en la logia P2 y en los negocios. Otra parte del acuerdo estaba orientada a una tregua durante el Mundial 78, que movió 700 millones de dólares manejados por Massera.

Después de eso, fue promovido un segundo regreso de los montoneros, en una empresa suicida que terminó con la muerte de la mayoría.

En cuanto al asesinato de Aramburu, se sabe que no participaron sólo Ramus y Abal Medina, sino también Mario Firmenich, Norma Arrostito y una o dos personas más cuyos nombres se desconocen y seguirán ocultos. Los primeros murieron. Arrostito fue ejecutada en la ESMA, casualmente cuando estaban liberando a muchos de sus compañeros como parte del pacto. Firmenich sigue en el exilio.

El que justifica los medios con los fines termina sirviendo a cualquier fin. Por eso, cuando conmemoran el Día del Montonero ¿podrían explicar qué celebran?.