No escribo como hijo, sino como abogado.
Noventa años de edad, con cáncer, cardíaco, sin posibilidad de autonomía física,
ocho dictámenes médicos del cuerpo Forense de la Corte Suprema lo declaran
incapaz para estar en juicio. Y, además de juzgarlo ilegalmente, ahora, luego de
cuatro años y medio de prisión domiciliaria, lo envían a una cárcel común. Esto
sólo ocurre con los militares y policías que combatieron el terrorismo y ahora
también con quienes ocuparon cargos públicos en los años 70. ¿Desde cuándo se
instaló la crueldad en la aplicación de la ley en nuestro país?, ¿cuándo se
autorizaron la discriminación, el odio, la venganza, la mortificación
innecesaria de los detenidos?, ¿por qué se aplica retroactivamente la ley penal
y sólo a ellos?, ¿desde cuándo para castigar la ilegalidad se recurre a otra
ilegalidad? Basta de hablar de la democracia argentina. Una sociedad con parias
no es democracia ni podría, jamás, ser llamada argentina.
Ricardo Saint Jean
DNI 10.924.885
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