La Unión de Promociones Navales (UPN) que nuclea a las Promociones de oficiales de la Armada en situación de retiro, analizó ayer, con especial preocupación e indignación, el arbitrario traslado a la Prisión Militar de Campo de Mayo del personal de la Armada, ilegal e injustamente detenido por haber cumplido órdenes del servicio en la lucha orgánica de la Nación contra el enemigo terrorista en la década del 70.La situación de sus camaradas detenidos es foco de interés permanente de la UPN a partir del momento en que las autoridades de la Armada abandonaron a sus ex- combatientes y estos fueron sometidos a una persecución política sistemática con herramientas seudo jurídicas a partir del acceso de numerosos ex-terroristas (¿ex?) a altos cargos en todos los poderes del Estado.
Si bien es frecuente ahora en la Argentina infringir elementales normas legales en el tratamiento de los implicados como consecuencia de acciones institucionales de las que no fueron responsables, la preocupación por la búsqueda de soluciones se reavivó a raíz de que este despótico traslado fue ordenado por la Ministra de Defensa, careciendo de competencias para ello y vulnerando nuevamente normas constitucionales en desmedro de los derechos de los detenidos.
Agrava esta situación las condiciones precarias de habitabilidad de la prisión, tanto en el orden higiénico y ambiental como en el de la seguridad de los ocupantes y el mantenimiento de su estado de salud.
Es de señalar que los detenidos políticos de la Armada no registran intentos de fuga u obstrucción de la justicia, lo que hace menos compresible este traslado, salvo como no sea por venganza o como medida de publicidad de este acto de gobierno.
Los abogados defensores que atienden sus causas han presentado recursos de hábeas corpus y otras medidas procesales por no haber sido notificados en tiempo y forma y uno de ellos ha pedido el procesamiento de las más altas autoridades navales por complicidad con la Ministra en la violación del artículo 109 de la CN, entre otras cosas.
Es previsible que la UPN accione en favor del personal naval, injusta e ilícitamente detenido.
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