Ante algunas versiones editadas en la prensa escrita semanas atrás, donde se daba por sentado que el Capitán (RE) Ricardo Miguel Cavallo sería juzgado en España, les diré que aún mantenemos la esperanza que en el futuro se actúe con justicia y Ricardo sea extraditado a Argentina.
Hace un año, la Audiencia Nacional declaraba que debía ser juzgado en Argentina. Esa resolución, ajustada a derecho, obligó al juez Torres a pedir su extradición luego de 6 años de no hacerlo, cumpliendo tardíamente con su deber de juez, a pesar de los frecuentes pedidos escritos que la defensa realizara para que fuera solicitada su extradición a la Argentina. Posteriormente dicha resolución fue anulada por el Tribunal Supremo en un fallo, titulado por juristas de nota, como mamarracho jurídico.
Al respecto y como dato ilustrativo transcribo parte de un escrito sobre la nulidad del fallo presentado al TS por el abogado defensor: “Entendemos que la STS ahora dictada, tal y como hemos instado ante la misma, es nula de pleno derecho, como consecuencia de señalar como “inadecuada” y planteada de forma “incorrecta” la declinatoria de jurisdicción, cuando en los casos Caso Perú (20 de noviembre de 2003), caso Guatemala (STS 25 de febrero de 03), Caso Hernán Brady (STS 8 de marzo de 2004) y STS nº645/06, de la Sala Segunda, de fecha 20 de junio de 2006, con relación al recurso de casación en el públicamente conocido “asunto de China y el movimiento religioso Falun Gong”, se resolvieron los recursos, no rechazando, como ahora, en forma similar al rechazo “ad limine” la declinatoria, la sustanciación de los mismos” Es decir en esta oportunidad el Tribunal Supremo actúo contra su propia jurisprudencia asentada al respecto por lo tanto “Así, o es nula de pleno derecho la STS ahora dictada, o lo son las anteriores”.
Se ha perdido una batalla, pero no la guerra. Continuamos trabajando por el regreso del Cap. Cavallo a la Argentina.
Lamentablemente el proceso de mi hijo está teñido de tintes políticos y poco tiene de jurídico. El fallo es político, ideologizado y un acto de corrupción descarada, uno más en este gobierno. Evidentemente consensuado en los altos niveles de los gobiernos de España y Argentina. Una verdadera claudicación del Estado argentino y una vergonzosa actitud de los tres Poderes de la Nación que nada han hecho, y que han mirado al costado todos estos años, sin brindar protección alguna a un ciudadano argentino que goza de la presunción de inocencia.
El 24 de agosto se cumplirán 7 años que está preso sin juicio en extrañas jurisdicciones de México (3 años) y España (4 años), en violación flagrante a toda consideración humanitaria de los “defensores” de los DDHH, que han mostrado sus verdaderas intenciones, al violar sistemáticamente los Derechos Humanos, de mi hijo Ricardo!!! Los DDHH no se defienden violando los DDHH de otros y eso es lo que han hecho los funcionarios públicos relacionados con el caso de mi hijo Ricardo!
Todos los argentinos deben saber que si el Capitán Cavallo, es juzgado y condenado en España, “la República Argentina tendrá que abonar la increíble suma de 2.658 millones de euros” en concepto de indemnizaciones, fijado por la justicia española. (El Juez Garzón) Este dinero se le quitará al pueblo argentino y a las nuevas generaciones, en beneficio de unos pocos, los mismos que siguen lucrando con el dolor de un conflicto pasado, ahora con dinero manchado por el hambre, la falta de salud, educación, seguridad y la exclusión social de los argentinos. Gran negocio, con un argentino al que desde hace 7 años están condenando por supuestos delitos, de los que fue absuelto en un gobierno democrático.
De concretarse esta entrega de nuestra soberanía y la millonaria indemnización, serían un acto evidente de corrupción y un incumplimiento de las funciones de funcionario público de todos los actuantes.
Seguramente serían beneficiarios de esta multimillonaria indemnización todos los que acusan y actúan en España y Argentina para que mi hijo Ricardo sea juzgado en España; especialmente los abogados de DDHH, con Slepoy como cara más visible de quienes cobrarían jugosos honorarios. Entre los presuntos beneficiados, figuran una hermana del embajador Bettini, además de Estela Carlotto, Hebe de Bonafini y otros, a quienes se les suma una gran cantidad de “sellos de goma”, que nada tienen para decir sobre el Cap. Cavallo, pero que estarán presentes declarando y esperando su retribución, en este circo romano.
Hoy no existe ningún impedimento para que sea juzgado en Argentina. ¿Cuál es entonces el interés en que sea juzgado en otro país? Es evidente que no los mueve la Justicia ni un acto ajustado a derecho, solo los mueve el beneficio pecuniario y la venganza. Con ese dinero se pueden comprar muchas conciencias y olvidar muchas culpas.
Lo fundamental es que tenemos el pedido de extradición que está en plena vigencia y sigue en España su camino normal. Argentina ha solicitado su extradición y este pedido ha sido confirmado por la Cámara Federal, por lo que ahora no pueden desistir del mismo.
Nada debería interponerse a que ese pedido siga su curso. Tanto el Embajador como el Canciller Argentino, no tienen competencia para peticionar en este tema, si así lo hicieran serían cómplices necesarios para que se cumpla esta millonaria estafa al pueblo argentino, y estarían incumpliendo sus roles de funcionarios públicos, al no defender el principio de territorialidad que impone la Constitución, las leyes y los tratados Internacionales, suscriptos con España y que están en plena vigencia.
Sin otro particular los saludo con mi mayor consideración y estima, solicitándoles le den la máxima difusión a este escrito, para que todos los argentinos puedan conocer esta verdadera infamia. Atte.
Oscar A Cavallo
LE 6453501
Punta Alta 18 de agosto de 2007
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