Silencio total de un fiscal sobre crimen del ERP
El funcionario, Claudio Palacín, devolvió el expediente sobre el crimen del coronel Larrabure, ocurrido en 1974, al juez de instrucción Germán Sutter Schneider, para que éste se pronuncie sobre el caso.
El fiscal general de la Cámara Federal de Rosario, Claudio Palacín, rehusó pronunciarse acerca de si el secuestro, cautiverio y homicidio de un militar en 1974 a manos de la guerrilla fue un " delito de lesa humanidad" sin que antes lo haga el juez de instrucción, a quien le devolvió el expediente.
Estas idas y vueltas se produjeron en torno a la reabierta causa judicial por el crimen del coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) el 2 de agosto de 1974 durante el asalto a la fábrica militar de Villa María, Córdoba.
El fiscal Palacin devolvió el expediente al juez federal Germán Sutter Schneider (subrogante) a fines de que éste se expida en el diferendo planteado por la fiscalía de instrucción y la querella, aseguraron hoy fuentes judiciales.
Las fuentes predijeron que a partir de este momento el juez Sutter Schneider puede pronunciarse o elevar la causa a la Cámara Federal de Rosario, a fin de que el tribunal de alzada se pronuncie.
El crimen de Larrabure. El ERP sacó del cuartel a Larrabure, de 42 años, y lo encerró en lo que denominaba "cárcel del pueblo" -construido en el sótano de una casa de Rosario- durante poco más de un año, exactamente 372 días. Su cadáver apareció el 23 de agosto de 1975, con signos evidentes de estrangulamiento y golpes, según su hijo, Arturo Larrabure.
La causa estaba archivada desde 1975, cuando se ordenó la captura de Aurora Brunet de González, y el hijo del militar en febrero último se presentó en el juzgado federal número cuatro, a cargo del juez subrogante Sutter Schneider, que lleva todas las causas por violaciones a los Derechos Humanos en el II Cuerpo de Ejército en la dictadura.
Alberto Larrabure reclamó al magistrado que declare el hecho "crimen de lesa humanidad", la reapertura de la causa y el juzgamiento de los responsables de la muerte de su padre, con la asistencia del letrado Javier Vigo Leguizamón, de la ciudad de Santa Fe.
"Pido a Vuestra Señoría que por un momento se sitúe en mi piel, padeciendo conmigo. Que piense que ese hombre torturado, flagelado, ahorcado vilmente, que ve en las fotos, es su padre. Pregúntese qué sentiría si al tener finalmente la causa en sus manos, hubiera comprobado que tan sólo tenía un cuerpo, sin interrogatorios, sin procesamientos, sin condenas", planteó.
Entonces el juez le dio vista al fiscal Francisco Sosa, quien se negó la reapertura de la causa alegando que la acción penal se encontraba prescripta, por tratarse de un delito común insusceptible de ser encuadrado en el concepto de crimen de lesa humanidad, porque no intervinieron agentes estatales, en coincidencia con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia.
Larrabure replicó que el fiscal negó el derecho a ser oído mediante un recurso efectivo ante la Justicia y, además, alzarse contra la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y contra la opinión del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo.
Tiempo atrás, Moreno Ocampo, ex fiscal adjunto del juicio a las Juntas Militares, declaró al periodismo: " Tanto los crímenes cometidos por la guerrilla como los perpetrados por la dictadura militar y la Triple A deben ser considerados delitos de lesa humanidad".
En medio del disenso entre la fiscalía y el querellante, Sutter Schneider elevó la causa al fiscal de Cámara Palacín quien ahora lo reenvió al magistrado.
Tiempo atrás, Palacín dictaminó a favor de declarar "delito de lesa humanidad" el asesinato en 1973 del dirigente peronista de Rosario Constantino Razzetti por la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A).
Fuente: DyN
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