LOS MONTONEROS Y LA LESA HUMANIDAD - APOYOS DEL ESTADO

EVIDENCIAS DE LA RELACIÓN “MONTONEROS” – ESTADO NACIONAL Y PROVINCIAL

La jurisprudencia de nuestros tribunales demanda, hasta ahora, para que un delito sea considerado en la categoría de crimen de lesa humanidad y tenga carácter imprescriptible, la relación con un Estado Nacional o extranjero que haya de algún modo intervenido o ayudado en su comisión. No compartimos esa limitación, como más adelante lo expondremos brevemente; pero aun si aceptamos ese estrecho criterio, existen pruebas que vinculan a la organización Montoneros con el Estado nacional argentino y con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, entre 1973 y 1974.

Evidencia Nº 1

En su libro “Diario de un clandestino”, el señor Miguel Bonasso reconoce expresamente que hacía inteligencia para la organización Montoneros, mientras trabajaba para la Presidencia de la República, en 1973 1],. Los párrafos correspondientes a tal admisión dicen textualmente:
“(Fines de mayo y primeros días de junio de 1973) Ya está: por primera vez en mi vida soy oficialista y trabajo en la Presidencia de la República. Mario Cámpora me convocó y me dijo que su tío quería tenerme cerca porque venían momentos complicados. Me muevo como asesor libre, aunque reviste formalmente en la Secretaría de Prensa que ocupa el veterano José María Castiñeira de Dios. Allí, uno de sus segundos, el periodista profesional Oscar García Rey (que nunca fue peronista y está allí respondiendo a José Gelbard) me pide que organice un grupo de ‘inteligencia’. Le digo que sí, por supuesto y me cago de risa. O el tipo es un cabrón y me está gastando porque sabe algo o es un gil a la acuarela. Porque yo ya realizo tareas de inteligencia pero para la Organización Montoneros.
(…)
“En la Organización Montoneros, hay un nuevo ámbito ‘de gobierno’, para atender a los compañeros que nos movemos en esta difícil ‘superestructura’. No debería ni pensarlo, pero me dio en los huevos encontrarme allí a un oportunista que hace seis meses era del PRT-ERP y se burlaba de Dardo y de mí, diciendo que no sabía si defendíamos al socialismo nacional o al nacional socialismo y ahora –que es tan cómodo y vistoso- ha decidido ‘encuadrarse’ en Montoneros. O, mejor dicho, en el funcionariado montonero”.[2]

Ese “funcionariado montonero”, del que habla Bonasso, llegó hasta tal nivel de poder que incluso los montoneros expulsaron del Ministerio de Educación a sus propios compañeros que adhirieron al grupo “JP Lealtad” o “Montoneros Lealtad”, como lo relatan Eduardo Anguita y Martín Caparrós en su libro: “La Voluntad”. Según esa descripción, la orden llegó desde la cúpula misma de Montoneros y los funcionarios que ejercían la autoridad formal no podían resistir la directiva.[3]

Como V.S. puede fácilmente observar, del reconocimiento de Bonasso y demás bibliografía citada, se desprenden las siguientes conclusiones:

a) El señor Miguel Bonasso trabajaba para la Presidencia de la República, a partir de mayo de 1973.
b) Desde ese cargo, hacía inteligencia para “Montoneros”
c) Había un funcionario del E.R.P. trabajando para la presidencia.
d) Había ya no un funcionario, sino un “funcionariado montonero”, como expresamente lo admite el autor.
e) La coordinación entre ese “funcionariado” y la organización terrorista era tan estrecha que “Montoneros” había creado un ámbito para atender a “sus hombres” en el gobierno y, además, la organización terrorista tenía verdadero poder sobre áreas de la administración. Por si existiera alguna duda, el capítulo citado se titula “EL GABINETE DE LOS MONTONEROS”.

Evidencia Nº 2

Esas tareas de inteligencia involucraban –entre otras cosas- escuchas telefónicas realizadas por el grupo, como surge de la conjunción de párrafos de dos libros de Bonasso. En el mismo capítulo del libro “Diario de un clandestino” citado en la “Evidencia Nº 1”, precisamente en un párrafo situado entre los dos que fueron transcriptos, y separado aquí por razones metodológicas, el señor Bonasso dice:

“Al mismo tiempo, ando cerca de otro grupo interesante que se reúne en el Ministerio del Interior, en torno de dos subsecretarios muy piolas: Domingo Mercante, hijo del mitológico coronel Mercante a quien en los cuarenta llamaban ‘el corazón de Perón’, y el excelente jurista Leopoldo ‘Polo’ Schiffrin. Por allí andan también tres destacados colegas: el Perro Verbitsky, Luis Guagnini y Pablo Piacentini, que es secretario de prensa del ministro del Interior, Esteban Righi, para quien escribe un excelente discurso dirigido a los jefes de la Policía Federal, condenando la tortura.”[4]

Por otro lado, en su libro “El presidente que no fue”, al describir la confrontación de Ezeiza, durante el arribo de Perón, y un diálogo con la viuda de John William Cooke, Bonasso escribe:
“…Walsh opinaba exactamente lo mismo. Ayudado por el ‘Perro’, había hecho ‘escuchas’ antes, durante y después de Ezeiza, para tratar de hacer entender a la conducción de FAR y Montoneros lo que se estaba cocinando a nivel de contrainsurgencia y que no se detenía así nomás, sólo exhibiendo capacidad de movilización”.[5]

Por tanto, de las citas transcriptas de los libros “Diario de un clandestino” y “El presidente que no fue”, ambas referidas al período “mayo-junio” de 1973, surge:
a) Que las tareas de inteligencia eran compartidas con Rodolfo Walsh y Horacio Verbitsky (“el Perro”)
b) Que, como mínimo, Verbitsky pertenecía a un grupo centrado en el Ministerio del Interior, al que se integraba también Bonasso
c) Que Walsh y Verbitsky hacían escuchas telefónicas para esa época, por otro lado, no constituye un secreto que Walsh y Verbitsky pertenecían al área de “inteligencia” de Montoneros.

Además de esto, está claro que los miembros de Montoneros colaboraban con dinero obtenido de sus sueldos en el Estado en favor de las arcas de esa organización terrorista, como surge –entre otros elementos- del libro La Voluntad, de Eduardo Anguita y Martín Caparrós, al referirse a tres “guerrilleros notorios”, asesores de Mario Kestelboin en la facultad de Derecho, durante la presidencia de Cámpora; lo cual implica –además- financiamiento del terrorismo y es contrario a la convención internacional que pide reprimir esa actividad.[6]

Evidencia Nº 3

Juan Gasparini, primero militante de las FAR y después de Montoneros, escribió –entre otras obras- el libro: “Montoneros: final de cuentas”. Al tiempo de la publicación, según la portada del libro, el autor trabajaba como periodista independiente desde Suiza y estaba acreditado como corresponsal de las Naciones Unidas en Ginebra.

En la obra citada, transcribe una autocrítica de Enrique Gorriarán Merlo, realizada en un reportaje para la Agencia Latinoamericana de Información, en Cali, Colombia, 1984, en la que el terrorista del ERP sostiene que la lucha armada de esa organización, durante el gobierno democrático nacido en 1973, “fue utilizada por parte de los derechistas para adelantar el desplazamiento de sectores positivos del aparato del Estado como fue el caso de Oscar Bidegain (obligado a renunciar a la gobernación de Buenos Aires después del copamiento de la Unidad Militar de Azul) y el de Julio Troxler, en aquel momento subjefe de la Policía de Buenos Aires”.[7]

Como V.S. puede ver, Gorriarán Merlo se lamenta de haber contribuido al desplazamiento de Bidegain y Troxler del “aparato del Estado”. Tal vinculación entre las acciones del ERP y la renuncia de Bidegain y Troxler fue incluso consignada por el propio Gorriarán Merlo en su libro “Memorias de Enrique Gorriarán Merlo – De los setenta a La Tablada”, donde el guerrillero del ERP señala que el ataque al regimiento de Azul “fue el argumento que utilizó el gobierno para pedirle la renuncia a Oscar Bidegain, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. En ese momento, Julio Troxler –que era uno de los sobrevivientes de los fusilamientos de José León Suárez- era subjefe de la policía de la Provincia de Buenos Aires”. Y agrega:
“Directamente Perón habló después de lo de Azul y acusó a Bidegain de haber favorecido la acción”[8]

Los diarios de la época indican que efectivamente Perón culpó a Bidegain –quien además tenía su casa en Azul- por lo ocurrido.

Los hechos y las propias palabras de Bonasso en el ya citado libro: “Diario de un clandestino”, parecen mostrar que las sospechas de Perón no estaban centradas en una mera negligencia del entonces gobernador de Buenos Aires. En efecto, Bonasso relata en esa obra que Bidegain participó activamente de una reunión del Consejo Superior de Montoneros, realizada en Managua, durante la revolución sandinista (abril de 1980), y que propuso incluso pasar ciertas cuestiones a votación, como efectivamente se hizo.[9] Además, él mismo era miembro del Consejo Superior de Montoneros.

Por otro lado, Eduardo Zamorano, en su libro: “Peronistas revolucionarios”, revela que Troxler impartía entrenamiento militar a los Montoneros: “Pero seguramente lo que más molestó a Perón, aquello que activó sus alarmas de viejo militar, fue el proyecto de las ‘milicias populares’.
“Es sabido que el Delegado de la Juventud, Rodolfo Galimberti, se desdijo rápidamente de su exabrupto y, para mayor humillación, fue destituido de su cargo.
“Menos conocido es que el proyecto no por eso fue desactivado.
“Montoneros comenzó a brindar instrucción militar masiva a todos sus cuadros. Ello se extendió incluso a los ‘aspirantes’.
“En las agrupaciones políticas la formación militar abarcaba el ‘orden cerrado’ y la organización por pelotones de cinco personas.
“El manual militar tenía como guía la instrucción que recibían las tropas de infantería de las fuerzas armadas regulares, incorporándose los elementos acordes con la especificidad de la situación.
“Los campamentos y las actividades desarrolladas en ellos, si bien procuraban una cierta discreción, no eran clandestinos; en la provincia de Buenos Aires, el Sub-Jefe de la Policía –Troxler- conocía y facilitaba estos emprendimientos”.[10]

Más aún, José Amorín, otro ex montonero, en su libro: “Montoneros: La buena historia”, revela que las armas que utilizó la organización para asesinar a José Ignacio Rucci fueron transportadas por Gustavo Lafleur, por orden de Roqué, “en un auto oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires”[11]. Este dato, que ya de por sí es indicio suficiente de complicidad de ese gobierno con el asesinato, podría indicar también que las propias armas fueron proporcionadas por el Estado bonaerense.

Pero además, también Bonasso publicó que “en 1973 Juan Carlos ocupó un cargo formal en el gobierno de la provincia de Buenos Aires que conducía Oscar Bidegain. El puesto era sólo una tapadera de su real actividad: la conducción de la columna La Plata de Montoneros”.[12]

Son varias las pruebas de este género que ofrece Bonasso. En otra parte del mismo libro revela:
“En una reunión con mi ‘respo’ [es decir: el responsable, el superior de Bonasso], el Cabezón Habegger, y con el Pinguli, trasmito alborozado la buena nueva. Pinguli, en su estilo parco e introvertido, se muestra complacido y establece que el Cabezón va a supervisar los preparativos. Tiene credenciales para hacerlo: ha sido el responsable del Operativo Dorrego donde la Juventud Peronista desarrolló una tarea de asistencia a la comunidad junto con el Ejército, ha conducido detrás de las bambalinas a los cuadros que trabajaron en la gobernación de Oscar Bidegain y tiene muy buenas relaciones con el empresario Miguel Nazar, que conduce la CGE bonaerense”.[13] (el subrayado es mío).

En conclusión:

a) Entre 1973 y 1974, hubo un gobernador de la Provincia de Buenos Aires –Oscar Bidegain- que pertenecía a la organización Montoneros, integraba su Consejo Superior, participó de sus decisiones y, como mínimo, resultaba confiable para otras organizaciones terroristas; además de la acusación elíptica de Perón sobre su complicidad en acciones como el ataque al Regimiento de Azul.
b) Simultáneamente, hubo un Sub-Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires –Julio Troxler- designado por el propio Bidegain, quien no sólo era confiable para las organizaciones terroristas sino que les facilitaba campos de entrenamiento e instrucción militar.
c) Esa instrucción militar se impartía a todos los miembros de Montoneros, sin excepción.
d) El apoyo logístico bonaerense se extendía incluso a los atentados, como el asesinato de José Ignacio Rucci, para el cual el gobierno de la provincia de Buenos Aires proveyó, como mínimo, un auto oficial.
e) El gobierno de la Provincia de Buenos Aires funcionaba como cobertura y apoyo de las actividades terroristas, muchos de sus cuadros estaban insertados en el escalafón bonaerense.