Escribo tratando de desembarazarme de la empalagosa hipocresía que chorrea de la radio, del televisor y de los diarios, como una melaza espesa y adulterada. Siempre creí que la muerte no convierte a un miserable en buena persona sino en un miserable muerto.
Néstor Kirchner fue, según mi exclusiva e intransferible opinión, una persona malvada, vengativa y mezquina. Un tipo básicamente destructivo y profundamente egoísta.
Dos de cada tres habitantes de este país tenía de él una imagen negativa, con niveles de desaprobación ciertamente dispares. De estos dos tercios, alguna porción probablemente importante debe compartir mi opinión sobre su persona.
Por supuesto, la muerte conmueve, hasta la del enemigo. Las personas de bien cubren con un tapiz de piedad los costados oscuros de los que mueren y prudentemente callan sus opiniones si estas no favorecen al muerto. También es cierto que desde ciertas posiciones institucionales o representativas resulta sensato hacer comentarios de ocasión y presentar cristianas condolencias a los deudos.
Les hablaba de mi empalagamiento, porque desde ayer escucho hablar de un “apasionado luchador”, de un “político de raza”, de un “defensor vehemente de sus ideas” y varias otras calificaciones de tinte épico. Y estas calificaciones no provienen de sus partidarios (que por otra parte se turnan para llorar en la radio) sino de gente que hasta ayer luchaba para no ser destruida por las perversas andanadas del furor exterminador de Néstor Kirchner. Todavía faltan dos días para su entierro y creo que esto recién empieza.
Escuchar a tipos como Scioli o Alberto Fernández (que han sido ninguneados, maltratados, desautorizados, erosionados, boicoteados, extorsionados y manipulados por el “apasionado luchador”), hacer pucheritos en la radio hablando del amigo que se les fue, me remite al trágico síndrome de la mujer golpeada. A ellos trato de comprenderlos desde la patológica necesidad que tienen los políticos, en especial los peronistas, de subirse al tren que más les convenga.
Ni que hablar de los muñequitos de torta que integran el gabinete y que compiten entre sí para ver cuál de ellos hace la declaración de dolor más desgarradora, mientras esconden la calculadora con la que tratan de deducir cómo quedarán parados en el nuevo escenario.
Sin embargo, la cobertura periodística parece reflejar la muerte de Juan Pablo II, en todos los medios, aún en aquellos que tuvieron que pelearla para no ser devastados por la furia vengativa del “político de raza” y sus Chirolitas. No me animé a sintonizar Canal 7 por temor al shock melífluo.
Los invito a hacer un breve ejercicio de inferencia e imaginar qué hubiera ocurrido si el muerto hubiera sido otro.
Por ejemplo Cobos:
· El Calafate estaría de fiesta, con banderines en la calle.
· Aníbal Fernández declararía que “el vicepresidente arde en el séptimo círculo del infierno, reservado a los traidores”.
· Página12 titularía: “Un traidor menos”.
· Le negarían todos los aviones de la flota presidencial para el transporte del féretro a Mendoza.
Por ejemplo Menem:
· Néstor concurriría al funeral sólo para hacer los cuernitos y tocarse los testículos para evitar la mufa, ante las risotadas de dos o tres “espontáneos”.
· Página12 titularía “Murió el culpable de la miseria de los 90”.
· En “6, 7, 8” harían un programa especial describiendo cómo Néstor y Cristina combatieron el neoliberalismo y fueron feroces opositores al difunto durante toda la década infame.
Y esto podría seguir. Sin embargo, quiero resistirme a tratar a los miserables con su misma miseria, porque me educaron de otra manera. Por eso escarbo en las profundidades de mi espíritu tratando de hallar algo de compasión y Sólo encuentro un poco para nuestro país
domingo, 31 de octubre de 2010
viernes, 29 de octubre de 2010
VALORES VERSUS MISERIAS, QUIÉN ES QUIÉN EN EL EJÉRCITO ARGENTINO
Una más, de las recurrentes arbitrariedades cometidas contra las Fuerzas Armadas de la Nación, con origen en el Ministerio que actualmente comanda la otrora adherente montonera Dra Garre, (recientemente ha declarado que el ataque de dicha Organización Terrorista al Regimiento de Formosa ocurrido en el Año 1975 donde fueron asesinados 12 hombres del Ejército fue cometido por el simplismo de “Un error político”), fue nuevamente llevada a cabo, como viene sucediendo desde los últimos años mediante la puesta en ejecución de una clara política discriminatoria en los ascensos a la jerarquía de Oficiales Superiores, en lo que ya comúnmente se conoce como “Portación de Apellidos”, donde personal con sobrados méritos profesionales y adecuadas fojas de servicio, se ven despojados de toda justicia de acceder a grados superiores por el solo hecho de tener o haber tenido familiares militares en actividad en épocas de la Dictadura (se los juzga por lo que puedan o no haber hecho familiares suyos, y no por lo que ellos como personas únicas representan y han sabido lograr a lo largo de su carrera).
Esta situación, que ya fue denunciada ante el Congreso de la Nación Argentina (Garre se opuso terminantemente a autorizar la concurrencia de personal de las FFAA perjudicados por este motivo a la Comisión de Defensa, que previamente los había citado a una reunión), tuvo connotaciones muy puntuales en el Ejército, dejando al descubierto una Escenario Institucional Anárquico de gran complejidad.
Lo que este año habría marcado una diferencia en los hechos, fue la participación que los propios actores de la Fuerza Ejército (aquellos que deben evaluar a los Oficiales en condiciones de ascenso y proponerlos ante el Ministerio de Defensa) tuvieron en los acontecimientos, estando relacionada esta situación con la noticia del retiro voluntario de dos Generales, acaecida un par de semanas atrás (Grl Div Anschutz y Grl Br Gomez).
No fue ese un acontecimiento aislado, como aparentemente se quiso hacer aparecer, sino que fue el corolario de una suerte de enfrentamientos acaecidos en el marco de la anarquía jerarquía que se encontraría viviendo la Fuerza, donde los Generales aparentan tener el control de la Institución, pero salvo muy contadas excepciones son poseedores de un muy bajo prestigio y un pobre ascendiente frente a la severa mirada y cuestionamientos cada vez mayores de los Oficiales y de los Suboficiales de la Fuerza.
Esta Situación estaría generando a voces alzadas un enfrentamiento cada día más marcado entre dicha Cúpula, fracturada internamente por posiciones de recelos entre sus miembros, desmesuradas ansias de poder y deseos de congraciarse con el poder político (lo cual parecería provocarles un marcado “Alzeimer” respecto de los deberes y obligaciones contraídos para con sus subordinados), y el resto de la Fuerza encabezada por Oficiales superiores de la jerarquía de Coroneles, muy críticos a la actual gestión.
Al parecer, el Ministerio de Defensa, cansado de ser el lógico blanco de los reclamos y cuestionamientos por estas irregulares acciones que estaba llevando a cabo “Sugirió” ¿Léase ordenó? al Jefe del Estado Mayor General de La Fuerza Ejército, Grl Pozzi, que sea la misma Fuerza la que efectúe la “Depuración” de manera de no tener que ser el Ministerio el que pague los costos.
El Grl Pozzi, de la misma manera que anteriormente lo había hecho el Grl Bendini, habría asumió el papel de verdugo de sus propios subalternos (Vaya a saber cuál sería la promesa de pago de ese Acto Heroico de traicionar a su gente). Para lo cual se monto una Operación tratando de convencer y presionar a las distintas instancias responsables de implementar administrativamente los ascensos dentro de la Fuerza, para que el personal previamente cuestionado por Defensa por “Portación de Apellido” sea colocado muy por debajo de lo que realmente hubiese correspondido en el orden de mérito pese a tener sobradas condiciones de manera que, no pudieran acceder a las vacantes asignados para el grado inmediato superior. De esta manera se disfrazaba el real motivo de la negativa de sus ascensos por “Portación de Apellido”, por el injusto arbitrio de no hacerlos ingresar en las vacantes asignadas por un tema de orden de mérito.
Este Plan encontró plena resistencia en las Jerarquía de Coroneles, que evaluaron con total justicia a los Oficiales Cuestionados, proponiendo el ascenso de los mismos. Esta situación marca un quiebre y unas diferencia substancial con lo actuado en el Nivel de los Generales.
el denominado “Plenario”, conformado por los Generales de menor antigüedad de la Fuerza, donde nuevamente son analizados los legajos de los postulantes, se hizo sentir la presión del Grl Pozzi a través de uno de los pocos Alfiles que al parecer le son funcionales (aunque en realidad no se sabe si no es el propio Pozzi el funcional a este General), nos referimos al Grl Milani actual Director General de Inteligencia y muy vinculado, vaya a saber en base a que méritos a la Ministra Garre (se los vincula a ambos en negocios inmobiliarios con edificaciones y terrenos enajenados a las FFAA) el cual arengo al resto de los Generales a no dejar solo al JEMGE en su posición ¿No habría correspondido mejor arengarlos a no dejar solos a los Subalternos injustamente cuestionados, antes que al Jefe de Estado Mayor, que estaba siendo el brazo ejecutor de una manifiesta arbitrariedad?.
Igualmente merecen ser destacadas las posiciones minoritarias, pero totalmente encontradas del resto de sus pares de solo Dos Generales: El Grl Terrado y el Grl Pritz que con firmeza y convicción fueron los únicos que votaron en contra de la injusta exclusión del personal dentro de las vacantes de ascenso. Votaron a Favor, siguiendo la arbitraria postura del Grl Pozzi 27 Generales de la Nación (Lux, Tellado, Milani, Marturet, Carles, Peretti, Dotto, Pelagatti, Ruiz Díaz, Martinez Conti, Calligaro, Landa, Serrano, Paoli, Barchuk, Cundom, Brizuela, Herrera, Brown, Ferrari, Bruera, Canaves, Montero, Castagno, Bossert, Carena, Diaz Bessone (este último quiso posteriormente enmascarar su voto frente a sus subalternos, diciendo que lo había hecho negativamente, pero fue oportunamente “Descubierto” en su intento) una mención particular que marca el nivel del auditorio fue la participación del Grl Aud Lozano, cuando les afirma al resto de los Generales que “… voten tranquilos por el NO, porque estamos legalmente “Cubiertos” ¿Cubiertos de que Grl Lozano? ¿De la injusticia e inmoralidad que estaban haciendo? ¿De la Asociación ilícita que pareciera están formando en perjuicio de sus subalternos que confiaban en ustedes?.
Es de esperar que algunos de estos Generales recapaciten sobre su actuación, piensen un poco en su apellido, en su anterior trayectoria profesional y rompan con la alianza de inmoralidad en la cual se encuentran inmensos, porque casi con seguridad sus subalternos tendrán buena memoria y les será muy dificil comandarlos de aquí en más con estos antecedentes.
Pero fue en la instancia superior (Junta Superior), conformada por los Siete Generales más antiguos), último nivel de estudio de los legajos del personal en condición de ascenso, donde la Situación de Crisis Institucional dentro de la Fuerza se hizo más evidente, en una primera votación, por unanimidad los Generales se opusieron a la Política del Grl Pozzi, sosteniendo los ascensos del Personal Cuestionado, pero luego, el propio Pozzi irrumpió en la Sala llamándolos a la reflexión, e intentando convencerlos de a uno, llegando a ofrecerles, de acuerdo a las versiones recogidas, continuidad en la gestión e incluso a alguno de ellos, el cargo de SUBJEMGE (siendo que actualmente se encuentra ocupado dicho puesto por el Grl Lugani)
Esta socavada acción habría impulsado una nueva votación, dando como resultado que de los Seis Generales que votaron (el 7mo era el Grl Camponovo que por ser el de mayor graduación solo emitía su voto en caso de empate), Cuatro de ellos se mantuvieron en su postura original: Lugani, Ansuchtz, Gomez y Aparicio, en cambio Dos de ellos cambiaron abruptamente y sorpresivamente sus votos siguiendo la postura de Pozzi, siendo los mismos el Grl ARTUSO y el Grl POGGI, ambos del arma de Ingenieros al igual que el Grl Milani ¿Simple coincidencia?.
La versión recogida indica que como resultado de esta situación se manifestaron severos reproches y se vivieron situaciones tensas entre los causantes, lo que motivó el Pase a Retiro del Grl Gomez y del Grl Anschutz, sin dudas el de mayor prestigio y ascendiente entre sus pares, demostrando por parte de los mismos por un lado sentido de dignidad y por otro un claro distanciamiento con la actual conducción que de la Fuerza, postura que sería acompañada mayoritariamente en jerarquías inferiores a la de los generales.
¿Cuál será la evolución de estos acontecimientos?. Sin duda las secuelas que arrojarán estos hechos irán madurando de aquí en más hacia el futuro, mientras tanto es necesario dimensionar el estado de debilidad jerárquica y socavamiento de los valores éticos básicos a los que la actual gestión de Defensa está llevando al Ejército. Por supuesto que la Ministra Garre cuenta con aliados directos, tal cual son la mayoría de los actuales Mandos de esta Fuerza.
¿Podríamos avizorar nuevos enfrentamientos? No puede afirmarse esto, aunque si preverse; lo que si subyace claramente es que se estaría manifestando una ruptura generacional, con una manifiesta oposición a la actual Conducción, cimentada básicamente por los Valores que regirían las conductas entre sus integrantes.
Esta situación, que ya fue denunciada ante el Congreso de la Nación Argentina (Garre se opuso terminantemente a autorizar la concurrencia de personal de las FFAA perjudicados por este motivo a la Comisión de Defensa, que previamente los había citado a una reunión), tuvo connotaciones muy puntuales en el Ejército, dejando al descubierto una Escenario Institucional Anárquico de gran complejidad.
Lo que este año habría marcado una diferencia en los hechos, fue la participación que los propios actores de la Fuerza Ejército (aquellos que deben evaluar a los Oficiales en condiciones de ascenso y proponerlos ante el Ministerio de Defensa) tuvieron en los acontecimientos, estando relacionada esta situación con la noticia del retiro voluntario de dos Generales, acaecida un par de semanas atrás (Grl Div Anschutz y Grl Br Gomez).
No fue ese un acontecimiento aislado, como aparentemente se quiso hacer aparecer, sino que fue el corolario de una suerte de enfrentamientos acaecidos en el marco de la anarquía jerarquía que se encontraría viviendo la Fuerza, donde los Generales aparentan tener el control de la Institución, pero salvo muy contadas excepciones son poseedores de un muy bajo prestigio y un pobre ascendiente frente a la severa mirada y cuestionamientos cada vez mayores de los Oficiales y de los Suboficiales de la Fuerza.
Esta Situación estaría generando a voces alzadas un enfrentamiento cada día más marcado entre dicha Cúpula, fracturada internamente por posiciones de recelos entre sus miembros, desmesuradas ansias de poder y deseos de congraciarse con el poder político (lo cual parecería provocarles un marcado “Alzeimer” respecto de los deberes y obligaciones contraídos para con sus subordinados), y el resto de la Fuerza encabezada por Oficiales superiores de la jerarquía de Coroneles, muy críticos a la actual gestión.
Al parecer, el Ministerio de Defensa, cansado de ser el lógico blanco de los reclamos y cuestionamientos por estas irregulares acciones que estaba llevando a cabo “Sugirió” ¿Léase ordenó? al Jefe del Estado Mayor General de La Fuerza Ejército, Grl Pozzi, que sea la misma Fuerza la que efectúe la “Depuración” de manera de no tener que ser el Ministerio el que pague los costos.
El Grl Pozzi, de la misma manera que anteriormente lo había hecho el Grl Bendini, habría asumió el papel de verdugo de sus propios subalternos (Vaya a saber cuál sería la promesa de pago de ese Acto Heroico de traicionar a su gente). Para lo cual se monto una Operación tratando de convencer y presionar a las distintas instancias responsables de implementar administrativamente los ascensos dentro de la Fuerza, para que el personal previamente cuestionado por Defensa por “Portación de Apellido” sea colocado muy por debajo de lo que realmente hubiese correspondido en el orden de mérito pese a tener sobradas condiciones de manera que, no pudieran acceder a las vacantes asignados para el grado inmediato superior. De esta manera se disfrazaba el real motivo de la negativa de sus ascensos por “Portación de Apellido”, por el injusto arbitrio de no hacerlos ingresar en las vacantes asignadas por un tema de orden de mérito.
Este Plan encontró plena resistencia en las Jerarquía de Coroneles, que evaluaron con total justicia a los Oficiales Cuestionados, proponiendo el ascenso de los mismos. Esta situación marca un quiebre y unas diferencia substancial con lo actuado en el Nivel de los Generales.
el denominado “Plenario”, conformado por los Generales de menor antigüedad de la Fuerza, donde nuevamente son analizados los legajos de los postulantes, se hizo sentir la presión del Grl Pozzi a través de uno de los pocos Alfiles que al parecer le son funcionales (aunque en realidad no se sabe si no es el propio Pozzi el funcional a este General), nos referimos al Grl Milani actual Director General de Inteligencia y muy vinculado, vaya a saber en base a que méritos a la Ministra Garre (se los vincula a ambos en negocios inmobiliarios con edificaciones y terrenos enajenados a las FFAA) el cual arengo al resto de los Generales a no dejar solo al JEMGE en su posición ¿No habría correspondido mejor arengarlos a no dejar solos a los Subalternos injustamente cuestionados, antes que al Jefe de Estado Mayor, que estaba siendo el brazo ejecutor de una manifiesta arbitrariedad?.
Igualmente merecen ser destacadas las posiciones minoritarias, pero totalmente encontradas del resto de sus pares de solo Dos Generales: El Grl Terrado y el Grl Pritz que con firmeza y convicción fueron los únicos que votaron en contra de la injusta exclusión del personal dentro de las vacantes de ascenso. Votaron a Favor, siguiendo la arbitraria postura del Grl Pozzi 27 Generales de la Nación (Lux, Tellado, Milani, Marturet, Carles, Peretti, Dotto, Pelagatti, Ruiz Díaz, Martinez Conti, Calligaro, Landa, Serrano, Paoli, Barchuk, Cundom, Brizuela, Herrera, Brown, Ferrari, Bruera, Canaves, Montero, Castagno, Bossert, Carena, Diaz Bessone (este último quiso posteriormente enmascarar su voto frente a sus subalternos, diciendo que lo había hecho negativamente, pero fue oportunamente “Descubierto” en su intento) una mención particular que marca el nivel del auditorio fue la participación del Grl Aud Lozano, cuando les afirma al resto de los Generales que “… voten tranquilos por el NO, porque estamos legalmente “Cubiertos” ¿Cubiertos de que Grl Lozano? ¿De la injusticia e inmoralidad que estaban haciendo? ¿De la Asociación ilícita que pareciera están formando en perjuicio de sus subalternos que confiaban en ustedes?.
Es de esperar que algunos de estos Generales recapaciten sobre su actuación, piensen un poco en su apellido, en su anterior trayectoria profesional y rompan con la alianza de inmoralidad en la cual se encuentran inmensos, porque casi con seguridad sus subalternos tendrán buena memoria y les será muy dificil comandarlos de aquí en más con estos antecedentes.
Pero fue en la instancia superior (Junta Superior), conformada por los Siete Generales más antiguos), último nivel de estudio de los legajos del personal en condición de ascenso, donde la Situación de Crisis Institucional dentro de la Fuerza se hizo más evidente, en una primera votación, por unanimidad los Generales se opusieron a la Política del Grl Pozzi, sosteniendo los ascensos del Personal Cuestionado, pero luego, el propio Pozzi irrumpió en la Sala llamándolos a la reflexión, e intentando convencerlos de a uno, llegando a ofrecerles, de acuerdo a las versiones recogidas, continuidad en la gestión e incluso a alguno de ellos, el cargo de SUBJEMGE (siendo que actualmente se encuentra ocupado dicho puesto por el Grl Lugani)
Esta socavada acción habría impulsado una nueva votación, dando como resultado que de los Seis Generales que votaron (el 7mo era el Grl Camponovo que por ser el de mayor graduación solo emitía su voto en caso de empate), Cuatro de ellos se mantuvieron en su postura original: Lugani, Ansuchtz, Gomez y Aparicio, en cambio Dos de ellos cambiaron abruptamente y sorpresivamente sus votos siguiendo la postura de Pozzi, siendo los mismos el Grl ARTUSO y el Grl POGGI, ambos del arma de Ingenieros al igual que el Grl Milani ¿Simple coincidencia?.
La versión recogida indica que como resultado de esta situación se manifestaron severos reproches y se vivieron situaciones tensas entre los causantes, lo que motivó el Pase a Retiro del Grl Gomez y del Grl Anschutz, sin dudas el de mayor prestigio y ascendiente entre sus pares, demostrando por parte de los mismos por un lado sentido de dignidad y por otro un claro distanciamiento con la actual conducción que de la Fuerza, postura que sería acompañada mayoritariamente en jerarquías inferiores a la de los generales.
¿Cuál será la evolución de estos acontecimientos?. Sin duda las secuelas que arrojarán estos hechos irán madurando de aquí en más hacia el futuro, mientras tanto es necesario dimensionar el estado de debilidad jerárquica y socavamiento de los valores éticos básicos a los que la actual gestión de Defensa está llevando al Ejército. Por supuesto que la Ministra Garre cuenta con aliados directos, tal cual son la mayoría de los actuales Mandos de esta Fuerza.
¿Podríamos avizorar nuevos enfrentamientos? No puede afirmarse esto, aunque si preverse; lo que si subyace claramente es que se estaría manifestando una ruptura generacional, con una manifiesta oposición a la actual Conducción, cimentada básicamente por los Valores que regirían las conductas entre sus integrantes.
lunes, 25 de octubre de 2010
lunes, 18 de octubre de 2010
MUERTES EN PRISIÓN
El Poder Judicial debe actuar ante el daño en la salud de los enjuiciados por crímenes llamados de "lesa humanidad" en la cárcel
Lunes 18 de octubre de 2010 | Publicado en edición impresa
Sin que haya información oficial, se conoce a través de diversas organizaciones el fallecimiento de 118 personas en situación de privación de su libertad, la mayoría en cárceles comunes y en condiciones extremadamente riesgosas para su salud. Se trata de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad enjuiciados por los llamados delitos de "lesa humanidad", ocurridos en los años setenta en ocasión de la lucha antisubversiva.
La casi totalidad de las personas fallecidas en cautiverio no habían recibido aún condena judicial. Se trata de una estadística única y lamentable, que no tiene precedente en la Justicia. Comprende a personas de edad, casi todos ellos de más de 70 años y la mayoría de más de 80, que han muerto en las cárceles donde fueron alojados sin consideración de su salud y su vida, sin la posibilidad de contar con medicamentos específicos, chequeos médicos y análisis periódicos y, sobre todo, de la rápida accesibilidad a servicios de reanimación o terapia intensiva para el caso de urgencias.
El artículo 18 de la Constitución nacional dispone que las cárceles son para seguridad y no para castigo de los detenidos. Los establecimientos federales están preparados para alojar una población con una edad promedio muy inferior a la que presentan los imputados de estos delitos, ocurridos hace 35 años. Las urgencias no pueden ni han podido ser atendidas eficazmente, ya que en todos los casos las medidas de seguridad propias de los penales imponen la apertura y cierre de hasta ocho o más puertas, con estrictas medidas de control, tanto para tener acceso al enfermo en caso de urgencia, como para efectuar su externación hacia un nosocomio que tenga un mínimo de complejidad suficiente para evitar su muerte.
Otros muchos que padecieron prisión murieron poco después de haber sido excarcelados luego de un prolongado encierro que, por las razones ya mencionadas, deterioraron definitivamente su salud. Debieron sufrir daño físico, pero además psicológico, producto del sometimiento a procesos realizados en lugares públicos alquilados al efecto (teatros y hasta una cancha de fútbol), donde los imputados y sus familiares son agredidos e insultados por un público perteneciente a organizaciones que nuclean a militantes ideologizados. Se difunden por televisión escenas donde los imputados son conducidos esposados y trasladados incluso en camilla y con suero, dado su precario estado de salud.
Muchos jueces que tramitan este tipo de procesos han enviado a prisión a personas sabiendo o debiendo saber que, por su edad o estado de salud, no estaban en condiciones de sobrevivir en un establecimiento carcelario en condiciones no aptas. Estas personas son mantenidas en prisión durante largos períodos en estas condiciones, o se les ha revocado la detención domiciliaria que tenían, pese a sufrir discapacidades mentales agudas, como Alzheimer, cáncer avanzado y afecciones cardíacas.
Estos hechos, que se verifican exclusivamente en casos de juzgamiento de delitos llamados de "lesa humanidad", son contrarios a una tradición judicial de decoro y respeto de los derechos humanos en los procesos penales. Significan la lamentable transgresión de diversas normas protectoras de la dignidad humana de alcance constitucional, que la Argentina se ha obligado a garantizar para todos sus ciudadanos.
Las más altas autoridades del Poder Judicial deben actuar de inmediato para poner fin a esta situación, ya que es el mismo artículo 18 de la Carta Magna el que establece que toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificar a los detenidos, más allá de lo que la seguridad exija, hará responsable al juez que lo autorice.
La sombría estadística, lamentablemente, no desmiente las denuncias sobre la asimetría, revanchismo y falta de legalidad que pesan sobre esta clase de juicios. Por si algo les faltara, ahora le agregan la muerte.
Lunes 18 de octubre de 2010 | Publicado en edición impresa
Sin que haya información oficial, se conoce a través de diversas organizaciones el fallecimiento de 118 personas en situación de privación de su libertad, la mayoría en cárceles comunes y en condiciones extremadamente riesgosas para su salud. Se trata de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad enjuiciados por los llamados delitos de "lesa humanidad", ocurridos en los años setenta en ocasión de la lucha antisubversiva.
La casi totalidad de las personas fallecidas en cautiverio no habían recibido aún condena judicial. Se trata de una estadística única y lamentable, que no tiene precedente en la Justicia. Comprende a personas de edad, casi todos ellos de más de 70 años y la mayoría de más de 80, que han muerto en las cárceles donde fueron alojados sin consideración de su salud y su vida, sin la posibilidad de contar con medicamentos específicos, chequeos médicos y análisis periódicos y, sobre todo, de la rápida accesibilidad a servicios de reanimación o terapia intensiva para el caso de urgencias.
El artículo 18 de la Constitución nacional dispone que las cárceles son para seguridad y no para castigo de los detenidos. Los establecimientos federales están preparados para alojar una población con una edad promedio muy inferior a la que presentan los imputados de estos delitos, ocurridos hace 35 años. Las urgencias no pueden ni han podido ser atendidas eficazmente, ya que en todos los casos las medidas de seguridad propias de los penales imponen la apertura y cierre de hasta ocho o más puertas, con estrictas medidas de control, tanto para tener acceso al enfermo en caso de urgencia, como para efectuar su externación hacia un nosocomio que tenga un mínimo de complejidad suficiente para evitar su muerte.
Otros muchos que padecieron prisión murieron poco después de haber sido excarcelados luego de un prolongado encierro que, por las razones ya mencionadas, deterioraron definitivamente su salud. Debieron sufrir daño físico, pero además psicológico, producto del sometimiento a procesos realizados en lugares públicos alquilados al efecto (teatros y hasta una cancha de fútbol), donde los imputados y sus familiares son agredidos e insultados por un público perteneciente a organizaciones que nuclean a militantes ideologizados. Se difunden por televisión escenas donde los imputados son conducidos esposados y trasladados incluso en camilla y con suero, dado su precario estado de salud.
Muchos jueces que tramitan este tipo de procesos han enviado a prisión a personas sabiendo o debiendo saber que, por su edad o estado de salud, no estaban en condiciones de sobrevivir en un establecimiento carcelario en condiciones no aptas. Estas personas son mantenidas en prisión durante largos períodos en estas condiciones, o se les ha revocado la detención domiciliaria que tenían, pese a sufrir discapacidades mentales agudas, como Alzheimer, cáncer avanzado y afecciones cardíacas.
Estos hechos, que se verifican exclusivamente en casos de juzgamiento de delitos llamados de "lesa humanidad", son contrarios a una tradición judicial de decoro y respeto de los derechos humanos en los procesos penales. Significan la lamentable transgresión de diversas normas protectoras de la dignidad humana de alcance constitucional, que la Argentina se ha obligado a garantizar para todos sus ciudadanos.
Las más altas autoridades del Poder Judicial deben actuar de inmediato para poner fin a esta situación, ya que es el mismo artículo 18 de la Carta Magna el que establece que toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificar a los detenidos, más allá de lo que la seguridad exija, hará responsable al juez que lo autorice.
La sombría estadística, lamentablemente, no desmiente las denuncias sobre la asimetría, revanchismo y falta de legalidad que pesan sobre esta clase de juicios. Por si algo les faltara, ahora le agregan la muerte.
jueves, 14 de octubre de 2010
Acampe de AFyAPPA frente al Ministerio de Defensa - Palabras de Cierre
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Discurso de María Cecilia Pando frente al Ministerio de Defensa
No menos de 250 fueron los miembros de las Fuerzas Armadas asesinados por el terrorismo en la década del 70. Había que matarlos porque para los compañeros de ruta de la Ministro de Defensa ellos constituían el brazo armado de la oligarquía, conformaban una fuerza de ocupación al servicio del imperialismo y con ellos no podía haber tregua. Así pensaban y actuaban algunos personajes que hoy integran junto a Nilda Garré el Ministerio de Defensa.
35 años después, el mismo odio fraticida de la ideología revolucionaria ya ha llevado a la muerte a 123 integrantes de las FFAA, que perdieron la vida en cautiverio, injusta e ilegalmente detenidos por una justicia vilmente instrumentada por los mismos personeros del terror. Por cada uno de estos caídos, sus familiares y amigos hemos plantado una cruz, que dejaremos bajo el cuidado de sus camaradas, para que siempre los tengan presentes.
También plantamos cruces en recuerdo de los caídos en el ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29, donde, entre otros, diez soldados conscriptos fueron asesinados por la demencia terrorista montonera. De ese ataque, Nilda Garré manifestó que se había tratado de un simple error político de la organización que ejecutó la operación, al tiempo que se jactaba de que en la ceremonia central sólo participaba el comandante de la brigada bajo cuyo mando se encuentra la unidad militar afectada. Claro, no hay que hacer mucho ruido con este tema… porque entre otros, su compañero Carlos Kunkel podría terminar preso si la justicia recupera la visión de su ojo derecho.
Acampamos frente al Ministerio de Defensa porque las instituciones no pueden seguir mirando al costado, como si nunca hubieran conocido a nuestros familiares y amigos. Ellos están siendo juzgados por pertenecer al Ejército Argentino, a la Marina de Guerra o a la Fuerza Aérea. Estarían gozando de libertad si hubieran dedicado su vida a otros menesteres o hubieran formado parte de otras entidades como los Scouts o los Bomberos Voluntarios. Cuando nuestros familiares y amigos son acusados de haber conformado una asociación ilícita, están acusando al Ejército, a la Fuerza Aérea y a nuestra Armada, de constituir asociaciones ilícitas.
Y los mandos de las instituciones tienen el deber y la obligación de apoyar y respaldar a los subordinados que cumplieron órdenes, en el marco del conflicto bélico que enfrentó a los argentinos en la década del 70. Nuestros familiares y amigos no eligieron el destino o el puesto de combate que les tocó ocupar en aquella confrontación. Fue el estado nacional, representado en la persona de los mandos castrenses, el que definió el rol que cada uno ocuparía en la guerra contra el terrorismo.
Y todo esto es tan así, que terminado el conflicto, nuestros familiares y amigos continuaron sus carreras sin siquiera una observación a sus supuestas conductas delictivas, demostrando tácitamente, que ellos habían ejecutado simplemente lo que las instituciones a las que pertenecían les habían ordenado efectuar.
Si el hundimiento del Crucero General Belgrano en la guerra por la recuperación de nuestras Islas Malvinas fuera catalogado como un crimen de guerra. ¿Sería justo que terminara acusado el cabo o el sargento que tuvo a su cargo accionar el torpedo que concretó aquella masacre? ¿O que terminara acusados de crimen de lesa humanidad los pilotos que lanzaron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki? ¿Sería lógico que ante estas situaciones los comandantes de las fuerzas involucradas no dijeran una sola palabra esclarecedora?
En estos días, también le preguntamos públicamente a Nilda Garré si había tenido algo que ver con la operación Mellizas, mediante la cual los montoneros secuestraron a los hermanos Born, teniendo en cuenta que tiempo atrás, el Tata Yofre había declarado públicamente que uno de los secuestrados le había confesado escuchar la voz de una de sus captoras, cada vez que hablaba la actual Ministro de Defensa. Y hay que aclarar que más de un militar está preso por delitos de lesa humanidad con acusaciones tan o más vagas que aquella.
Como corresponde a una militante setentista hecha y derecha, Nilda Garré no contestó ninguna de nuestras preguntas. Prefirió acudir a la represión de las manifestantes ordenando el robo de aquellos carteles que no le gustaban. Acostumbrada a operar fuera del marco de la ley, ordenó la represión ilegal. Como no consiguió la orden judicial para que interviniera la policía, decidió reprimir con las mismas fuerzas armadas, aunque para ello tuviera que violar la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior, y la Ley de Inteligencia Nacional. Al fin y al cabo es la ministro de los Kirchner y todos sabemos cual es el valor que tiene la ley para esta administración. Ya veremos que declara cuando sea llamada a los estrados judiciales.
Pero más allá de las dificultades que nunca faltan, quiero destacar y agradecer las permanentes muestras de apoyo y solidaridad que hemos recibido durante todos estos días. Por la mirada cómplice, por los gestos escondidos de aprobación o por el característico no aflojen que estamos con ustedes, todos hemos sentido reconfortado nuestro espíritu y desbordada nuestra esperanza. Lo vivenciado nos permite gritarle a la ministro: Seguí participando, Nilda, ya que nunca podrás cambiar la esencia de nuestras Fuerzas Armadas.
Finalmente, quiero invitar a todos los presentes en este acto, y a todos los hombres y mujeres que trabajan en el Edificio Libertador a que nos acompañen en este toque de silencio en recuerdo de los 123 efectivos de las FFAA que murieron en cautiverio, privados ilegalmente de su libertad.
A todos, muchas gracias.
35 años después, el mismo odio fraticida de la ideología revolucionaria ya ha llevado a la muerte a 123 integrantes de las FFAA, que perdieron la vida en cautiverio, injusta e ilegalmente detenidos por una justicia vilmente instrumentada por los mismos personeros del terror. Por cada uno de estos caídos, sus familiares y amigos hemos plantado una cruz, que dejaremos bajo el cuidado de sus camaradas, para que siempre los tengan presentes.
También plantamos cruces en recuerdo de los caídos en el ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29, donde, entre otros, diez soldados conscriptos fueron asesinados por la demencia terrorista montonera. De ese ataque, Nilda Garré manifestó que se había tratado de un simple error político de la organización que ejecutó la operación, al tiempo que se jactaba de que en la ceremonia central sólo participaba el comandante de la brigada bajo cuyo mando se encuentra la unidad militar afectada. Claro, no hay que hacer mucho ruido con este tema… porque entre otros, su compañero Carlos Kunkel podría terminar preso si la justicia recupera la visión de su ojo derecho.
Acampamos frente al Ministerio de Defensa porque las instituciones no pueden seguir mirando al costado, como si nunca hubieran conocido a nuestros familiares y amigos. Ellos están siendo juzgados por pertenecer al Ejército Argentino, a la Marina de Guerra o a la Fuerza Aérea. Estarían gozando de libertad si hubieran dedicado su vida a otros menesteres o hubieran formado parte de otras entidades como los Scouts o los Bomberos Voluntarios. Cuando nuestros familiares y amigos son acusados de haber conformado una asociación ilícita, están acusando al Ejército, a la Fuerza Aérea y a nuestra Armada, de constituir asociaciones ilícitas.
Y los mandos de las instituciones tienen el deber y la obligación de apoyar y respaldar a los subordinados que cumplieron órdenes, en el marco del conflicto bélico que enfrentó a los argentinos en la década del 70. Nuestros familiares y amigos no eligieron el destino o el puesto de combate que les tocó ocupar en aquella confrontación. Fue el estado nacional, representado en la persona de los mandos castrenses, el que definió el rol que cada uno ocuparía en la guerra contra el terrorismo.
Y todo esto es tan así, que terminado el conflicto, nuestros familiares y amigos continuaron sus carreras sin siquiera una observación a sus supuestas conductas delictivas, demostrando tácitamente, que ellos habían ejecutado simplemente lo que las instituciones a las que pertenecían les habían ordenado efectuar.
Si el hundimiento del Crucero General Belgrano en la guerra por la recuperación de nuestras Islas Malvinas fuera catalogado como un crimen de guerra. ¿Sería justo que terminara acusado el cabo o el sargento que tuvo a su cargo accionar el torpedo que concretó aquella masacre? ¿O que terminara acusados de crimen de lesa humanidad los pilotos que lanzaron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki? ¿Sería lógico que ante estas situaciones los comandantes de las fuerzas involucradas no dijeran una sola palabra esclarecedora?
En estos días, también le preguntamos públicamente a Nilda Garré si había tenido algo que ver con la operación Mellizas, mediante la cual los montoneros secuestraron a los hermanos Born, teniendo en cuenta que tiempo atrás, el Tata Yofre había declarado públicamente que uno de los secuestrados le había confesado escuchar la voz de una de sus captoras, cada vez que hablaba la actual Ministro de Defensa. Y hay que aclarar que más de un militar está preso por delitos de lesa humanidad con acusaciones tan o más vagas que aquella.
Como corresponde a una militante setentista hecha y derecha, Nilda Garré no contestó ninguna de nuestras preguntas. Prefirió acudir a la represión de las manifestantes ordenando el robo de aquellos carteles que no le gustaban. Acostumbrada a operar fuera del marco de la ley, ordenó la represión ilegal. Como no consiguió la orden judicial para que interviniera la policía, decidió reprimir con las mismas fuerzas armadas, aunque para ello tuviera que violar la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior, y la Ley de Inteligencia Nacional. Al fin y al cabo es la ministro de los Kirchner y todos sabemos cual es el valor que tiene la ley para esta administración. Ya veremos que declara cuando sea llamada a los estrados judiciales.
Pero más allá de las dificultades que nunca faltan, quiero destacar y agradecer las permanentes muestras de apoyo y solidaridad que hemos recibido durante todos estos días. Por la mirada cómplice, por los gestos escondidos de aprobación o por el característico no aflojen que estamos con ustedes, todos hemos sentido reconfortado nuestro espíritu y desbordada nuestra esperanza. Lo vivenciado nos permite gritarle a la ministro: Seguí participando, Nilda, ya que nunca podrás cambiar la esencia de nuestras Fuerzas Armadas.
Finalmente, quiero invitar a todos los presentes en este acto, y a todos los hombres y mujeres que trabajan en el Edificio Libertador a que nos acompañen en este toque de silencio en recuerdo de los 123 efectivos de las FFAA que murieron en cautiverio, privados ilegalmente de su libertad.
A todos, muchas gracias.
Discurso del My (R) Pedro Rafael Mercado frente al Ministerio de Defensa
Han pasado 23 días desde que familiares de camaradas ilegalmente detenidos iniciaran su acampe frente al Ministerio de Defensa. Días cargados de tensiones y de problemas. La lluvia, el frío, el viento y las presiones pusieron a prueba el temple y el amor de estas mujeres y jóvenes por sus seres queridos. Pero persistieron a pesar de todo, dándonos un ejemplo de tenacidad y de fortaleza que nos llena de vergüenza a quienes seguimos navegando en las pequeñeces y los cálculos mezquinos.
Te pedía días atrás que comprendieras su reclamo. Y hoy quiero agradecer públicamente el respeto y el apoyo silencioso que la inmensa mayoría le supo dar a estas valientes mujeres. No esperaba otra cosa. Supiste comprender que se trataba de señoras de camaradas que reclamaban tu ayuda y tu contención. En nombre de ellas y de tus compañeros detenidos te lo agradezco de todo corazón.
Te decía oportunamente que tus camaradas están detenidos por haber combatido al terrorismo marxista. Que están presos por haber cumplimentado las órdenes que oportunamente recibían por la cadena de mandos. Te decía que ellos no eligieron entrar en guerra. Que les tocó participar de un conflicto armado en cumplimiento de sus obligaciones, al igual que hoy te toca a vos participar en misiones de apoyo a la comunidad o en operaciones de mantenimiento de la paz. Te decía que nadie les preguntó si querían o no querían participar en la contienda. Te decía que su accionar se dio en el marco de la respuesta institucional. Que no existió ninguna asociación ilícita.
Y algunos hechos sucedidos en estos días permiten pintar acabadamente la naturaleza de nuestro reclamo, al diferenciar acabadamente las responsabilidades de quienes obedecen y de quienes imparten las órdenes. El día 24 de setiembre en horas de la madrugada, el Jefe de un elemento de inteligencia, siguiendo órdenes del General Milani, condujo un operativo fallido de ruptura de una manifestación pacífica mediante el robo de la cartelería de los manifestantes. El 1ro de Octubre le tocó el turno a un teniente coronel del Cuartel General. La orden era terminante. A las 11 de la mañana ya no tenían que estar las pancartas que recordaban el pasado imperfecto de la Ministro de Defensa. Llegaba una comitiva de italianos y no había tiempo para la negociación. Había que sacarlos por la fuerza, a cualquier precio.
Ni el coronel, ni el teniente coronel, y mucho menos sus subordinados, tuvieron tiempo para analizar las consecuencias de las acciones que debían emprender. Su misión era clara. Pensaron que seguramente sus superiores habían considerado detalladamente las distintas opciones. Si la orden venía por la cadena de mandos había que cumplirla. Aunque no se la comprendiera acabadamente, aunque despertara sensaciones encontradas, aunque en una primera mirada parecía que constituía un error. No había tiempo para seguir analizando el asunto. Había que actuar y actuaron. Se trataba del principio sagrado de la obediencia. De la esencia de la vocación militar. Los que impartieron las órdenes se harían cargo de las consecuencias no deseadas de los hechos. Era lógico que así fuera… para el soldado esto resultaba de sentido común. ¿A quién se le puede ocurrir que el coronel de inteligencia decidió abandonar su casa a las tres de la mañana para divertirse robando un cartel de los manifestantes o que el Teniente Coronel decidió por si mismo empujar y arrastrar por el piso a esposas de camaradas? No estamos hablando de la asociación ilícita de un coronel o de un teniente coronel con sus subordinados. Se trata de la respuesta institucional del Ministerio de Defensa a una manifestación que molestaba a la titular del organismo. Resulta tan claro… tan evidente por sí mismo que no requiere de ninguna explicación.
Si las acciones emprendidas por los subordinados resultan ilegales, surge con naturalidad que la responsabilidad debe ser asumida íntegramente por quienes tomaron las decisiones. Ellos y sólo ellos tuvieron a su alcance los medios de asesoramiento y la información requerida para fundamentar sus resoluciones. Es la esencia del empleo del poder militar. Si llamados por la justicia, el coronel y el teniente coronel fueran procesados por los hechos. ¿Podría el ejército permanecer en silencio como si se tratara de un delito cometido por un particular? ¿Sería lógico que el soldado, el cabo o el teniente que operaron en forma directa fueran penados con más rigor que el general Milani o que la propia Ministro de Defensa? Seguramente para todos esto sería una terrible injusticia, porque la institución debería responder por las acciones desarrolladas por los soldados en el cumplimiento de sus órdenes.
Y esta es la razón por la cual nos encontramos acampando en este lugar. Porque los familiares y amigos de estas señoras están siendo juzgados por hechos desarrollados en cumplimiento de órdenes que llegaban por la cadena de mandos, en el marco de una guerra contra fuerzas irregulares que apelaban al terrorismo como técnica de combate para la toma del poder. Hoy son los altos mandos del ejército los que tienen la responsabilidad indelegable de aclarar en los estrados judiciales y en la opinión pública la esencia de lo castrense. Esa es la primera y más importante responsabilidad que tienen los mandos en el tiempo presente. Y esa es la razón por la cual hemos permanecido todos estos días al frente del Ministerio de Defensa.
Pero no todo fue color de rosa en estas agotadoras jornadas. En la guerra de las banderitas se vivieron situaciones que denigraron a todos los que participamos en ella. El momento más dramático se vivió el pasado 6 de octubre en horas de mediodía. Se conmemoraba el día del marítimo y la presencia de invitados exigía que los carteles de la discordia fueran quitados del lugar. Con protección policial, un grupo de soldados, en un rápido operativo arrancó los carteles y se dio a la fuga. La imagen que quedó grabada en mi retina fue escandalosa. Y algo se quebró en mi interior. Vi a soldados del glorioso Ejército Argentino corriendo como ratas después de haber cometido una fechoría. Vi a esposas e hijos de camaradas transformados en fieras que descargaban su furia sobre los pobres infelices que habían recibido la misión de salvar el discutible honor de una ministra ebria de resentimiento. Me vi a mi mismo profiriendo insultos a camaradas y adoptando actitudes impropias de un hombre con vocación de soldado. Todo bajo la atenta y divertida mirada de personal policial, que no terminaba de creer lo bajo que habíamos caído.
Imaginé también, desde lo alto, a Nilda Garré, junto a Bernetti y Forti sonriendo burlonamente por haber logrado su objetivo. Querían desnaturalizar a las Fuerzas Armadas y lo habían conseguido. Habían logrado transformar a nuestro querido ejército en una asociación ilícita de rateros organizados.
Y yo fui parte de esta tristísima conversión. Contribuí, sin quererlo, a hacer de un soldado un ratero despreciable. Por eso pido públicamente disculpas a los oficiales jefes, a los oficiales subalternos, a los suboficiales y a la tropa, que involuntariamente se vieron arrastrados a esa vil maniobra, impropia de soldados de la estirpe de San Martín. Pero si este oscuro y desconocido Mayor se siente responsable de lo sucedido, no quisiera ponerme en la piel de quien o quienes impartieron las órdenes de empeñamiento, porque ellos si son directamente responsables de haber denigrado la imagen del glorioso Ejercito Argentino. Si nuestro Gran Capitán volviera a la vida, no dudo que amonestaría severamente a este mal servidor, pero tampoco tengo ninguna duda de que echaría a patadas de su Estado Mayor a quien hubiera ordenado acciones tan contrapuestas al honor militar.
Muchas Gracias.
Te pedía días atrás que comprendieras su reclamo. Y hoy quiero agradecer públicamente el respeto y el apoyo silencioso que la inmensa mayoría le supo dar a estas valientes mujeres. No esperaba otra cosa. Supiste comprender que se trataba de señoras de camaradas que reclamaban tu ayuda y tu contención. En nombre de ellas y de tus compañeros detenidos te lo agradezco de todo corazón.
Te decía oportunamente que tus camaradas están detenidos por haber combatido al terrorismo marxista. Que están presos por haber cumplimentado las órdenes que oportunamente recibían por la cadena de mandos. Te decía que ellos no eligieron entrar en guerra. Que les tocó participar de un conflicto armado en cumplimiento de sus obligaciones, al igual que hoy te toca a vos participar en misiones de apoyo a la comunidad o en operaciones de mantenimiento de la paz. Te decía que nadie les preguntó si querían o no querían participar en la contienda. Te decía que su accionar se dio en el marco de la respuesta institucional. Que no existió ninguna asociación ilícita.
Y algunos hechos sucedidos en estos días permiten pintar acabadamente la naturaleza de nuestro reclamo, al diferenciar acabadamente las responsabilidades de quienes obedecen y de quienes imparten las órdenes. El día 24 de setiembre en horas de la madrugada, el Jefe de un elemento de inteligencia, siguiendo órdenes del General Milani, condujo un operativo fallido de ruptura de una manifestación pacífica mediante el robo de la cartelería de los manifestantes. El 1ro de Octubre le tocó el turno a un teniente coronel del Cuartel General. La orden era terminante. A las 11 de la mañana ya no tenían que estar las pancartas que recordaban el pasado imperfecto de la Ministro de Defensa. Llegaba una comitiva de italianos y no había tiempo para la negociación. Había que sacarlos por la fuerza, a cualquier precio.
Ni el coronel, ni el teniente coronel, y mucho menos sus subordinados, tuvieron tiempo para analizar las consecuencias de las acciones que debían emprender. Su misión era clara. Pensaron que seguramente sus superiores habían considerado detalladamente las distintas opciones. Si la orden venía por la cadena de mandos había que cumplirla. Aunque no se la comprendiera acabadamente, aunque despertara sensaciones encontradas, aunque en una primera mirada parecía que constituía un error. No había tiempo para seguir analizando el asunto. Había que actuar y actuaron. Se trataba del principio sagrado de la obediencia. De la esencia de la vocación militar. Los que impartieron las órdenes se harían cargo de las consecuencias no deseadas de los hechos. Era lógico que así fuera… para el soldado esto resultaba de sentido común. ¿A quién se le puede ocurrir que el coronel de inteligencia decidió abandonar su casa a las tres de la mañana para divertirse robando un cartel de los manifestantes o que el Teniente Coronel decidió por si mismo empujar y arrastrar por el piso a esposas de camaradas? No estamos hablando de la asociación ilícita de un coronel o de un teniente coronel con sus subordinados. Se trata de la respuesta institucional del Ministerio de Defensa a una manifestación que molestaba a la titular del organismo. Resulta tan claro… tan evidente por sí mismo que no requiere de ninguna explicación.
Si las acciones emprendidas por los subordinados resultan ilegales, surge con naturalidad que la responsabilidad debe ser asumida íntegramente por quienes tomaron las decisiones. Ellos y sólo ellos tuvieron a su alcance los medios de asesoramiento y la información requerida para fundamentar sus resoluciones. Es la esencia del empleo del poder militar. Si llamados por la justicia, el coronel y el teniente coronel fueran procesados por los hechos. ¿Podría el ejército permanecer en silencio como si se tratara de un delito cometido por un particular? ¿Sería lógico que el soldado, el cabo o el teniente que operaron en forma directa fueran penados con más rigor que el general Milani o que la propia Ministro de Defensa? Seguramente para todos esto sería una terrible injusticia, porque la institución debería responder por las acciones desarrolladas por los soldados en el cumplimiento de sus órdenes.
Y esta es la razón por la cual nos encontramos acampando en este lugar. Porque los familiares y amigos de estas señoras están siendo juzgados por hechos desarrollados en cumplimiento de órdenes que llegaban por la cadena de mandos, en el marco de una guerra contra fuerzas irregulares que apelaban al terrorismo como técnica de combate para la toma del poder. Hoy son los altos mandos del ejército los que tienen la responsabilidad indelegable de aclarar en los estrados judiciales y en la opinión pública la esencia de lo castrense. Esa es la primera y más importante responsabilidad que tienen los mandos en el tiempo presente. Y esa es la razón por la cual hemos permanecido todos estos días al frente del Ministerio de Defensa.
Pero no todo fue color de rosa en estas agotadoras jornadas. En la guerra de las banderitas se vivieron situaciones que denigraron a todos los que participamos en ella. El momento más dramático se vivió el pasado 6 de octubre en horas de mediodía. Se conmemoraba el día del marítimo y la presencia de invitados exigía que los carteles de la discordia fueran quitados del lugar. Con protección policial, un grupo de soldados, en un rápido operativo arrancó los carteles y se dio a la fuga. La imagen que quedó grabada en mi retina fue escandalosa. Y algo se quebró en mi interior. Vi a soldados del glorioso Ejército Argentino corriendo como ratas después de haber cometido una fechoría. Vi a esposas e hijos de camaradas transformados en fieras que descargaban su furia sobre los pobres infelices que habían recibido la misión de salvar el discutible honor de una ministra ebria de resentimiento. Me vi a mi mismo profiriendo insultos a camaradas y adoptando actitudes impropias de un hombre con vocación de soldado. Todo bajo la atenta y divertida mirada de personal policial, que no terminaba de creer lo bajo que habíamos caído.
Imaginé también, desde lo alto, a Nilda Garré, junto a Bernetti y Forti sonriendo burlonamente por haber logrado su objetivo. Querían desnaturalizar a las Fuerzas Armadas y lo habían conseguido. Habían logrado transformar a nuestro querido ejército en una asociación ilícita de rateros organizados.
Y yo fui parte de esta tristísima conversión. Contribuí, sin quererlo, a hacer de un soldado un ratero despreciable. Por eso pido públicamente disculpas a los oficiales jefes, a los oficiales subalternos, a los suboficiales y a la tropa, que involuntariamente se vieron arrastrados a esa vil maniobra, impropia de soldados de la estirpe de San Martín. Pero si este oscuro y desconocido Mayor se siente responsable de lo sucedido, no quisiera ponerme en la piel de quien o quienes impartieron las órdenes de empeñamiento, porque ellos si son directamente responsables de haber denigrado la imagen del glorioso Ejercito Argentino. Si nuestro Gran Capitán volviera a la vida, no dudo que amonestaría severamente a este mal servidor, pero tampoco tengo ninguna duda de que echaría a patadas de su Estado Mayor a quien hubiera ordenado acciones tan contrapuestas al honor militar.
Muchas Gracias.
lunes, 11 de octubre de 2010
Invitación a Acto frente al Ministerio de Defensa
El día 13 de Octubre de 2010, a las 12:00 horas, la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina invita a participar de un acto público, frente al Ministerio de Defensa, donde se expondrá la posición de AFyAPPA frente a los hechos vividos en los más de 20 días de acampe frente al Edificio Libertador.
En la ocasión, harán uso de la palabra el My (R) Pedro Rafael Mercado y la Sra María Cecilia Pando, presidente de la entidad.
En nombre de todos los presos políticos, agradeceremos vuestra presencia y la difusión de esta actividad.
domingo, 10 de octubre de 2010
sábado, 9 de octubre de 2010
Palabras del Dr Emilio Hardoy en Plaza San Martín el 5 de octubre del 2010
Si los métodos cambiaron, no cambió la subversión en sí, como tampoco cambiaron su ideología ni sus fines. Al menos por ahora, y quiera Dios que para siempre, ésta dejó de lado los homicidios de inocentes; esos homicidios que se jactaba de ejecutar con saña y con alevosía. Lo que no dejó de lado es su declarada voluntad de imponer una ideología que fracasó en todo tiempo y lugar.
Claro está que este gobierno no profesa aquélla ideología. Nuestro gobierno no es marxista. No es de izquierda, de derecha, ni de centro. Es apenas una cleptocracia funcional a los verdaderos ideólogos, de quienes sólo pide a cambio el silencio cómplice para sus negocios sucios.
No esperemos una sincera declaración de principios de quien, en aquellos años turbulentos, huyó a la lejana Patagonia para perseguir deudores hipotecarios. Ni tampoco de esa frívola mujer que hoy ocupa la primera magistratura como testaferro de su marido. Nunca declararán sus principios; sencillamente porque no los tienen. Cuando todo esto termine, ellos no ocuparán lugar alguno en la historia de las ideas políticas. Se tendrán que contentar con las crónicas policiales.
Ahora bien, la cuestión no se limita a estos afanes de riqueza. Cual precio de su impunidad, abrieron la función pública a homicidas y a mentores de homicidas que no expresaron el menor arrepentimiento.
Hoy se exalta a los malhechores con cargos encumbrados, se los remunera a costa del erario con rentas que mal se avienen con su declamado idealismo; y mientras tanto, se olvida a sus víctimas, se distorsiona la historia, se predica el odio y se renueva la división de los argentinos.
Nuestra presidente dijo días atrás que los medios “engañan, mienten y buscan enfrentar a los argentinos”.
¡Qué buena caracterización de su propio gobierno!
De un gobierno que reabre antinomias que creíamos sepultadas para siempre. Que miente al pueblo argentino al imponerle una historia adulterada.
Que invoca normas y principios jurídicos inexistentes para perseguir a quienes vencieron en una guerra justa.
Es un gobierno que instauró un derecho penal de enemigos; que desconoce el valor de la cosa juzgada, la garantía del debido proceso, el principio de legalidad según el cual ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso.
Un gobierno que desprecia la presunción de inocencia y la irretroactividad de la ley penal.
No son estas meras abstracciones.
Hablo de hechos concretos: de presos políticos, de ancianos sometidos a sevicias, de parodias de juicios con condenas dictadas de antemano, de resoluciones judiciales inspiradas en el odio y la venganza, y hablo también de jueces que de tales tienen sólo el nombre, pues son serviles instrumentos del Poder Ejecutivo.
En poco más de un año, esta Asociación viajó por buena parte del país. Asistió a juicios escandalosos, a testimonios ostensiblemente mendaces, a maltratos y a condiciones inhumanas de detención. Ya son 120 los muertos en prisión, muchos de ellos a causa del abandono de los jueces que se supone debían velar por sus derechos y garantías.
Pero en nuestros viajes no sólo vimos la ruindad de estos jueces prevaricadores. También vimos a empeñosos abogados defensores. A soldados que entienden su cautiverio como un nuevo acto de servicio que su Patria les demanda cuando ya podían aspirar a un retiro decoroso. A mujeres que honran cada día sus promesas matrimoniales acompañando a sus maridos en la adversidad. Vimos, en fin, a hombres y mujeres cuya nobleza nos permite confiar en la ansiada redención de nuestra Patria.
Tengo un mensaje para la opinión pública, del que espero tomen buena nota el Gobierno y quienes comandan nuestras Fuerzas Armadas; sobre todo algunos generales, almirantes y brigadieres que olvidan a sus hombres caídos en manos del enemigo mientras departen afables con los asesinos de sus camaradas. Se los envío desde aquí, seguro de que les llegará por medio de los sujetos que habitualmente mandan a estas reuniones con fines de delación.Sepan que no venimos a cohonestar ningún crimen. Quienquiera que aprovechara aquella guerra fratricida para delinquir, es un criminal. Como tal queda ante Dios y ante la historia. Pero los crímenes de pocos o de muchos - aquéllos que no se pudo o no se quiso juzgar cuándo y como correspondía - no desmerecen la justicia de la guerra por nuestra subsistencia como Nación. Ellos no son pretexto para olvidar a las víctimas inocentes ni para encarcelar a la ligera a cuantos combatieron al terrorismo, por el solo hecho de haberlo combatido y omitiendo valorar si sus conductas individuales fueron o no ajustadas a derecho.
Nuestra prédica no reivindica a ningún gobierno anterior. Quede esto para el juicio de la historia y de las opiniones personales.
Nuestro mensaje es una invitación a la Concordia. A pesar de las iniquidades pasadas y presentes, estamos siempre dispuestos a la reconciliación. No odiamos a nadie. Pedimos y ofrecemos la paz.
Pero la paz que pedimos y ofrecemos no es la paz de los cementerios. Demandamos la paz en el orden, la paz que impone rectificar conductas, deponer rencores y entregar las armas que empuñaron contra la Nación; las armas que, hace apenas algunas semanas, Cirilo Perdía admitió que no habían enterrado.
Yerran quienes dicen que no es posible alterar el rumbo; que nos viene impuesto por vaya uno a saber qué normas, tratados, costumbres u organismos internacionales. No existe ninguna norma, no hay ningún tratado, ninguna costumbre internacional, ningún organismo, no existe absolutamente nada que pueda impedir la reconciliación de los argentinos.
La ley no es un ídolo ante el cual se sacrifican los mayores bienes de la sociedad. Eso sólo acontece en regímenes tiránicos como el que ahora padecemos. La ley sólo merece ese nombre cuando es justa y ha sido promulgada para el Bien Común. Existen principios inmutables que inspiran a toda ley y que prevalecen sobre ella: Justicia, Bien y Verdad. Es en torno a estos principios que la Argentina renacerá, con la ayuda de Dios y por intercesión de su Patrona, la Virgen de Lujan, a quien encomendamos confiados esta intención.
jueves, 7 de octubre de 2010
miércoles, 6 de octubre de 2010
Simplemente rateros.
El día 06 de octubre preludiaba ser un día complicado para la libertad de expresión. A partir de las 09:00 de la mañana, el titular de la Comisaría Nro 22, acompañado por un efectivo militar, recorrían periódica y nerviosamente el sector donde se encontraban los cuatro carteles de la asociación AFyAPPA, los que estaban custodiados por cuatro señoras, una al lado de cada cartel. Los que allí nos encontrábamos presente pensábamos que había llegado una orden judicial para que la policía procediera a quitar los carteles de la discordia. Es lo que hubiera correspondido en un estado de derecho. Cabe aclarar que ese día el Ministerio de Defensa conmemoraba el Día del Marítimo, y en su homenaje estaba prevista la presencia de importantes autoridades de distintos rubros.Aproximadamente a las 10:30 hs, ingresan al sector de la Plaza, aproximadamente 30 efectivos de la Policía Federal, a cargo del subcomisario de la Comisaría Nro 22. Inicialmente, los efectivos son distribuidos de la siguiente forma: dos agentes al pie de la escalinata donde se encontraba cada uno de los carteles, manteniendo una reserva con el resto del personal. A la misma hora, a 100 metros del lugar, sobre Avenida Colón, una manifestación cortaba todos los carriles de la mano a provincia de dicha arteria. El caos de tránsito era terrible. Sin embargo la presencia policial era mínima. La mayor parte de la tropa se desplegaba en la Plaza de Armas del Ministerio de Defensa. Recordemos también que en ese momento, toda la Avenida 9 de Julio se encontraba cortada por el Movimiento Barrios de Pie. En ese contexto, nos resultaba difícil pensar que algún fiscal se hubiera tomado el trabajo de ordenar un operativo represivo sobre las mujeres de AFyAPPA.
Aproximadamente a las 11:30 horas, el dispositivo policial se cambia, y la policía se coloca haciendo un cordón en uno de los sectores laterales de la escalera del acceso, dando a entender que su función se limitaría a segurar sin incidentes el el acceso de los visitantes . Mientras esto sucedía, el comisario intenta convencer a los manifestantes de quitar los carteles por hoy, con la idea de volver a colocarlos al día siguiente sin mayores problemas. Decía esto, porque según sus palabras no era conveniente que la institución hiciera una denuncia, que traería problemas futuros para los manifestantes. Se trataba del último intento por tratar de convencer a los manifestantes de quitar los carteles por propia voluntad. También ponía de manifiesto que todavía no existía denuncia, y que por lo tanto, tampoco existiría orden judicial al respecto.
Una hora después, luego de interminables llamadas teléfonicas, la policía recibe la orden de cambiar cambiar el dispositivo, estableciendo un cordón policial en la parte superior de las escalinatas, inmediatamente antes de los carteles del conflicto. El responsable del operativo les informa a las manifestantes que se encontraban en la parte alta, que debían establecerse por debajo del cordón policial, aclarando que no se preocuparan por los carteles, ya que ellos no los tocarían. Las manifestantes cumplieron lo pedido sin oponer resitencia, retirándose voluntariamente de la parte superior de las escalinatas, quedando un cordón policial de 30 efectivos entre los carteles y las manifestantes.
A una orden determinada, de improviso se abren las puertas y aproximadamente 20 efectivos del Ejército Argentino, de uniforme, en un rápido operativo, corta los carteles y se apropia de los mismos por la fuerza, pasandolos hacia el interior porlas rejas. Como viles ladrones, la tropa corre rápidamente hacia las puertas laterales de las escalinatas para intentar acceder al interior del edificio, generándose en esta corrida, algunos incidentes con el personal de manifestantes, que alertado de la vil maniobra, intenta ingresar a las instalaciones para recuperar aquello que le había sido arrebatado ante la presencia policial. La esposa y el hijo de un preso político terminaron lesionadas como consecuencia de las corridas y empujones.
Increpados los efectivos policiales por la maniobra desarrollada, sin mediar orden de ningún juez, el comisario manifiesta que ellos no sabían nada del hecho, que también habían sido sorprendidos por la maniobra, y que podíamos hacer la denuncia del robo en sede policial.
Aproximadamente a las 21:00 horas, la masa de los efectivos policiales se retiran quedando cuatro agentes en custodia de las escalinatas, debidamente reforzados por 12 efectivos de Policía Militar.
Aproximadamente a las 21:00 horas, la masa de los efectivos policiales se retiran quedando cuatro agentes en custodia de las escalinatas, debidamente reforzados por 12 efectivos de Policía Militar.
Y con dolor, hay que decir que el Ejército de Nilda Garré, se ha transformado, en función de la obediencia debida, en una asociación ilícita de rateros organizados.
domingo, 3 de octubre de 2010
Tropas de Nilda Garré reprimen ilegalmente a mujeres indefensas
El día viernes 01 de octubre, a las 11 horas de la mañana, tropas del ejército quitan por la fuerza carteles colocados al frente del Ministerio de Defensa que recuerdan el pasado imperfecto de la Ministro Nilda Garré. No contentos con haberlos quitado de las columnas, para evitar su uso futuro, roban el cartel de las pacíficas manifestantes. ¿Alguien le explicará a la Ministro que las FFAA tienen prohibido por ley intervenir en cuestiones internas? ¿Quién se hará responsable de esta represión ilegal?
viernes, 1 de octubre de 2010
Nilda Garré: De Musa Montonera a Represora Ilegal
Los carteles que interpelan a la Ministro de Defensa sobre su presunta participación en hechos de violencia durante la década del 70 generaron una nueva situación de conflicto frente al Edificio Libertador. Como otras veces en la historia, el apuro por terminar con el problema, habría llevado a la Señora Ministro a ordenar la represión de los miembros de AFyAPPA por fuera del marco legal.
El hecho sucedió a las 11:00 horas del día 01 de octubre. Una comitiva de italianos tenía que utilizar el acceso principal del Edificio Libertador en una visita de protocolo. Los carteles que públicamente le preguntaban a la anfitriona si había participado en el secuestro de los hermanos Born, constituían una afrenta o quizás un recuerdo que no estaba dispuesta a tolerar. Aunque para ello tuviera que acudir a una represión fuera del marco de la ley.
A la hora indicada, un teniente coronel a cargo de un grupo de uniformados se hizo presente y con elementos cortantes procedieron a quitar las pancartas que constituían la esencia del reclamo, privando a un grupo de ciudadanos del derecho a manifestarse libre y pacíficamente en un espacio público.
Cuando tres mujeres de la asociación y un hijo de preso político intentaron recuperar las pancartas, que por otra parte les pertenecían, el mencionado oficial ordenó a los gritos que no las entregaran, originándose un forcejeo entre la tropa y las mujeres, que naturalmente terminó con los carteles en poder de los uniformados, una mujer en el suelo y otra con contusiones varias producto del tironeo. En un momento de la confrontación el oficial a cargo ordenó utilizar los cuchillos para romper aquellos carteles que no podían ser apropiados, poniendo en riesgo la integridad de las pacíficas manifestantes.
María Cecilia Pando, presidenta de la entidad, hizo una denuncia policial por lesiones contra el oficial a cargo del operativo, mientras que su marido, el Mayor (R) Pedro Rafael Mercado, declaró que denunciaría penalmente al todo el personal involucrado en las actividades ilegales de represión, por cuanto las ordenes inmorales, según la doctrina vigente, no deben ser cumplidas. Destacó que la denuncia se concretaría tanto contra los que ordenaron, como los que cumplieron las ordenes impartidas, empezando naturalmente por el responsable directo del operativo ilegal. Aclaró además que está estudiando incluir en la denuncia a un coronel del campo de inteligencia y a otros efectivos que días pasados, durante la noche, habían intentado cumplir la misma finalidad. Recordó que el personal en actividad tiene prohibido el desarrollo de tareas políticas o gremiales y que las actividades represivas en el espacio público están reservadas a las fuerzas policiales, bajo la conducción de la justicia.
María Cecilia Pando
Presidente de AFYAPPA
Tel 15-6-1102546
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