lunes, 16 de julio de 2012

ESTO QUE PASA Un episodio de escabrosas proyecciones Por PEPE ELIASCHEV


Pasó hace poco, cuando en el predio donde funcionaron hasta 2004 varias dependencias de la Armada se organizó un homenaje para justificar un crimen cometido pocos meses antes de la muerte del general Perón. El viejo caudillo asumió el poder el 12 de octubre de 1973 y falleció el 1º de julio de 1974. Su presidencia alcanzó apenas nueve meses y medio, aunque Perón estuvo fuera de combate muchos de esos 265 escasos días. En uno de ellos, el 28 de abril de 1974, el juez Jorge V. Quiroga fue asesinado a balazos por un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Que este crimen, no importa cuán aborrecible pudiera haber sido para algunos la trayectoria de Quiroga, haya ocurrido durante el gobierno de Perón no parece revestir demasiada importancia para los funcionarios del llamado Archivo Nacional de la Memoria, una dependencia de la Presidencia de la Nación en la que hace pocos días se entregó una placa de bronce que durante 33 años estuvo fijada en la fachada del edificio donde hoy funciona la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la capital federal y cuyo presidente, Gustavo Bruzzone, ordenó la extirpación.
Bruzzone ordenó el 8 de junio el retiro de una placa que evocaba el asesinato del juez Quiroga, integrante de la Cámara en lo Penal entre 1971 y 1973
Lo hizo en el mismo espíritu con que Néstor Kirchner mandó retirar los cuadros con la imagen de Jorge Videla y Reynaldo Bignone de las paredes del Colegio Militar de la Nación el 25 de marzo de 2004: lo que no se ve, no sólo no existe, sino que tampoco existió. Lo nuevo de esta cuestión de la placa es que constituye de hecho un homenaje a la lucha armada llevada adelante por organizaciones guerrilleras en plena democracia. Ya no sólo se trata de justificar o ensalzar las grandes operaciones insurreccionales concretadas entre junio de 1966 y mayo de 1973, bajo el régimen de facto de la llamada “revolución argentina”. Bruzzone ordenó el 8 de junio el retiro de una placa de bronce que evocaba el asesinato del juez Quiroga, integrante de la Cámara Federal en lo Penal que funcionó entre 1971 y 1973 en el edificio de la porteña calle Viamonte, frente al hoy recuperado Teatro Colón. La placa fue luego entregada como trofeo de guerra en el enorme predio ocupado por la Armada donde ahora tienen su sede diversos organismos que se describen a sí mismos como defensores de los derechos humanos. La placa arrancada formará parte de las exhibiciones de un aún no inaugurado “Museo de la Resistencia”. Además de los funcionarios de la Presidencia de la Nación que recibieron alborozados la placa (Luis Alén, Carlos Lafforgue, Judith Said y Marcelo Duhalde), se encolumnaron los jerarcas del Servicio Penitenciario Federal, inspectores generales Benito Paredes Sánchez, Juan Gregorio Natello y Jorge Benjamín Ceballos, encabezados por el director del cuerpo, Víctor Hortel. Al recibir la placa arrancada, el presidente del Archivo Nacional de la Memoria, Ramón Torres Molina, manifestó que aquella Cámara Federal Penal que integraba Quiroga “quitó de la justicia ordinaria los delitos de la guerrilla cometidos en su legítimo derecho de resistencia a la opresión”.
Sugestivo binomio elegido por Torres Molina, él mismo un veterano militante de la izquierda revolucionaria décadas atrás: admite que eran delitos, pero alega que se perpetraron como parte de un “legítimo derecho de resistencia a la opresión”. El ametralladorista que asesinó a Quiroga ejecutaba, así, una venganza del ERP por el asesinato de los 16 presos baleados en la cárcel de Trelew el 22 de septiembre de 1972. Lo llamaban justicia popular. El día de la espantosa matanza de Trelew gobernaba el país un régimen de facto encabezado por el general Alejandro Lanusse. Dos años y medio más tarde gobernaba Perón. El ERP le había declarado la guerra no sólo a Perón sino al propio Héctor Cámpora. Cuando el odontólogo de San Andrés de Giles asumió el 25 de mayo de 1973 la presidencia de la Nación, escoltado por los presidentes de Chile y Cuba, Salvador Allende y Osvaldo Dorticós, el ERP avisó al país en un parte firmado por su comandante Mario Santucho que no abandonaba la armas y seguía en guerra contra las Fuerzas Armadas “y el imperialismo”. El asesinato de Quiroga no fue el primero ni el último de la extensa serie de ejecuciones, secuestros y copamientos de unidades militares consumados por el ERP desde mayo de 1973 hasta su sangriento final en julio de 1976.
La novedad de esta grave ceremonia es que patentiza el absoluto sometimiento político-ideológico de los cuerpos de seguridad del Estado a los dictados del grupo gobernante. El director del SPF, Hortel, justificó la decisión de retirar la placa de Quiroga como parte de “una gestión novedosa del Servicio Penitenciario, coherente con la política de Memoria, Verdad y Justicia del gobierno nacional”. Fue elocuente: “El Servicio Penitenciario tiene que desprenderse de lo que lo liga con esa etapa negra de la historia argentina”. Su gratitud para con la Casa Rosada es explícita: “todo esto sólo es posible con este gobierno y gracias a la lucha de un montón de gente que militó permanentemente por los derechos humanos”.
Es tenebroso que en ningún momento los nuevos custodios de la placa de Quiroga admitieran que ese juez fue asesinado. Cualquier persona de hasta 40 años que haya leído la crónica de ese acto bien podría concluir que el mismo carecía de interés, una simple placa arrancada y nada más. Pero Quiroga fue asesinado siendo Perón el presidente de la Argentina y hoy la Argentina tiene un gobierno que se identifica (cada vez menos, es cierto) como peronista, una paradoja sugestiva.
La Cámara Federal en lo Penal creada en mayo de 1971 por la dictadura de Lanusse estuvo integrada por magistrados civiles y se abocó al procesamiento de delitos que ya no podían sustanciarse en la justicia regular. Fue disuelta tras la llegada del peronismo al poder. Me permito derivar al lector de EL DIA mi reciente libro “Los hombres del juicio” (Editorial Sudamericana, Buenos Aires 2011) donde el asunto es tratado en profundidad.
El retiro de la placa de Quiroga revela que el Gobierno avanza un paso más en un proceso de enormes repercusiones
Al relativizar la gravedad de un asesinato político ejecutado bajo el agónico pero legítimo gobierno constitucional de Perón, el Gobierno prosigue el desarrollo de su programa ideológico. Autor del libro “Disposición final”, el periodista Ceferino Reato sostiene que el kirchnerismo “se ve a sí mismo como heredero de una generación masacrada” por los militares y sus aliados. En su libro, Reato logró que Videla confesara por primera vez que el régimen que él encabezó formalmente asesinó a entre 7.000 y 8.000 personas durante la dictadura. La semana pasada, Videla fue condenado a 50 años de prisión por el robo de criaturas, bebés de mujeres detenidas durante la guerra contra la subversión. “El Gobierno y Videla nos hacen vivir en un pasado continuo”, dice Reato, y cuando Videla muera “el kirchnerismo lo va a llorar porque personifica el mal de la manera que el oficialismo quiere”. Para el periodista, “es importante conocer lo que pasó antes del golpe de Estado, reconocer que las guerrillas causaron muchos muertos, se habla de unos 1.000, y que también tienen familiares. Son todos argentinos y ambos lados necesitan conocer la verdad”.
El retiro de la placa de Quiroga revela que el Gobierno avanza un paso más en un proceso de enormes repercusiones, al remodelar la historia argentina en el marco ideológico según el cual la violencia criminal es un arma política legítima, incluso en democracia.

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sábado, 14 de julio de 2012

Fotos en la Cárcel


¡Cuán duro es aceptar a los que no piensan como uno! Comienza diciendo el señor Nicolás Kusmin en una carta de lectores recientemente publicada en La Nación. Excelente muestra de autocrítica que comparto en su totalidad. Es difícil, pero no imposible. Lamentablemente  el enano fachista  terminó imponiéndose en la mente del suscriptor, ya que termina su carta afirmando: “Me preocupa la publicación de opiniones de personas como la Sra Pando...” 

Cabe acotar que este pensamiento, esta” preocupación” por la opinión de otros, tan común en nuestra querida Argentina, ha sido el origen de todos los regímenes autoritarios de la historia. Tanto de izquierda como de derecha. De origen civil o militar.

No saber aceptar al “Otro” es el origen del problema. Y no me acepta porque no me conoce. O sólo conoce lo que algunos medios intentan construir. Señor Kusmin, no estoy de acuerdo con ninguna apropiación de niños. Lo que intenté expresar es que en Argentina no existió un plan sistemático de robo de criaturas. Y espero sepa perdonarme, pero sigo pensando lo mismo.

Le molesta también que tilde de ex terrorista a Eduardo Anguita, porque aquel había sufrido todo tipo de apremios ilegales. Cabe destacar que los abusos policiales a un asesino no le quitan culpabilidad al homicida. El actual periodista y empleador como fotógrafo del Jefe del Servicio Penitenciario, el 15 de noviembre del año 1973, en pleno gobierno constitucional participó del ataque y copamiento al Comando de Sanidad del Ejército, que terminó con la vida del TCnl Duarte Hardoy. Si pertenecía a una organización que aplicaba tácticas terroristas hoy es un ex – terrorista.

De todos modos, en aras de la concordia nacional estoy dispuesta a superar el pasado imperfecto de Anguita y sus compañeros de ruta.  ¿Tendrá la misma disponibilidad el señor Kusim respecto a los “represores”?

María Cecilia Pando

lunes, 2 de julio de 2012

Víctor Hortel


No es la primera vez que el jefe del Servicio Penitenciario Federal cambia su profesión por la de fotógrafo profesional. Se inició en estos menesteres en el año 2011 en la cárcel de Ezeiza. Ingresó  a las celdas de los militares detenidos por haber cometido presuntos crímenes de lesa humanidad y tomó fotos de todos los rincones donde se encontraban alojados.

Días más tarde vimos que esas fotos aparecieron en la portada de la revista “veintitres”.
¿Cuánto habrá cobrado Hortel por esas fotografías o fue tan solo una devolución de favores?  Cabe destacar que nunca los detenidos hubieran aceptado que ese medio los entrevistara y mucho menos que les tomara fotos, dada la carga ideológica que siempre lo ha caracterizado.

La continuidad laboral del Jefe del Servicio Penitenciario como fotógrafo se concretó pocos días atrás, en el penal de Campo de Mayo, donde repentinamente comenzó a tomar fotos de todos los alojamientos y de documentación personal de algunos detenidos, incluyendo sus agendas y escritos de las estrategias que ellos llevarían en sus  juicios.

Los detenidos pensaron que se trataba de una norma del penal. Lo que nunca hubieran imaginado que esas fotografías serían publicadas en el diario página 12 y en el blog del ex terrorista Eduardo Anguita.

Cabe preguntarse si la toma fotográfica fue ordenada por algún juez competente o se trata de un nuevo abuso de poder de un funcionario corrupto, que aprovechando la impunidad que le brinda su cargo, utiliza el poder en beneficio propio. Nada nuevo por cierto, ya que se trata de un hombre que responde al kirchnerismo.

María Cecilia Pando



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viernes, 1 de junio de 2012

Comenzó la rebelión

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jueves, 31 de mayo de 2012

Purgas en los mandos militares

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Día del Ejército


Con motivo de celebrarse en el día 29 de mayo el 202do. Aniversario de la creación del Ejército Argentino, un grupo de mujeres de AFyAPPA se hizo presente en el Colegio Militar de la Nación para participar de la conmemoración de dicho aniversario.

Dimos nuestro PRESENTE en nombre de los más de mil militares que están ilegalmente detenidos por haber combatido al terrorismo. A pesar de la persecución que sufren, su amor a la institución permanece intacto y quisimos representarlos en ese día tan especial.


Fue un día muy emotivo para todas nosotras, esposas de militares. Volver a estar en el Colegio Militar nos trajo recuerdos muy lindos y anécdotas graciosas que recordábamos de nuestros maridos.

Pudimos presenciar el desfile y ver al público entusiasmado con lo que estaban viviendo.
También escuchamos el lamentable discurso del General Possi, que pareciera que vive en otro país o desconoce la situación que se vive dentro de la fuerza. Fiel al relato oficial, mandó una “adhesión a las instituciones democráticas y un incondicional abrazo a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”. Seguramente él no sabe que nada de eso se cumple con los miembros de su fuerza que están ilegalmente detenidos.


Minutos antes de que terminara el acto nos retiramos con una impresionante custodia, no solamente cuando nos desplazábamos en el colegio, sino cuando nos subimos a la camioneta, nos acompañaron seis motos hasta la puerta de salida.



Una vez fuera del Colegio, nos dirigimos al arco de entrada donde desplegamos tres carteles, deseándoles feliz día del Ejército a los militares que están ilegalmente detenidos por haber combatido al terrorismo, otro de ellos recordaba a los 159 asesinados en cautiverio por falta de Justicia y en el tercero le preguntábamos al Ministro de Defensa, hasta cuando iba a discriminar a las mujeres de los militares, ya que en varias oportunidades le pedimos una entrevista y jamás quiso recibirnos.

También repartimos panfletos sobre la parodia de juicios que se les hace a los militares y un CD sobre un documental de la época realizado por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia.


Cuando comenzaron a salir los oficiales del Colegio y veían los carteles, nos tocaban bocina en señal de apoyo y recibían gustosos los panfletos y CD. Más tarde salieron los cadetes de distintos años que se acercaron a felicitarnos por todo lo que estábamos haciendo y a agradecernos por estar ahí. Hasta nos pedían sacarse fotos con nosotras, a las que no accedimos para evitarles problemas en el futuro.

Ese final fue lo mejor de la jornada. Percibimos como nunca cómo el ejército apoyaba lo que estábamos haciendo. Nos sentimos acompañadas al ver a los bisoños cadetes entusiasmados con nuestro trabajo. Verdaderamente fue el mejor regalo que tuvimos y se lo llevamos a nuestros queridos presos políticos.



María Cecilia Pando



jueves, 24 de mayo de 2012

Funcionaria de DDHH de San Juan involucra al Juez Zaffaroni en delitos de lesa humanidad


Los juicios de Lesa Humanidad son cada vez más patéticamente insólitos. Argentina se ha convertido en la afortunada tierra de las personas más memoriosas del mundo. Cada testigo estrella en cada juicio armado en cada provincia hace quedar insignificante el gran personaje del cuento estelar de un tal Borges: "Funes el memorioso".
Cientos y cientos de testigos que recuerdan descaradamente con fotográfica memoria, hasta los más pequeños detalles de lo sucedido hace más de 30 años.
Varias veces estos “testigos estrella” dejan con sus erráticas actuaciones como si una mano oscura hubiera estado detrás preparando cada discurso de los memoriosos Funes. 

Les relataré un reciente caso ocurrido en la provincia argentina de San Juan.
El pasado miércoles 16 de Mayo de 2012, en San Juan continuó el juicio oral de la  causa contra seis militares y un policía, por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante el último gobierno militar.
En la causa están imputados los entonces: Tte. Cnel. Daniel Rolando Gómez, Mayor Jorge Antonio Olivera, Tte. 1º Gustavo Ramón de Marchi, Subof. Ppal. de Banda Osvaldo Benito Martel, Subof. Mayor Víctor A. Lazo y Comisario Ppal. Pol. Fed. HORACIO NIETO.
A pesar de no estar vinculada y ni siquiera mencionada en la causa, la ex diputada provincial por Partido Justicialista, Rosalía Garro, vieja militante revolucionaria, miembro de la banda terrorista Montoneros y actual funcionaria del gobierno de la provincia de San Juan en el cargo de Subsecretaria de Derechos Humanos, fue citada como testigo en la causa.
La testigo de marras había sido ofrecida por la Fiscalía. Inicialmente su declaración estaba prevista para mediados de marzo de 2012, luego la misma Fiscalía desistió de su declaración dado que nada aportaría sobre los años 75,76 y 77 porque nunca no estuvo detenida en San Juan.
No obstante al desistimiento anterior de la propia Fiscalía, Garro fue citada nuevamente a declarar y fue la única testigo que declaró en la jornada ante el Tribunal Oral de San Juan que integran los jueces Héctor Cortez, Raúl Fourcade y Alejandro Piña.
 Rosalía Garro
En su extensa declaración testimonial no hizo otra cosa que repetir las falacias del conocido “relato oficial” sobre actos propios de la Guerra Revolucionaria y Contrarrevolucionaria de los años ’70. Destacó que a su entender “hubo civiles participando en el proceso”, e incluso identificó al juez que actuó en su detención, Rafael Sarmiento, como “parte del aparato represivo”.
También cuenta por comentarios, que muchas detenidas en la U9 de La Plata le narraron la forma en que habían sido violadas en distintas provincias del país, teatralmente estalla en lágrimas y dice que  “era parte de un plan sistemático que en todo el país las mujeres debían ser violadas por los miembros de Fuerzas Armadas y de Seguridad. La interrumpe el Fiscal y le pregunta: 
Señora, las violaciones de que fueron objetos estas mujeres que usted comenta ¿en qué forma se realizaron?, fue ¿sexo oral, penetración?; ya indignado uno de los abogados de la defensa interrumpe al fiscal, objeta la pregunta ante el tribunal y fundamenta la interrupción diciendo:
¡Señor Fiscal estamos en un Juicio Oral, por favor… esta pregunta con respuestas inducidas de multiple choice (Varias Alternativas)  es una barbaridad jurídica; el Presidente del Tribunal hace lugar a la objeción y la cara del Fiscal se pone de un color rojo tomate maduro.
Para aclaración de los lectores, informamos que la Cámara de Casación Penal de la Nación tiene como objetivo que “se introduzca como delito de Lesa humanidad a las violaciones que ocurrieron en algunos lugares del país”, como el delito de violación es de instancia privada y el mismo esta prescripto dado el tiempo transcurrido, desean ahora introducir los mismos como una acción sistemática dirigida a todas las mujeres detenidas en la época del Proceso de Reorganización Nacional.
Transcurrido el incidente mencionado, “la testigo estrella” y actual  subsecretaria de DD.HH  de la provincia de San Juan, continúa “su propio relato” y narra:
Que el 01 de Marzo de 1975 fue citada a la Delegación de la Policía Federal de San Juan junto a otro integrante de la OPM Montoneros –cuyo nombre no recuerda- y en esa oportunidad el Comisario Ernesto Pateta  (Jefe de la delegación de la Policía Federal de San Juan) luego de tres horas de conversación/interrogatorio les manifestó que si continuaban militando en Montoneros “SERÍAN BOLETA”, Garro se retira de delegación de la Policía Federal y decide de inmediato desaparecer de la provincia de San Juan porque tenía miedo a las amenazas recibidas del Comisario Pateta.
Que al llegar a Buenos Aires, se contacta con integrantes de Montoneros y comienza a trabajar en el Sanatorio Güemes durante 8 meses, hasta que un día allanan el sanatorio y la llevan detenida; cuenta que luego de dos meses es llevada ante un Juez Federal en lo  Penal de la Capital Federal y el juez que la indaga es el Dr. Rafael Sarmiento, según Garro juez procesista y violador de los derechos humano; este hecho aconteció entre fines de febrero y principios de marzo de 1976.
Continuó la “testigo estrella” su declaración hasta que una vez finalizada la misma comenzó la ronda de preguntas de la fiscalía, querella, hasta que llegó el turno de la defensa, tomó la palabra el abogado Eduardo San Emeterio y las mismas fueron:
Señora ¿podría usted repetir y confirmar las fechas de su conversación con el Comisario Pateta de la Policía Federal de San Juan y la fecha de su detención en la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires por parte del Juez Federal?
Contesta “la testigo estrella” y confirma las fechas señaladas anteriormente.
El abogado San Emeterio, peticiona al Tribunal que se requieran a la Policía Federal el Legajo del Comisario Ernesto Pateta y al Ministerio de Justicia de la Nación la fecha de nombramiento del juez federal Sarmiento en el juzgado que mencionó la testigo Garro.
El tribunal acepta los requerimientos solicitados por el abogado defensor.
Juez del gobierno militar Eugenio Zaffaroni

A continuación el abogado San Emeterio, dirigiéndose al  Tribunal le solicita: “la inmediata detención de la testigo Garro por falso testimonio y le peticiona también que sea conducida como detenida al penal de Chimbas de San Juan.
San Emeterio fundamenta su petición en los siguientes aspectos:
El Comisario Pateta se presentó como Jefe de la delegación de la Policía Federal en San Juan en septiembre de 1975 y permaneció en ese cargo hasta el 23 de marzo de 1976, fecha en la que es asesinado por la organización terrorista Montoneros de 23 tiros a una cuadra de la delegación en San Juan.
Nunca pudo entonces el Comisario Pateta haber conversado con la testigo el 01 de marzo de 1975, en razón que el mismo aún no estaba en la provincia de San Juan.
El Juez federal Dr. Rafael Sarmiento, recién se hace cargo del juzgado que menciona Garro el 4 de mayo de 1976, el juez que  deja detenida a “la testigo estrella”, es el Dr. Eugenio Zaffaroni (actual integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), que era el juez procesista y violador de los DD.HH.  que ejercí la titularidad  de ese juzgado en la fecha que narra “la testigo estrella”. Existen varias denuncias contra el juez Zaffaroni por haber desestimado ligeramente muchas presentaciones de habeas corpus durante ese período y que a la fecha no han sido tenidas en cuenta por la justicia.
Se produce luego de esto se produce un gran revuelo en el Tribunal; se pasa a un cuarto intermedio en el cual los jueces del Tribunal deliberan; previa orden a “la testigo estrella” de permanecer en la sala a espera de la resolución del tribunal.
Finalizado el cuarto intermedio, se reanuda la audiencia y el presidente del tribunal anuncia: “que el pedido de detención por falso testimonio, quedará en suspenso hasta que lleguen los requerimientos de informes solicitados por el tribunal a las peticiones realizadas por el abogado defensor”.
Autorizan a retirarse a “la testigo estrella” y le manifiestan que tiene prohibido salir de la provincia sin autorización del Tribunal Oral Federal de San Juan.
Se retira “la testigo estrella” Rosalía Garro, la que ya no manifiesta en su rostro la soberbia, ni petulancia con la que ingresó al Tribunal Oral antes de su declaración: “No hubo aplausos por parte del público” y las caras de “la testigo” y de todos los presentes era de mucha preocupación.

En la República Argentina se encuentran ilegalmente detenidos como “Presos Políticos” más de 1.150 militares, gendarmes, prefectos, policías, agentes de otras dependencias del estado y civiles que combatieron y derrotaron a los terroristas de los ’70. Los mantienen en  cárceles comunes por el poder de turno afín, quién hizo diseñar un “modelo jurídico a medida de la venganza impiadosa” de los vencidos en campo de batalla y afines  al marxismo-cubano-venezolano y representado por el Foro de San Pablo, pareciera que esta modalidad de detención se ha puesto de moda en América Latina.
Por lejos la República Argentina es la que más “Presos Políticos” mantiene en sus cárceles, pasando a ser el único país en la historia de la humanidad que juzga a sus soldados vencedores de una guerra. Y todo ello basado sobre las grosería de los testimonios brindados por los “testigos estrellas” como Rosalía Garro.
Es hora de paz, concordia, reconciliación, justicia y memoria completas… la solución justa y pacificadora, está prevista por el Protocolo II de 1977, adicional a losConvenios de Ginebra de 1949, incorporado como vinculante  para la Argentina por la Ley 23.379, sancionada por el Congreso el 25 de Septiembre de 1986, promulgada por el Presidente Alfonsín el 9 de Octubre de ese año y publicada en el Boletín Oficial el 9 de Junio de 1988.
El Protocolo, en su título II, Artículo 6, punto 5, expresa: "A la cesación de las hostilidades , las autoridades en el poder, procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado."