DECLARACIÓN
DOS 
MILITARES FUGADOS ENTRE CENTENARES DE MILITARES 
ENCARCELADOS
El Ministerio de Defensa ha dictado una 
arbitraria resolución, prohibiendo que en hospitales militares o unidades de 
salud dependientes de las Fuerzas Armadas sean internados o asistidos 
ambulatoriamente los detenidos con condena o procesamiento por delitos de lesa 
humanidad. Ha ordenado así, a los Estados Mayores de las tres fuerzas, el 
estricto cumplimiento de esta desmesura. Asimismo, se ha creado una “Comisión de 
Asesoramiento Médico” con representantes de los Ministerios de Justicia, de 
Salud y de Defensa, que  en treinta días debe determinar el alta de los actuales 
pacientes o su traslado.
Con estas medidas el Gobierno acredita la 
falsedad de su política de “Derechos Humanos”, a través de la cual implementa en 
realidad una grosera tortura que se suma a las que ya sufren los presos 
militares de setenta y más años de edad, al impedírseles ser atendidos 
adecuadamente.  Desde hace años estos hombres sobreviven como pueden, en 
condiciones carcelarias desesperantes, sin haber dado el menor trabajo al 
servicio penitenciario; pero ha bastado que se produzcan dos fugas para que ello 
sirva de excusa para agravar aún más su situación, administrando purgas al mejor 
estilo stalinista, ordenando arbitrarios traslados, repartiendo recompensas 
millonarias y  sanciones al personal penitenciario,  forzando el retiro de 
generales y otras desmesuras similares.
Es 
evidente que si se hubiese tratado de una fuga de presos comunes (cosa que 
ocurre con mucha frecuencia, pese a que son muy pocos los que tienen esa edad y 
llevan diez o quince años encerrados a la espera de una condena), no habría 
habido recompensa ni noticia ni reacción algunas. En cambio, estos hombres ya 
ancianos, que 
permanecen presos con comportamiento ejemplar, sufrirán estas terribles 
consecuencias sobre su salud física y mental, a través de una acción del Gobierno movida por la venganza, 
el odio y el deseo de causar su muerte.
Los hombres así encerrados pierden día a día la poca salud que les 
queda. Ahora han perdido también la posibilidad de ser atendidos médicamente. 
Deberán vegetar en los mal llamados Hospital Municipal de Marcos Paz y Hospital 
Penitenciario de Ezeiza, que de tales sólo tienen el nombre, ya que carecen en 
absoluto de elementales medios de atención. Lo que no ha obstado a que el 
ministro Alak haya declarado que el segundo está equipado para tratamientos de 
“alta complejidad”.
Este horror 
está ocurriendo en la Argentina en el año 2013. Cientos de hombres 
perseguidos políticamente están siendo condenados a una muerte lenta bajo la 
indiferencia del país, pese al alerta de unos pocos. 
Buenos Aires, 30 de julio 
de 2013.
                                                  Mariano 
Gradín                                                                                    
Alberto Solanet
                                                      
Secretario                                                                                              
Presidente
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