JUSTICIA KORRUPTA

Escuela de testigos para juicios de LESA HUMANIDAD

ASÍ SE VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS EN ARGENTINA

Así se violan los Derechos Humanos en el gobierno Kircherista

Preso Político de Argetina Molina Gregorio Rafael: Suboficial Mayor (R) de la Fuerza Aérea, tenía su familia en Alta Gracia, Córdoba. Fue operado de cáncer de intestino en 2009, quedando con ano contra natura desde entonces.

En éste estado fue trasladados, para asistir a un juicio en Mar del Plata, en 2010. Posteriormente fue llevado al penal de Campo de Mayo, debiendo concurrir a sesiones de qumioterapia pero el Servicio Penitenciario Federal no lo llevó con la frecuencia requerida.

Luego de enfrentar un segundo juicio fue llevado a la cárcel de Batán, donde el director del penal, al ver su estado se negó a recibirlo y durmió toda la noche en el camión de traslado en el piso del vehículo.

A la mañana siguiente fue trasladado nuevamente al tribunal porque lo necesitaban para iniciar un nuevo juicio.

Molina nunca pudo lograr la prisión domiciliaria. Las fotos son elocuentes... falleció el 11 de julio de 2011.

Fuente: Informe de Presos Políticos de Argentina 2015. Pagina 117.

Derechos Humanos

Lunes 07 de septiembre de 2015 | Publicado en edición impresa

Juicios

Militares detenidos denuncian que padecen maltratos

Por Mariano De Vedia | LA NACIONSEGUIR

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Cuando las Fuerzas Armadas tenían el poder, las garantías de los detenidos se perdían en los reclamos de las organizaciones de derechos humanos. Hoy la realidad invirtió los papeles y, con una edad promedio de 73 años, los militares que cumplen condenas o están procesados por delitos de lesa humanidad en la dictadura denuncian que no se cumple el principio de igualdad ante la ley.

No hay salidas transitorias, no pueden trabajar en la cárcel, no hay libertad condicional y son muy limitadas las detenciones domiciliarias, contempladas para la población carcelaria mayor de 70 años. Se les niega el derecho a estudiar carreras universitarias, como sí lo pudieron hacer Sergio Schoklender y unos 1300 presos en unidades penitenciarias federales, denuncian sectores cercanos a los militares detenidos.

Desde que Néstor Kirchner reabrió en 2003 los juicios por delitos de lesa humanidad, 2054 militares y civiles pasaron por los tribunales. De ellos, 644 están condenados (294 cumplen la pena en prisiones comunes) y hay 1095 procesados (320 en penales comunes). A ellos se suman 315 muertos "en cautiverio", según la estadística que lleva la Unión de Promociones, constituida en 2005 para "incidir ante la opinión pública para el esclarecimiento de la verdad histórica completa", detalló a LA NACION el coronel retirado Guillermo Viola.

Viola no duda en señalar que los detenidos son presos políticos y estima que "todo está teñido de una grosera venganza ideológica".

"La deshumanización del derecho contrarió todos los principios penitenciarios, de los cuales la Argentina siempre fue líder", advirtió el abogado Ricardo Saint Jean, cuyo padre -el general Ibérico Saint Jean, ex gobernador bonaerense de facto- murió a los 90 años en octubre de 2012, con una severa crisis cardíaca e inmovilizado y en silla de ruedas. Falleció en medio de una fuerte puja con el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, que le negaba la detención domiciliaria por "peligro de fuga", a pesar de que informes forenses decían que no estaba en condiciones de afrontar un juicio.

En diálogo con LA NACION, Saint Jean lamentó que los jueces hayan dejado de lado "la filosofía de la penitenciarista española Concepción Arenal, citada por la Corte Suprema en el hábeas corpus que el periodista Horacio Verbitsky presentó para denunciar el estado de las cárceles en la provincia de Buenos Aires".

"A este grupo de detenidos se les aplica un derecho de segunda. Los expedientes de las causas de derechos humanos llevan un sello rojo para identificarlos y mostrar que deben tener un tratamiento distinto", explicó. E insistió en que "sólo a este grupo no se le aplican los principios de legalidad y de inocencia, el criterio de la ley más benigna ni la irretroactividad de la ley penal".

Saint Jean cuestionó la doctrina aplicada por la Corte Suprema. En rigor, el criterio que impide la prescripción está fijado en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. La Corte lo aplicó por primera vez en 2004, en el fallo Arancibia Clavel. Los militares detenidos lo rechazan porque el principio no regía cuando se produjeron los hechos.

SALUD DETERIORADA

Donde más sienten los familiares de los detenidos la fragilidad del sistema es en la atención de la salud. "Hay 300 presos políticos con más de 80 años y 460 tienen entre 70 y 79", dijo Viola. "Como muchos todavía afrontan juicios, cada vez que tienen que presentarse en el juzgado los despiertan a las cuatro de la mañana, los llevan esposados en camiones que pasan por distintos penales (Marcos Paz, Ezeiza, Villa Devoto). Muchos no tienen estabilidad y hay quienes se hacen encima. Llegan al tribunal en condiciones deplorables", relató.

Las visitas son fragmentadas y no pueden recibir a todo el grupo familiar. En Marcos Paz, por ejemplo, los hombres pueden ir de 8.30 a 11. Las mujeres, lunes y jueves, de 14 a 17. Sólo pueden ir los fines de semana si presentan certificado de trabajo.

"El 60% de la justicia federal está abocado a investigar hechos que ocurrieron hace 40 años y para ello se gastan más de 6000 millones de pesos por año", precisó Aníbal Guevara, hijo del teniente coronel Aníbal Guevara Molina, condenado por detenciones y privación ilegítima de la libertad cuando tenía 23 años, hechos similares a las acusaciones contra César Milani, ex jefe del Ejército, que nunca fue citado a declarar..

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sábado, 5 de septiembre de 2015

Así se violan los derechos humanos en Argentina. Von Wernich

Cristian Von Wernich, preso político de Argentina.

Cura, 77 años

Detenido en el Penal de Marcos Paz, desarrolló un lipo sarcoma de muslo, pese a sus reclamo no fue adecuadamente tratado durante mucho tiempo. La desidia del estado permitió que lipoma creciera hasta tal punto que le impedía caminar. Recién en ese estado se le permitió internarse extramuros para realizar la cirugía que puede observarse en las fotos.

Fuente: Caso 29 del Informe de Presos Políticos de Argentina 2015.

Más de 300 presos políticos muertos en cautiverio en Argentina.

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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PRESOS POLÍTICOS DE ARGENTINA

El día lunes 24 de agosto la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina se hizo presente en el Palacio de Justicia debido a la presión que los organismos de derechos humanos están ejerciendo sobre esta, para acelerar los juicios mal llamados de " Lesa Humanidad"

Desde nuestro lugar manifestamos que lo importante no es la aceleración de los juicios sino la ilegalidad de estos, ya que para poder llevarlos a cabo, la justicia tuvo que violar la ley y la Constitución Nacional.

Pudimos entregarle  a cada miembro de la Corte Suprema un video que pone de manifiesto como se concreta la pena de muerte de los presos políticos en Argentina y como se fabrican los testigos para maquillar la ilegalidad.

También charlamos con el Dr Javier Lopez Calderón, de la Comisión Interpoderes de la Corte, a quien le recordamos las violaciones a los derechos humanos que se cometen en nombre de la justicia, recalcando que, debido al abandono de persona por parte de los jueces, el número de muertos llegó a 313.

M Cecilia Pando

DIARIO "LA NACIÓN"

"Justicia y condena": una frase con sed de venganza

Falsos lemas como el de "juicio y castigo" se han convertido en sinónimos y en una imposición que es el reverso del espíritu de reconciliación

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A lo largo de la perversa década política del llamado "kirchnerismo", la reiterada frase: "Justicia y condena", a veces reemplazada por "Juicio y Castigo", ha repiqueteado cual ariete en nuestros oídos y ante nuestra vista. A la manera de muletilla, ha sido pronunciada con enorme frecuencia y alimentada constantemente con amplios recursos, habitualmente sin generar más reacciones que las de un penoso silencio. Pese a la inmensidad de la verdadera depravación que su contenido real supone y procura imponer: el del bien llamado odio añejado.

Esas dos terribles frases sintetizan la cuota de irracionalidad que se esconde detrás de la sed de venganza que alimenta a quienes las utilizan. Lo grave es que ese sentimiento resentido aún parecería anidar profundo en el corazón de algunos.

No es pedir "Justicia y Sentencia". No es cumplir con el deber de investigar y desentrañar la verdad de nuestras lamentables tragedias de los años 70. No es tampoco absolver o condenar, según surja de la prueba que se produzca, más allá de toda duda razonable, en una investigación independiente y seria, que debería ser siempre veraz y sincera. Para todos por igual.

Se trata en particular de aquellos juicios en los que, con total descaro, se presiona -presencial y físicamente- a nuestros magistrados judiciales, cuyos despachos, salas de audiencia y estrados fueron constantemente transformados en ámbitos vociferantes e intimidantes, muy similares a los que acompañaron el reiterado uso de la guillotina durante las etapas más sangrientas e irracionales de la Revolución Francesa. Todo eso sin que se alzaran voces serenas, que señalaran que esas deplorables pero frecuentes presiones avasallaron y sometieron a la justicia, por miedo.

Las frases que mencionamos, que aún resuenan en nuestra sociedad, no son, para nada, un pedido o reclamo de justicia. Son todo lo contrario. Son otra cosa, muy distinta. Porque se trata de exigir e imponer injusticia, de pisotear la verdad cada vez que ello fuera necesario, aún recurriendo a las falsedades y a las mentiras para alcanzar el pretendido desquite.

Suponen, peor aún, tratar de transformar a nuestros jueces en subalternos de quienes las pronuncian, dejando de lado su deber ineludible de actuar con absoluta independencia. Son y han sido una forma más de intimidar o de sembrar el temor que debemos desterrar.

Son, obviamente, todo lo contrario a la disposición a perdonar. Son un muro más en el que, quienes la pronuncian o gritan, pretenden hacer estrellar los esfuerzos de aquellos que creemos firmemente en la posibilidad de reconciliación.

Al final de una triste etapa histórica, en la que se ha destrozado, malquistado, dividido, y enemistado a nuestra sociedad y mentido sin el menor pudor, esas frases son una muestra de lo que, cual veneno, se sembró constantemente en nuestra sociedad para procurar desunirla y mantenerla fragmentada. Y también de lo mucho que deberemos esforzarnos y empeñarnos cuando se trata de construir el indispensable clima de unidad que supone la realidad de conformar todos una misma nación..

Jueves 20 de agosto de 2015 | Publicado en edición impresa "La nación"

Derechos Humanos

Cuestionan el procedimiento de los juicios por lesa humanidad

Abogados y académicos reclamaron discutir cómo se condena a los procesados por delitos durante la dictadura

Entre los invitados estuvieron, además de Fernández Meijide, el ex embajador argentino ante la ONU Emilio Cárdenas, el historiador Luis Alberto Romero, la abogada Verónica Blanco y los expertos norteamericanos Robert Barros y Sam Ferguson.

Una de las cuestiones que se abordaron ayer fue el mecanismo por el cual se reconstruye la verdad para juzgar y condenar a los que están sometidos a un proceso penal. Varios de los expositores coincidieron en que los juicios se basan sólo en pruebas obtenidas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que funcionó durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

"En muchos casos las pruebas son las recolectadas en los 80", dijo Blanco. Y agregó: "No hubo esfuerzos por mejorar las pruebas obtenidas por la Conadep".

En tanto, Cárdenas sostuvo: "No se puede hablar de que alguien es culpable por un contexto. ¿Cuántos presentaron testigos que no existen? Tendremos que hacernos cargo por la forma en que los procesos fueron llevados a cabo por razones políticas".

También se cuestionó la ausencia de juicios a los grupos armados que actuaron en las décadas de 1970 y 1980. "Toda la discusión se centra en los responsables estatales. No es claro que el terrorismo de Estado haya sido peor que lo que hicieron las organizaciones armadas. Hay que salir de la antinomia de que una parte de la sociedad argentina es culpable y que la otra es medianamente culpable", sentenció Romero.

LAS PRUEBAS

Se criticó que no se haya profundizado sobre las pruebas presentadas por la Conadep

ECUANIMIDAD

El historiador Luis Alberto Romero remarcó la necesidad de que se incorpore a los juicios a los miembros de las organizaciones armadas.

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