La
inédita confesión del ex mayor del Ejército Ernesto Barreiro sobre los lugares en los que estarían enterrados los restos de 25 detenidos desaparecidos –21 de ellos, antes del golpe del 24 de marzo de 1976, durante el gobierno constitucional de Isabel Perón— requiere la
reconstrucción del contexto histórico. A continuación, un extracto del capítulo 9 de mi libro
¡Viva la sangre! sobre la Córdoba anterior al golpe.
El miércoles 26 de febrero de 1975 Boca Juniors le ganó 2 a 0 a Atlanta; Independiente 3 a 2 a Argentinos Juniors; All Boys 2 a 1 a Racing; Estudiantes, de visitante, 4 a 3 a Huracán; y Gimnasia y Esgrima de La Plata y San Lorenzo empataron 2 a 2 en los principales partidos de la tercera fecha del torneo de fútbol. La ronda se completó al día siguiente, cuando River Plate, que había armado un equipo con pretensiones de la mano del técnico Ángel Labruna para terminar con dieciocho años sin títulos, derrotó 4 a 3 a Cólón en el estadio Monumental; para los “millonarios” fueron titulares dos cordobeses: los defensores Pablo Comelles y Héctor Ártico, que venían de Talleres, y los goles fueron marcados por Carlos Morete en dos ocasiones; Norberto Alonso, el “Beto”, y Roberto Perfumo. César Brítez, Daniel Olivares y Ernesto “Cococho” Álvarez anotaron para los santafesinos. En Sudáfrica, en el circuito de Kyalami, el santafesino Carlos Reutemann, con un Brabham, fue el más rápido en las primeras series para la tercera prueba de la temporada de la Fórmula 1. Era un gran momento para el cine nacional: La Tregua, dirigida por Sergio Renán, con Héctor Alterio y Ana María Picchio como protagonistas, había sido elegida entre las cinco candidatas al Oscar a la Mejor Película Extranjera; el resto de las nominaciones quedaron repartidas entre El Padrino II y Barrio Chino.
Los diarios cordobeses agregaron a esos hechos el anuncio del primer aniversario del golpe policial que el 27 de febrero de 1974 detuvo y desalojó del poder provincial al gobernador Ricardo Obregón Cano y al vicegobernador Atilio López. El interventor federal, el brigadier mayor retirado Raúl Lacabanne, minimizó el reclamo del radicalismo, la izquierda, la prensa y algunas asociaciones civiles para que se realizaran nuevas elecciones.
—El pueblo de Córdoba ya votó y el Movimiento Peronista está en el poder —afirmó en una visita a la localidad de Villa María.
—Pero algunas de esas personas por las que el pueblo cordobés votó no están en el poder —le dijo un periodista.
—Bueno, se votó fundamentalmente a Perón y la política votada es la peronista, y la política que se empezó a ejercer aquí no era peronista —contestó.
La prensa local también incluyó los actos para recordar a don Amadeo Sabattini, el carismático caudillo radical cuya gobernación entre 1936 y 1940 todavía despierta elogios, fallecido quince años antes, y una noticia de último momento: el secuestro cuando caía la noche del ciudadano norteamericano John Patrick Egan. “Secuestraron al agente consular de Estados Unidos en nuestra ciudad”, tituló
La Voz del Interior, con una foto de la víctima, de 62 años. Un comunicado de
Montoneros se adjudicó esa operación.
La Voz del Interior recordó que, c
on el cónsul, sumaban cinco las personas que permanecían en cautiverio en la provincia: el mayor Julio Argentino Del Valle Larrabure, desde hacía más de seis meses; Elvira Bagalone de Roggio, capturada en un cementerio, y una señora de apellido Ferrero con su hijo de un año y medio.
A nivel nacional, el Buenos Aires Herald señalaba que Córdoba “ha adquirido fama de ser un barómetro fiel en alertar sobre el tormentoso tiempo político a nivel nacional”. El diario escrito en inglés enfatizaba la existencia de “un terrorismo bicéfalo en Córdoba”, y mencionaba que, mientras en la madrugada del 23 de enero de 1975 “terroristas de derecha volaron la planta impresora de La Voz del Interior”, que estuvo cuatro días sin salir, apenas unos días después “terroristas de izquierda se apoderaron de la estación transmisora de un canal de TV para transmitir una proclama”.
Antes de la dictadura, Córdoba se caracterizaba por los secuestros realizados por los grupos guerrilleros. “Los secuestros en Córdoba, que habían alcanzando un nivel extraordinario en el mes pasado, continúan sin resolución. Además de las cincuenta víctimas reportadas por la prensa el mes pasado, existen indicios de muchos más casos que no han sido denunciados. Eso, junto con las bombas, los tiroteos y las turbulencias económicas en esa provincia, han dejado a la población muy temerosa y enojada”, informó a su gobierno la embajada de Estados Unidos. Fue en el cable reservado número 1.791 del 17 de marzo de 1976.
La mayoría de esos secuestros tenía como blanco a los directivos de las empresas instaladas en Córdoba, en especial del sector automotriz, que concentraba a la clase obrera más dinámica: eran los sectores que más ganaban y estaban mejor organizados para la defensa de sus derechos e intereses. El sujeto revolucionario por excelencia, el protagonista principal y obligado del cambio de sistema hacia el socialismo; por ese motivo, esos trabajadores eran cortejados por las guerrillas, en especial por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros, que se postulaban como sus vanguardias armadas para acelerar la revolución.
Según la embajada estadounidense, y de acuerdo con sus interlocutores militares, políticos y sindicales, los ataques contra los directivos de esas fábricas (“asesinatos, secuestros e intimidaciones”) formaban parte de las tácticas de las guerrillas para “ganarse a los trabajadores. Los gerentes de Relaciones Industriales y de Personal aparecen como los mayores blancos de asesinato cuando las empresas no acceden a las demandas de los trabajadores. Casi invariablemente, las compañías afectadas satisfacen completamente las exigencias terroristas, que normalmente consisten en la concesión de demandas económicas, el pago de salarios perdidos por huelgas y la reincorporación de trabajadores despedidos. Probablemente, los directivos tienen pocas alternativas que no sean acceder a esas demandas”, evaluó uno de los asistentes del embajador Robert Hill en el cable secreto número 7.538 del 12 de febrero de 1975, dos semanas antes del secuestro del cónsul Egan.
Ese documento de siete páginas, dirigido al secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, citó a uno de los senadores nacionales por Córdoba, el radical Eduardo Angeloz, opositor, quien en una entrevista con un diplomático estadounidense “lamentó que la mayoría de las fábricas en Córdoba estuvieran controladas por el ERP y Montoneros y que sus directivos ahora negocien directamente con las comisiones internas controladas por los terroristas en lugar de tratar con los líderes sindicales elegidos” por las bases. E incluyó declaraciones del general Carlos Delía, jefe del Tercer Cuerpo, ubicado en Córdoba, a la revista Mercado, “que tuvieron una amplia repercusión en la prensa, en las que Delía observó que la guerrilla fabril era de especial preocupación para los militares”.
Precisamente, el título de ese cable secreto fue “Terrorismo industrial: la lucha guerrillera en la base de la fábrica”. Para la embajada estadounidense, “el terrorismo es un hecho y un modo de vida en Argentina. Las actividades de la guerrilla en las áreas rurales de Tucumán y en las áreas urbanas de Córdoba y Buenos Aires han sido objeto de comentarios alrededor del mundo y de análisis sin fin. Sin embargo, otra y posiblemente más insidiosa forma de lucha guerrillera, sobre la cual se ha prestado poca atención, está en plena operación en Argentina. Es la guerra llevada a cabo por la guerrilla industrial, que opera en la base de cada fábrica, en las asambleas sindicales y, en forma creciente, en relación con las gerencias. Las tácticas son las utilizadas por sus ´primos´ de las guerrillas rural y urbana, pero refinadas según las necesidades de su ambiente particular. Apuntan a radicalizar a los trabajadores, a alienarlos de sus líderes legítimos y del gobierno y a ganar su apoyo para convertirlos en aliados concientes o dóciles seguidores”. El objetivo, en resumen, era “ganar el control de la clase trabajadora”.
La reacción de los militares frente al “terrorismo industrial” o la “guerrilla fabril” —la “ofensiva contrarrevolucionaria”, para decirlo en los términos de los partidarios de la revolución socialista— fue brutal y no distinguió entre acciones armadas y actividades sindicales, entre guerrilleros y líderes sociales. Los militares aprovecharon los últimos tres meses y medio del gobierno de Isabel Perón para elaborar las listas de personas que serían detenidas inmediatamente después del golpe de Estado.
A nivel nacional, los militares diseñaron la “Operación Bolsa” para impedir que políticos, sindicalistas y funcionarios reaccionaran a la captura de la viuda de Perón con manifestaciones callejeras y paros. El ex dictador
Jorge Rafael Videla recordó que la Operación Bolsa “consistía en una lista con el detalle de domicilios y demás datos de una equis cantidad de personas que tenían un cierto prestigio, una cierta ascendencia, como para generar acciones contra nosotros. Al final, no pasó nada. Eran unas cuatrocientas personas”.
Además, en cada una de las cinco zonas en las que el país fue dividido, el comandante o jefe militar ordenó y supervisó la elaboración de listas de otras personas a detener. Nóminas más largas, llenas de nombres que, en una proporción elevada, se convertirían luego en desaparecidos. Las listas de la “Disposición Final”, de las cuatro estaciones del calvario de cada una de las víctimas: la detención o el secuestro; el interrogatorio en un lugar secreto, donde la persona quedaba a merced de sus captores; la ejecución sumaria, y el ocultamiento o la destrucción del cuerpo arrojándolo al mar, al río o a un dique, quemándolo en un horno o dentro de neumáticos de automóviles, o enterrándolo en una fosa individual o común.
Fue un típico trabajo de Inteligencia; el listado de “objetivos” o “blancos” quedó definido antes del golpe, y a partir del 24 de marzo de 1976 los grupos operativos de cada zona salieron a detener a esas personas.
El
ex mayor Ernesto Barreiro, que inició la rebelión de los “carapintadas” en la Semana Santa de 1987,
explica que Córdoba fue su primer destino luego del curso de Inteligencia, a los 27 años, cuando era teniente primero. A fines de enero de 1976, cuando volvió de vacaciones, encontró que sus flamantes colegas del Destacamento de Inteligencia 141 del Tercer Cuerpo estaban colaborando en la confección de esas nóminas, bajo el mando del general Luciano Menéndez: “Cuando me presenté a mi nuevo destino, a mediados de diciembre de 1975, la primera orden que me dieron fue que me tomara las vacaciones que me correspondían, como era de estilo. Vuelvo a fines de enero y encuentro que se estaba trabajando en los requerimientos del Comando, que estaban preparando las listas de las personas a detener en el golpe”.
“Había —reveló Barreiro— una gran participación de políticos, de presidentes de empresas, vinculados al Comando de Cuerpo, en la confección de esas listas. Luego del golpe, también hubo personas que se contactaban con el Destacamento para denunciar a otros: los empresarios marcaban a delegados sindicales, entregaban gente. En el caso de la Fiat, había un director de una de sus empresas, un tipo activísimo en el odio; ya se murió. La Fiat había sido afectada por el secuestro y asesinato de Oberdan Sallustro, director general de la empresa en Argentina, en 1972 por el ERP, y por otros ataques y asesinatos. Tanto era así que una de nuestras tareas era separar las denuncias que tenían alguna entidad de las otras; teníamos una carpeta a la que le pusimos el nombre ´Chantadas´, donde almacenábamos las alcahueterías y denuncias infames que te traían. Los que decían: ´Hay que meter en cana a fulano de tal porque es peronista´, por ejemplo. En la Universidad, profesores y alumnos pasaban mucha información. También colaboraban ex montoneros, algunos de los cuales estaban en Lealtad Peronista, en función de las directivas de Perón y del Consejo Superior del Peronismo para depurarlo de los elementos marxistas, que no eran peronistas y querían infiltrarlo”.
Barreiro contó cómo estaban integradas esas listas, que incluían el nombre, el apellido y la dirección de cada uno de los “objetivos”: “Había dos niveles: 1) líderes sociales: la orden era neutralizar cualquier tipo de reacción, del tipo puebladas, contra el golpe en una sociedad que había protagonizado el Cordobazo, en 1969; 2) subversivos: teníamos un conocimiento muy difuso de los principales miembros del aparato militar de cada organización. Se sospechaba de algunas personas y se tenían algunos nombres de guerra. Sabíamos sí de Gorriarán Merlo, jefe del ERP en Córdoba, pero porque era un personaje muy conocido. No teníamos, específicamente, el organigrama de cada organización. La policía guardaba todo ese conocimiento porque era la que se había ocupado de la lucha contra la subversión”.
Las definiciones de “líderes sociales” y “subversivos” eran laxas y, en cada territorio, dependían del “señor de la guerra” que controlaba esa zona. En eso, podían interferir los prejuicios políticos e ideológicos de los jefes militares. En Córdoba, las detenciones estuvieron a cargo de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, que era comandada por el general Juan Bautista Sasiaiñ, el “brazo operativo” y número dos del general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo y amo y señor de la Zona 3.
Editor ejecutivo de la revista Fortuna.
